Acueducto Alterno, el engaño más grande, que le han hecho a los ibaguereños

La Veeduría Agua Para Ibagué, o VAPI por su sigla sigue desmenuzado el grave informe de auditoría de la Contraloría General de la República, donde queda al descubierto que las inversiones realizadas en el Acueducto Alterno, no han servido para nada, porque la obra hasta hoy no funciona. Las nuevas revelaciones de VAPI, dejan muchas preocupaciones.

 

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Por: Denuncia de VAPI. cambioin.com

 

Esto dijo VAPI:

 

El Acueducto complementario: 25 estallidos, incumplimientos técnicos y... ¿todavía dicen qué todo está bien?

 

Denuncia Pública

 

La Veeduría VAPI pone en conocimiento de la ciudadanía uno de los hallazgos más graves contenidos en el Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República sobre el Acueducto Complementario de Ibagué.

 

Se evidenció que las líneas de aducción y conducción (es decir, la tubería que lleva el agua desde la captación sobre el río Cocora hasta la planta de tratamiento y que es la estructura más crítica del acueducto) fueron construidas incumpliendo las normas técnicas obligatorias del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), al no contar con los puntos mínimos de medición de presión y caudal exigidos para controlar adecuadamente la operación hidráulica del sistema.

 

EI RAS es claro.

 

Toda conducción de agua debe disponer de puntos de medición al inicio y al final de las líneas, cada 1.500 metros cuando superen los 2.000 metros de longitud y, además, antes y después de válvulas y derivaciones.

 

Sin embargo, se encontró que en el Acueducto Complementario no se implementaron estos puntos de control, pese a que la línea de aducción alcanza aproximadamente 12.980 metros en tubería de 36 pulgadas, 6.300 metros en tubería de 24 pulgadas y la conducción cerca de 4.600 metros en tubería de 32 pulgadas, superando ampliamente las longitudes que obligan a instalar estos sistemas de medición.

 

La consecuencia de esta nueva chambonada es extremadamente grave.

 

No es posible controlar adecuadamente las presiones y los caudales, detectar oportunamente fugas, pérdidas de agua, variaciones hidráulicas ni verificar el verdadero comportamiento del sistema.

 

En otras palabras, se construyó una infraestructura de miles de millones de pesos sin incorporar los elementos mínimos obligatorios que permiten saber si realmente funciona de manera segura, eficiente y conforme a la normatividad técnica.

 

¿Y cuál ha sido el resultado?

 

De acuerdo con los registros recopilados por la Veeduría VAPI, desde su construcción la tubería del Acueducto Complementario ha presentado aproximadamente 25 estallidos, afectando la prestación del servicio, obligando a múltiples reparaciones y generando enormes sobrecostos para la ciudad.

 

Aunque el informe de la Contraloría no atribuye esos estallidos a una causa específica, sí advierte que la insuficiencia de puntos de medición limita el monitoreo hidráulico, dificulta la detección de anomalías, incrementa los riesgos de operación y mantenimiento y afecta la confiabilidad y sostenibilidad del sistema.

 

Lo más preocupante es que durante la auditoría, la interventoría sostuvo que estos sistemas serían instalados en una fase futura.

 

La Contraloría rechazó esa explicación y fue categórica al señalar que los puntos de medición exigidos por el RAS no son opcionales ni pueden aplazar para otro contrato, porque constituyen requisitos mínimos para garantizar la operación del sistema desde el momento de su construcción.

 

Como quien dice, que para el IBAL, el cumplimiento de las normas no es de su obligación y por eso las deja para cuando le venga en gana. Frente a este desafuero, VAPI se pregunta ¿dónde está la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que es la entidad responsable de hacer cumplir la norma RAS?

 

Además, incorporar posteriormente piezómetros, manómetros o medidores de caudal implicaría intervenir tuberías ya presurizadas, vaciar las líneas y ejecutar nuevas obras civiles, con los consecuentes sobrecostos, afectaciones al servicio y desperdicio de recursos públicos.

 

Se concluye que existieron deficiencias en el diseño, en la ejecución, en la interventoría y en la supervisión, al no exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas por el RAS.

 

Los ciudadanos merecemos respuestas.

 

¿Quién aprobó unos diseños que omitieron requisitos obligatorios del RAS?

 

¿Quién permitió construir un sistema sin los puntos mínimos para controlar hidráulicamente el agua?

 

¿Quién recibió estas obras a satisfacción?

 

¿Quién certificó que la infraestructura estaba lista para operar?

 

¿Quién responderá por los costos de corregir lo que debió construirse correctamente desde el principio?

 

¿Cuántos estallidos más tendrán que ocurrir para que alguien asuma responsabilidades?

 

Esta veeduría ciudadana debe recordar que ya desde hace unos años, denunciamos la ausencia de macromedición de agua tratada en todo el sistema de distribución de la ciudad y que esa omisión y grave irregularidad fue reprochada al IBAL por la Superintendencia de Servicios Públicos en informe de esa entidad. Por lo que es claro que contrario a corregir sus omisiones, el IBAL las amplia, frente a lo cual, también debemos recordar, que hemos denunciado que Ibagué y el IBAL presentan pérdidas de más del 50% del agua que se trata, perdida que de una parte, la que la pagamos somos los usuarios y, por otra, la ausencia de macromedición ofrece la complicidad perfecta para que ese ROBO, SAQUEO O PÉRDIDA, continúe y se fortalezca rodeada de total impunidad.

 

Desde la Veeduría VAPI exigimos a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a todos los organismos competentes que establezcan las responsabilidades fiscales, disciplinarias, administrativas y, si hubiere lugar, penales, de todos los servidores públicos, contratistas, interventores y supervisores que participaron en la planeación, diseño, construcción, supervisión y recibo de estas obras.

 

Los ciudadanos de Ibagué no podemos seguir pagando las consecuencias de una infraestructura que, según la Contraloría, incumplió requisitos técnicos obligatorios y cuya confiabilidad sigue generando serias preocupaciones.

 

25 Estallidos...

 

¿Todavía van a decir qué todo está bien?

 

Mientras tanto, la Veeduría VAPI registra aproximadamente 25 estallidos en la tubería desde su construcción y la pérdida o robo de más de la mitad del agua tratada, con los impuestos y los recibos de pago del servicio.

 

Los ibaguereños ya pagamos esta obra con nuestros impuestos.

 

Ahora es el momento de qué los responsables le respondan a Ibagué.

 

Luis Fernando Díaz Cabrera Presidente Veeduría VAPI

 

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