La reforma de la Ley 30 y la hacienda llamada Universidad del Tolima

Por: José Javier Capera, Profesor e Investigador. Columnista invitado cambioin.com

 

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El Senado acaba de aprobar con bombos y platillos la reforma al modelo de financiamiento de la educación superior. El Gobierno celebra como si hubiera descubierto la pólvora: ya no será el IPC el que marque el paso, sino un índice nuevo, el Ices. Más dinero, más justicia, más inclusión. Palabras bonitas, titulares de ocasión. Pero en departamentos como el Tolima, donde la universidad pública debería ser el faro del desarrollo regional, esta reforma corre el riesgo de convertirse en gasolina para la misma maquinaria clientelista que por décadas ha tratado a la Universidad del Tolima como un botín político.

 

No nos engañemos: la UT no ha sido gobernada por los sueños académicos de sus estudiantes o por los proyectos de investigación de sus docentes, sino por los pactos oscuros entre caciques locales que ven en el Consejo Superior Universitario un Congreso en miniatura. Allí no se discute cómo mejorar la calidad ni cómo atraer más estudiantes, sino quién se queda con la rectoría, quién reparte los contratos y cómo se acomoda la nómina para pagar favores. Y ahora, con más recursos en juego, el festín se hace aún más tentador.

 

Los discursos del ministro suenan inspiradores, pero la pregunta es brutal: ¿qué va a impedir que el dinero de la reforma termine alimentando los mismos círculos de poder que mantienen secuestrada la UT? Porque no se trata solo de presupuesto: se trata de una universidad donde se venden ilusiones de equidad mientras se negocian puestos como si fueran vacas en feria. Los Consejos Superiores Universitarios, que deberían encarnar la autonomía, no son más que vitrinas para la politiquería de siempre.

 

El gobierno dice que habrá veedurías ciudadanas. Bonito titular. Pero en Ibagué sabemos bien cómo terminan esas iniciativas: cooptadas, silenciadas o reducidas a saludos a la bandera. Y mientras tanto, los estudiantes siguen en aulas deterioradas, con bibliotecas desactualizadas, con bienestar reducido a promesas, y los docentes sobreviven entre contratos de tres meses que los convierten en jornaleros de la academia.

 

La Universidad del Tolima debería ser el orgullo de una región que necesita ciencia, cultura y pensamiento crítico. En cambio, se ha vuelto símbolo de cómo el poder político convierte la educación en un botín. La reforma a la Ley 30 puede traer más dinero, sí, pero si no desmonta los feudos locales, lo único que logrará será engordar las cuentas de quienes ya se reparten la universidad como si fuera su finca privada.

 

La UT no necesita maquillaje financiero: necesita una revolución interna que barra con el clientelismo, que devuelva la autonomía real y que coloque a la academia por encima de los pactos politiqueros. De lo contrario, la “gran reforma” no será más que otro espejismo que se evaporará entre aplausos, mientras la universidad pública del Tolima sigue siendo rehén de sus dueños de siempre.

 

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