Funcionario, quería usar la justicia para censurar a cambioin.com, pero no pudo

El Secretario, la politiquería y la censura: crónica de una educación secuestrada en Ibagué y politizada.

 

En Ibagué ya no se gobierna con planes. Se gobierna con silencios. Y cuando los silencios no alcanzan, se gobierna con miedo. Con ese miedo pequeño, doméstico, de oficina, que no necesita pistola porque le basta con un sello, un memorando, una llamada o una tutela.

 

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Por: Editor Local. cambioin.com

 

El Tribunal Superior de Ibagué, Sala Penal, dejó una constancia que la ciudad debería leer sin pereza: el secretario de Educación Municipal, Dr. Diego Fernando Guzmán García, decidió llevar a la justicia constitucional a la Revista cambioin.com. No para abrir un debate público, no para presentar pruebas, no para demostrar con documentos que lo publicado era falso. Lo que buscaba era otra cosa: una orden judicial que obligara al medio a rectificar, eliminar y publicar aclaraciones con el mismo despliegue que tuvo la noticia que le incomodó.

Y eso, en el idioma real de la política, tiene un nombre que no se pronuncia en los comunicados: censura. Censura por vía judicial. Censura con corbata. Censura “legal”. Censura con cara de trámite. No es una exageración.

 

Basta leer lo que el propio secretario pidió: rectificación inmediata, eliminación de la publicación, corrección y abstención de seguir difundiendo información que él consideraba falsa. En una ciudad donde el poder local se siente dueño de todo, ese tipo de solicitudes no son simples mecanismos de defensa: son mensajes. Y el mensaje es claro para cualquier periodista que viva de preguntar: “cuidado con lo que publican”.

 

El Tribunal no le dio el gusto. No porque el Tribunal saliera a defender a cambioin.com como si fuera su padrino, ni porque estuviera haciendo un homenaje a la libertad de prensa. No. El Tribunal hizo algo más frío y más demoledor: le dijo que la tutela era improcedente, lo dijo por una razón tan elemental que avergüenza: antes de correr al juez, el secretario tenía que agotar el requisito previo que exige la Corte Constitucional, es decir, solicitar formalmente la rectificación al medio mediante derecho de petición: no lo hizo.

Por eso el Tribunal no discute el fondo. Ni siquiera se sentó a escuchar el chisme completo. Simplemente le cerró la puerta. Confirmó la improcedencia y dejó constancia de que el camino escogido no era el correcto, pero en política, las puertas cerradas no son solo puertas. Son símbolos.

Porque en Ibagué, el poder está acostumbrado a que las puertas se abran, a que los procesos se acomoden, a que las instituciones se inclinen, a que el ciudadano se canse. Y cuando una sala penal le dice a un secretario “no”, lo que le está diciendo a la ciudad es que el poder también tiene límites, aunque sea por una formalidad.

 

El secretario Diego Guzmán, alegó que cambioin.com publicó una noticia el 20 de noviembre y que allí se le atribuyen conductas e información “inexacta, falsa, descontextualizada y no verificada”, sin pedirle su versión. Dijo que eso lo afectó en lo profesional, social y familiar. Que los comentarios en redes lo estaban despedazando. Que la ciudadanía podía concluir que él estaba involucrado en conductas no cometidas por él, y pidió el amparo de su buen nombre, su honra y hasta su intimidad familiar.

 

Pero el Tribunal, otra vez, fue más severo que cualquier editorial: recordó que el derecho a la rectificación es un requisito previo cuando se trata de medios de comunicación, y que ese requisito no es capricho. Es una regla de equilibrio. Es la forma en que el derecho colombiano intenta armonizar dos fuerzas que siempre están en guerra: la libertad de prensa y el derecho al buen nombre.

 

La Sala citó jurisprudencia constitucional para recordar que los medios tienen un “formidable poder del impacto noticioso”, que pueden presentar unilateralmente los hechos, repetirlos sin límite, orientar reacciones del público, y que incluso al rectificar pueden “conducir la respuesta” con notas de redacción o glosas del periodista, aun reconociendo ese poder, insistió en que el mecanismo para corregir una información no empieza con tutela. Empieza con la rectificación solicitada. Empieza con el mínimo procedimiento.

Si el secretario no fue capaz de cumplir el mínimo procedimiento, la pregunta inevitable es otra, más incómoda: ¿por qué se saltó el paso? Porque en la vida real, nadie se salta un paso por ignorancia. Se lo salta por estrategia, y la estrategia es vieja: judicializar la crítica para desgastar al crítico. Hacer que el medio pierda tiempo, pague abogado, se asuste, se autocensure. Es una técnica fina de control político: no se clausura el medio, se lo asfixia. No se prohíbe publicar, se castiga publicar. No se ordena callar, se hace costoso hablar.

 

Eso es censura moderna, y en un país como Colombia, donde el periodismo regional vive con presupuestos miserables, con amenazas constantes y con la presión de la pauta oficial, una tutela desde un alto despacho no es una acción inocente. Es una advertencia. La sentencia lo deja claro, aunque sin decirlo en voz alta: el juez constitucional no está para resolver peleas de reputación cuando existen mecanismos ordinarios. Y menos cuando el accionante es un funcionario público que no demostró vulnerabilidad ni especial protección.

 

El Tribunal incluso señaló que los pantallazos de comentarios en redes, por sí solos, no acreditan un perjuicio irremediable, ni prueban objetivamente afectaciones graves en la esfera personal y profesional. Es decir: no basta con sentirse ofendido. Hay que probarlo. Y hay que hacer el trámite, pero lo verdaderamente escandaloso de este episodio no está en el expediente. Está afuera. Mientras el secretario se ocupa de pelear con un medio, Ibagué tiene una educación municipal que parece estar funcionando como un negocio político.

 

Los rectores lo dicen en voz baja y algunos ya lo dicen en voz alta: los colegios están en abandono estructural. Las sedes se caen. Los baños no sirven. Las aulas se convierten en bodegas del deterioro. Los docentes trabajan con el alma, pero sin condiciones, y el PAE, que debería ser una garantía mínima para que un niño no estudie con hambre, se ha convertido en un desastre administrativo. Un símbolo de improvisación. Una novela de contratistas, de quejas, de retrasos, de decisiones oscuras, de respuestas tibias.

 

Eso no lo inventó cambioin.com. Eso lo sabe cualquier padre de familia. Eso lo sufre cualquier rector. Eso lo murmura cualquier docente que aún no se ha rendido, entonces la pregunta es brutal: ¿por qué el secretario tiene tiempo para demandar a un medio, pero no para resolver lo que está destruyendo la educación?

 

La respuesta, por supuesto, no está escrita. Pero en Ibagué todo el mundo la sospecha. La educación, como casi todo en esta ciudad, se clientelizó. En la publicación que molestó al secretario se hablaba de una educación “capturada por el clientelismo”, y esa frase, en Ibagué, es como meter un fósforo en un tanque de gasolina. Porque aquí el clientelismo no es una acusación abstracta. Es una estructura. Es un sistema. Es una cultura. Es una forma de gobernar.

Nombramientos, Contratos, Traslados, Favores, Promesas, Castigos, Silencios, y en ese ecosistema, la prensa que pregunta se vuelve enemigo. Por eso la tutela no se entiende como un simple mecanismo jurídico. Se entiende como una herramienta política para disciplinar. Para marcar territorio. Para decirle a la ciudad que hay temas que se discuten en privado y no en público.

Mientras tanto,  la Alcaldía de Johana Aranda parece ausente. No es que no hable. Es que cuando habla, no cambia nada. La ciudad siente que la educación se está administrando por inercia, mientras los grupos políticos hacen cuentas y los niños siguen estudiando en condiciones indignas.

 

En medio de ese panorama, circulan versiones —que no se afirman como hechos, pero sí como percepciones ciudadanas— sobre cercanías del secretario con el político conocido como Chucho Botero. Se comenta que le hace favores. Se comenta que la educación se mueve por lealtades. Se comenta que algunas quejas no llegan a Control Interno porque alguien las detiene antes de que hagan daño.

 

No se prueba en una columna. Pero se pregunta. Porque en democracia las preguntas también son un derecho, y cuando el sistema no responde, la sospecha crece.

La sentencia del Tribunal, paradójicamente, termina siendo un espejo de todo esto. No porque hable del PAE o del abandono escolar, sino porque muestra el reflejo de un poder que se incomoda con la crítica. Un poder que prefiere litigar contra periodistas que rendir cuentas ante la ciudadanía. El Tribunal no absolvió al secretario. No lo condenó. No dijo que cambioin.com tuviera razón. Solo le dijo que el camino que escogió era improcedente, que debía agotar la rectificación y que no probó perjuicio irremediable.

 

Pero el daño político ya estaba hecho, porque en el corazón de la opinión pública, el mensaje quedó tatuado: el secretario quiso callar, el secretario en un burócrata de la politiquería y quiere silenciar los medios de comunicación alternativos.

Y en una ciudad donde los colegios se caen, donde el PAE se enreda, donde las quejas no escalan, donde los rectores denuncian abandono, donde la educación parece botín, la censura no es un tema secundario. Es parte del mismo problema. Cuando el poder se siente intocable, no solo se administra mal. También quiere controlar lo que se dice sobre su mala administración.

Y esa es la definición exacta de una ciudad secuestrada.

 

Ibagué no necesita un secretario peleando con medios. Necesita un Secretario respondiendo por la educación y sobre todo que respete y reconozca los valores de la democracia y los medios de comunicación alternativos.

Porque la prensa, por incómoda que sea, no es el enemigo.

El enemigo es la mediocridad.

El enemigo es la corrupción.

El enemigo es el clientelismo.

El enemigo es la burocracia que se protege a sí misma mientras los colegios se desmoronan, y si al poder le duele que lo señalen, hay una solución muy simple: gobernar bien.

 

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