Foto: José Javier Capera, columnista invitado cambioin.com
Por: Editor en Jefe - Publicado en noviembre 18, 2026
Por: José Javier Capera, Profesor e Investigador. Columnista invitado cambioin.com
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El tigre será mordido: el profesor José Javier Capera eleva el caso ante los tribunales judiciales: Hay imágenes que dicen mucho más de lo que sus protagonistas pretenden comunicar. La aparición pública del presidente de la República, en el marco de la denominada Operación Noah, realizada el pasado 9 de noviembre de 2026 en zona rural de Tibú, Norte de Santander, abrió un debate que va mucho más allá de una fotografía o una estrategia de comunicación política. Lo que está en discusión es el mensaje que se le está enviando a una sociedad que lleva décadas padeciendo los efectos de la violencia, el conflicto armado y la incapacidad de construir una paz duradera.
La controversia surgió por la presunta utilización de prendas de uso privativo de la Fuerza Pública por parte del mandatario y la posterior difusión de imágenes de esa aparición a través de canales oficiales de la Presidencia y medios de comunicación.
El asunto llegó al Consejo de Estado mediante una acción de tutela presentada por el profesor José Javier Capera Figueroa, quien cuestionó la utilización de esos símbolos y planteó posibles afectaciones a sus derechos fundamentales. No son asuntos menores: involucran la separación entre autoridad civil y Fuerza Pública, el respeto por las instituciones y el uso de los símbolos que representan al Estado.
Aquí aparece una discusión de fondo: ¿estamos construyendo una cultura de paz o normalizando una cultura de guerra? Porque una cosa es reconocer la importancia de las Fuerzas Militares, respaldar a quienes cumplen su deber constitucional y exigir resultados frente a las estructuras armadas ilegales, y otra muy distinta es convertir la estética militar en una herramienta de comunicación política. La seguridad no puede reducirse a una fotografía con uniforme, una boina y un arma. Gobernar exige mucho más que proyectar una imagen de autoridad.
Colombia conoce demasiado bien el lenguaje de la guerra. Ha enterrado generaciones enteras, ha visto comunidades desplazadas, campesinos asesinados, jóvenes reclutados, mujeres víctimas de múltiples violencias y territorios convertidos en escenarios de confrontación. Por eso resulta preocupante que desde las más altas esferas del poder se transmita la idea de que la fortaleza de un gobierno se mide por su capacidad de exhibir fuerza, intimidación y confrontación. La autoridad democrática no necesita convertir la guerra en espectáculo para demostrar que tiene el control del Estado.
La cultura de paz no significa ingenuidad, debilidad ni tolerancia frente a los violentos. Significa comprender que la seguridad debe estar acompañada de justicia, educación, oportunidades, respeto por la dignidad humana y presencia institucional en los territorios. Significa que una persona capturada conserva sus derechos, que las víctimas merecen verdad y reparación, que los uniformes de la Fuerza Pública representan instituciones y que las armas no pueden convertirse en instrumentos de propaganda personal. La paz no consiste en desconocer los conflictos, sino en resolverlos sin renunciar a la Constitución y a la dignidad de las personas.
También es necesario recordar que el presidente de la República ejerce como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 189 de la Constitución Política, pero esa condición no elimina su naturaleza de autoridad civil. El artículo 219 establece que la Fuerza Pública no es deliberante. Esa separación tiene una razón histórica y democrática: impedir que el poder político confunda la institucionalidad militar con sus intereses particulares. El uniforme no es un accesorio de campaña, ni las insignias militares son elementos decorativos para construir liderazgo político.
La controversia ya llegó a los estrados judiciales. El Consejo de Estado, mediante auto del 12 de noviembre de 2026, admitió la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-09314-00 y vinculó al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Procuraduría General de la Nación. Es importante aclarar que admitir la tutela no significa que el tribunal haya declarado ilegal la conducta del mandatario ni que exista una decisión de fondo. El despacho también negó la práctica de unas pruebas adicionales solicitadas por el accionante, al considerar que el material aportado con la demanda era suficiente para examinar los cuestionamientos planteados.
Pero esta discusión también tiene otra dimensión que merece atención: la situación que el propio profesor José Javier Capera ha denunciado en el ámbito universitario. El docente ha manifestado que viene siendo objeto de persecución, hostigamiento, burlas y actuaciones que, según sus señalamientos, han terminado desmejorando sus condiciones como catedrático en la Universidad del Tolima. Su denuncia abre otra discusión que no puede pasar inadvertida: ¿de qué sirve hablar de cultura de paz, democracia y respeto por las diferencias si quienes expresan posiciones críticas terminan sintiendo que su estabilidad, su dignidad y su ejercicio docente están en riesgo? La universidad debe ser precisamente el escenario donde se puedan confrontar ideas sin miedo, donde la crítica no sea interpretada como una amenaza y donde las diferencias políticas no se conviertan en motivo de retaliación.
Si estas situaciones ocurrieron como las describe el profesor, la Universidad del Tolima tiene la responsabilidad de ofrecer explicaciones, garantizar el debido proceso y demostrar que sus decisiones académicas y laborales obedecen a criterios objetivos, no a diferencias personales o políticas. La libertad de cátedra, la libertad de expresión y la autonomía universitaria no pueden convertirse en palabras bonitas para los discursos institucionales mientras los sectores críticos denuncian sentirse silenciados. La cultura de paz también se construye puertas adentro: comienza cuando una institución es capaz de escuchar a quien la cuestiona, respetar al contradictor y entender que pensar diferente no es una falta disciplinaria.
Hay una contradicción que merece ser examinada: mientras el país discute cómo construir una sociedad menos violenta, algunos espacios institucionales siguen enfrentando denuncias sobre intolerancia frente a la crítica, estigmatización y dificultades para establecer canales de diálogo. No se puede exigir respeto por las instituciones cuando quienes las cuestionan sienten que no tienen garantías para ejercer sus derechos. Tampoco se puede hablar de democracia si el desacuerdo se convierte en una razón para marginar al contradictor. Una universidad que no sabe tramitar sus diferencias mediante el diálogo difícilmente puede convertirse en referente de democracia para la sociedad.
La pregunta que debe hacerse el país no es solamente si un presidente puede aparecer ante las cámaras con una indumentaria determinada. La discusión es mucho más profunda: ¿qué clase de liderazgo queremos?, ¿uno que construya confianza en las instituciones o uno que convierta la confrontación en su principal instrumento de comunicación? ¿Uno que dialogue con las diferencias o uno que presente la fuerza como respuesta a todos los problemas?
La historia colombiana demuestra que la guerra no se acaba solamente con operaciones militares. Se necesita combatir las economías ilegales, garantizar derechos, recuperar los territorios abandonados, fortalecer la justicia y abrir oportunidades para quienes han vivido durante décadas bajo el dominio de los grupos armados. Ninguna fotografía puede reemplazar esa tarea. Ningún discurso de victoria puede ocultar las causas estructurales de la violencia.
La cultura de la guerra necesita enemigos permanentes, discursos de confrontación y una sociedad dividida entre buenos y malos. La cultura de la paz, por el contrario, exige reconocer la humanidad del otro, incluso cuando se trata de alguien acusado de cometer hechos atroces. Exige instituciones fuertes, pero también límites al poder. Exige autoridad, pero una autoridad sometida a la Constitución y a la ley.
No se trata de deslegitimar a los soldados y policías que arriesgan su vida en cumplimiento de su deber. Todo lo contrario: sus uniformes, insignias y símbolos merecen respeto. Precisamente por eso deben estar protegidos de la utilización política y de cualquier espectáculo que desdibuje su significado institucional.
Colombia no necesita más culto a las armas ni dirigentes empeñados en demostrar quién tiene más capacidad de intimidación. Necesita gobernantes capaces de escuchar, construir acuerdos, proteger la vida y entender que la paz no es una concesión a los violentos, sino una obligación democrática con millones de ciudadanos.
Porque al final, la verdadera grandeza de un presidente no se mide por el uniforme que se pone, el arma que exhibe o la dureza de sus declaraciones. Se mide por las vidas que logra proteger, los derechos que garantiza y la capacidad de construir un país donde las nuevas generaciones no tengan que crecer pensando que la guerra es el único destino posible.
La paz no se construye con disfraces de guerra, ni con silencios impuestos en las universidades. Se construye con justicia, dignidad, democracia, libertad para pensar diferente y respeto por la vida.
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