Por pedir información, persiguen y maltratan a Profesor en la Universidad del Tolima

Denuncia Ciudadana Investigación Judicial ¿Qué esconde la administración del rector Jhon Jairo Méndez en la Universidad del Tolima? Un juez le ordenó entregar información pública en 48 horas. La universidad prefirió apelar. Mientras tanto, el profesor que la pidió dice sentirse perseguido, hostigado y burlado, vilipendiado y maltratado

Hay instituciones que le temen a la crítica. Otras le temen a algo más simple y más peligroso: a una hoja de Excel completa. La Universidad del Tolima parece pertenecer al segundo grupo.

 

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Por: Denuncia Ciudadana Investigación Judicial. cambioin.com

 

La historia es sencilla de contar y difícil de justificar. José Javier Capera Figueroa, profesor catedrático y egresado de Ciencia Política de la UT, se presentó a la Convocatoria Docente 48 de 2026. Quedó como único elegible en dos cátedras: Investigación I, con 72 puntos, y Globalización, Desarrollo e Integración Regional, con 80. Ganó en franca lid. Pero ninguna de las dos se le asignó. Las asumieron profesores de planta, y el banco de elegibles, ese que la universidad presume como garantía del mérito, quedó en el papel.

 

El profesor Capera hizo lo que haría cualquier ciudadano con sentido común: preguntar. ¿Cómo se usa el banco de elegibles? ¿Cuántas cátedras se reparten por fuera del concurso? ¿Quiénes llegan por la puerta lateral de la llamada Comisión de Garantes, ese mecanismo «excepcional» que, según la propia universidad, sirvió para vincular a 396 profesores en 821 cursos solo entre 2024 y 2026, y eso contando apenas 11 de sus 23 departamentos?

 

La respuesta fue un monumento a la evasiva. Cifras «aproximadas». Puntos enteros despachados con dos palabras: «no procedente». Y para los años 2016 a 2023, la explicación de que las hojas de vida se devolvían a sus dueños, como si una universidad pública no tuviera archivo, ni tablas de retención, ni actas.

 

Un juez no se tragó el cuento. El 26 de octubre, el Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué tuteló los derechos de petición y de acceso a la información del profesor. Le ordenó a la UT entregar, en 48 horas, la relación de los docentes vinculados por Comisión de Garantes en todos sus departamentos, con sus actas, además de los registros que tiene y las cifras que no cuadran. El fallo fue cuidadoso: dijo que la universidad no tenía que inventarse estadísticas, solo entregar lo que ya posee.

 

¿Y qué hizo la UT? Apelar. Su argumento central es que cumplir sería una «imposibilidad material». Una universidad con oficina jurídica, vicerrectoría, secretaría académica, sistema Academusoft y veintitrés departamentos dice que no puede reunir en dos días las actas que ella misma produce. Lo curioso es que, en la misma apelación, admite que esos documentos existen, que reposan en los departamentos y que no hay reserva legal que los proteja. Entonces, ¿cuál es el problema?

Aquí es donde uno, como ciudadano, tiene derecho a hacerse preguntas incómodas. ¿Qué hay detrás de tanta resistencia? ¿Qué muestra esa lista de nombres que la universidad no quiere publicar? ¿Existen redes mafiosas, clientelares y familiares que reparten cátedras como quien reparte favores? ¿Funciona la Comisión de Garantes como un atajo para premiar lealtades y saltarse el mérito? ¿Hay clientelas académicas, sexuales, cuotas, coimas  y acciones burocráticas que viven de que nadie mire? No lo sabemos. Y no lo sabemos precisamente porque la universidad no entrega los datos, los oculta y teme porque se abra la caja de pandora de las posibles redes mafiosas, burocráticas, clientelares, sexuales, amiguismos y contratistas en la UT. En pleno siglo XXI, cuando la ley de transparencia obliga a publicar hasta el último contrato, la opacidad no es un descuido administrativo. Es una decisión y un acto político en función de las mafias.

 

Lo más grave no son las cifras. Es lo que le está pasando a quien las pidió. Tras el acercamiento de CambioIn y su equipo de periodistas, el profesor Capera aceptó contar su situación. Dice sentirse perseguido y hostigado. Teme retaliaciones administrativas cuando termine su contrato, por su condición de catedrático, la más frágil, miserable y paupérrima del escalafón universitario. Teme que no se le vuelvan a asignar las cátedras que ganó por concurso. Denuncia que le han cambiado los horarios de manera indiscriminada. Y teme que contra él se emprendan procesos administrativos y disciplinarios, y una campaña de desprestigio público que pase por encima de sus derechos laborales, de sus garantías procesales y de su dignidad humana.

 

Si esos temores resultan infundados, la universidad tiene una manera muy fácil de demostrarlo: cumplir el fallo, entregar la información y garantizar que ningún funcionario tome represalias contra un docente por ejercer un derecho constitucional. Si resultan fundados, estaríamos ante algo mucho más serio que una tutela.

 

Por eso el profesor ha pedido apoyo a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU-UT, y seguimiento de la Procuraduría Regional del Tolima, de la Defensoría del Pueblo y de las redes de derechos humanos de la región. No pide privilegios. Pide que alguien vigile que se cumpla la ley dentro de una institución que existe para enseñarla.

 

La UT tiene un nuevo rector, el Dr. Jhon Jairo Méndez, y la oportunidad de marcar distancia con las viejas prácticas. Puede seguir gastando abogados en defender lo indefendible o puede abrir sus archivos y dejar que el mérito hable por sí solo y calle la boca de  los demás. La universidad pública no le pertenece a quienes la administran por un periodo, ni a los grupos que se acomodan en sus pasillos. Pertenece a los tolimenses que la financian, a sus estudiantes y a quienes aspiran a enseñar en ella por méritos propios.

Una universidad que oculta información sobre sí misma le está enseñando a sus estudiantes la peor lección posible: que en Colombia el poder se protege con silencio y entre ellos ocultan las triquiñuelas mafiosas. Ojalá un juez mediante la mesa de magistrados de segunda instancia, y los organismos de control, le recuerden a la UT que lo público se rinde en público y no puede ocultar, vulnerar y negarse a respetar los derechos humanos de la ciudadanía y la defensa de lo público por parte de la sociedad civil.

 

Las opiniones expresadas en esta columna se basan en documentos judiciales y oficiales de la Universidad del Tolima y en el testimonio del profesor José Javier Capera Figueroa. CambioIn mantiene abierto su espacio para que la Universidad del Tolima presente su versión institucional.

 

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