Por aumentar presupuesto para viáticos del rector, cierran biblioteca de la UT

¿La Universidad del Tolima tiene plata para viáticos del rector, pero no para abrir su biblioteca para la comunidad Universitaria?

 

En pleno siglo XXI, la Biblioteca Rafael Parga Cortés vuelve a estar en el centro de la polémica. Mientras las cuentas administrativas siguen su curso, estudiantes reclaman condiciones dignas para investigar y estudiar. Y el rector Jonh Jairo Méndez Arteaga tiene unas cuantas explicaciones pendientes ante la comunidad universitaria.

 

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Por: Editor Local, opinión y denuncia. cambioin.com

 

En la Universidad del Tolima parece que hay cosas que nunca pueden detenerse: los trámites administrativos, las contrataciones, las reuniones, los compromisos institucionales y toda esa maquinaria que funciona con admirable puntualidad cuando de mover papeles y recursos se trata. Pero hay algo mucho más importante que, según las denuncias que llegan desde la comunidad universitaria, no estaría funcionando como debería: la Biblioteca Rafael Parga Cortés. Sí, señores, la biblioteca. Ese lugar donde se supone que una universidad demuestra que su verdadera riqueza no está en las oficinas de sus directivos, sino en los libros, la investigación, el conocimiento y las oportunidades que ofrece a sus estudiantes.

 

La pregunta es tan elemental que produce vergüenza tener que formularla en pleno siglo XXI: ¿cómo puede una universidad pública hablar de calidad académica, investigación, transformación digital y excelencia educativa mientras existen cuestionamientos sobre el acceso a su principal biblioteca? ¿Qué clase de modernización es esa en la que abundan los discursos, pero los estudiantes tienen que reclamar algo tan básico como un espacio digno para estudiar? Porque una universidad sin biblioteca funcional no es precisamente un ejemplo de progreso. Es una contradicción que ningún discurso de rectoría puede maquillar.

 

Y aquí aparece el nombre del rector Jonh Jairo Méndez Arteaga, quien asumió la responsabilidad de dirigir la institución para el periodo 2026-2030. Conviene recordarle algo que parece olvidarse cuando se llega a determinados cargos: la rectoría no es un título honorífico, ni una vitrina de relaciones públicas, ni una oficina destinada exclusivamente a representar a la universidad en ceremonias y eventos. Es una responsabilidad administrativa, académica y moral. Y cuando los estudiantes denuncian dificultades para acceder al conocimiento, el rector tiene la obligación de explicar qué ocurre, por qué ocurre, quién responde y cuándo se soluciona.

 

Lo verdaderamente preocupante es que las inconformidades con la Biblioteca Rafael Parga Cortés no aparecieron ayer. En mayo de 2026, Cambioin publicó una denuncia atribuida a estudiantes de Historia, Medicina y Agronomía, quienes cuestionaron el estado del material bibliográfico, la actualización de las colecciones y la relación entre las inversiones reportadas y los servicios recibidos. Aquella publicación puso sobre la mesa contratos de adquisición de libros, plataformas digitales y herramientas tecnológicas. Son cuestionamientos que merecen respuestas verificables, no simples declaraciones institucionales sobre la importancia de la educación.

 

Ahora, frente a los nuevos señalamientos sobre el cierre o las restricciones de funcionamiento de la biblioteca, hay preguntas que no admiten evasivas: ¿está abierta al público en los horarios anunciados por la universidad? ¿Qué espacios se encuentran habilitados? ¿Desde cuándo existen restricciones, si las hay? ¿Quién tomó esas decisiones? ¿Cuánto dinero se ha destinado a su mantenimiento, actualización y funcionamiento? ¿Dónde están los resultados? Porque publicar horarios en una página de internet es sencillo. Lo que importa es que los estudiantes puedan entrar, consultar, investigar y encontrar los recursos que necesitan.

 

Y mientras esas respuestas llegan, sería conveniente que la rectoría también hiciera públicas las cifras de sus desplazamientos oficiales. ¿Cuántos viajes nacionales e internacionales ha realizado Jonh Jairo Méndez con recursos institucionales? ¿Cuánto se ha pagado por concepto de viáticos, tiquetes, alojamiento y gastos de representación? ¿Cuáles fueron los objetivos de cada comisión? ¿Qué beneficios concretos recibió la Universidad del Tolima? No se trata de afirmar que viajar sea irregular. Los rectores pueden y deben representar a sus instituciones cuando existe una justificación académica o administrativa. Pero cada peso público destinado a esas actividades debe poder explicarse con absoluta claridad.

 

Porque sería difícil de justificar que una institución encontrará recursos para desplazamientos, comisiones y compromisos protocolarios, pero no pudiera garantizar el funcionamiento adecuado de un servicio tan esencial como su biblioteca. Esa comparación merece hacerse con las cifras sobre la mesa. Que se publiquen los gastos y las inversiones. Que se conozcan los resultados. Que la comunidad universitaria pueda establecer si las prioridades presupuestales corresponden realmente a sus necesidades.

 

Hay algo particularmente incómodo en esta discusión. La propia Universidad del Tolima presenta oficialmente a la Biblioteca Rafael Parga Cortés como una dependencia fundamental para garantizar el acceso democrático al conocimiento. Habla de calidad, de servicios especializados, de recursos científicos y de formación integral. Muy bonito sobre el papel. Pero las certificaciones no reemplazan los libros actualizados, las salas disponibles ni la atención efectiva a los usuarios. La calidad no se demuestra únicamente con documentos colgados en una página web. Se demuestra cuando un estudiante necesita investigar y encuentra las puertas abiertas y los recursos disponibles.

 

La universidad pública no puede terminar convertida en una institución donde la administración avance a toda velocidad mientras las necesidades académicas esperan turno. Los estudiantes no ingresan a la Universidad del Tolima para admirar organigramas, escuchar discursos de transformación o celebrar agendas de representación. Ingresan para formarse profesionalmente, investigar, debatir, producir conocimiento y construir un futuro. Y para eso necesitan bibliotecas, laboratorios, docentes, infraestructura y condiciones académicas reales.

 

Por eso, rector Méndez, las preguntas están servidas. ¿Qué está ocurriendo con la Biblioteca Rafael Parga Cortés? ¿Cuál es su situación actual de funcionamiento? ¿Cuándo podrá garantizarse plenamente el servicio a la comunidad universitaria? ¿Qué inversiones se han ejecutado y cuáles están pendientes? ¿Qué medidas concretas adoptará su administración? Y, de paso, ¿está dispuesto a publicar un informe detallado de los gastos de viaje y viáticos de la rectoría para que los estudiantes conozcan cómo se están utilizando esos recursos?

 

No hace falta montar una comisión internacional para responder esas preguntas. Tampoco organizar una ceremonia, contratar una campaña publicitaria ni convocar una reunión interminable. Basta con transparencia, documentos, cifras y decisiones. Si existen razones técnicas para restringir el acceso a la biblioteca, que se expliquen. Si hay obras pendientes, que se publique su cronograma. Si el servicio funciona normalmente, que se informe y se permita verificarlo. Y si existen fallas administrativas, que se reconozcan y se corrijan.

 

La Universidad del Tolima merece mucho más que una discusión sobre puertas cerradas, contratos y viáticos. Merece una administración capaz de entender que la educación pública se defiende con resultados cotidianos. El Consejo Superior Universitario también tiene una responsabilidad en esta historia: ejercer seguimiento, solicitar informes y garantizar que los compromisos institucionales se traduzcan en servicios efectivos para la comunidad académica.

 

Al final, el asunto no es si el rector viaja mucho o poco. El asunto es si cada gasto está justificado y si la universidad cumple sus obligaciones esenciales. Tampoco se trata de condenar una contratación por el simple hecho de existir. Se trata de verificar que el dinero invertido produzca beneficios reales. Porque administrar recursos públicos no consiste únicamente en ejecutar presupuestos. Consiste en responder por lo que se consigue con ellos.

 

Y queda una última pregunta, quizá la más incómoda de todas: ¿de qué sirve que una universidad tenga recursos, contratos, certificaciones y una rectoría con agenda institucional, si sus estudiantes tienen que salir a reclamar el funcionamiento de una biblioteca?

 

En la Universidad del Tolima, antes de hablarle al mundo de excelencia académica, hay que responderles a los estudiantes de la Biblioteca Rafael Parga Cortés. Porque el conocimiento necesita puertas abiertas, no explicaciones eternas.

 

Este medio deja abierto el espacio para que la Rectoría de la Universidad del Tolima responda los cuestionamientos y presente los documentos que permitan esclarecer la situación.

 

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