Repudio nacional por asesinato del Alcalde de Cubarral, Meta

Por Michael Steven Mejía Ospina

Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado cambioin.com

 

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Pronunciamiento y repudio nacional por el asesinato del Alcalde de Cubarral, META

 

Roger Mauricio Devia y Fabián Cardona pierden la vida en ataque armado; la campaña de Abelardo De la Espriella exige justicia y pone en alerta al país

 

Un hecho que ha conmovido a toda la región del Meta y a la opinión pública nacional se registró en las últimas horas: el asesinato del exalcalde de Cubarral, Roger Mauricio Devia, quien también se desempeñaba como coordinador de la campaña del candidato Abelardo De la Espriella en el departamento, junto al activista Fabián Cardona. El crimen, calificado como cobarde y violento, ha generado consternación, dolor y un rechazo unánime por parte de las autoridades, la clase política y la sociedad civil, que han exigido que se haga justicia de manera inmediata y contundente.

 

La noticia fue confirmada oficialmente a través de redes sociales, primero por Jaime Andrés Beltrán, gerente de regiones de la campaña y exalcalde de Bucaramanga, y posteriormente por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quienes transmitieron la tristeza y la preocupación que causó el suceso en todos los ámbitos. Según las primeras informaciones que han trascendido, los hechos ocurrieron cuando los dos hombres se desplazaban en vehículo tras desarrollar actividades políticas en la capital del departamento, Villavicencio, y fueron atacados de manera violenta por sujetos armados que interrumpieron su recorrido y acabaron con sus vidas.

 

Dolor y rechazo en el ámbito político y social

 

Ante la gravedad de lo sucedido, se han multiplicado las manifestaciones de duelo y repudio. Jaime Andrés Beltrán expresó su sentimiento en redes sociales al indicar que recibió la noticia “con mucho dolor y preocupación”, palabras que reflejan el impacto que tuvo el crimen en quienes compartían la ruta política y la labor diaria con las víctimas.

 

Por su parte, la campaña de Abelardo De la Espriella emitió un comunicado oficial en el que hizo un llamado urgente a las instituciones del Estado: exige a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a todas las autoridades competentes que se presenten “resultados concretos e inmediatos en la investigación de estos crímenes”, con el fin de que se esclarezcan las circunstancias exactas de lo ocurrido, se identifiquen a los responsables y se haga justicia de acuerdo con la ley.

 

El candidato, Abelardo De la Espriella, también se pronunció públicamente para lamentar profundamente el fallecimiento de Devia y Cardona, a quienes definió como “dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta”. En su mensaje, el candidato destacó que las víctimas no eran figuras de la política alejadas de la realidad, sino “hombres del pueblo, tigres de verdad, que recorrían las calles defendiendo la democracia, la libertad y la esperanza de millones de colombianos”.

 

“Su único delito fue creer en la patria y no arrodillarse ante los violentos”, afirmó De la Espriella, al tiempo que aseguró que “la sangre derramada sobre los afiches del Tigre no será en vano”. En su pronunciamiento, reafirmó el compromiso de seguir adelante con más fuerza y determinación, y envió un mensaje contundente a los autores del crimen: “A los criminales les decimos claro: Colombia no se rinde, Colombia no se arrodilla y el Tigre no se calla”.

 

¿Qué se investiga y marco legal aplicable?

 

Las autoridades competentes ya han puesto en marcha todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con unidades especializadas en delitos contra la vida y la integridad personal, así como en la persecución de actividades vinculadas al narcotráfico y el terrorismo, fenómenos que se han señalado como posibles móviles del ataque.

 

En este contexto, la actuación de las instituciones se rige por un amplio marco legal que busca garantizar la verdad, la justicia y la protección de los derechos fundamentales:

 

Normas que regulan la investigación y sanción de estos delitos

 

- Constitución Política de Colombia de 1991: En su artículo 11 establece que la vida es un derecho fundamental inviolable, y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley y a la seguridad. Además, establece que el Estado es el responsable de garantizar la convivencia pacífica y de perseguir y sancionar las conductas que atenten contra la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos.

- Código Penal (Ley 599 de 2000): Tipifica el delito de homicidio en sus distintas modalidades, estableciendo sanciones severas que van desde los 25 hasta los 50 años de prisión, dependiendo de las circunstancias en las que se haya cometido el hecho. Cuando el homicidio se comete en el marco de actividades de narcotráfico, terrorismo o como parte de organizaciones criminales, las penas se agravan considerablemente, tal como lo establecen las modificaciones introducidas por leyes posteriores como la Ley 1453 de 2011, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana.

- Ley 300 de 1996: Regula la materia de justicia penal y establece los procedimientos para la investigación, el juzgamiento y la sanción de los delitos, garantizando el respeto al debido proceso y los derechos de las víctimas y los imputados.

- Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Establece las competencias de la Policía Nacional y las autoridades civiles en materia de prevención, protección y persecución de conductas que afectan la seguridad pública, y define las acciones que se deben adoptar para proteger a las personas que ejercen cargos públicos o actividades políticas.

 

Sentencias que han definido la responsabilidad por estos crímenes

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ha establecido lineamientos claros sobre la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas que desarrollan actividades políticas, así como sobre la gravedad de los delitos que atentan contra la vida de dirigentes y activistas:

 

- Sentencia C-098 de 2018: La Corte Constitucional estableció que los ataques contra dirigentes políticos y activistas constituyen una agresión contra el orden democrático y contra los derechos fundamentales de la sociedad, por lo que las autoridades deben actuar con celeridad y rigurosidad para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

- Sentencia 123 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia: Definió que cuando un homicidio se comete con fines de intimidación política o en el marco de actividades de grupos armados organizados o narcotráfico, se configuran circunstancias de agravación que obligan a imponer las penas más severas previstas en la ley.

- Sentencia C-370 de 2022: Reafirmó que el Estado tiene el deber especial de proteger a las personas que participan en procesos políticos, ya que su labor es fundamental para el funcionamiento de la democracia, y que cualquier amenaza o agresión contra ellos debe ser investigada y sancionada con el máximo rigor.

 

Un crimen que atenta contra la democracia

 

El asesinato de Roger Mauricio Devia y Fabián Cardona no es solo un hecho de violencia contra personas particulares, sino un ataque directo contra la democracia y la convivencia pacífica en Colombia. Las víctimas ejercían su derecho a participar en la vida pública, a promover proyectos y a trabajar por el desarrollo de sus comunidades, actividades que están protegidas por la Constitución y por todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado el país.

 

Por esta razón, el rechazo que ha generado el hecho es generalizado y ha unido a sectores políticos, sociales, gremiales y comunitarios en la exigencia de que se ponga fin a la impunidad y a la violencia que afecta a quienes defienden la libertad y la justicia. Las autoridades han asegurado que las investigaciones se desarrollarán con transparencia, celeridad y respeto al debido proceso, para que se haga justicia y se envíe un mensaje claro de que en Colombia no se permitirá que la violencia impida el ejercicio de los derechos y la participación ciudadana.

 

Mientras tanto, la campaña de Abelardo De la Espriella y toda la sociedad mantienen viva la memoria de Devia y Cardona, y reafirman su compromiso con la construcción de un país más justo, pacífico y democrático, tal como lo expresaron en sus pronunciamientos: “Su sacrificio no será en vano, y su ejemplo nos motivará a seguir trabajando por una Colombia sin violencia y con oportunidades para todos”.

 

Fuente: Información oficial de la campaña de Abelardo De la Espriella, boletines de las autoridades competentes y declaraciones públicas de las instituciones del Estado.

Nota: Toda esta información es de carácter noticioso y tiene como único objetivo informar a la ciudadanía. Las personas señaladas como responsables de estos hechos presumen su inocencia hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia judicial ejecutoriada.

 

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