Alquiler de carros blindados en la Gobernación del Tolima, un negocio que huele feo

Cuando llegó a la Gobernación Adriana Magaly Matiz Vargas, se suponía que se movilizaría en los vehículos adscritos a ese despacho oficial, pero no fue así. Por el contrario se realizó una serie de cuestionados contratos con una polémica empresa investigada, para alquilar carros blindados por varios millones de pesos. El tema no es sencillo, y por el contrario podría complicarse, teniendo en cuenta qué este caso podría ser investigado por las autoridades, debido a la falta del lleno de los requisitos legales, por la razón que  comenzamos a explicar a continuación. Exclusivo de cambioin.com

 

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Por: Editor General. cambioin.com

 

Mientras que los tolimenses esperan que los recursos públicos sean transparentemente administrados. En la Gobernación aparecen contratos que ponen en duda que esa labor esencial la esté cumpliendo a cabalidad la primera mujer que llegó a ese cargo oficial, y considerada dos años consecutivos como: "La mejor Gobernadora de Colombia".

 

La Historia

 

En Colombia por disposición legal la protección y seguridad personal de los Gobernadores está a cargo de la Unidad Nacional de Protección o UNP por su sigla, "la cual articula y asigna los esquemas de escoltas en coordinación con la Policía Nacional, entidad que aporta personal especializado para la vigilancia y el acompañamiento directo de los mandatarios regionales. Esta entidad también es la encargada de crear planes de seguridad adecuados para cada situación con el único fin de dar protección: Asignar escoltas, vehículos blindados, medios de comunicación u otras herramientas de defensa.Trabajar en grupo: Unir fuerzas con otras entidades del Estado para cuidar a los ciudadanos en riesgo"

 

Pero si, ese es el trabajo de UNP, porqué la Gobernación del Tolima, para conseguir unas camionetas blindadas para movilizar a la mandataria Adriana Magali Matiz Vargas, y su esquema de seguridad. prefirió contratar por varios millones de pesos mensuales a una empresa privada, cuestionada, e investigada.

 

El caso en concreto

 

Dentro del Secop, que es el Sistema Electrónico de Contratación Pública. Portal oficial en Colombia administrado por Colombia Compra Eficiente, el cual le Permite consultar, gestionar y hacer seguimiento en línea a todos los procesos de contratación y gastos realizados con dineros públicos por las entidades del Estado, aparecen 5 contratos realizados entre la Gobernación del Tolima y La empresa: "Nacional Rent Car" representada legalmente por el señor Ricardo Garrido Cantor. El objeto de todas las anteriores transacciones es el mismo, que la firma privada en cuestión suministre carros blindados.

 

Contrato 1:

 

El primer contrato que aparece fue firmado el 10 de mayo del 2024 y se identifica con el número 1744 cuyo objeto principal es el alquiler de dos camionetas blindadas para el uso de la Gobernadora del Tolima y su esquema de seguridad, por un plazo de 81 días y con un valor de 94 millones 731 mil 384 pesos.

 

Copia 1: Apartes del contrato 1744 del 10 de mayo del 2024. Entre la Gobernación del Tolima y La empresa: "Nacional Rent Car"

Exclusivo cambioin.com

 

Contrato 2:

 

El siguiente contrato que aparece esta fechado el 4 de septiembre del  2024 y tiene el número de radicado 2443, el objeto es el de contratar dos camionetas blindadas para el servicio de la gobernadora del Tolima y su esquema de seguridad. El plazo de ejecución es de 60 días, y su valor es de 95 millones de pesos.

 

Copia 2: Apartes del contrato 2443 del 4 de septiembre del 2024, Gobernación del Tolima y La empresa: "Nacional Rent Car". Exclusivo cambioin.com

 

Contrato 3:

 

El siguiente contrato está fechado el 20 de noviembre del 2024, radicado bajo el número 3914, el objeto es el alquiler de dos camionetas blindadas para el servicio de la Gobernadora del Tolima, y su esquema de seguridad, por un plazo de 40 días, por un valor de 76 millones de pesos.

 

Copia 3: Apartes del contrato 3914 del 20 de noviembre del 2024, firmado entre la Gobernación del Tolima y La empresa: "Nacional Rent Car". Exclusivo cambioin.com

 

 

Contrato 4:

 

El siguiente contrato está fechado el 30 de Enero del 2025 bajo el radicado 0335, en este caso el objeto cambia, por que es para el alquiler de cuatro camionetas blindadas para el servicio de la Gobernadora del Tolima, y su esquema de seguridad. El plazo es de 30 días calendario, y tiene un valor de 118 millones de pesos

 

Copia 4: Apartes del contrato 0335  del 30 de Enero del 2025, firmado entre la Gobernación del Tolima y La empresa: "Nacional Rent Car". Exclusivo cambioin.com

 

Contrato 5

 

Y el último contrato, por lo menos el que aparece visible en el Secop firmado entre la Gobernación del Tolima y la polémica empresa Nacional Rent Car, esta fechada el 27 de marzo del 2025 y radicado bajo el número 1360, con un plazo de 30 días de ejecución, y cuyo objetivo es el alquiler de 4 camionetas blindadas para el servicio de la Gobernadora del Tolima y su esquema de seguridad, por un valor de 119 millones de pesos.

 

Copia 5: Apartes del contrato 1360 del  27 de marzo del 2025, firmado entre la Gobernación del Tolima y La empresa: "Nacional Rent Car". Exclusivo cambioin.com

 

Para un gran total pagado por parte de la Gobernación del Tolima a la Empresa Nacional Rent Car de 502 millones 731 mil 384 pesos.

 

La polémica

 

El lío de este contrato se divide en dos, el primero de ellos que la Gobernación del Tolima tenía que haber coordinado el esquema de seguridad de la mandataria Adriana Magali Matiz Vargas, con la UNP, en donde se hubiera firmado un convenio donde se hubiera pagado una cifra muy inferior a la que se le canceló a la empresa Nacional Rent Car. Es más se sabe por parte de esta redacción qué luego de haber pagado esta millonada en alquiler de carros blindados, la Gobernación del Tolima hizo el convenio con la UNP. Es decir hubo derroche por parte del Gobierno Seccional, cuando pudieron haberse ahorrado todos esos millones pagados por pura y física negligencia.

 

Pero la segunda parte de esta historia, y la más cuestionada, es que la Gobernación del Tolima de Adriana Magali Matiz Vargas, firmó unos contratos con la empresa Nacional Rent Car, y su representante legal cuando pesaban sobre ellos una dura investigación y denuncia además que estaban apuntado de ser sancionada por parte de la Superintendencia de industria y comercio, por un negociado raro que tenia esa empresa con la propia UNP. El escándalo fue publicado por varios medios de comunicación a nivel nacional, el informe más completo que revela toda la investigación contra la compañía con la que la Gobernación del Tolima firmó los millonarios contratos la hizo el medio de comunicación Agencia de periodismo investigativo, y la transcribimos a continuación para que vean lo delicado del asunto.

 

Informe periodístico:

Negocio dudoso de carros en UNP por $3 billones: cargos a Jorge Moreno, Alan Perlman, otros y 9 empresas

Son 9 agentes de mercado y 11 personas naturales vinculadas a estos agentes por acuerdo colusorio en 21 procesos de selección.

Vehículos-UNP

Por Agencia Periodismo Investigativo |

Vie, 20/12/2024 - 08:32

Créditos: Unidad Nacional de Protección / Vehículos de la UNP

 

La Delegatura para Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) atendiendo las denuncias recibidas por parte de un agente competidor y de la propia Unidad Nacional de Protección (UNP), adelantó diferentes actuaciones administrativas encaminadas a verificar el cumplimiento del régimen de la libre competencia económica en el marco de los procesos de selección llevados a cabo por la UNP para la contratación del arrendamiento de vehículos blindados durante los años 2015 a 2024.

 

Los procesos de contratación que fueron estudiados por la Delegatura estaban dirigidos a garantizar la seguridad, integridad, libertad y la vida de las personas que requieren especial protección.

 

Precisamente, con el propósito de cumplir su misionalidad y garantizar el servicio de vehículos blindados, la UNP se encarga de adelantar los procesos de selección que están regidos por las normas de contratación estatal y el régimen de la libre competencia económica, los cuales, en conjunto, tienen como finalidad la selección de los mejores oferentes de este servicio para que le brinden al Estado no sólo calidad sino con precios adecuados.

 

Bajo esta perspectiva, tras una exhaustiva averiguación preliminar, la SIC abrió investigación y formuló cargos contra 9 agentes de mercado y 11 personas naturales vinculadas a estos agentes, para determinar si estos habrían ejecutado un acuerdo colusorio en el marco de 21 procesos de selección adelantados por la UNP, cuyo presupuesto oficial total asciende a la suma de 3 billones de pesos.

 

Para ello, la SIC evaluó el material probatorio recaudado y encontró evidencias que demostrarían, de forma preliminar, que Neostar Seguridad de Colombia, GMW Security Rent a Car Colombia Ltda, Blinsecurity de Colombia Ltda, Vehiculos Blindados de Colombia, Alliance Security Rent Car Ltda, M.I Blindajes Ltda, Vector Ltda, Alquiler de Vehículos Blindados, National Rent Car Ltda y Arrendadora de Vehículos Blindados Armati habrían ejecutado un acuerdo que podría ser ilegal, con el objeto de repartirse entre ellos los grupos y/o las regiones ofertadas.

 

Los comportamientos que la SIC identificó y que evidenciarían la existencia de un presunto acuerdo colusorio entre los actores ya mencionados son: (I) abstenerse de presentar oferta en zonas distintas a las repartidas (respeto por la repartición) para evitar presiones competitivas; (II) la presentación de ofertas económicas iguales o muy cercanas a los precios techos señalados por la Entidad; (III) coordinar la presentación de observaciones y/o la no presentación de propuestas para presionar a la Entidad sobre distintos aspectos del proceso; y, (IV) la coordinación entre ellos incluso durante la etapa de ejecución de los contratos derivados de los procesos de selección objeto de análisis.

 

Adicionalmente, es importante destacar que las personas naturales vinculadas a esta investigación son: Alan Perlman Katz, Jorge Arturo Moreno Ojeda, Alejandro Salvino Caicedo, Aldo Salvino Caicedo, Luis Wilson González Cárdenas, Luis Wilson González Cárdenas, Alexander Díaz Díaz, Jorge Alfredo Cabal Castellanos, Julio César Salas Triana, María Isabel Almeida, Odilia Cecilia Chavarro Martinez, Ricardo Garrido Cantor, quienes habrían hecho parte del desarrollo de la conducta investigada.

 

“Las acciones ejecutadas por la Superintendencia resultan fundamentales para el país, con ellas se busca que los procesos de contratación se desarrollen de manera transparente y dentro de las cuales se garantice la selección objetiva y la libre competencia económica”, señaló la SIC en comunicado de prensa.

 

Y puntualizó: “De otra parte, se traducen en una lucha contra la corrupción en la medida en que las prácticas anticompetitivas en la contratación pública afectan la adecuada asignación de recursos públicos, como en el presente caso, que ascendieron a más de 3 billones de pesos”.

 

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