El vínculo de los Brujos con la Universidad del Tolima, y otros negocios oscuros

Brujos, puntos salariales y contratos: la Universidad del Tolima territorio de brujos. En el Tolima ya no se sabe dónde termina el sahumerio y dónde empieza la contabilidad. Durante años, la palabra "brujo" evocaba cartas, veladoras, amarres sentimentales, entierros misteriosos y promesas de recuperar al marido fugitivo. Era, en el imaginario popular, un negocio de esperanzas vendidas al menudeo, casi folclórico, casi inofensivo. Pero las autoridades departamentales han advertido que detrás de algunos supuestos servicios esotéricos existirían estructuras dedicadas a las estafas, los falsos trámites migratorios y el presunto lavado de activos. Lo que antes se contaba como anécdota de barrio hoy aparece en expedientes judiciales, y esa transición —del chisme a la carpeta procesal— es precisamente lo que obliga a mirar con más cuidado.

 

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Por: Editor General. cambioin.com

 

En marzo de 2026 se conoció una operación realizada en Ibagué, Espinal y Suárez, con participación del CTI, el Gaula Militar y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations. No fue un operativo simbólico: las autoridades efectuaron doce allanamientos e incautaron dinero, teléfonos, computadores, memorias, discos duros, tarjetas bancarias y documentos relacionados con la investigación. La magnitud del despliegue —tres municipios, tres entidades, dos países— sugiere que lo que se investiga no es un fraude artesanal sino una estructura con cierto nivel de organización y de flujo de capital. La Gobernación, por su parte, ya había advertido desde diciembre de 2025 que los llamados "brujos" estaban siendo investigados por lavado de activos, de modo que la operación de marzo no fue una sorpresa sino la materialización de una alerta previa.

 

Hasta ahí están los hechos públicamente conocidos. Son verificables, documentados y atribuibles a fuentes oficiales. Lo que comienza ahora es una denuncia mucho más delicada, que se mueve en un terreno distinto: el de los testimonios reservados, las versiones sin confirmar y las sospechas que circulan puertas adentro de una institución pública.

 

Fuentes vinculadas con la Universidad del Tolima, cuyas identidades esta redacción reserva por razones de seguridad, aseguran que algunos altos funcionarios y directivos deberían ser investigados para establecer, si han tenido relaciones económicas, contractuales o personales con individuos pertenecientes al negocio de los falsos servicios esotéricos y los trámites migratorios fraudulentos, es decir hacen parte de la banda mafiosa y transnacional de brujos. Es una afirmación grave, y precisamente por serlo exige ser tratada con la máxima cautela.

 

Debe quedar claro: esa supuesta conexión no está demostrada en los documentos públicos consultados. No puede presentarse como sentencia lo que todavía es testimonio reservado. La diferencia entre denuncia y prueba no es un matiz retórico, sino la línea que separa el periodismo responsable de la difamación. Pero tampoco sería responsable echar las denuncias debajo del tapete rectoral y fingir que en Santa Helena solamente huele a conocimiento, café y fotocopias.

 

Ignorar una alerta no la desmiente; simplemente la pospone, y las cosas pospuestas en las universidades públicas colombianas tienden a resurgir años después, convertidas en escándalos mayores y en investigaciones tardías.

 

Las fuentes describen una presunta arquitectura de enriquecimiento compuesta por tres escalones que, dicen, se retroalimentan entre sí: el aumento de ingresos mediante puntos por productividad académica, la ocupación simultánea o posterior de cargos directivos, y la concentración de contratos alrededor de determinados proveedores. Es una hipótesis con cierta lógica interna, el poder académico financia el poder administrativo, y el poder administrativo distribuye el poder contractual pero una hipótesis sigue siendo eso hasta que se contrasta con documentos.

 

El reconocimiento de puntos salariales por productividad académica no es clandestino ni constituye, por sí mismo, irregularidad alguna. Está contemplado en el Decreto 1279 de 2002 para los profesores de universidades estatales y puede derivarse de publicaciones, libros, investigaciones y otras modalidades de producción intelectual sometidas a evaluación.

 

Es un sistema pensado, en teoría, para premiar la producción de conocimiento, y miles de docentes en el país acceden a él de manera legítima cada año. Publicar y obtener puntos no es lavar dinero. Afirmar lo contrario sería tan absurdo como decir que todo profesor bien remunerado es sospechoso porque sabe escribir.

 

El problema surgiría, en cambio, si existieran publicaciones ficticias, evaluaciones amañadas, duplicidad de reconocimientos, endogámicas, clientelares, oportunistas, conflictos de intereses, revistas controladas por los propios beneficiarios o comités convertidos en clubes de favores. Ese tipo de irregularidad no es exótico en la educación superior colombiana ni latinoamericana: se ha documentado en otras universidades la existencia de "revistas depredadoras" o de circuitos cerrados de evaluación entre pares que se citan y se puntúan mutuamente. Pero, insistimos, eso no se prueba con chismes de pasillo, sino revisando expedientes, actas, evaluaciones de pares, fechas de publicación y resoluciones de asignación de puntaje. Sin ese ejercicio documental, la sospecha sigue siendo sospecha.

 

Luego aparece el segundo escalón: los cargos administrativos. Tampoco es ilegal que un profesor asuma una vicerrectoría, una dirección o una rectoría y reciba la remuneración correspondiente; es, de hecho, el camino habitual de ascenso en cualquier universidad pública. Lo que sí debe examinarse es si los nombramientos obedecieron al mérito, sí existieron incompatibilidades no declaradas, si hubo acumulaciones improcedentes de funciones y remuneraciones, y si desde esos cargos se favoreció a quienes previamente habían respaldado determinado proyecto político universitario. Las universidades públicas colombianas no son ajenas a dinámicas de "roscas" internas, coaliciones electorales entre estamentos y repartos de cargos como pago de favores políticos previos; que ese patrón exista en otras instituciones no prueba que exista aquí, pero tampoco permite descartar sin revisión.

 

La Universidad no puede ser una agencia de colocaciones para amigos, aplaudidores y cobradores de favores, tal como lo hacía el barretismo en sus orígenes políticos. Si los nombramientos han sido limpios, una revisión documental los confirmará sin dejar rastro de duda; si no lo han sido, esa misma revisión lo hará evidente.

 

El tercer escalón es el más peligroso: la contratación. Cuando una universidad pública contrata bienes, obras, investigaciones, consultorías o servicios, la autonomía universitaria no convierte el presupuesto en plata de bolsillo. La autonomía es una garantía académica y administrativa frente a interferencias externas indebidas, no un escudo frente a la vigilancia ciudadana sobre el manejo de recursos públicos. SECOP es el sistema oficial para consultar la contratación realizada con recursos públicos y permite identificar procesos, proveedores, cuantías y documentos contractuales; es, en principio, información abierta que cualquier ciudadano puede consultar.

 

Por eso, antes de pronunciar discursos indignados, la Universidad del Tolima debería publicar una matriz consolidada de sus contratos de los últimos años: contratista, beneficiario real, objeto, cuantía, modalidad de selección, número de proponentes, supervisor, adiciones, prórrogas y antecedentes de contratación. Ahí sabremos si existe un "cartel" o solamente una palabra lanzada al viento, mirar cuantos contratistas hacen parte de las redes clientelares del barretismo.

Porque un cartel no se demuestra señalando que una empresa ganó varios contratos; eso, por sí solo, puede ser simplemente el resultado de que un proveedor es competitivo o de que pocos actores participan en un mercado regional pequeño.

 

Un cartel se demuestra identificando acuerdos restrictivos de competencia, oferentes coordinados entre sí, pliegos de condiciones direccionados a la medida de un proponente específico, empresas vinculadas por accionistas o representantes legales comunes, propuestas de papel sin capacidad operativa real, sobrecostos frente a precios de mercado, comisiones ocultas o pagos sin contraprestación efectiva. Nada de eso se establece con una sospecha; se establece cruzando documentos.

 

Que hablen los documentos. Los documentos casi nunca necesitan veladoras.

 

El detalle menor en un texto que exige rigor: quien firma resoluciones, contratos y nombramientos lo hace con un nombre específico, y confundirlo abre la puerta a errores mayores de identificación.

Las fuentes consultadas afirman que el rector Méndez tendría conocimiento de las situaciones denunciadas. También señalan que debería investigarse su relación histórica con el Fondo de Profesionales Empleados de la Universidad del Tolima, FONPREUT, y el manejo de créditos concedidos a miembros de la comunidad universitaria. Nuevamente: no encontramos evidencia pública suficiente para afirmar que el rector se haya enriquecido ilegalmente mediante ese fondo, que fuera su propietario o que controlara sus recursos para beneficio personal. Repetirlo no es una fórmula de cortesía hacia el poder; es la única manera honesta de presentar una acusación que aún no ha sido probada.

Los documentos institucionales sí confirman la existencia de FONPREUT y muestran que los empleados y docentes deben obtener su paz y salvo ante ese fondo en determinados procedimientos de retiro. Eso prueba su presencia dentro de la vida laboral universitaria —es una institución real, con funciones reales dentro de los trámites administrativos— pero no prueba apropiación, lavado ni enriquecimiento ilícito. La expresión "amo, señor y dueño", utilizada por algunas fuentes para describir la relación del rector con el fondo, pertenece al terreno de la denuncia y la opinión. Es una imagen elocuente, pero una imagen no puede convertirse mágicamente en hallazgo fiscal.

 

Sin embargo, el rector y los directivos de FONPREUT sí deberían despejar las dudas publicando los estatutos, la composición histórica de sus juntas directivas, las políticas de crédito, los estados financieros auditados, los niveles de cartera, los préstamos aprobados a directivos, las garantías recibidas y las operaciones realizadas con personas relacionadas. La transparencia, en este caso, no sería un gesto de buena voluntad sino la manera más directa de cerrar el debate.

 

También deberá verificarse quién autorizaba los pagos, quién firmaba los cheques y qué controles bancarios existían dentro del fondo. Una fuente administrativa sostiene que ciertas responsabilidades de firma habrían sido trasladadas a terceros, lo que —de confirmarse— podría indicar una relajación deliberada de los controles internos, es decir una red de brujos que utilizan el testaferro para enriquecerse. Esta versión requiere cotejo con comprobantes de egreso, libros auxiliares, autorizaciones bancarias, actas de junta y manuales de funciones. Sin estos soportes documentales, sigue siendo una afirmación pendiente de demostración, ni más ni menos.

 

Hay un cuarto escalón que ninguna auditoría contable puede medir con cifras, pero que resulta tan revelador como los contratos y los puntos: la manera en que la Universidad del Tolima ha tramitado —o ha dejado de tramitar— las denuncias de violencia basada en género dentro de su propia estructura de poder. Y aquí la pregunta deja de ser hipotética, porque ya hay dos episodios documentados por medios distintos que apuntan en la misma dirección: cuando el señalado tiene poder institucional, el protocolo se vuelve lento, dudoso o directamente inoperante.

 

El primero de esos episodios llegó hasta la cúpula misma de la institución. En mayo de 2025, según reportó la revista Volcánicas, la Universidad amaneció con pintas exigiendo la renuncia del entonces rector Omar Mejía Patiño, mientras una Asamblea de Mujeres denunciaba que, desde 2022, la institución venía recibiendo un número inusualmente alto de denuncias por violencias basadas en género. En paralelo, una docente identificada con el seudónimo de Valentina —expareja del propio rector, con quien había estado casada y con quien tuvo dos hijos— presentó ante la Unidad de Género de la Universidad una denuncia formal por presunta violencia laboral basada en género, alegando que tras su separación fue excluida de reconocimientos económicos, aislada de sus colegas y despojada de la dirección del Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico que había dirigido durante años.

 

El rector se apartó temporalmente del cargo, el Consejo Superior designó una rectora encargada por 45 días y se conformó una comisión de género "independiente" a petición de la propia gobernadora del Tolima. Pero el dato más incómodo de todo el caso es este: la Unidad de Género terminó remitiendo el expediente a la Procuraduría alegando un conflicto de interés, porque el señalado no solo era el rector, sino que además —según el reportaje— había sido el creador de esa misma Unidad de Género llamada a investigarlo. Es decir: el vigilado había diseñado a su propio vigilante.

 

Que quede dicho con la misma cautela que rige todo este texto: Mejía Patiño negó ante Volcánicas haber cometido violencia laboral basada en género, haber participado en la fabricación de rumores en su contra o haber interferido en las investigaciones, y enumeró una serie de políticas de género implementadas durante su gestión. No hay, hasta donde se ha publicado, una sanción disciplinaria en firme. Pero tampoco puede seguirse repitiendo, como si fuera un conjuro que exculpa por sí solo, que "no hay condena". La pregunta que la propia denunciante y la Asamblea de Mujeres pusieron sobre la mesa sigue sin respuesta pública satisfactoria: ¿puede una universidad investigarse a sí misma cuando el investigado fundó el organismo investigador?

 

El segundo episodio es más reciente y compromete a un funcionario todavía en ejercicio. Según reveló la revista cambioin.com en mayo de 2026, Jorge Andrés Tafur Villarreal —director del Centro de Estudios Regionales, CERE, con nombramiento de libre nombramiento y remoción desde diciembre de 2023— había sido señalado años atrás por un medio regional por presunto acoso sexual cuando ya ocupaba un cargo directivo en esa misma dependencia. El reportaje documenta, además, que Tafur figuró en 2025 en el primer lugar de la lista de elegibles de un concurso de méritos para profesor de planta, y que como director del CERE avaló y firmó procesos de contratación por decenas y hasta cientos de millones de pesos, incluido un convenio ejecutado en varios departamentos del país por un valor cercano a los 350 millones de pesos. Ninguno de esos contratos está, por sí mismo, viciado: la irregularidad, si existe, habría que probarla revisando entregables, supervisión y beneficiarios reales, exactamente con el mismo rigor que exigimos para el resto de la contratación de la Universidad.

 

Lo que sí resulta legítimo preguntar y aquí el texto se permite ser deliberadamente incómodo, es si una institución que exhibe con orgullo un protocolo de atención a violencias basadas en género puede, al mismo tiempo, nombrar en cargos de libre remoción y avalar en listas de elegibles a personas sobre quienes ya pesaban señalamientos públicos de acoso, sin que exista constancia pública de que esos antecedentes fueran siquiera valorados. Si el filtro no se aplicó, hay que decirlo con todas sus letras: la Universidad del Tolima estaría premiando con estabilidad laboral, manejo presupuestal y proyección profesional a hombres señalados, mientras a las mujeres que se atreven a denunciar se les ofrece, en el mejor de los casos, un puñado de sesiones de acompañamiento psicológico y un expediente que termina archivado por "conflicto de interés".

 

Ese patrón —poder concentrado, denuncias de género que se enfrían en el limbo administrativo, y unidades de control diseñadas por quienes deberían ser vigilados— no es un fenómeno aislado del "cartel de contratos" que se describe en las secciones anteriores de este texto. Es la misma lógica de opacidad institucional aplicada a un terreno distinto: allí donde el dinero público se protege con resoluciones y actas, el cuerpo y la carrera profesional de las mujeres se protegen con comunicados de prensa y "acompañamientos psicosociales" que no tocan el poder de nadie. Quien concentra puntos, cargos y contratos sin control suficiente rara vez rinde cuentas espontáneamente cuando la denuncia en su contra viene de una mujer con menos poder institucional que él. Si la Universidad del Tolima quiere que se le crea cuando dice que investigará las irregularidades financieras señaladas en esta información, tendrá que demostrar primero que es capaz de investigarse a sí misma cuando la víctima no tiene contratos, ni puntos, ni un cargo directivo desde el cual hacerse escuchar.

 

Cinco documentos, no cinco velas

Este asunto no se resuelve con comunicados llenos de palabras como "excelencia", "territorio", "innovación" y "transformación". Ese tipo de lenguaje institucional, por más elegante que suene en un boletín de prensa, no reemplaza un solo folio probatorio.

 

Se resuelve publicando seis grupos documentales concretos: la nómina y los factores salariales de los altos directivos; las resoluciones de puntos académicos y sus evaluaciones correspondientes; la contratación completa de la institución y sus beneficiarios reales; los estados financieros y créditos de FONPREUT; las actuaciones que hayan adelantado Control Interno, la Revisoría Fiscal, la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía en relación con estos hechos; y, de manera explícita, el estado real de cada denuncia por violencia basada en género radicada ante la Unidad de Género desde 2022 —cuántas se han recibido, cuántas siguen abiertas, cuántas fueron archivadas, cuántas remitidas a otras entidades por "conflicto de interés" y qué pasó, en concreto, con cada una de las mujeres que se atrevió a firmarlas.

La Ley de Transparencia permite a cualquier ciudadano solicitar información pública a las entidades obligadas, y una universidad estatal es, sin ninguna duda, una de esas entidades. La contratación, los servidores, los contratistas y buena parte de la gestión financiera no son secretos de ultratumba; son, por mandato legal, información que pertenece a la ciudadanía que financia la institución con sus impuestos.

 

Por supuesto, también debe garantizarse el derecho de respuesta del rector, de los directivos mencionados, de FONPREUT y de la propia Universidad. Investigar no consiste en condenar primero y preguntar después; consiste en preguntar primero, con documentos en la mano, y dejar que la respuesta —o la ausencia de ella— hable por sí sola.

 

Pero responder tampoco consiste en amenazar al mensajero, perseguir al funcionario que habla o esconderse detrás de la autonomía universitaria. La autonomía protege a la Universidad de interferencias indebidas. No protege la opacidad, el clientelismo ni una eventual contratación dirigida.

 

Hoy el Tolima tiene "brujos" en varias esquinas, pero sería irresponsable afirmar que ya instalaron un consultorio dentro de la Universidad sin una investigación formal que lo demuestre. La sospecha, por fundada que parezca, no sustituye a la prueba.

Lo que sí puede exigirse desde ahora es transparencia total. Que se abran las cuentas. Que se publiquen los contratos. Que se revisen los puntos. Que se auditen los créditos. Que se identifiquen los verdaderos beneficiarios. Y que se diga, sin eufemismos institucionales, qué pasó con cada denuncia de género que un directivo, un rector o un jefe de dependencia haya podido enfriar, desviar o enterrar usando precisamente el poder que esos puntos, esos cargos y esos contratos le dieron.

 

Si las denuncias son falsas, los documentos limpiarán los nombres de quienes están siendo señalados, y esa limpieza será tan pública como lo fue la sospecha. Si son ciertas, esos mismos documentos mostrarán quién convirtió la universidad pública en negocio particular, y no habrá comunicado institucional capaz de ocultarlo.

Menos incienso, menos amarres, menos mal de ojos y más auditoría para que se destape la olla de la red de brujos y altos funcionarios en la Universidad del Tolima.

 

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