El caso de la menor Leidy desaparecida en Ibagué, y el marco legal que la ampara

Por Michael Steven Mejía Ospina

Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado cambioin.com

 

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La desaparición de una menor de edad es un evento que sacude a cualquier comunidad, y el caso de Leidy en Ibagué no es la excepción. La preocupación crece con el pasar de las horas y las autoridades trabajan incansablemente para dar con su paradero. Este avance informativo busca no solo actualizar a la ciudadanía sobre los hechos, sino también contextualizar la situación dentro del marco legal colombiano que protege a los menores y regula estos procesos de búsqueda.

 

El caso Leidy: Cronología y acciones iniciales

 

De acuerdo con la información preliminar, Leidy, de 17 años, habría desaparecido en horas de la tarde del domingo en el sector de Boquerón. La alarma se encendió cuando la menor, según reportes, envió mensajes a sus familiares manifestando que era perseguida y que corría peligro, perdiendo contacto posteriormente.

 

Frente a esta delicada situación, la Alcaldía de Ibagué ha informado la activación inmediata de las rutas de atención y búsqueda en coordinación con las autoridades competentes. La Policía de Infancia y Adolescencia ha tomado contacto con la madre de Leidy y ha iniciado las acciones correspondientes para su localización. Esto incluye el despliegue de personal especializado para realizar labores de búsqueda y verificación en diversos puntos de la ciudad y sus alrededores.

 

El marco legal que ampara la búsqueda de Leidy

 

La desaparición de un menor de edad en Colombia es un asunto de máxima prioridad y está regulado por un robusto andamiaje legal diseñado para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia:

 

- Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006): Esta ley es la piedra angular de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Establece que los menores tienen derecho a la vida, a la integridad personal, a tener una familia y a no ser separados de ella, así como a la protección contra toda forma de maltrato, abuso o explotación. En casos de desaparición, esta ley obliga a las autoridades a activar de manera inmediata los mecanismos de búsqueda y restablecimiento de derechos, garantizando la prevalencia de su interés superior.

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- Ley Sara Sofía (Alerta Colombia): Aunque con algunas salvedades de la Corte Constitucional y pendiente de la firma presidencial, esta ley se perfila como una herramienta crucial. Su objetivo es agilizar la difusión de información sobre menores desaparecidos, incluyendo a aquellos de hasta 18 años, para facilitar su pronta localización. La esencia de esta ley es la activación temprana de un sistema de alerta que involucra a medios de comunicación y entidades para maximizar las posibilidades de encontrar al menor en el menor tiempo posible. Es un paso fundamental para evitar que casos como el de Leidy se prolonguen en el tiempo sin respuestas.

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- Código Penal (Ley 599 de 2000): La desaparición de una persona, especialmente un menor, puede ser tipificada como un delito grave. Dependiendo de las circunstancias, podría configurarse la desaparición forzada (Artículo 165), que conlleva penas severas, o incluso secuestro. El Código Penal establece las sanciones para aquellos que atenten contra la libertad y la integridad de los menores, y es el marco bajo el cual se investigan y judicializan los responsables.

 

Sentencias y jurisprudencia relevante

 

La jurisprudencia colombiana ha reiterado la importancia de la búsqueda y protección de los menores desaparecidos, y aunque cada caso es único, existen sentencias que refuerzan las obligaciones del Estado:

 

- Sentencia C-468/25 (Alerta Colombia Ley Sara Sofía): El aval de la Corte Constitucional a esta ley, aunque con condicionamientos, subraya la necesidad de un mecanismo eficaz para la búsqueda de menores desaparecidos. La Corte, al revisar la constitucionalidad de la ley, asegura que su aplicación respete los derechos fundamentales y los principios legales.

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- Sentencia T-129/22 (Corte Constitucional): Aunque esta sentencia aborda la desaparición forzada en un contexto más amplio, enfatiza el derecho a la verdad, reparación y a no ser sometido a tratos crueles. La desaparición de un menor genera un profundo sufrimiento en los familiares, y la incertidumbre sobre su paradero es considerada una vulneración de estos derechos. Esta jurisprudencia resalta la obligación del Estado de no solo buscar al desaparecido, sino también de brindar apoyo y respuestas a las familias.

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- Sentencia Ubaté y Bogotá vs. Colombia (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 13 de diciembre de 2024): Si bien es un caso diferente, esta sentencia de la Corte IDH es relevante al establecer la responsabilidad internacional del Estado colombiano en casos de desaparición forzada y la violación de múltiples derechos humanos, incluyendo los de los menores. Resalta la impunidad y la falta de identificación de responsables como una falla del Estado.

 

El llamado a la solidaridad ciudadana

 

Las autoridades hacen un enérgico llamado a la ciudadanía para que cualquier información que pueda contribuir a la ubicación de Leidy sea suministrada a través de las líneas oficiales de la Policía Nacional. La colaboración de la comunidad es crucial en estos momentos, ya que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser la clave para resolver el caso. La pronta difusión de la información y la cooperación de todos son elementos vitales para asegurar el regreso de Leidy a su hogar.

 

Las investigaciones continúan su curso, con la esperanza de que la menor sea encontrada sana y salva. La sociedad ibaguereña se mantiene atenta, esperando noticias favorables y confiando en que el esfuerzo conjunto de las autoridades y la ciudadanía dé frutos prontamente.

 

Seguiremos informando sobre cualquier novedad en este caso de interés público.

 

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