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A los intocables Notarios, les llegó la hora de meterlos en cintura

A los intocables Notarios, les llegó la hora de meterlos en cintura

Foto: Michael Steven Mejía Ospina, experto en Gestión comercial y de negocios de la UNAD, y Defensor de derechos humanos. Columnista invitado cambioin.com

Por: Editor en Jefe - Publicado en mayo 23, 2026

Por Michael Steven Mejía Ospina

Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado cambioin.com

 

Advertencia: los comentarios escritos a continuación son responsabilidad única y exclusiva de su autor, y en nada compromete a este medio de comunicación digital.

 

La notaría Colombiana: entre leyes , escándalos y la necesidad imperiosa de reformar

 

I. Los marcos jurídicos que definieron una institución

 

La notaría colombiana tiene su base normativa en un conjunto de disposiciones que han moldeado su funcionamiento durante más de un siglo. El Decreto 960 de 1970, conocido como el Estatuto del Notariado, sigue siendo el referente fundamental, estableciendo funciones como la autenticación de actos legales, la guarda de protocolos y la responsabilidad de los profesionales en el ejercicio de su cargo . A lo largo de los años, ha sufrido modificaciones parciales: por ejemplo, el Decreto 2106 de 2019 ajustó artículos relacionados con la organización del notariado y la vigilancia, mientras que la Ley 29 de 1973 modificó aspectos sobre la provisión de notarios.

 

Sin embargo, la normativa ha mostrado limitaciones para enfrentar desafíos contemporáneos. Estudios académicos señalan que la falta de actualización ha permitido que algunos actores abusen de la formalidad legal para legitimar actividades ilícitas, como el despojo de tierras y el lavado de activos.

 

II. Escándalos que mancharon su credibilidad: historias y sentencias

 

La notaría no ha estado ajena a la corrupción en Colombia. A continuación, algunos casos emblemáticos:

 

El Caso de Soledad (Atlántico) – 2025

 

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 18 personas, entre ellas dos notarios: Ana Dolores Meza Caballero (Notaría Segunda de Barranquilla) y Francisco María Mejía de la Hoz (Notario Único de Santo Tomás). La red criminal se aprovechó de cargos públicos para apropiarse de cuatro predios (dos públicos y dos privados) por más de 2.900 millones de pesos, destinados originalmente a un parque y un megacolegio .

 

Los investigadores establecieron que se presentaron documentos falsos, demandas de posesión basadas en actuaciones inexistentes y escrituras públicas fraudulentas. Los abogados involucrados elaboraron resoluciones administrativas y licencias urbanísticas falsas, que fueron registradas para transferir las propiedades y obtener sentencias judiciales que avalan la usurpación .

 

Casos de Despojo y Paramilitarismo – Estudios Académicos

 

Un análisis publicado en Análisis Político reconstruye cuatro casos en los que notarios participaron en la legalización de actividades crimilegales, incluyendo el despojo de tierras por grupos paramilitares y el lavado de activos del narcotráfico. En uno de ellos, un notario de Antioquia autorizó escrituras que transfirieron predios despojados a personas vinculadas a organizaciones ilegales, utilizando formalidades legales para ocultar el origen ilícito de los bienes. Las sentencias de los Tribunales de Justicia y Paz confirmaron la participación de estos profesionales en la perpetuación del conflicto armado.

 

III. El papel de la superintendencia: entre fiscalización y retos

 

La Superintendencia de Notarios y Registro es el ente encargado de velar por el correcto funcionamiento del sistema. En los últimos años, ha implementado medidas como:

 

- Programas de capacitación para mejorar la calidad del servicio.

- Un observatorio de datos para monitorear indicadores de transparencia.

- La aplicación de sanciones a notarios que incumplen la normativa, como multas y suspensiones temporales del ejercicio profesional.

 

Sin embargo, los expertos coinciden en que estas acciones son insuficientes. La falta de recursos y autonomía para realizar investigaciones profundas, así como la lentitud en los procesos sanatorios, permiten que la corrupción persista.

 

IV. ¿Hacia dónde va la notaría Colombiana? la urgencia de una reforma integral

 

La notaría es un pilar fundamental para la seguridad jurídica del país, pero su supervivencia depende de una transformación profunda. Algunas propuestas clave son:

 

1. Actualización Normativa: Adaptar el Estatuto del Notariado a realidades como el comercio electrónico, la protección de datos y la lucha contra el crimen organizado.

2. Sistema de Selección Transparente: Establecer criterios basados en méritos y evitar influencias políticas o económicas en la designación de notarios.

3. Fortalecimiento de la Fiscalización: Dotar a la Superintendencia de mayores facultades y recursos para investigar y sancionar actos de corrupción con rigor.

4. Modernización Tecnológica: Implementar plataformas digitales para agilizar trámites, reducir la burocracia y minimizar riesgos de fraude.

5. Responsabilidad Penal: Establecer mecanismos claros para que los notarios involucrados en actividades ilícitas respondan penalmente, además de disciplinariamente.

 

Conclusión: un legado en juego

 

La notaría colombiana tiene una historia que se entrelaza con el desarrollo del país, pero sus defectos estructurales y los casos de corrupción ponen en riesgo su rol como garante de los derechos de los ciudadanos. Las leyes existen, las sentencias se dictan, pero la falta de voluntad política y de un marco normativo actualizado impide que la institución cumpla con su propósito.

 

Es momento de que el Estado, la comunidad jurídica y la sociedad civil unan esfuerzos para construir una notaría moderna, honesta y comprometida con el bienestar de todos los colombianos. Solo así podrá recuperar la confianza que le corresponde.

 

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