No se le pidió poemas, se exigió claridad sobre manejos de dineros públicos

El profesor Gamboa: Los contratos y el incómodo oficio de hacer preguntas en la Universidad del Tolima.  

La Universidad del Tolima no necesita defensores de escritorio ni poetas llenos de mafias y redes burocráticas al interior del IDEAD. Necesita cuentas claras, contratación transparente y respuestas que no se escondan detrás de la poesía y su cinismo literario

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Por: Denuncia, Opinión. cambioin.com

Hay una vieja costumbre entre algunos personajes que han ejercido el poder público: cuando aparecen preguntas sobre su gestión, prefieren discutir las intenciones de quien pregunta antes que responder por las decisiones que tomaron. La polémica se traslada del presupuesto a la literatura, de los documentos a los adjetivos y de las responsabilidades administrativas a una supuesta persecución personal.

Eso parece ocurrir con el profesor Carlos Arturo Gamboa Bobadilla, quien decidió dedicar una extensa columna titulada Desinformar, acusar y mentir entre dientes a desacreditar medios de comunicación que han planteado interrogantes sobre su paso por la dirección del Instituto de Educación a Distancia, IDEAD, de la Universidad del Tolima.

El profesor tiene todo el derecho a defender su buen nombre, solicitar rectificaciones y cuestionar el rigor de cualquier publicación. Ese derecho es indiscutible. Pero también debería reconocer que quienes ejercen funciones públicas y administran recursos universitarios están sujetos al escrutinio ciudadano. Una cosa es defenderse de una acusación sin fundamento y otra pretender que las preguntas sobre contratación se conviertan, por arte de retórica, en ataques contra la dignidad personal.

Gamboa dirigió el IDEAD desde 2018 hasta septiembre de 2024. No se trata de una información construida por inteligencia artificial ni de una invención periodística. La propia Universidad del Tolima reconoce ese periodo en su historia institucional. Y el mismo profesor admite que fue ordenador del gasto y que ejecutó recursos públicos.

Precisamente por eso tiene sentido preguntarle por su gestión.

LOS CONTRATOS NO SON POESÍA: TIENEN FECHA, VALOR Y FIRMAS.

El 28 de junio de 2022, Carlos Arturo Gamboa Bobadilla firmó, en calidad de ordenador del gasto, el acta de adjudicación de la Invitación Pública de Menor Cuantía 119-2022, destinada a adquirir mobiliario para los Centros de Atención Tutorial del IDEAD en el país.

El presupuesto oficial ascendía a *$150.726.590* y la adjudicación favoreció a Luz Ángela Rubio de Pedroza por *$107.695.000*

Hay un detalle que merece examinarse. En el acta de recepción aparecen ocho propuestas, entre ellas una de DIVIOFFICE S.A.S. por **$105.629.160**, inferior a la oferta finalmente seleccionada. Eso no demuestra una contratación irregular, porque la selección depende también de requisitos jurídicos, técnicos y criterios de evaluación. Pero sí justifica revisar el informe correspondiente y explicar cuáles fueron las razones documentadas de la decisión.

En mayo de 2022, el mismo Gamboa firmó otra adjudicación, correspondiente al proceso 073-2022, por $9.660.000 a favor de Eileem Leandra Gutiérrez Carrillo, para servicios de apoyo a la gestión de los posgrados del IDEAD.

No son chismes. Son actos administrativos publicados por la institución.

En diciembre de 2023, Luz Ángela Rubio de Pedroza obtuvo otra adjudicación en la Universidad del Tolima, esta vez por $383.102.650, mediante el proceso 035-2023 para adquisición e instalación de mobiliario.

Las dos adjudicaciones a esa misma proveedora suman $490.797.650 Conviene precisar que la segunda corresponde a una adquisición general de la Universidad y no está demostrado que haya sido una decisión contractual del IDEAD o de Gamboa.

La coincidencia merece un análisis de proveedores recurrentes, pero no autoriza a afirmar que existió favoritismo. La pregunta legítima es cuáles fueron las condiciones de selección, cómo se acreditó la experiencia, quién evaluó las propuestas y qué controles se aplicaron para garantizar la libre concurrencia.

También aparece una solicitud presupuestal de marzo de 2022 por $481 millones para infraestructura de los Centros de Atención Tutorial, suscrita por Gamboa como director del IDEAD. Esa cantidad corresponde a una solicitud de disponibilidad presupuestal y no debe confundirse con dinero efectivamente pagado.

Allí hay otra tarea pendiente: establecer cuáles contratos se derivaron de esa necesidad, sus beneficiarios, sus cuantías definitivas y los resultados de la supervisión.

¿Dónde está la difamación por solicitar esa información?

EL IDEAD NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA UNIVERSIDAD PARALELA.

Conviene recordar algo elemental. El IDEAD no es una universidad independiente. Es parte de la Universidad del Tolima, una institución pública con órganos de gobierno, estatutos, controles y responsabilidades comunes.

Su presencia regional es una conquista educativa que merece protección. Lo que no puede admitirse es que esa estructura termine funcionando como un bloque separatista, con prácticas administrativas cerradas, relaciones de poder difíciles de examinar o decisiones contractuales alejadas del control institucional.

No afirmamos que esa situación esté demostrada. Advertimos que ninguna unidad académica puede quedar exenta de una revisión rigurosa de sus decisiones.

La autonomía universitaria no es soberanía personal. Tampoco significa autonomía frente a las obligaciones de transparencia.

La Universidad del Tolima cuenta con un régimen especial de contratación, establecido mediante el Acuerdo 050 de 2018 y sus reglamentaciones. Ese régimen reconoce competencias y posibilidades de delegación, pero también exige planeación, procedimientos de selección y responsabilidades en el manejo de recursos.

Por eso deben conocerse las resoluciones de delegación, los estudios previos, los comités evaluadores, los contratos celebrados, las adiciones, los informes de supervisión y las actas de liquidación.

La ciudadanía tiene derecho a saber cómo funcionó esa estructura durante los seis años de dirección del profesor Gamboa.

LA UNIVERSIDAD NO PUEDE SER LA PUERTA TRASERA DE LA BUROCRACIA.

Otra discusión de fondo tiene que ver con las vinculaciones laborales y los procesos de selección.

¿Quiénes ingresaron al IDEAD entre 2018 y 2024? ¿Bajo cuáles modalidades? ¿Qué convocatorias se realizaron? ¿Quiénes integraron los comités de selección? ¿Cuáles fueron los criterios de evaluación y cómo se resolvieron las reclamaciones?

Estas preguntas son especialmente importantes en una región donde la influencia de las estructuras políticas departamentales, incluido el del Exgobernador Ricardo Orzoco, ha sido objeto de controversia pública.

Si existieron recomendaciones políticas, cuotas burocráticas o concursos direccionados, deben identificarse mediante actuaciones, documentos y testimonios verificables. Hasta ahora, la información examinada no permite atribuir esas prácticas al profesor Gamboa ni demostrar una estructura clientelar dentro del IDEAD.

Pero la falta de una conclusión tampoco impide investigar.

Ninguna organización política, sea el barretismo o cualquier otra, debería utilizar una universidad pública como escenario para distribuir empleos, contratos o respaldos personales.

La respuesta institucional tiene que ser sencilla: publicar los procesos de selección, sus reglas, los resultados, las personas responsables y las decisiones adoptadas.

Porque la universidad pública pertenece a sus estudiantes y a la sociedad, no a quienes circunstancialmente ocupan sus despachos.

LAS REDES ADMINISTRATIVAS TAMBIÉN DEBEN EXAMINARSE.

En la documentación contractual aparece otro funcionario: Fabián Mauricio Lautero Bernal, vinculado a la Dirección de Centros Regionales del IDEAD.

En un documento de necesidad de contratación de 2024, Lautero aparece como solicitante y Gamboa como ordenador del gasto. Se trata de una relación administrativa registrada en los formatos institucionales, no de una prueba de irregularidad.

Para 2025, cuando Gamboa ya no dirigía el Instituto, Lautero participó en el comité evaluador del proceso 024-2025, destinado a servicios logísticos para los Centros de Atención Tutorial, con presupuesto oficial de $280 millones

En ese procedimiento se presentaron JC & JB Producciones S.A.S. y Grupo de Servicios Logísticos S.A.S. El informe técnico recomendó al segundo proponente, que obtuvo 1.000 puntos, frente a los 750 asignados al primero.

El documento permite identificar funcionarios, oferentes, puntajes y valores. No demuestra que el antiguo director interviniera en esa contratación.

Pero sí permite plantear una pregunta institucional más amplia: ¿qué mecanismos garantizan la independencia de las evaluaciones y la continuidad de los controles cuando cambian los directivos?

Las relaciones administrativas deben examinarse mediante documentos. Las relaciones familiares, de amistad o de afinidad política, únicamente cuando exista información comprobable y sean relevantes para evaluar posibles conflictos de interés.

No necesitamos inventar parentescos para exigir transparencia.

En ese mismo sentido, las declaraciones de bienes y rentas y los registros de conflictos de interés deben examinarse conforme a las obligaciones legales de publicidad aplicables a cada servidor público. Una declaración privada de renta no puede exigirse indiscriminadamente como si fuera un documento de libre consulta.

El debate debe concentrarse en los posibles intereses que hayan podido intervenir en decisiones institucionales, cuando existan elementos verificables para investigarlos.

PROFESOR GAMBOA: RESPONDER TAMBIÉN ES UNA FORMA DE PEDAGOGÍA.

Resulta curioso que quien reivindica la argumentación académica dedique buena parte de su columna a cuestionar a los medios alternativos, sus motivaciones y hasta sus supuestos intereses económicos.

El periodismo independiente también se equivoca, y cuando lo hace debe rectificar. Publicar imágenes alteradas, afectar injustificadamente la vida privada o presentar conjeturas como delitos demostrados son prácticas que merecen rechazo.

Pero ninguna de esas conductas, si ocurrieron, elimina el derecho a investigar la contratación pública.

Los medios pequeños no tienen menos derecho a preguntar que los grandes. Su credibilidad depende de la calidad de sus pruebas, no del tamaño de su redacción ni de la simpatía que despierten entre los funcionarios.

El profesor puede disentir del titular, cuestionar el lenguaje e incluso considerar injusta la publicación. Lo que resulta insuficiente es responder a los cuestionamientos documentales exclusivamente mediante una descalificación del mensajero.

Si los procesos fueron transparentes, los expedientes deberían permitir demostrarlo.

Si hubo controles adecuados, existen actas e informes para acreditarlos.

Si las decisiones respondieron a necesidades académicas, debe ser posible reconstruirlas desde su planeación hasta su ejecución.

Y si alguna publicación incurrió en afirmaciones falsas, corresponde señalar exactamente cuáles son y aportar la información que las desmienta.

Eso sí sería una lección de pedagogía pública.

LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA MERECE UNA AUDITORÍA, NO UNA GUERRA DE ADJETIVOS.

Este debate no debería terminar en una disputa entre un profesor y dos medios digitales. Lo importante es establecer cómo se administraron los recursos del IDEAD, cuáles proveedores participaron, qué contratos se celebraron, quiénes los supervisaron y cuáles fueron sus resultados.

También convendría revisar los nombramientos, las contrataciones temporales, las convocatorias docentes y las eventuales situaciones de conflicto de interés durante el periodo 2018-2024.

Un ejercicio serio debe incluir a todos los responsables institucionales, sin seleccionar únicamente aquellos nombres que resulten políticamente convenientes.

Se trata de examinar su gestión con el mismo rigor que debería aplicarse a cualquier otro directivo universitario.

Por eso la petición es concreta: que la Universidad del Tolima publique un balance completo y verificable de los contratos, proveedores, cuantías, modificaciones, pagos, supervisores y mecanismos de selección correspondientes al IDEAD durante ese periodo.

Y que explique cómo se ha protegido la independencia de la institución frente a cualquier intento de instrumentalización política.

Profesor Gamboa, la literatura puede permitirse metáforas, hipérboles y personajes imaginarios. La administración pública, no. Allí las decisiones se respaldan con documentos y las responsabilidades tienen nombres, fechas y firmas.

Nadie debería ser condenado mediante titulares. Pero tampoco debería pretender que una columna de opinión sustituya la rendición de cuentas.

La Universidad del Tolima no es un fortín político, no es propiedad de sus directivos y no puede convertirse en una universidad dentro de otra universidad.

Es patrimonio público. Y precisamente porque merece respeto, debe permitir que se examine hasta el último contrato.

Que hablen los documentos. Que respondan las instituciones. Que nadie se esconda detrás de la poesía.

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