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En manos de quién, está la administración de justicia en el Tolima

En manos de quién, está la administración de justicia en el Tolima

Foto: Ilustrativa para la información. cambioin.com

Por: Editor en Jefe - Publicado en noviembre 21, 2026

¿Quién vigila a los jueces en el Tolima? la compulsa de la Corte Suprema que llegó a la Fiscalía, los cuestionamientos de la Procuraduría y las preguntas sobre la ética judicial. Veedurías piden revisar la trayectoria, las actuaciones y la aplicación del enfoque de género en las decisiones del juez Carlos Arturo Pineda López.

 

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Por: Opinión, denuncia ciudadana, investigación. cambioin.com

 

En Ibagué y el Tolima hay una pregunta que merece dejar de ser incómoda y convertirse en un asunto de interés público: ¿quién vigila a quienes administran justicia? La independencia judicial es una garantía fundamental de la democracia, pero no puede convertirse en una especie de blindaje frente al escrutinio ciudadano. Los jueces tienen la enorme responsabilidad de decidir sobre el patrimonio, la dignidad, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas. Por eso, sus actuaciones deben estar sometidas a la Constitución, la ley, los principios de transparencia y los mecanismos de control establecidos por el propio Estado.

 

En esta oportunidad, el nombre que aparece en el centro de una discusión que merece explicaciones es el de Carlos Arturo Pineda López, vinculado al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué. Su trayectoria judicial, algunos antecedentes procesales conocidos públicamente y las observaciones formuladas por el Ministerio Público en expedientes de restitución de tierras plantean interrogantes que las autoridades competentes deberían ayudar a esclarecer. No se trata de condenar anticipadamente a un funcionario ni de desconocer la autonomía de sus decisiones. Se trata de preguntar si todos los procedimientos se han desarrollado con las garantías que merecen las víctimas y los ciudadanos.

 

Uno de los antecedentes más delicados aparece en la Corte Suprema de Justicia. El 8 de septiembre de 2020, la Sala Especial de Primera Instancia profirió la sentencia SEP100-2020, radicado 00222, dentro del proceso penal adelantado contra Carlos Andrés Vargas Castro, relacionado con nombramientos y certificaciones de judicaturas en el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio. En ese expediente compareció como testigo Carlos Arturo Pineda López, identificado entonces como exjuez civil de Villavicencio.

 

La declaración de Pineda López fue objeto de cuestionamientos dentro del proceso. La Corte examinó las versiones relacionadas con la supuesta judicatura de Fernando Andrés Rojas Supelano. Mientras este último habló de su permanencia en el despacho y de actividades desarrolladas dentro y fuera de sus instalaciones, Pineda sostuvo que lo había visto trabajando en varias oportunidades durante sus visitas al juzgado. La Sala encontró contradicciones entre las declaraciones y consideró que los encuentros descritos no demostraban, por sí solos, que se hubiera cumplido efectivamente la judicatura. Incluso señaló que esas circunstancias debilitaban la credibilidad de los testimonios.

 

Pero hay un dato que no puede pasar inadvertido. En la página 100 de esa providencia, la Corte Suprema ordenó remitir copia de las declaraciones de varios testigos, entre ellos Carlos Arturo Pineda López, a la Dirección Seccional de Fiscalías de Villavicencio, para examinar la posible configuración del delito de falso testimonio. La decisión no fue una condena contra Pineda ni una declaración de que hubiera cometido ese delito. Fue una orden para que la Fiscalía examinará los hechos y determinara si existía mérito para actuar.

 

La controversia adquiere otra dimensión cuando se observa que, el 14 de febrero de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema profirió la sentencia SP248-2024 y confirmó la condena contra Carlos Andrés Vargas Castro por prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Esa condena corresponde a Vargas Castro, no a Pineda López. Sin embargo, el antecedente permite preguntar qué ocurrió con la compulsa de copias que involucró las declaraciones del entonces ex juez civil. ¿La Fiscalía abrió una noticia criminal? ¿Se practicaron diligencias? ¿Se archivó la actuación? ¿Existe alguna decisión definitiva? Hasta ahora no se ha identificado públicamente una respuesta que permita establecer el desenlace.

 

Conviene hacer otra precisión: no se ha acreditado que Carlos Arturo Pineda López hubiera trabajado como fiscal. Lo documentado es su intervención como testigo en un proceso penal y la posterior remisión de su declaración a la Fiscalía para que examinara una posible conducta. Confundir esos dos hechos sería irresponsable, pero ocultar el antecedente tampoco sería aceptable en una investigación periodística.

 

A este episodio se suman observaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación en procesos de restitución de tierras que llegaron al despacho de Ibagué. Uno de los documentos más relevantes corresponde al concepto emitido el 8 de octubre de 2018 por la Procuraduría 26 Judicial I para la Restitución de Tierras, dentro del radicado 001-2017-00117-00, relacionado con los predios Campohermoso y Capitolio, ubicados en la vereda Versalles del municipio del Líbano.

 

En ese expediente, la Procuraduría llamó la atención sobre la ausencia de publicación de la admisión de la solicitud en un diario de amplia circulación nacional, requisito contemplado en el artículo 86, literal e), de la Ley 1448 de 2011. El Ministerio Público advirtió que esa omisión podía afectar gravemente la publicidad del procedimiento y el derecho de terceros interesados a comparecer y defender sus derechos. Por ello, solicitó corregir la actuación, retrotraer el proceso a la etapa correspondiente y dejar sin efectos el auto de sustanciación 0143 del 12 de abril de 2018, mediante el cual se había abierto el periodo probatorio.

 

El mismo documento contiene una particularidad que merece revisión: en sus antecedentes se afirma que se había agotado la etapa de publicación, pero en el análisis específico de las notificaciones se sostiene que la publicación en un diario nacional todavía no se había realizado. ¿Cómo se explica esa diferencia? ¿Qué documentos reposaban realmente en el expediente? ¿Cuál fue la respuesta del juzgado a las observaciones del Ministerio Público? ¿Se corrigió oportunamente la actuación y se protegieron los derechos de los terceros? Son preguntas que pueden resolverse consultando el expediente completo, no mediante especulaciones.

 

La Procuraduría también recordó, dentro del análisis de ese caso, los límites de competencia de los jueces especializados en restitución de tierras frente a los procedimientos sucesorales, con fundamento en la Sentencia T-364 de 2017 de la Corte Constitucional. El Ministerio Público explicó que un proceso de restitución no puede convertirse en un trámite ordinario de sucesión, pues ello podría desconocer los derechos de herederos y terceros que no hubieran sido debidamente convocados. Se trata de un planteamiento jurídico relevante que también merece ser contrastado con las actuaciones efectivamente realizadas por el despacho.

 

Otro asunto que debe ponerse sobre la mesa es la aplicación del enfoque de género en las providencias judiciales. En un departamento donde numerosas mujeres campesinas han padecido desplazamiento, despojo, violencia sexual, pérdida de sus medios de subsistencia y discriminación en el acceso a la propiedad, no basta con mencionar el enfoque diferencial en los documentos. Hay que demostrar que se traduce en decisiones concretas, protección efectiva y reparación integral.

 

La Ley 1448 de 2011, particularmente en sus artículos 114 a 118, establece medidas especiales de protección para las mujeres víctimas de despojo y abandono forzado. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-967 de 2014, recordó que las autoridades judiciales tienen obligaciones específicas frente a la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. No se trata de una recomendación opcional ni de una concesión del funcionario de turno: es una obligación constitucional.

 

Ahora bien, la revisión documental también permite reconocer un antecedente favorable. El Boletín número 18 del Comité de Capacitación de la Especialidad de Restitución de Tierras, publicado el 8 de marzo de 2019, recoge un auto del 17 de junio de 2014, radicado 2013-00113, suscrito por Carlos Arturo Pineda López. En esa providencia se autorizó reasignar un proyecto productivo de ganadería que inicialmente debía desarrollarse en el predio El Arrayán, en Ataco, para implementarlo en El Porvenir, en Natagaima, en beneficio de Amanda Murcia Prada, mujer cabeza de familia.

 

La solicitante tenía bajo su responsabilidad el cuidado de su compañero permanente, de más de 91 años y con una enfermedad terminal, así como de dos hijos con discapacidad. El despacho consideró esas condiciones y autorizó el cambio del proyecto productivo, invocando la equidad de género y la protección especial de la mujer. La decisión fue reseñada por el propio boletín de la Rama Judicial como un ejemplo de reasignación de proyecto productivo a una mujer cabeza de familia.

 

Este antecedente debe reconocerse. Por eso, la discusión no puede construirse sobre la afirmación de que el juez jamás ha aplicado el enfoque de género. La verdadera pregunta es otra: ¿se ha aplicado de manera consistente en todos los expedientes que lo exigían? ¿Se han identificado las condiciones particulares de las mujeres víctimas? ¿Se han valorado las relaciones de poder, las cargas de cuidado, las formas de violencia y las barreras de acceso a la propiedad? ¿Las decisiones posteriores han garantizado una reparación integral o se han quedado en declaraciones formales?

 

Las veedurías ciudadanas consideran que esta revisión no debería limitarse a un par de expedientes. Resulta necesario examinar una muestra representativa de las providencias del despacho, especialmente aquellas relacionadas con mujeres víctimas del conflicto armado, madres cabeza de familia, comunidades rurales y personas en condiciones de vulnerabilidad. La justicia de restitución tiene una responsabilidad histórica con quienes perdieron sus tierras y sus proyectos de vida. Cada omisión puede significar años adicionales de incertidumbre para una familia que ya ha soportado demasiado.

 

También hay preguntas sobre la oportunidad de las decisiones y la carga laboral del juzgado. Los reportes estadísticos del Consejo Superior de la Judicatura registraron un inventario final de 619 procesos para el despacho en el periodo enero-septiembre de 2022 y de 664 en el corte enero-marzo de 2023. En este último trimestre se reportaron 56 ingresos efectivos y 53 egresos efectivos. Estas cifras no prueban por sí mismas negligencia, pues deben analizarse teniendo en cuenta la complejidad de los procesos, las medidas post fallo, las dificultades de notificación y las condiciones particulares de la jurisdicción. Pero sí justifican preguntar por los tiempos de respuesta, la evolución del inventario y las medidas adoptadas para garantizar que las víctimas reciban justicia sin dilaciones injustificadas.

 

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en su artículo 153, establece que los funcionarios judiciales deben ejercer sus funciones con autonomía, independencia, transparencia, celeridad, eficiencia, moralidad e imparcialidad. El artículo 154 contempla prohibiciones relacionadas con la demora injustificada de los asuntos y las conductas que puedan afectar la confianza pública en la administración de justicia. A su vez, el artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 exige a los servidores públicos cumplir sus funciones con diligencia, eficiencia e imparcialidad.

 

Esos principios no pueden quedarse en el papel. La ciudadanía tiene derecho a exigir que las decisiones judiciales sean motivadas, que los expedientes tengan trazabilidad, que las partes reciban un trato respetuoso y que las autoridades respondan cuando existan cuestionamientos concretos sobre el ejercicio de sus funciones.

 

Por eso, desde el ejercicio de control ciudadano se solicita a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima que, dentro de sus competencias y con pleno respeto por la independencia judicial, verifique si existen quejas o actuaciones disciplinarias relacionadas con el funcionario y examine los hechos concretos que eventualmente puedan comprometer sus deberes. También se solicita a la Fiscalía General de la Nación informar, dentro de los límites legales de reserva, cuál fue el destino de la compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema en 2020.

 

A la Procuraduría se le pide informar si realizó seguimiento a las observaciones formuladas en el expediente Campohermoso y Capitolio y si existen actuaciones posteriores que permitan establecer cómo se corrigieron las situaciones advertidas. Al Consejo Superior de la Judicatura se le solicita facilitar información sobre las evaluaciones de desempeño, la carga laboral y las condiciones de funcionamiento del despacho, sin desconocer las reservas legales aplicables.

 

Las veedurías también consideran necesario que se examine la formación y actualización del funcionario en justicia transicional, derechos de las víctimas, enfoque diferencial y perspectiva de género. No se trata de cuestionar su nombramiento por simple inconformidad, sino de garantizar que quien administra justicia especializada cuente con las herramientas jurídicas y humanas necesarias para atender realidades profundamente complejas.

 

Hay una diferencia fundamental entre cuestionar una sentencia y denunciar una posible falta disciplinaria. La Comisión no está llamada a convertirse en una tercera instancia para cambiar decisiones que no gustan a una de las partes. Su función es examinar conductas y posibles incumplimientos de los deberes funcionales. Si una decisión judicial presenta errores jurídicos, existen los recursos y mecanismos procesales correspondientes. Si se advierten conductas disciplinariamente relevantes, deben investigarse con todas las garantías.

 

Y aquí queda planteado el debate que Ibagué y el Tolima no deberían evadir: ¿es suficiente con que un juez tenga una trayectoria institucional para que sus actuaciones dejen de ser examinadas? ¿Qué pasó con la compulsa enviada a la Fiscalía? ¿Se atendieron las observaciones de la Procuraduría? ¿Qué tan consistente ha sido la aplicación del enfoque de género en las decisiones del despacho? ¿Cuántos procesos esperan una respuesta definitiva y qué acciones se están tomando para evitar que las víctimas sigan esperando?

 

La administración de justicia necesita independencia, pero también transparencia. Necesita jueces que puedan decidir sin presiones, pero también ciudadanos que puedan preguntar sin temor a ser descalificados. La confianza en las instituciones no se construye escondiendo los cuestionamientos, sino respondiéndolos con documentos, argumentos y decisiones verificables.

 

El juez Carlos Arturo Pineda López tiene todo el derecho a conocer estos señalamientos, responderlos y presentar las explicaciones que considere pertinentes. También tienen derecho las víctimas, las familias campesinas y los ciudadanos a conocer qué ocurrió en sus expedientes y si sus garantías fueron respetadas.

 

La justicia no puede exigir transparencia a todo el mundo mientras se resiste a explicar sus propias actuaciones. La toga no otorga inmunidad frente al control ciudadano; impone una responsabilidad todavía mayor.

 

El debate queda abierto. ¿Quién vigila a los jueces cuando los ciudadanos tienen preguntas? ¿Quién responde por las demoras, las omisiones o las posibles irregularidades? Y, sobre todo, ¿quién garantiza que las víctimas del Tolima reciban una justicia imparcial, diligente, transparente y con verdadero enfoque de género?

 

La justicia debe ser independiente, pero nunca intocable.

 

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