No existen garantías para mujeres víctimas de acoso, con el nuevo rector de la UT

La Unidad de Género de la Universidad del Tolima: una oficina de adorno burocrático

 

¿Qué está pasando a puerta cerrada?, el tiempo dio la razón y la absolución del profesor Leal, abrió la otra caja que algunas mujeres dentro de la Universidad aseguran que llevaba tiempo cerrada y ahora quieren hablar a todos los medios.

CambioIn conoció testimonios de integrantes y sectores vinculados a las reivindicaciones feministas que cuestionan duramente el funcionamiento actual de la Unidad de Género. Según estas voces, existirían acercamientos y conversaciones con denunciantes que se estarían manejando con excesiva reserva, sin que ellas perciban claridad suficiente sobre los procedimientos, resultados y garantías.

 

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Por: Editor General. cambioin.com

 

Y aquí hay que hacer una precisión indispensable: CambioIn no presenta esas afirmaciones como hechos judicialmente comprobados. Son denuncias y testimonios que deben ser respondidos y aclarados por la Universidad del Tolima.

Algunas de las voces consultadas utilizan palabras todavía más fuertes. Sostienen que durante la administración del exrector Omar Mejía, se instaló entre determinados sectores feministas la percepción de que los conflictos con los movimientos de mujeres podían resolverse mediante acuerdos y acercamientos internos, en lugar de enfrentar públicamente los problemas denunciados. Por eso les dio contratos, convenios, acuerdos y puestos burocráticos al interior de la UT

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Una de las críticas podría resumirse así: “Sentimos que todo termina negociándose a puerta cerrada. Las víctimas necesitan garantías, respuestas y transparencia, no que los problemas desaparezcan cuando incomodan a la administración”.

 

Otros sectores cuestionan que la Unidad de Género se haya convertido, según su percepción, en un espacio excesivamente condicionado por dinámicas administrativas y políticas, alejándose de las necesidades de las mujeres que buscan acompañamiento.

Son acusaciones graves. Precisamente por eso la Universidad debe responderlas, no esconderlas debajo del escritorio, y dejar que cualquier denuncia goce de todas las garantías institucionales.

¿JHON JAIRO MÉNDEZ CAMBIARÁ EL LIBRETO? Ahora la mirada se dirige hacia la administración del rector Jhon Jairo Méndez. La pregunta que plantean estos sectores no puede convertirse anticipadamente en una acusación: ¿mantendrá la nueva rectoría el modelo que cuestionan algunas organizaciones de mujeres o establecerá mecanismos más transparentes para tramitar las denuncias de violencias basadas en género? Todo apunta que es una oveja disfrazada de lobo, y que no brindara ningún tipo de garantías para los sectores feministas y diversos en la UT.

¿Las denunciantes conocerán oportunamente qué ocurre con sus casos? - ¿Tendrán acompañamiento efectivo? - ¿Podrán controvertir las decisiones? - ¿Existirán garantías frente a eventuales escenarios de revictimización? - ¿Y qué independencia existe entre las dependencias encargadas de acompañar, investigar y juzgar? Estas preguntas requieren respuestas institucionales concretas.

“VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN”

Los sectores feministas críticos consultados resumen su exigencia en tres palabras que históricamente han acompañado las luchas de las víctimas: verdad, justicia y reparación.

Pero también hay una frontera que esta discusión no puede atravesar. Defender a las mujeres que denuncian no significa que toda denuncia produzca automáticamente responsabilidad disciplinaria. Una absolución tampoco demuestra automáticamente que una denunciante haya mentido.

Ambas garantías deben coexistir. Si el proceso contra el profesor Carlos David Leal, terminó porque la autoridad disciplinaria consideró que las pruebas no permitían acreditar responsabilidad, esa decisión deberá evaluarse por sus fundamentos jurídicos y probatorios. Si las denunciantes consideran que durante ese procedimiento fueron desconocidas, re victimizadas o privadas de garantías, también tienen derecho a cuestionarlo por los mecanismos correspondientes.

Lo que no debería hacer una universidad pública es pretender que una decisión administrativa cierre automáticamente el debate institucional sobre las violencias basadas en género.

UNA UNIDAD DE GÉNERO NO PUEDE SER DE ADORNO. Pues hoy el movimiento estudiantil, manifiesta que La Unidad de Género tampoco puede reducir su función a administrar crisis cuando estas ya explotaron. Si las mujeres sienten que no las escuchan, hay un problema. Si los investigados consideran que son condenados socialmente antes de ser juzgados, también hay un problema, y si los asuntos sensibles terminan resolviéndose en conversaciones que nadie entiende y cuyos alcances nadie explica, el problema ya no es únicamente de género: es de confianza institucional, lo que se perdió hace décadas al interior de la UT.

 

Por eso la administración Méndez tiene una oportunidad que ha demostrado en este inicio no la va a usar, y una obligación institucional de explicar públicamente cuál será su política frente a las violencias basadas en género. Porque una Universidad que enseña pensamiento crítico debe estar preparada para responder preguntas críticas sobre sí misma, hoy la administración del señor Méndez se ha dedicado a pagar puestos burocráticos a los sectores políticos y mafias politiqueras de la región al interior de la UT.

Y queda una especialmente incómoda: ¿La nueva administración garantizará que las denuncias de las mujeres sean escuchadas con independencia, transparencia y garantías, o los asuntos difíciles seguirán resolviéndose detrás de puertas cerradas y que con el tiempo se archiven las denuncias el tiempo todo lo dirá?

 

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