La Universidad que se volvió finca: la maquinaria que no quería soltar Omar Mejia

Hay instituciones que se corrompen de golpe, con un maletín y un sobre. Y hay instituciones que se corrompen despacio, con actas, resoluciones y diez años de paciencia. La Universidad del Tolima es de las segundas, y eso, paradójicamente, es lo que la hace más difícil de combatir: no hay un solo crimen que señalar, hay una cultura mafiosa de una red de concursos amarrados y corruptos todos auspiciados por el exrector Omar Mejia.

 

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Por: Denuncia de una docente de la Universidad del Tolima. cambioin.com

 

Escribo esto como profesora de planta de esta casa, no como fiscal ni como jueza. No tengo una sentencia que mostrarles. Tengo, eso sí, diez años de comunicados sindicales, fallos de tutela, un desmentido de la Procuraduría y una lista de mujeres que denunciaron y no fueron escuchadas por la propia institución que se supone debía escucharlas. Con eso basta para escribir una columna de opinión. No basta, y lo digo con toda claridad, para acusar penalmente a nadie de algo que no está probado en ningún expediente público.

 

Quien quiera leer aquí un caso judicial que no existe, que busque en otra parte porque el barretismo tiene todo controlado, manipulado, perfilados y sistematizado, hoy nosotras las mujeres no tenemos garantías y la oposición de la universidad se encuentra cooptada, comprada y manipulada, la otra parte estamos siendo judicializados con memorandos, disciplinarios e investigaciones que solo sirven para presionar nuestra libertades y luchas por la justicia al interior de la UT.

 

Todo poder que se perpetúa necesita un mito de origen. El de Omar Mejía Patiño fue el del salvador: llegó en 2016, encargado de resolver un supuesto déficit financiero que había tumbado a su antecesor. Lo ratificaron en 2018 como premio por el milagro fiscal. Y en 2020 la Procuraduría, con la frialdad de quien revisa números y no relatos, desmintió que ese déficit hubiera existido jamás. Diez años de rectoría construidos, en su origen, sobre una crisis que los organismos de control terminaron por desinflar propio de la lógica del barretismo que ha gobernado la UT como una finca de su patio trasero.

 

Si el cimiento es falso, ¿qué tan sólido puede ser el edificio?

El sindicato de profesores lleva años usando una expresión que debería darnos vergüenza como comunidad académica: "concursos chalecos". Trajes hechos a la medida de un solo cuerpo. Así describió ASPU el concurso de méritos de 2024, señalando que se ocultan los nombres de los aspirantes a la propia comunidad universitaria que debía vigilar el proceso. Tuvo que intervenir un juez —no el Consejo Superior, no la rectoría, un juez— para obligar a la Universidad a revelar en 48 horas quiénes competían por las plazas de planta.

 

Parte de estos concursos presuntamente amañados y manipulados por la administración de Omar Mejia son los siguientes: Marcela Barragán Urrea, Andrés Tafur Villareal, Jorge Mario Vera, Adriana Paola Albarracín Calderón,  Adriana del Pilar León todos ocupan grandes cargos administrativos, y hoy son profesores nombrados a dedo, con concursos amarrados y diseñados para sus perfiles en todo sentido.

 

El caso de Rafael Eduardo González Pardo y Gloria Yolanda Pacheco quedaron como el ejemplo de manual: una investigación periodística documentó un concurso con un perfil, según esa denuncia, calcado casi milimétricamente a la hoja de vida de quien terminó ganándole. No hace falta ser fiscal para reconocer el patrón: cuando el traje le queda perfecto a una sola persona, no es un concurso, es una entrega.

 

En 2025 la Unidad de Género de la Universidad del Tolima hizo algo que debería avergonzarnos por generaciones: se declaró impedida para investigar una denuncia de violencia laboral basada en género contra su propio rector, alegando conflicto de interés. La denunciante, Inés Yohanna Pinzón, docente, abogada y expareja de Mejía, tuvo que soportar además una campaña de desprestigio en redes sociales por atreverse a hablar. La exdirectora del Consultorio Jurídico, que respaldó esa denuncia, terminó renunciando —dejando, de paso, cerca de 600 procesos de estudiantes sin asesoría—. Mejía ha negado los señalamientos y eso hay que respetarlo. Lo que no se puede respetar es que la institución llamada a investigar se haya declarado, ella misma, incapaz de hacerlo. Hoy tenemos una unidad de género que fue comprada y muchas lideres feminista haciendo silencio por los puestos, viajes y contratos siendo el reflejo de no escuchar a las mujeres y estudiantes que manifiestan ser victimas de acoso sexual en la UT.

 

En mayo de 2026 ASPU-Tolima denunció un "plan sistemático de persecución sindical": procesos disciplinarios contra tres profesores —Ricardo Andrés Pérez Bernal, Ever Edrey Hernández Cuadrado y Juan Felipe Rodríguez Vargas— que el sindicato interpretó como represalia por su activismo gremial. Hernández Cuadrado, según el mismo comunicado, había sido amenazado con arma de fuego en zona rural de Ibagué apenas un año antes, tras hablar en el Consejo Superior. Cuando amenazar a un profesor por opinar deja de ser un escándalo y se vuelve rutina, algo profundo se rompe en la cultura institucional. Eso también hay que decirlo, aunque incomode.

 

La Procuraduría Regional anunció desde marzo de 2026 que vigilaría preventivamente la elección de rector, y en mayo exigió a la Universidad actas, resoluciones y respuestas a las quejas ciudadanas. Es su trabajo, y hay que reconocerlo. Pero un medio digital regional documentó algo que exige más cuidado del que hasta ahora ha recibido: presuntos vínculos académicos y laborales previos entre la procuradora regional de instrucción, Constanza Vargas Sanmiguel, y el propio rector Mejía, ambos con paso por cargos directivos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué. Coincidir en una facultad no es un delito ni prueba nada por sí solo —el Tolima es un pañuelo y sus élites profesionales se cruzan todo el tiempo—. Pero precisamente por eso, quien debe vigilar tiene la obligación de despejar cualquier sombra sobre su propia independencia, y hasta ahora esa claridad no ha llegado.

 

Llegamos a donde Jhon Jairo Méndez, el rector que hoy administra lo que Mejía construyó. Su elección, en mayo de 2026, no estuvo libre de sospecha: representaciones estudiantiles denunciaron correos masivos con instrucciones de voto y llamadas telefónicas pidiendo respaldo a un aspirante específico. La candidata Yenny Urrego llegó a hablar de una "simulación democrática". Un medio de opinión regional fue más lejos y describió a la Universidad como una institución "tomada por el Barretismo", esa maquinaria política regional que, según esa misma columna, se habría beneficiado durante años del manejo de nombramientos, contratos del IDEAD, convenios del CERE y viáticos.

 

Si eso es cierto —y las denuncias públicas apuntan en esa dirección—, Méndez no llega a romper el patrón: llega a administrarlo con otra cara. Un rector que hereda un aparato de poder y no lo desmonta, sino que se arrodilla ante quienes se lo entregaron, no es un renovador. Es un fiduciario, es un lacayo, albañil y fontanero que solo viene hacerle favores al rector Omar Mejia para finalizar sus contratos de obras al interior de la UT, ya sabemos que el lavadero de dinero al estilo de los brujos es con los anexos de grandes licitaciones, pinturas, cambio de puestos y ahora construir cuando los estudiantes y la comunidad educativa está en vacaciones.

Diez años dan para una lista. Esta es la mía, construida sobre denuncias públicas y hallazgos de organismos de control, no sobre rumor de pasillo:

1. Inventar —o al menos exagerar— un déficit financiero para justificar un cambio de rectoría que la Procuraduría desmintió después.

2. Convertir los concursos de méritos en "concursos chaleco", diseñados para un ganador predeterminado

3. Ocultar los nombres de los aspirantes a un concurso docente hasta que un juez obligó a revelarlos.

4. El caso González Pardo y Gloria Yolanda Pacheco, citados como ejemplo de un perfil hecho a la medida de un solo aspirante.

5. Dejar que la Unidad de Género se declare incapaz de investigar una denuncia contra el propio rector.

6. La salida forzada de la ex directora del Consultorio Jurídico y el limbo de 600 procesos estudiantiles.

7. Un presunto plan de persecución disciplinaria contra tres profesores sindicalizados.

8. Amenazas armadas contra un docente por hablar ante el Consejo Superior.

9. Sombras no aclaradas sobre la independencia de quien debe vigilar disciplinariamente a la institución.

10. Una elección rectoral 2026 salpicada de denuncias de correos y llamadas dirigidas a orientar el voto.

 

Y aquí debo ser tan honesta como exigente he sido con los demás. En el rumor universitario circulan otros nombres que se quieren sumar a esta historia, entre ellos el de un profesor al que se le atribuye una denuncia por presunta violencia sexual en Perú hoy tiene un gran cargo de delegado en Cortolima.  No escribo esto para hundir a nadie sin proceso. Lo escribo porque llevo años caminando los mismos pasillos que estas denuncias describen, y porque el silencio también es una forma de complicidad. Diez años bastan para instalar una cultura mafiosa, oportunista y politiquera. Ojalá no basten diez más para normalizar del todo la profunda lógica barretista en la UT.

 

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