Empalme se burló de la comunidad educativa de la Universidad del Tolima: Denuncia

El empalme en la Universidad del Tolima, resultó ser toda una burla: diez años de fiesta burocrática, mafias clientelares y oportunismo politiquero al interior del Alma Mater.

 

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Por: Denuncia contra la Universidad del Tolima. cambioin.com

 

Hubo aplausos, hubo boletín de prensa, hubo la fotografía de rigor con las manos entrelazadas y la sonrisa de quien entrega una casa que, según cuenta él mismo, encontró en ruinas y devuelve reluciente. Omar Mejía Patiño le pasó el bastón de mando a Jhon Jairo Méndez Arteaga con el mismo libreto que usan los gerentes de banco cuando se jubilan: "misión cumplida, balance positivo, treinta y tres mesas de trabajo, información entregada a completitud". Uno lee los comunicados de la propia Universidad y de la prensa que vive de sus pautas, y queda la sensación de que la Universidad del Tolima, es hoy una empresa modelo, con déficit cero, acreditación de alta calidad y patentes bajo el brazo. El único problema es que esa fotografía cordial, prolija, sonriente propia de la hipocresía politiquera de los que han gobernado en la UT, es apenas el maquillaje sobre un cadáver, al cementerio y el desierto institucional que lleva una década descomponiéndose bajo la controlada calma del clientelismo regional, pues hoy en la UT el barretismo es el cáncer engendrado en la propia universidad.

 

El empalme no fracasó por falta de actas ni de mesas de trabajo. Fracasó porque nadie en esas treinta y tres reuniones se atrevió a poner sobre la mesa lo que la propia comunidad universitaria viene denunciando desde hace años: que la UT no se transformó, se coopta y hoy son los mandos medios y cuadros políticos del barretismo los que hacen y deshacen en el alma mater.

 

Una década, un solo dueño

Para entender lo que de verdad se traspasó en ese empalme hay que dejar de mirar el balance financiero y mirar el mapa de poder. Desde hace casi diez años, columnistas, sindicatos y hasta medios alternativos de Ibagué coinciden en un diagnóstico que la versión oficial jamás va a repetir en un comunicado: la Universidad del Tolima quedó integrada al engranaje político que controla la Gobernación, Cortolima y buena parte de las alcaldías del departamento, la maquinaria que el propio periodismo regional llama, sin adornos, "el barretismo". El biólogo y ex funcionario universitario hoy representante a la cámara Renzo García, lo resumió con una frase que debería estar enmarcada en la entrada de la Rectoría: la meritocracia fue reemplazada por el clientelismo y el pensamiento crítico por la lealtad burocrática. No es una opinión aislada: ya se señalaba en 2021 una universidad gobernada con el "fierro caliente" de los procesos disciplinarios, donde el rector nombra a dedo cada cargo de dirección académica y termina, dice ese reportaje, manipulando las elecciones de los consejos. Cuatro años después, el diagnóstico no cambió: cambió el nombre del rector, no la estructura y el señor Méndez es el títere, el testaferro y el alguacil que seguirá gobernando para el barretismo.

 

Y aquí está la primera trampa del empalme feliz: Jhon Jairo Méndez no llega como un outsider a corregir los excesos de Mejía. Llega, según ha documentado la prensa regional, como una pieza que ya conocía el tablero desde hace años, señalado incluso de haber promovido convenios institucionales polémicos con la multinacional AngloGold Ashanti y de haber contribuido a ensanchar el mismo aparato clientelista que hoy dice haber heredado "en orden". Esta redacción tiene datos de los contratos de familiares y personas allegadas a Mendez con la Multinacional que tanto ha sido criticada en el departamento, quien lo ve con la cara de que yo no fui, al parecer hoy es dueño ficticio y socio mayoritario simbólico del fondo de empleados de la UT, y desde allí todo lo cuadraba con créditos aprobados a modo de favores políticos para manipular al profesorado. El empalme no fue entre un reformador y un continuista: fue entre dos administradores de la misma franquicia política, que se entregaron mutuamente el manual de operaciones sin que ningún tercero independiente auditara, si esa década de "logros" resiste una mirada distinta a la del comunicado institucional.

 

Las mujeres que denunciaron y la universidad que las revictimiza

Ningún balance de gestión que se precie de honesto puede callar lo que ha pasado con las mujeres de la comunidad universitaria. En 2020 estalló uno de los escándalos más graves: siete profesores señalados por presunto acoso sexual, entre ellos un docente con dieciséis quejas acumuladas ante el Ministerio de Educación desde 2017, sin que la Oficina de Control Interno Disciplinario encontrara mérito para sancionarlo durante años. El propio rector Mejía tuvo que salir a anunciar por carta pública que se investigaría, como quien reconoce un incendio que ya lleva tiempo ardiendo sin que nadie llamara a los bomberos. Pero esa cronología, leída con cuidado, no cuenta una historia de prevención: cuenta una historia de reacción tardía frente a la presión pública y las redes sociales, no frente a la voluntad institucional. Porque en este caso no fue sancionado, pero sí premiado el exdirector del CERE Andrés Tafur entre otros casos que no han sido tratados con la mayor rigurosidad que amerita el tema en concreto. 

 

Y el patrón se repite en los casos más recientes. Una trabajadora que denunció violencia laboral basada en género, su propia ex esposa Ines Yohanna Pinzon, tuvo que ver cómo la propia Unidad de Género remitió su caso a la Procuraduría alegando conflicto de interés, porque el rector máxima autoridad de la institución y, paradójicamente, creador de esa misma Unidad—quedaba atravesado por la denuncia. Tres meses después, la víctima solo había recibido dos sesiones de acompañamiento psicológico. Ese es el verdadero rostro de la revictimización institucional: protocolos bien redactados en el papel, resoluciones numeradas y publicadas en la página web, y una burocracia disciplinaria que convierte la espera de justicia en una segunda condena para quien ya fue agredida una vez más por la propia violencia institucional de la UT. La Universidad del Tolima tiene, en efecto, uno de los protocolos de género más elaborados pero que no da resultado para nada. El problema no es el papel. Es que el poder que debía aplicarlo con independencia es el mismo poder que en no pocos casos termina señalado. Pues hoy el movimiento estudiantil denuncia que la mayoría de los sectores del feminismo fueron manipulados, cooptados y controlados pues hacen parte de la altas esferas, contratos y espacios administrativos al interior de la universidad.

 

El sindicato como enemigo interno

Si hay un termómetro fiable de qué tan autoritaria se ha vuelto una institución, ese termómetro es cómo trata a quienes se le oponen desde adentro. En mayo de este año, ASPU-Tolima denunció públicamente lo que llamó un "plan sistemático de persecución sindical": varios miembros de su junta directiva enfrentando procesos disciplinarios y penales, impulsados según el propio sindicato desde la misma Oficina de Control Disciplinario Interno, justo después de que esos profesores denunciaran irregularidades en la administración. Uno de ellos, el docente Ever Edrey Hernández Cuadrado, habría sido víctima de una amenaza con arma de fuego en zona rural de Ibagué tras participar en un debate ante el Consejo Superior. No es la primera vez: ya en 2017 la Asociación Sindical de Profesores denunciaba amenazas y hostigamientos sistemáticos durante meses. Ocho años después, el patrón de intimidación contra quienes se atreven a cuestionar el poder de la Rectoría sigue intacto, solo que ahora con nombres distintos en los cargos de control disciplinario y jurídico.

A eso hay que sumarle la parálisis de garantías para los catedráticos, esa planta docente invisible que sostiene buena parte de la carga académica de la Universidad sin estabilidad laboral y que hoy solo se dedican hacer puntos salariales y ganar salarios extraordinarios entre 20-40 millones mensuales en una ciudad que vive del diario como es Ibagué, sin las prerrogativas del profesor de planta y, con frecuencia, sin voz en los espacios donde se decide su futuro. Mientras el balance oficial habla de "fortalecimiento de la planta docente", el profesorado de cátedra sigue siendo la mano de obra más precarizada y más silenciada del sistema, la que menos puede darse el lujo de denunciar porque su contrato depende, literalmente, de la buena voluntad de quien debería ser controlado por ellos y no al revés, hoy el profesor catedrático es víctima de su propia ilusión fallida, pues depende del visto bueno de un burócrata del barretismo que ocupe un buen puesto en la UT.

 

Concursos chaleco: el amañe con toga académica. Ningún hecho ilustra mejor la mecánica del poder en la UT que la saga de los concursos docentes de méritos. En 2024, ASPU tuvo que acudir a un juez y ganarle una tutela a la propia Rectoría para que la Universidad revelara los nombres de quienes participaban en el concurso para profesor de planta, porque la administración se negaba a hacer público el listado de aspirantes. El sindicato no reclamaba un capricho burocrático: denunciaba presuntos favorecimientos a funcionarios cercanos al rector, lo que la prensa regional bautizó sin rodeos como "concurso chaleco", ese eufemismo tan colombiano para describir el proceso amañado, cocinado antes de que se abra la convocatoria, con el ganador decidido de antemano y el concurso público reducido a puro decorado. La sospecha no quedó en el aire: la Resolución 0184 de 2025 terminó ubicando en la lista de elegibles del IDEAD a un aspirante cuyo apellido circula en las mismas columnas que documentan la red de nombramientos del barretismo dentro de la Universidad, con un pliego de cargos que huele más a genealogía política que a hoja de vida académica.

 

Esto no es un caso aislado de nepotismo doméstico. Es la traducción, en clave de concurso de méritos, de lo que medios regionales documentaron desde 2016 con nombres, cargos y parentescos: nombramientos innecesarios, personas sin el perfil requerido ocupando cargos técnicos, funcionarios de confianza de la comisaria política del gobernador de turno rotando entre la Gobernación y la Universidad como si fueran la misma nómina. Cuando la meritocracia se convierte en la excepción y el favor político en la regla, cada concurso "chaleco" que se destapa no es un escándalo puntual: es la fotografía instantánea de un sistema entero.

A esto sumarle dos perlas los actuales nombramientos de dos altos funcionarios y seriamente cuestionados, Rafael Pardo Gonzales ex -decano de la facultad de ciencias humanas y artes y la secretaría académica Gloria Yolanda Ospina, el propio sindicato denunció estas irregularidades, pero para el barretismo de la UT, es como una mecha sin pólvora, pero sí como la muestra de la maquinaria clientelar, oportunista y mafiosa que existe en la UT.

El movimiento estudiantil, de la resistencia a la cooptación

Hubo un tiempo no hace tanto en que el movimiento estudiantil de la Universidad del Tolima era la piedra en el zapato de cualquier administración que quisiera pasar de agache. Ese mismo movimiento fue el que, según reconstruye la columna medular del telón, terminó salvando financieramente a la institución con su presión y su capacidad de movilización, mientras el relato oficial le regalaba esa hazaña al exgobernador Óscar Barreto. Diez años después, buena parte de ese liderazgo estudiantil ha sido absorbido, cooptado o neutralizado por las mismas lógicas clientelares que denunciaba: cargos, becas, representaciones y espacios de "participación" que funcionan como válvula de escape antes que como canal real de poder. Lo que no se coopta, se enfrentó con la lógica represiva de siempre: procesos disciplinarios, judicialización de la protesta y el trato "descortés y humillante" que los propios sindicatos de trabajadores denunciaron contra estudiantes en paro. La violencia institucional contra los sectores opositores no necesita francotiradores: basta con un régimen disciplinario discrecional y una nómina generosa para los aliados.

Diez años de gestión, ¿y las revistas dónde quedaron?

El balance oficial presume de setenta y tres grupos de investigación reconocidos por MinCiencias y de patentes obtenidas, cifras que sin duda existen en algún informe. Pero la producción científica de una universidad no se mide solo en grupos inscritos: se mide en revistas que logran sostener indexación de alto nivel, en visibilidad internacional, en capacidad de atraer y retener investigadores en condiciones dignas. La Universidad del Tolima sostiene alrededor de una docena de revistas académicas propias, la mayoría categorizadas en los niveles más bajos de Publindex o directamente sin indexación, dependientes del voluntarismo de docentes que editan sin incentivos reales mientras la burocracia crece a su alrededor. Es la paradoja de una década "exitosa": la infraestructura física —boulevares, hospitales veterinarios, obras que se fotografían bien avanzó más rápido que la infraestructura científica, esa que no se corta con cinta y tijeras, pero es la que de verdad legítima a una universidad pública frente al país, y la UT no se encuentra en los mejores indicadores de competencia, liderazgo y discusiones científicas, sociales, artísticas e investigativas en el neoliberalismo corporativo de las universidades.

 

Lo que el empalme no empalmó

Al final, el empalme entre Mejía y Méndez cumplió su función de teatro institucional: hubo actas, hubo mesas de trabajo, hubo declaraciones de gratitud mutua. Lo que no hubo —lo que ningún comunicado menciona— fue una rendición de cuentas real sobre las denuncias de persecución sindical, sobre el estado de las investigaciones por violencia de género, sobre los concursos amañados, sobre la relación exacta entre la administración universitaria y la estructura política departamental que la prensa regional ya no se atreve a llamar "influencia": la llama captura. La propia Procuraduría anunció seguimiento preventivo a la elección del nuevo rector pero no dio informes de nada pues la procuradora es de bolsillo y amiga íntima al parecer del rector saliente Omar Mejia, y un editorial reciente lo dijo con una claridad que pocos medios locales se permiten: la Universidad del Tolima no le pertenece al rector saliente, ni al Consejo Superior, ni a los sindicatos, ni a los grupos políticos que se mueven detrás del telón; le pertenece a la estructura barretista del departamento.

 

Ese es el verdadero balance de estos diez años: no el que se firmó en las treinta y tres mesas del empalme, sino el que quedó por fuera de ellas. Una universidad pública que sigue produciendo profesionales y manteniendo la esperanza de movilidad social de miles de familias tolimenses, sostenida hay que decirlo por el trabajo silencioso de buena parte de su comunidad académica, pero secuestrada en su gobierno por una red de poder que aprendió a llamar "gestión" a lo que en cualquier otra parte se llamaría botín. Mejía se va con el aplauso oficial pero la historia lo recordará como el politiquero que solo supo comprar conciencias con favores, puestos y premios. En el caso del rector Méndez llega con el mismo libreto. Y la pregunta que el empalme nunca respondió sigue intacta: ¿quién audita las verdaderas injusticias que ha vivido por más 10 años la Universidad del Tolima?

 

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