Primer problema grave, para la reciente posesionada Contralora de Ibagué

Ante los organismos de control deberá defenderse la recién posesionada contralora de Ibagué Francy Johana Salazar, debido a la petición realizada por un veedor ciudadano, quien la puso contra las cuerdas. No se ha sentado en su puesto cuando ya tiene que comenzar a responder ante las autoridades.

 

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Por: Editor General. cambioin.com

 

Esta es la queja que puso en problemas a la nueva contralora de Ibagué, que además debe también alistar su defensa porque su nombramiento fue denunciado por irregular:

 

Denuncia Pública

 

Presuntas omisiones graves, encubrimiento institucional y tolerancia administrativa en la Contraloría Municipal de Ibagué (2022–2025)

 

Dirigida a:

Fiscalía General de la Nación

Procuraduría General de la Nación

Órganos de control y opinión pública

 

Suscribe:

Veedurías Ciudadanas

 

Entidad involucrada:

 

Contraloría Municipal de Ibagué

 

Personas referidas (a verificación por autoridad competente):

 

Edna Margarita Murcia Mejía

Antonio Fajardo Rico

Boris Andrés Hurtado

Gloria Inés Muñoz (Jefe de Control Interno)

 

I. Objeto de la denuncia

Poner en conocimiento de las autoridades competentes y de la opinión pública hechos presuntamente irregulares que comprometería el deber funcional de denuncia, prevención y control, en particular por omisiones graves y continuadas atribuibles a la Jefatura de Control Interno de la Contraloría Municipal de Ibagué, así como posibles conductas de encubrimiento institucional o tolerancia administrativa, pese a alertas previas elevadas a la actual administración.

 

Se solicita la apertura de investigaciones penales y disciplinarias, la práctica de pruebas y la adopción de medidas preventivas que salvaguarden la transparencia y el interés público.

 

II. Contexto general (fuentes públicas y periodísticas)

Durante las vigencias 2022–2025, diversos medios de comunicación y denuncias públicas han difundido señalamientos que involucran a Edna Margarita Murcia Mejía, Antonio Fajardo Rico y Boris Andrés Hurtado, relacionados con presuntas irregularidades administrativas, disciplinarias y/o penales al interior de la Contraloría Municipal de Ibagué.

 

Estas publicaciones, por su reiteración, gravedad y alcance, constituían alertas suficientes para activar de inmediato los protocolos del Sistema de Control Interno, incluyendo traslado a autoridades competentes y medidas preventivas.

 

III. Hecho central: presunta omisión y complicidad por inacción del Control Interno

De acuerdo con la información disponible públicamente, la Jefe de Control Interno, Gloria Inés Muñoz, fue y continúa siendo responsable del Sistema de Control Interno de la entidad durante los períodos en que se produjeron y difundieron los hechos señalados.

 

No obstante:

No se evidencia públicamente la formulación de denuncias, traslados, informes preventivos o correctivos oportunos por parte de dicha dependencia.

Tampoco se advierten acciones eficaces para mitigar riesgos, separar funciones, advertir a la alta dirección o activar controles reforzados.

 

Esta inacción, de comprobarse, podría configurar una omisión grave del deber funcional, encubrimiento institucional o tolerancia consciente, frente a conductas atribuidas públicamente a los denominados Fajardo–Murcia, señalados en medios como presuntos articuladores de prácticas irregulares y presunta extorsión institucional en la Contraloría Municipal de Ibagué durante 2022–2025.

 

IV. Alerta previa a la actual Contralora Municipal

 

Las Veedurías Ciudadanas dejan constancia expresa de que antes de la presente denuncia, se puso en conocimiento de la actual Contralora Municipal, Francy Johanna Salazar, la existencia de estas denuncias, publicaciones periodísticas y riesgos institucionales, así como la posible responsabilidad por omisión atribuible a la Jefatura de Control Interno.

 

Pese a dicha alerta temprana, Gloria Inés Muñoz: Continúa ostentando el cargo de Jefe de Control Interno en la actual administración.

 

No se conocen públicamente medidas de separación temporal, evaluación independiente, ni acciones correctivas estructurales, lo cual agrava el riesgo institucional y compromete la credibilidad del control fiscal.

 

V. Fundamento normativo (enunciativo)

 

Sin prejuzgar, los hechos descritos podrían comprometer:

El deber legal de denunciar de los servidores públicos.

Las responsabilidades del Sistema de Control Interno (prevención, advertencia, reporte y traslado).

 

Posibles faltas disciplinarias gravísimas por omisión.

Eventuales conductas penales por omisión impropia, encubrimiento u otras, cuya tipificación corresponde exclusivamente a la Fiscalía.

 

VI. Solicitudes

 

A la Fiscalía General de la Nación

 

Apertura de indagación preliminar para establecer si las omisiones denunciadas constituyen conductas penalmente relevantes.

 

Identificación de responsables, grado de conocimiento, nexo de causalidad y posibles beneficiarios.

 

A la Procuraduría General de la Nación Apertura de investigación disciplinaria por presunta omisión del deber funcional, encubrimiento y tolerancia administrativa.

 

Evaluar la continuidad en el cargo de la Jefatura de Control Interno mientras se adelantan las investigaciones.

 

Órganos de control

 

Requerir y practicar pruebas, entre ellas:

Informes, actas, alertas, memorandos y traslados de Control Interno (o su ausencia).

Soportes de la alerta elevada a la actual Contralora y decisiones adoptadas.

 

Auditorías internas, matrices de riesgo y planes de mejora.

Medidas preventivas

Adoptar acciones urgentes que garanticen independencia, objetividad y no repetición.

 

VII. Manifestación final

 

Esta denuncia se formula en interés general, sin individualizar al denunciante, en ejercicio del control social y la veeduría ciudadana, solicitando a las autoridades verificación exhaustiva, imparcial y transparente, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

 

Veedurías Ciudadanas

Ibagué – Colombia

 

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