Alcaldía tiene 6 meses para desalojar Villa Resistencia. El Bronx de Ibagué

#Judicial | Denuncia ciudadana y llamado a cumplimiento: consejo de estado ordenó medidas urgentes en Villa Resistencia Ibagué. El alto tribunal en su sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, modificó una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y emitió órdenes de OBLIGATORIO cumplimiento frente a la ocupación irregular conocida como Villa Resistencia, en la ciudad de Ibagué.

 

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Por: Editor Local. cambioin.com

 

En el fallo, el Consejo de Estado dispuso medidas concretas orientadas a la protección de derechos colectivos, estableciendo un cronograma claro para que el Municipio actúe y ejecute acciones institucionales de control, recuperación y restablecimiento del orden legal.

 

De acuerdo con la decisión, el Municipio de Ibagué deberá, en un término no mayor a dos (2) meses, actualizar el censo pormenorizado y caracterizado de la población asentada en el predio ocupado, atendiendo los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-016 de 2021.

 

Posteriormente, en un plazo máximo de seis (6) meses, y en coordinación con la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno, deberá iniciar y ejecutar las acciones correspondientes para el desalojo, encerramiento y recuperación ambiental del terreno actualmente invadido. El fallo también ordena que se brinde a las familias asentadas información completa y detallada sobre la oferta institucional vigente del Gobierno Nacional, para que puedan postularse a subsidios de vivienda y programas sociales disponibles.

 

Adicionalmente, el Consejo de Estado ordenó que el Municipio, en coordinación con la Policía Metropolitana de Ibagué, realice operativos periódicos para el desmantelamiento de estructuras delincuenciales y redes de microtráfico presentes en el sector.

 

Finalmente, una vez materializado el desalojo, el Municipio deberá coordinar con la Policía Nacional la vigilancia y control permanente del área intervenida, con el fin de evitar nuevas ocupaciones y garantizar la recuperación efectiva del predio.

 

Esta decisión judicial deja a las autoridades municipales bajo términos estrictos y genera un llamado ciudadano a que el cumplimiento sea real, verificable y transparente, evitando improvisaciones o dilaciones que prolonguen un conflicto que afecta la seguridad, la convivencia y el medio ambiente.

 

La comunidad solicita que el proceso se ejecute con garantías, respeto por los derechos humanos, y claridad institucional, tanto para la recuperación del predio como para la atención social de las familias involucradas.

 

Denuncia ciudadana.

Presunción de inocencia.

Exigencia de cumplimiento judicial, transparencia y resultados.

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