En el Tolima la repartición de los cargos públicos, es un negocio de familia

¿La Universidad del Tolima se está convirtiendo en una empresa familiar? Los cargos, las cercanías y las preguntas que rodean al nuevo poder universitario.

 

Cambioin Denuncia Ciudadana. Investigación Especial.

 

El ascenso de Cristhian Camilo Martínez Hernández a la Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico abre interrogantes sobre las relaciones de confianza dentro de la administración de Jonh Jairo Méndez. Una versión ciudadana habla de posibles vínculos familiares. Los antecedentes de la Contraloría también obligan a revisar qué está pasando con los recursos de la institución.

 

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Por: Denuncia Ciudadana, Opinión ciudadana. Investigación Periodistica.cambioin.com

 

En la Universidad del Tolima hay preguntas que no deberían incomodar a nadie, pero que necesitan respuestas. ¿Quiénes llegan a los cargos directivos? ¿Qué criterios se utilizan para escogerlos? ¿Se están privilegiando las capacidades profesionales o las relaciones personales y los círculos de confianza?

 

El caso de Cristhian Camilo Martínez Hernández merece especial atención. Su trayectoria institucional muestra que fue director del programa de Ciencia Política y que actualmente ocupa la Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico, según el directorio oficial de la Universidad, actualizado en octubre de 2026.

 

No se trata de un nombramiento menor. DARCA administra información académica, procesos de admisión y registros de los estudiantes. Es una dependencia estratégica dentro de la institución.

 

Los registros oficiales también muestran que Martínez fue nombrado director del programa de Ciencia Política mediante la Resolución 067 del 27 de enero de 2022, bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción.

 

La pregunta es inevitable: ¿cuáles fueron los criterios que determinaron su llegada a la nueva dirección y qué experiencia específica respaldó esa decisión?

 

¿Cercanía personal o posible conflicto de intereses?

 

A esta historia se suma una versión que merece ser aclarada. Información recibida por esta redacción señala un posible vínculo familiar entre Martínez y el entorno del rector, relacionado con el matrimonio de Martínez con una sobrina de la esposa de Jonh Jairo Méndez.

 

Hasta el momento no contamos con documentos que permitan acreditar ese parentesco y establecer su grado jurídico. Por eso, no lo presentamos como un hecho probado.

 

Sin embargo, si existe ese vínculo, la comunidad universitaria tiene derecho a conocer si fue informada y si se evaluaron las posibles implicaciones de las decisiones administrativas relacionadas con su nombramiento.

 

El artículo 126 de la Constitución establece restricciones para que los servidores públicos nombren, postulen o contraten personas con determinados grados de parentesco. Por su parte, el artículo 44 de la Ley 1952 de 2019 regula el conflicto de intereses cuando existe un interés particular y directo en las decisiones públicas.

 

No toda amistad, cercanía o relación familiar constituye nepotismo o delito. Lo que debe establecerse es si hubo intervención indebida, interés particular, favorecimiento o desconocimiento de las reglas aplicables.

 

La Contraloría también tiene documentos que merecen ser revisados

 

La discusión sobre la transparencia no puede separarse de los antecedentes financieros de la Universidad.

 

En la auditoría correspondiente a la vigencia 2024, la Contraloría Departamental del Tolima registró 27 hallazgos administrativos, cinco con presunta incidencia disciplinaria y uno fiscal por $8 millones.

 

Este último estuvo relacionado con pagos por penalidades o compensaciones que, según el organismo de control, no tenían respaldo contractual válido. La Universidad presentó sus argumentos, pero la Contraloría mantuvo el hallazgo fiscal y la presunta incidencia disciplinaria.

 

El mismo informe cuestionó la contratación relacionada con el sistema ERP y señaló compromisos superiores a $2.800 millones con la empresa SINERGIA, frente a resultados que consideró insatisfactorios.

 

Son observaciones fiscales y administrativas que deben examinarse con sus respectivos soportes, sin confundirlas con condenas penales ni afirmar que todo ese dinero fue apropiado o desviado ilegalmente.

 

Hay otro dato importante: la auditoría de la vigencia 2025, publicada en mayo de 2026, registró 15 hallazgos administrativos, pero ninguno fiscal, penal o disciplinario. Estos antecedentes corresponden a periodos anteriores a la llegada del nuevo rector y no pueden atribuirse automáticamente a su administración.

 

Lo que dicen las normas y lo que falta por esclarecer

 

Desde una primera lectura jurídica, el artículo 126 de la Constitución y el artículo 44 del Código General Disciplinario obligan a examinar si existieron vínculos familiares dentro de los grados legalmente restringidos y si algún funcionario intervino en decisiones en las que debía declararse impedido.

 

Una segunda lectura debe concentrarse en las decisiones administrativas y contractuales. Si se llegara a demostrar que un servidor público utilizó su cargo para favorecer indebidamente a un tercero, podrían examinarse, según las pruebas, conductas contempladas en los artículos 408, 409 y 411 del Código Penal, relacionadas con la violación del régimen de inhabilidades, el interés indebido en la celebración de contratos y el tráfico de influencias.

 

Estas son hipótesis jurídicas que requieren investigación. No constituyen imputaciones ni permiten afirmar que el rector o el funcionario hayan cometido delitos.

 

La Universidad tiene que responder

 

La Universidad del Tolima no puede convertirse en un círculo cerrado donde las decisiones importantes se explican únicamente entre personas cercanas a quienes administran la institución.

 

La comunidad universitaria merece conocer los actos de nombramiento, los criterios de selección, las declaraciones de conflictos de interés y las relaciones contractuales que puedan comprometer la transparencia institucional.

 

Desde esta redacción dejamos planteadas preguntas concretas al rector Jonh Jairo Méndez Arteaga y al director Cristhian Camilo Martínez Hernández:

 

¿Existe el vínculo familiar mencionado y cuál es su grado jurídico? ¿Qué procedimiento respaldó la designación de Martínez en la Dirección de Admisiones? ¿Se declararon posibles impedimentos? ¿Qué criterios objetivos justifican su traslado desde la dirección de Ciencia Política?

 

No se trata de condenar a nadie desde una publicación. Se trata de evitar que una universidad pública termine funcionando bajo la lógica de los favores personales.

 

Porque la Universidad del Tolima no es una herencia familiar, tampoco una propiedad privada ni una plataforma para repartir cargos entre amigos.

 

Los puestos públicos no son premios de amistad. Los recursos universitarios no son patrimonio de una administración. Y la transparencia no puede depender de quién tenga acceso al despacho del rector.

 

Cambioin – Denuncia Ciudadana

 

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