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Actualidad

Dura condena contra Unibagué por casos de acoso sexual

Profesora Mónica Godoy Ferro, despedida sin justa causa Unibagué. Cambioin

La sala sexta de revisión de la corte constitucional analizó las 450 páginas de la tutela instaurada por la profesora Mónica Godoy Ferro, contra la universidad de Ibagué, entidad que la despidió luego de denunciar varios casos de acoso laboral y sexual al interior de la institución de educación superior, el despacho judicial tomó una determinación histórica a favor de la accionante y exige al plantel tomar medidas contundentes para acabar con esas aberrantes prácticas.

Mediante la sentencia T-239/18 el alto tribunal expone en 102 páginas su fallo de última instancia frente a la destitución de la docente por haber exteriorizado los casos de acoso sexual y laboral ocurridos al interior de la universidad de Ibagué, que sin importar su estatus de privada debe evitar ese tipo de delitos. Dentro de los folios aparece como se defendió la institución frente a esta denuncia y en realidad fue muy pobre, pues trataron siempre de demostrar que solo el comité de convivencia de la universidad era el competente para conocer de estos escándalos y únicamente ellos podrían en un momento determinado tomar cartas en el asunto, además de expresar que no retiraron a Mónica Godoy Ferro, por querer buscar justicia frente a lo acontecido, sino porque el contrato estaba apunto de expirar.

Dentro del centenar de folios que conforman este histórico fallo, se puede ver como se basa en las 450 páginas de la tutela presentada por la accionante, donde demuestra como la universidad de Ibagué, despide no sólo a la quejosa, también otras empleadas de la institución de educación superior, quienes eran víctimas del acoso sexual y labora, además que conociendo los docentes culpables de las intimadaciones a alumnas algunas de ellas menores de edad, los siguen teniendo en la nómina, situación muy delicada y de extremo cuidado.

Por eso resuelve:

PRIMERO: Revocar la Sentencia de segunda instancia dictada el 2 de noviembre de 2017 por el Cuarto Civil del Circuito de Ibagué (Tolima) que, a su vez, confirmó la decisión de primera instancia, proferida el 19 de septiembre de 2017 por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ibagué (Tolima). En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la no discriminación y a la libertad de expresión de Mónica Godoy Ferro.

SEGUNDO: Ordenar a la Universidad de Ibagué que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a REINTEGRAR a la accionante Mónica Godoy Ferro, a un cargo de iguales o mejores condiciones al que ocupaba al momento de su desvinculación, por el lapso que restaba para concluir el término de prórroga pactado el 18 de junio de 2017.

TERCERO: Ordenar a la Universidad de Ibagué que, en el término de ocho (8) días, contados a partir de la notificación de la presente decisión, reconozca y pague a la accionante todos los salarios y prestaciones sociales a las cuales tenga derecho desde la fecha en la que fue desvinculada y hasta el momento en el cual se haga efectivo su reintegro, con la deducción que corresponda a los dineros que se cancelaron a la actora con motivo de la liquidación y de la indemnización por terminación sin justa causa del contrato laboral.

CUARTO: Instar a la Universidad de Ibagué para que, si aún no lo ha hecho y en el marco de sus funciones, implemente un protocolo de actuación para los casos de violencia de género en la institución, así como rutas y procedimientos claros y efectivos para el trámite de las posibles denuncias de acoso laboral.

QUINTO: Exhortar al Ministerio de Educación Nacional para que establezca lineamientos para las instituciones de educación superior en relación con: (i) los deberes y obligaciones de las universidades, instituciones técnicas y tecnológicas en relación con los casos de acoso laboral o de violencia sexual y de género que suceden al interior de las mismas; y (ii) las normas y estándares que regulan la atención de casos de posible discriminación en razón de sexo o género en contra de estudiantes y docentes en los centros de educación superior.

SEXTO: Compulsar copias del expediente de la referencia (T-6.617.263) y de esta providencia a las siguientes autoridades: (i) a la Fiscalía General de la Nación, para que valore la procedencia de iniciar las investigaciones correspondientes en relación con la posible comisión del delito de acoso sexual; y (ii) al Ministerio de Educación Nacional para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales de suprema inspección y vigilancia, desarrolle las actuaciones a las que haya lugar respecto de las situaciones expuestas en el presente proceso.

SÉPTIMO: Por Secretaría General de esta Corporación, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en el sitio web de la Corte Constitucional y cúmplase.

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General

En exclusiva para cambioin.com el portal de las noticias habló Mónica Godoy Ferro, dice no tener miedo al volver a laborar en la universidad de Ibagué, por el contrario es el respaldo de la justicia a mujeres y hombres acosados laboral y sexualmente, es hora de denunciar y desenmascarar a los abusadores agregó.

Audio: Mónica Godoy Ferro, docente que debe ser reintegrada a la universidad de Ibagué y que fue despedida por denunciar acoso sexual dentro de la institución. Cambioin

 

Aún se recuerda el comunicado expedido por la profesora Mónica Godoy Ferro, en su página de Facebook haciendo público el acoso sexual y laboral en la universidad de Ibagué, este fue el mensaje:


cuenta de Facebook 17 de abril 2017

La Universidad de Ibagué viola los derechos humanos de las mujeres trabajadoras

Mi nombre es Mónica Godoy Ferro. Soy antropóloga y llegué a Ibagué hace un año y medio cuando por concurso gané una plaza de docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ibagué. Hasta el día de hoy que me comunicaron que, sin justa causa, estaba despedida.

Quiero compartir mi experiencia de manera pública porque estoy convencida de que la única forma de frenar la arbitrariedad, la misoginia y la injusticia es hablar y denunciar fuerte y claro la violencia en contra nuestra. Hace unos meses la entonces rectora de la Universidad de Ibagué, Carmen Inés Cruz, me encargó llevar a cabo un proceso de sensibilización y capacitación en derechos humanos de las mujeres para el cuerpo de vigilancia de la Universidad.

Esta formación estaba motivada por una queja que interpuso una de las mujeres vigilantes de la Universidad porque, tanto ella como sus compañeras, estaban siendo víctimas de acoso laboral y sexual desde hace años por parte de uno de los supervisores y algunos de sus compañeros. La oficina de Gestión Humana me programó los talleres y yo los llevé a cabo de manera gratuita y voluntaria con el objetivo de contribuir, con mi experiencia y formación, a resolver de la mejor manera un problema laboral.

Estando en esas capacitaciones pude constatar la gravedad del acoso contra las mujeres vigilantes. Ellas llevaban años sufriendo presiones para acceder a insinuaciones sexuales, eran objeto de burlas, apodos humillantes, desprecio y aislamiento. A pesar que una ellas había interpuesto una queja ante el comité de convivencia y las directivas de la Universidad habían sido informadas del problema, nadie había tomado ninguna acción concreta para investigar seriamente estos hechos y reestablecer sus derechos. Antes bien, esa indiferencia había favorecido la impunidad de los acosadores.

Al identificar la gravedad del caso escribí un informe para el Rector actual, Hans Peter Knudsen y la Vicerrectora Gloria Piedad Barreto con una serie de recomendaciones para prevenir la violencia de género al interior de la Universidad. A la vez, el director administrativo de la Universidad de Ibagué, Alejandro Yepes, empezó a despedir a varios vigilantes. Hasta el momento son 12 trabajadores a quienes se les informó que no se les renovaría el contrato, incluyendo a una de las mujeres víctimas del acoso laboral. Lejos de ser una medida que respondiera al restablecimiento de los derechos de las víctimas, estos despidos fueron motivados por un plan de tercerización de los servicios de vigilancia y aseo que tenían en mente los directivas de la Universidad tiempo atrás y que decidieron empezar a llevar a cabo utilizando como excusa las quejas de las mujeres vigilantes por violencia en su contra. El mismo Alejandro Yepes me informó de las gestiones que estaban llevando a cabo hace meses para despedir a estos trabajadores y pasarlos a una empresa diferente.

Les explique a las directivas la inconveniencia de despedir trabajadores en medio de un proceso de denuncia por acoso laboral. Les expuse que primero era necesario hacer un proceso de investigación para establecer responsabilidades en estos hechos. Sin embargo, continuaron empeñados en la tarea de despedir vigilantes. Por supuesto, esto significó un incremento en la violencia contra las trabajadoras porque fueron identificadas por sus compañeros como responsables directas de estos despidos. Por la presión una de ellas ha enfermado y se encuentra actualmente incapacitada.

Sumado a lo anterior, conocí un caso de abuso sexual por parte de un profesor de la Universidad contra una estudiante. Ella, junto con sus padres había ido inmediatamente después de los hechos a denunciarlos ante la directora de la oficina de Gestión Humana y ella hizo caso omiso durante meses. Solo después de la presión de mi parte, accedieron a abrir un proceso disciplinario en contra del profesor, desconozco sus resultados. Esta omisión de meses por parte de esta directora resulta grave, más cuando este profesor tiene contacto directo con las estudiantes, algunas de ellas aún menores de edad.

En estas semanas yo he estado denunciando estas situaciones al interior de la Universidad y haciendo llamados a reconsiderar las decisiones de despidos masivos que vulneran los derechos de los trabajadores. Todas mis comunicaciones al respecto han sido hechas con respeto y esperando una respuesta positiva de las directivas, respuesta que nunca llegó. A pesar de que solicité una audiencia con el Rector para presentarle mi punto de vista nunca fui recibida.

Hoy fui citada a la oficina de Gestión Humana para recibir una notificación de un despido claramente injusto. El único motivo que alimenta esta decisión es mi trabajo comprometido en la denuncia de la violencia contra las mujeres y la defensa de nuestros derechos, en especial, a disfrutar una vida libre de violencias tanto en el ámbito laboral como en los hogares y en las escuelas.

Estoy convencida que una Universidad que se precie de serlo deber ser plural y respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lamentablemente una institución tan importante para la región, como lo es la Universidad de Ibagué, no muestra con hechos estar comprometida con el respeto a los derechos de sus trabajadores. Hoy me siento víctima de una persecución a causa de mi compromiso con aquellas expuestas a los abusos.

Sueño con una escuela mejor, una a la altura de la esperanza de nuestros estudiantes y acorde a la confianza que depositan en nosotros sus padres. Una escuela que refleje la apuesta de un país en paz que todos esperamos construir y no una reproductora de la persecución y la misoginia que tanto daño hace a nuestra sociedad.

 

 

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