Minería ilegal en base militar de Antioquia: Un escandaloso hallazgo que exige respuestas

Por Michael Steven Mejía Ospina

Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado cambioin.com

 

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La reciente revelación de The New York Times, a través del lente del fotógrafo Federico Ríos, ha sacudido los cimientos de la seguridad y la transparencia en Colombia. La denuncia sobre una mina de oro ilegal operando dentro de una base militar en Antioquia no es solo una noticia, es una alarma que resuena con fuerza en un país que lucha incansablemente contra la corrupción y la impunidad.

 

Este hallazgo, expuesto en detalle por Ríos en una entrevista con Noticias Caracol, trasciende la mera actividad ilícita. Implica la posible connivencia o, en el mejor de los casos, una inaceptable negligencia por parte de las fuerzas militares, encargadas precisamente de salvaguardar la soberanía y los recursos naturales de la nación. ¿Cómo es posible que una actividad de tal magnitud, con las implicaciones ambientales, sociales y económicas que conlleva la minería ilegal, pueda llevarse a cabo en un entorno que debería estar bajo el más estricto control y vigilancia?

 

Las consecuencias de esta situación son múltiples y graves. En primer lugar, se perpetúa la devastación ambiental, una herida abierta en el corazón de nuestra biodiversidad. La extracción ilegal de oro a menudo utiliza mercurio y otros químicos tóxicos, contaminando ríos, suelos y afectando la salud de las comunidades aledañas. En segundo lugar, se fortalece el financiamiento de grupos al margen de la ley, quienes tradicionalmente se benefician de estas economías ilícitas, socavando los esfuerzos del Estado por consolidar la paz y la seguridad. Finalmente, se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, un pilar fundamental para la democracia.

 

Es imperativo que las autoridades competentes actúen con celeridad y contundencia. Se requiere una investigación exhaustiva que identifique a todos los responsables, tanto los directos involucrados en la operación de la mina como aquellos que, por acción u omisión, permitieron que esta situación llegara a tales extremos. La sociedad colombiana exige transparencia y justicia. No basta con desmontar la mina; es necesario desmantelar las redes de corrupción que permiten que este tipo de actividades florezcan en lugares insospechados.

 

Este lamentable episodio debe ser un punto de inflexión. Es una oportunidad para fortalecer los mecanismos de control interno en las fuerzas militares y para reafirmar el compromiso del Estado con la protección del medio ambiente y la lucha contra la criminalidad organizada. Colombia no puede permitirse que sus instituciones sean cómplices, por acción o por pasividad, de la depredación de sus propios recursos y del debilitamiento de su Estado de Derecho. La denuncia de The New York Times, dolorosa como es, nos interpela a todos y nos obliga a exigir las respuestas y las acciones que el país merece.

 

 

 

Marco Legal Relevante en Colombia sobre la Minería Ilegal:

 

La problemática de la minería ilegal en Colombia se enmarca en un contexto legal que busca regular la explotación de recursos minerales y sancionar las actividades ilícitas. A continuación, se detallan algunas de las leyes, decretos y artículos pertinentes:

 

- Ley 685 de 2001 (Código de Minas): Esta es la columna vertebral de la legislación minera colombiana. Establece los procedimientos para la exploración y explotación, así como las sanciones para quienes operen sin los títulos y permisos correspondientes. El Artículo 161 de esta ley es crucial, pues otorga a los alcaldes la facultad de realizar el decomiso provisional de minerales transportados o comercializados sin factura o constancia de origen. De comprobarse su procedencia ilícita, deben ser puestos a disposición de la autoridad penal. Asimismo, les compete a los alcaldes suspender la explotación de minerales sin título registrado en el Registro Minero Nacional.

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- Decreto 2235 de 2012: Este decreto fue una medida robusta para combatir la minería ilegal al ordenar la destrucción de maquinaria pesada utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin licencia ambiental ni título minero. La Policía Nacional es designada como la autoridad competente para ejecutar esta disposición, buscando desincentivar directamente estas prácticas.

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- Ley 2250 de 2022 (Artículo 5 - Plan Único de Legalización y Formalización Minera): Consciente de la compleja realidad de la minería de pequeña escala, ancestral y tradicional, esta ley busca ofrecer un camino hacia la formalización. El Ministerio de Minas y Energía tiene el mandato de diseñar herramientas para promover la actividad extractiva bajo el amparo de un título minero, impulsando procesos de desarrollo sostenible y brindando oportunidades a mineros que operan en la informalidad.

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- Código Penal (Ley 599 de 2000): La minería ilegal es tipificada como delito. El Artículo 338 establece penas de prisión y multas para quien "explore, construya o ponga en funcionamiento o desarrolle una actividad de extracción minera sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos". Además, otros artículos pueden aplicarse en casos de contaminación ambiental derivada de la minería ilegal.

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- Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible): Este decreto compila la normativa ambiental y establece los procedimientos para la obtención de licencias ambientales, fundamentales para cualquier actividad extractiva legal. La ausencia de estas licencias es una de las características distintivas de la minería ilegal.

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- Sentencias de las Altas Cortes: Numerosas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han abordado la minería ilegal y sus impactos, estableciendo precedentes importantes sobre la protección del medio ambiente, los derechos de las comunidades y la responsabilidad del Estado. Estas sentencias a menudo refuerzan la necesidad de la consulta previa con comunidades étnicas y la protección de ecosistemas estratégicos.

 

En el caso particular de la mina ilegal en una base militar, la investigación no solo debe centrarse en el cumplimiento del Código de Minas y las normativas ambientales, sino también en las posibles omisiones o complicidades dentro de la institución militar, que podrían derivar en investigaciones disciplinarias y penales para los funcionarios involucrados. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza pública.

 

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