POLÍTICA

Investigan exalcalde de Ibagué, por entregar contrato a un amigo suyo

Por: Editor Ibagué - Publicado en febrero 27, 2024

Por presuntas irregularidades en millonaria contratación de infraestructura, Procuraduría abrió investigación a exfuncionarias de la Alcaldía de Ibagué

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Vía: Oficina de prensa de la Procuraduría General de la Nación

El contrato de interventoría se habría adjudicado a un consorcio que estaría inhabilitado para contratar con el Estado.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la exsecretaria de Infraestructura Municipal de Ibagué, Sharon Dayana Guzmán González, por presuntos actos de corrupción relacionados con la contratación de la interventoría de las obras del puente elevado sobre la carrera 5ª e interconexiones.

La decisión disciplinaria también involucra a las entonces asesoras adscritas al despacho del alcalde, María Alejandra Arenas Plata, asignada a la Oficina de Contratación; y Angie Juliett Rojas Millán, asignada a la Secretaría de Infraestructura.

La Entidad busca establecer si las exfuncionarias habrían adjudicado el contrato al “Consorcio Conexión Víal 60” que estaría inhabilitado, toda vez que sobre uno de los integrantes del proponente plural, Top Suelos Ingeniería SAS, recaería una inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años contados a partir del 20 de enero de 2023 y hasta el 19 de enero de 2028.

También se investiga si el representante legal del consorcio seleccionado, sería primo del gerente de proyectos especiales de la Alcaldía Municipal de Ibagué, de quien se indica en un el medio local de comunicación que es “uno de los hombres más cercanos al exalcalde Andrés Hurtado”, quienes a su vez compartirían previamente espacios gremiales en la Sociedad Tolimense de Ingenieros con Guzmán González, ordenadora del gasto del mencionado proceso contractual.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué recopilará las pruebas provenientes de la Alcaldía de Ibagué y cualquier otra que surja, con el fin de esclarecer los hechos

Finalmente, el Ministerio Público señaló a las investigadas los beneficios legales establecidos, en caso de confesión o aceptación de cargos.

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