Foto: Luis Felipe Aranzalez Bravo, abogado asesor de la alcaldía de Ibagué, encargado de hacer las licitaciones. cambioin.com
Por: Editor en Jefe - Publicado en febrero 27, 2026
Denuncian qué algo turbio estaría sucediendo al interior de la Secretaría de Infraestructura de Ibagué, específicamente con un Abogado contratado para realizar toda la etapa previa para la adjudicación de las licitaciones, las mismas que terminan ganando los ingenieros que también aparecen como clientes suyos. Esa situación ha generado que se eleve una denuncia formal ante los organismos de control del estado para que se investigue este comportamiento a todas luces oscuro, y que puede estar rayando en lo ilegal.
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Por: Editor Local. cambioin.com
Basados en denuncias de fuentes humanas, disgustados por las irregularidades que están sucediendo al interior de la Secretaría de Infraestructura del municipio, donde el Abogado Luis Felipe Aranzalez Bravo, fue contratado para adelantar y finalizar los procesos de licitaciones qué adelanta la administración local. Eso no tendría nada de extraño, si esa contratación se la está ganando un ingeniero cualquiera, a que siempre sea adjudicada a ingenieros civiles qué fueron clientes del mismo Aranzalez. No puede existir tanta coincidencia.
La información recaudada por cambioin.com señala que la Contratación en la alcaldía de Ibagué estaría bajo sospecha: el entramado detrás de los procesos más jugosos de la Secretaría de Infraestructura en medio de un año electoral marcado por el incremento del gasto público y el crecimiento de la nómina oficial, un nombre se repite constantemente en los corrillos políticos y técnicos de la contratación municipal: el del abogado Luis Felipe Aranzales Bravo, hoy convertido —según múltiples fuentes— en la pieza clave para armar ese rompecabezas dentro de los procesos más representativos de la Secretaría de Infraestructura.
La controversia no gira únicamente en torno a su contratación como profesional del derecho la cual es bastante onerosa, sino a la figura bajo la cual fue vinculado para realizar evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras de los procesos licitatorios más cuantiosos del municipio, es decir es que hace las licitaciones, las corrige, responde las observaciones y recomienda a quien se le debe adjudicar. Con el agravante que ese despacho oficial cuenta en su nómina de personal técnico especializado y una planta profesional robustecida precisamente para cumplir esas funciones misionales.
¿Pero por qué esa contratación adelantada por el señor Aranzalez, prende las alarmas al interior de la Secretaría de Infraestructura?. Es bueno aclarar que esa dependencia es la de que mayor presupuesto de inversión tiene al interior de la alcaldía de Ibagué, que valga decir también incrementó considerablemente su nómina en el último año. Paradójicamente, en lugar de fortalecer sus capacidades internas, optó por tercerizar la evaluación de procesos estratégicos en un abogado externo cuya trayectoria profesional ha estado ligada a la representación de varios de los mismos ingenieros que hoy resultan ganadores de contratos qué el mismo señor Aranzalez arma.
Diversas fuentes consultadas por cambioin.com sostienen que el abogado Aranzales mantiene en su despacho ubicado en el octavo piso de la Torre Empresarial del Power Center, lugar donde —según registros de ingreso— desfilan contratistas que posteriormente resultan favorecidos en las licitaciones más relevantes.
La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo se justifica que la Secretaría delegue funciones esenciales en un tercero con vínculos previos con los beneficiarios de los procesos?
El caso del Centenario
Uno de los episodios más representativos es la adjudicación de la obra del Centenario, proceso que terminó en manos del ingeniero Mario Gabriel Jiménez, a quien luis Felipe Aranzalez representó en el pasado en audiencias públicas y reclamaciones contra entidades estatales, para luchar por quedarse con algunas licitaciones. cuando ese abogado es el que las arma, entonces ahora son sus clientes que resultan ganadores. A eso se le suma que la obra ha presentado múltiples inconvenientes en su adjudicación y ejecución. Sin embargo, lo que más inquieta a los denunciantes es la coincidencia reiterada entre relaciones profesionales previas y decisiones contractuales posteriores.
La influencia señalada no se limitaría a este caso. También se mencionan nombres como los ingenieros Andrés Trujillo, Alejandro Méndez y Juan Camilo Silva, quienes han participado en procesos relevantes dentro de la misma Secretaría.
Otro ejemplo de las cosas oscuras que pasan con los procesos que maneja el abogado Luis Felipe Aranzalez, licitación de La Cancha Marte: donde un solo proponente fue habilitado
El más reciente episodio que avivó las sospechas fue la adjudicación del contrato para la intervención de la Cancha Marte al Consorcio Maracaná.
Aunque cinco firmas se presentaron al proceso, únicamente una fue habilitada. Fuentes internas aseguran que el resultado estaba definido desde etapas preliminares y que el beneficiario real no figuraría directamente en la contratación, sino que actuaría a través de terceros.
En este contexto aparece el nombre de Didier Portela, señalado por actuar mediante el ingeniero Fredy Pérez, quien ya había tenido protagonismo en obras como la piscina de la 42, donde incluso se atribuyó públicamente la representación de las obras en defensa de los contratistas.
La interventoría que desató la polémica
La situación alcanzó su punto más crítico con la adjudicación de la interventoría del mismo proyecto. El pliego exigía, como es habitual en este tipo de procesos, que el Director del Proyecto acreditara especialización en gerencia de proyectos.
Sin embargo, el consorcio ganador presentó un perfil con especialización en pavimentos. Aunque en una etapa de observaciones se insinuó la viabilidad de ese perfil, el ajuste nunca quedó consignado formalmente en el pliego definitivo.
Pese a ello, el proponente fue habilitado y resultó adjudicatario. Se trata, además, de los mismos interventores que han participado en otras obras emblemáticas como el Centenario y escenarios deportivos anteriores.
Varios Ingenieros locales denuncian que el mercado de la contratación en la ciudad se ha vuelto un escenario cerrado, donde el simple registro de ingreso a ciertos despachos permitiría anticipar quién resultará ganador.
Firmas de otras ciudades han optado por no presentarse a procesos que consideran “amarrados”, mientras que empresarios locales expresan inconformidad por lo que califican como una “rosca” que condiciona la libre competencia.
Las comparaciones con administraciones anteriores no se han hecho esperar. Algunos sectores sostienen que incluso episodios polémicos del pasado no alcanzaron el nivel de concentración contractual que hoy se denuncia.
Responsabilidad política
La controversia no solo compromete al abogado Aranzales. También pone bajo la lupa a la alcaldesa y al secretario de Infraestructura, quienes deberán explicar:
¿Por qué se sustituyeron funciones propias del equipo técnico de planta?
•¿Cuál fue la justificación jurídica para contratar externamente la evaluación integral de procesos?
• ¿Se declararon y gestionaron adecuadamente los posibles conflictos de interés?
• ¿Por qué se habilitaron perfiles que aparentemente no cumplían con los requisitos exigidos?
En un año electoral, el incremento presupuestal y la expansión de la nómina contrastan con la tercerización de funciones misionales en un asesor con relaciones previas con contratistas beneficiados.
La ciudadanía espera respuestas. Porque más allá de los nombres propios, lo que está en juego es la credibilidad del sistema de contratación pública y la transparencia en el manejo de los recursos que pertenecen a todos.
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