Por una vicerrectoria, la izquierda, le ayudó a la derecha, a conservar la rectoría de la UT

ASPU Tolima: el incómodo espejo entre el discurso sindical y el poder universitario

 

En la Universidad del Tolima hay una discusión que merece darse de frente y sin eufemismos: la coherencia entre el discurso público de ASPU Tolima y su relación con quienes hoy forman parte de la alta administración universitaria. La actual Junta Directiva cuestiona decisiones de la administración del rector John Jairo Méndez, ejerce oposición frente a determinadas actuaciones institucionales y reclama transparencia, pero precisamente por eso resulta legítimo preguntarse qué tan independiente es su posición frente a una estructura administrativa en la que aparece el profesor Germán Rubio Guerrero, actual Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad del Tolima.

 

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Por: Editor General. cambioin.com

 

En política, y mucho más en la política universitaria, las contradicciones suelen decir tanto como los discursos. ASPU Tolima ha construido buena parte de su identidad alrededor de la defensa de los profesores, las garantías laborales, la autonomía universitaria y la vigilancia crítica de las administraciones. Esa función es legítima y necesaria. Una universidad pública necesita organizaciones capaces de controvertir al poder y señalar aquello que consideran equivocado. Pero justamente quien exige transparencia y coherencia a los demás debe estar preparado para someterse al mismo estándar.

 

Ahí aparece el nombre de Germán Rubio Guerrero. Su condición de actual Vicerrector Administrativo y Financiero no es un asunto menor. Se trata de una posición de alta responsabilidad dentro de la estructura administrativa de la Universidad del Tolima y, por esa razón, las relaciones políticas, gremiales o sindicales que se le atribuyan deben ser examinadas con rigor y no mediante rumores. La discusión no consiste en condenar anticipadamente al profesor Rubio ni en afirmar sin pruebas que representa una cuota burocrática de ASPU. El interrogante que merece una respuesta clara es precisamente si existe o no esa representación política y cuál es actualmente su relación con sectores de la organización sindical.

 

Si dentro de la comunidad universitaria existen profesores, antiguos integrantes de ASPU o miembros y exmiembros de otras organizaciones sindicales que consideran que Rubio representa una expresión o cercanía política de sectores vinculados históricamente con ASPU, esas versiones deben ser escuchadas, pero también contrastadas. No basta con repetirlas. Deben confrontarse con documentos, antecedentes, decisiones administrativas, actas, resoluciones y testimonios verificables. La reserva de identidad puede proteger legítimamente a una fuente que tema consecuencias laborales o institucionales, pero la condición de fuente reservada no convierte automáticamente una afirmación en un hecho probado.

 

Precisamente allí aparece una de las principales preguntas para la actual Junta Directiva de ASPU Tolima: ¿cómo concilia su discurso crítico frente a la administración de John Jairo Méndez con la presencia, dentro de esa misma administración, de personas que algunos sectores universitarios identifican como provenientes o cercanas a espacios sindicales? La existencia de antiguos sindicalistas dentro de una administración no constituye por sí misma ninguna irregularidad. Un profesor puede participar durante años en actividades gremiales y posteriormente asumir legítimamente responsabilidades administrativas. El problema surgiría únicamente si detrás de esos nombramientos existieran compromisos políticos, burocráticos o contractuales que no hubieran sido informados a las bases.

 

Por eso resulta importante establecer cuándo terminó cualquier responsabilidad sindical que hubiera tenido Rubio, cuál ha sido históricamente su relación con ASPU Tolima, qué relación mantiene actualmente con sus dirigentes y si la organización tuvo alguna participación, directa o indirecta, en conversaciones relacionadas con su presencia dentro de la administración universitaria. También debería aclararse si existieron recomendaciones, acuerdos o compromisos políticos alrededor de su llegada a la alta administración o si, sencillamente, estamos ante un profesor que transitó legítimamente desde escenarios gremiales hacia responsabilidades administrativas.

 

Las respuestas son importantes porque cambiarían completamente la interpretación de los hechos. No es lo mismo un antiguo dirigente o integrante sindical que llega a la administración por su trayectoria académica y profesional que una eventual representación negociada como parte de un acuerdo político. Confundir ambas situaciones sería irresponsable, pero negarse a investigarlas también lo sería.

 

El sindicalismo necesariamente dialoga y negocia con el empleador. Esa es precisamente una de sus funciones. ASPU puede reunirse con la administración, discutir condiciones laborales, reclamar garantías, defender profesores, negociar derechos colectivos y participar en debates institucionales sin perder por ello su independencia. La verdadera pregunta es qué se negocia. Negociar reivindicaciones colectivas es completamente distinto de negociar posiciones individuales, cargos, contratos o espacios administrativos.

 

De ahí que las versiones que circulan dentro de la Universidad del Tolima sobre supuestas cuotas burocráticas, contratos o distribución de posiciones deban ser tratadas con especial responsabilidad. Si existen pruebas, deben conocerse. Si no existen, tampoco es admisible transformar el rumor en sentencia. Una organización sindical no puede ser condenada por sospechas, pero tampoco debería pretender que su naturaleza sindical la coloca por encima del escrutinio público.

 

Una investigación rigurosa debería escuchar a profesores, antiguos integrantes de ASPU y miembros o ex integrantes de otros sindicatos de la Universidad del Tolima que conozcan la evolución de estas relaciones. Algunos podrían solicitar reserva de identidad ante eventuales consecuencias laborales o institucionales. Sus testimonios serían importantes como punto de partida, pero deberían ser contrastados posteriormente. Si alguien sostiene que ASPU ha buscado cuotas dentro de la administración, tendría que explicar cuáles, cuándo, quién habría negociado, con quién y mediante qué mecanismos. Si alguien afirma que se han repartido contratos como parte de entendimientos políticos, tendría que identificar los contratos y aportar elementos verificables. Y si alguien asegura que nada de eso ha ocurrido, también debería estar dispuesto a explicar cómo se ha construido la relación entre la organización sindical y las distintas administraciones universitarias.

 

La actual Junta Directiva de ASPU tiene, entonces, una oportunidad para despejar las dudas. Puede explicar públicamente si considera o no al profesor Germán Rubio Guerrero cercano política o sindicalmente a su organización; puede aclarar si participó de alguna manera en conversaciones relacionadas con su presencia en la administración; puede informar qué interlocución mantiene actualmente con él y puede establecer si existen otras personas provenientes de escenarios sindicales que hoy desempeñen responsabilidades administrativas. Nada de esto implica culpabilidad. Se trata simplemente de transparencia.

 

Porque existe una diferencia enorme entre interlocución institucional y cogobierno burocrático. Un sindicato responsable debe conversar con quien administra la universidad. Lo que resultaría incompatible con su misión sería que eventualmente utilizara su capacidad de presión, representación o movilización para obtener beneficios particulares. Si alguna vez aparecieran pruebas de negociaciones relacionadas con puestos, contratos o cuotas burocráticas, la discusión dejaría de ser exclusivamente sindical y pasaría a ser una discusión sobre poder político dentro de la Universidad del Tolima.

 

Y cuando una organización entra en la disputa por espacios de poder debe aceptar exactamente el mismo escrutinio que reclama para quienes gobiernan. No sería coherente cuestionar nombramientos, contratación o decisiones administrativas mientras se guardara silencio frente a eventuales beneficios obtenidos por sectores cercanos. Tampoco sería coherente presentarse ante los profesores como una organización completamente independiente mientras existieran acuerdos políticos desconocidos por sus propias bases. Si tales acuerdos no existen, ASPU debería ser la primera interesada en demostrarlo.

 

Por eso la discusión de fondo no es simplemente si ASPU apoya o se opone a John Jairo Méndez. La pregunta es más compleja: ¿qué representa actualmente ASPU Tolima frente a la administración? ¿Es un contradictor, un interlocutor, un negociador, un actor político o una combinación de varias de esas condiciones? Ninguna de ellas es necesariamente ilegítima. Lo problemático sería representar públicamente una posición mientras privadamente se ejerce otra.

 

La presencia de Germán Rubio Guerrero en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera vuelve especialmente pertinente esa discusión. No porque ocupar ese cargo constituya por sí mismo una irregularidad, sino porque estamos hablando de una dependencia de enorme importancia dentro del funcionamiento institucional. Por eso cualquier afirmación que pretenda presentar al profesor Rubio como una cuota de ASPU debe probarse, pero ASPU también debería responder sin ambigüedades si reconoce alguna representación política propia en su presencia dentro de la administración.

 

El problema de fondo tampoco consiste en hablar con quien ejerce como empleador. Presentar cualquier conversación con la administración como una traición sindical sería absurdo. Los sindicatos existen, entre otras razones, para negociar. El asunto decisivo está en distinguir entre negociar derechos colectivos y negociar beneficios particulares. Si ASPU conversa con la administración de John Jairo Méndez para defender condiciones laborales, profesores o garantías sindicales, está cumpliendo su función. Si existieran acuerdos sobre posiciones administrativas o contratación particular, estaríamos frente a un escenario completamente distinto que debería conocerse.

 

También sería injusto establecer responsabilidades sin escuchar a los directamente involucrados. El profesor Germán Rubio Guerrero debe tener la posibilidad de explicar públicamente su trayectoria sindical, académica y administrativa, así como responder si mantiene algún vínculo político con la actual dirigencia de ASPU. La Junta Directiva del sindicato debe disponer del mismo espacio para explicar su relación con Rubio y con la administración de Méndez. Y quienes formulen acusaciones concretas tienen la obligación de aportar elementos que permitan verificarlas.

 

Porque la transparencia no puede funcionar en una sola dirección. La administración de John Jairo Méndez debe explicar sus decisiones, sus nombramientos y su gestión. Germán Rubio Guerrero debe poder responder los cuestionamientos relacionados con su papel dentro de la alta administración. Pero la actual Junta Directiva de ASPU Tolima también debe estar dispuesta a explicar sus relaciones políticas y su grado de independencia frente a quienes gobiernan la Universidad.

 

Si no existen cuotas burocráticas, que se diga con claridad y que los hechos lo demuestran. Si no existen compromisos alrededor de contratos, que quede establecido. Si ASPU no intervino directa ni indirectamente en la llegada de Rubio a la alta administración, también debería aclararlo. Y si alguien sostiene exactamente lo contrario, la responsabilidad de probarlo corresponde a quien realiza la acusación.

 

Lo que no resulta sostenible es pretender que unas preguntas son legítimas cuando se dirigen contra la Rectoría, pero inconvenientes cuando apuntan hacia el sindicato. Quién fiscaliza también puede ser fiscalizado. Quien reclama explicaciones también debe entregarlas. Y quien convierte la transparencia en bandera pública debe aceptar que esa bandera ilumine igualmente hacia adentro.

 

ASPU Tolima tiene todo el derecho a cuestionar la administración de John Jairo Méndez. Tiene derecho a movilizarse, denunciar, controvertir y exigir respuestas. Pero precisamente esa autoridad moral dependerá de que pueda demostrar que sus críticas no conviven con compromisos particulares dentro de la estructura que cuestiona. La independencia sindical no se proclama únicamente en comunicados; se demuestra en la práctica.

 

La Universidad del Tolima necesita sindicatos fuertes, independientes y capaces de ejercer control crítico. También necesita administraciones sometidas al escrutinio público. Lo que no necesita es una política de pasillos donde las fronteras entre oposición, negociación y participación burocrática sean imposibles de distinguir.

 

Por eso la pregunta sigue abierta y merece una respuesta transparente: ¿qué relación política existe actualmente entre ASPU Tolima, el profesor Germán Rubio Guerrero y la administración de John Jairo Méndez? Y, más allá de las personas, ¿hasta dónde llegan las conversaciones legítimas de representación sindical y dónde comenzaría, si existiera, una negociación por espacios de poder?

 

Porque resulta sencillo levantar la voz cuando las preguntas apuntan hacia la Rectoría. La verdadera prueba de coherencia comienza cuando esas mismas preguntas regresan hacia la organización que las formula.

 

Quien exige transparencia desde la acera sindical debe estar dispuesto a encender la misma luz dentro de su propia casa. Y en la Universidad del Tolima ha llegado el momento de saber quién representa a quién, quién acuerda con quién y, sobre todo, qué se discute cuando las puertas se cierran.