¿Qué es una estructura criminal transnacional? y ¿existe o no en Colombia?

Por Michael Steven Mejía Ospina

Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado cambioin.com

 

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El debate sobre las estructuras criminales transnacionales: realidad y marco jurídico

 

En el análisis de la realidad delictiva a nivel mundial, uno de los temas que ha generado mayor atención y debate es el relacionado con las redes dedicadas al narcotráfico y su organización operativa. Se ha utilizado frecuentemente la expresión de “Junta del Narcotráfico” para referirse a una estructura que se supone articula diferentes grupos delictivos en distintos territorios; es importante clarificar que, desde el punto de vista jurídico e investigativo, no existe evidencia concluyente que confirme la existencia de una organización centralizada con un mando único que responda a esa denominación específica. Lo que sí se ha podido constatar es la existencia de redes flexibles, alianzas y acuerdos entre distintos grupos que operan de manera coordinada a nivel internacional, con presencia y actividad en múltiples regiones del planeta.

 

Estas redes se han extendido por diversos países, formando un entramado que afecta la estabilidad social, económica e institucional de las naciones. Entre los territorios donde se ha detectado su presencia y vinculación se encuentran: en América Latina, Colombia —como punto de origen y desarrollo de actividades productivas y de tráfico—, México como puente de conexión entre América del Norte y el resto del continente, además de Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y otros países de la región que actúan como zonas de tránsito, producción o distribución. A nivel europeo, se han identificado operaciones en España, Italia, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania, Albania y Rumanía, donde se han establecido alianzas con grupos criminales locales. También se ha registrado actividad en regiones como Oriente Medio —destacando Emiratos Árabes Unidos como centro de operaciones financieras y residencia de algunos integrantes—, África Occidental y zonas de Asia, que funcionan como puntos de paso y mercados para estas actividades ilícitas.

 

Para hacer frente a estas conductas, se ha construido un marco jurídico tanto nacional como internacional que establece las bases para su persecución y sanción. A nivel mundial, destacan instrumentos como la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y, principalmente, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, que obliga a los estados a tipificar como delitos la producción, el comercio, la posesión y el lavado de activos derivados de estas actividades, además de establecer mecanismos de cooperación, extradición y asistencia judicial entre naciones. A nivel regional existen normativas propias, como las de la Comunidad Andina y las directivas y reglamentos de la Unión Europea, que buscan armonizar las legislaciones y fortalecer la acción contra la delincuencia organizada.

 

En el ámbito judicial, se han dictado numerosas sentencias en diferentes países como resultado de investigaciones realizadas de manera conjunta o individual. Estas resoluciones han permitido establecer responsabilidades penales por delitos relacionados con el narcotráfico, la asociación delictiva y el lavado de activos, imponiendo penas privativas de libertad y sanciones económicas a personas vinculadas a estas redes. Cada sentencia se fundamenta en las pruebas recabadas, en la aplicación de las leyes vigentes y en el respeto a los derechos procesales de las personas, constituyendo un paso fundamental para desmantelar estructuras que ponen en riesgo el orden jurídico y el bienestar común.

 

El análisis de estas realidades nos muestra que la lucha contra la delincuencia transnacional requiere no solo de marcos legales sólidos, sino también de la coordinación entre los estados y de una participación activa de la sociedad. Conocer la realidad de estas estructuras, sus alcances y las herramientas con las que cuenta la justicia es fundamental para comprender los retos que enfrentamos y para construir caminos que promuevan la legalidad, la paz y el desarrollo para todos.

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