Rector saliente, y entrante de la UT, están agarrados con los docentes

El cartel de la mafia politiquera: La tormenta que sacude a la Universidad del Tolima. En política y en el poder hay una regla que nunca falla: cuando la crítica incómoda, algunos prefieren perseguir al mensajero antes que responder el mensaje.

Ese es precisamente el debate que hoy estalla en la Universidad del Tolima.

La Junta Directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU – Seccional Tolima) hizo pública una denuncia en la que afirma ser víctima de una persecución sindical impulsada desde la administración del rector Omar Mejía Patiño. Según el comunicado enviado a diferentes medios de comunicación, varios de sus directivos enfrentan procesos disciplinarios e incluso penales, los cuales el sindicato interpreta como una respuesta a sus posiciones críticas frente a asuntos como los concursos docentes, el proceso de elección de rector, la contratación universitaria y otras actuaciones administrativas.

Si estas denuncias resultan ciertas, el problema deja de ser sindical para convertirse en un asunto de democracia universitaria.

Porque una universidad no se fortalece castigando las voces incómodas. Se fortalece respondiendo con transparencia.

ASPU informó además que presentó las respectivas quejas ante el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación y la Procuraduría General de la Nación, entidades que serán las encargadas de establecer si existieron o no vulneraciones a la libertad sindical.

La coyuntura no podría ser más delicada. Mientras la Universidad del Tolima se prepara para gobernar un nuevo rector para el período 2026–2030, el ambiente institucional aparece marcado por profundas divisiones, desconfianza y denuncias que exigen respuestas claras.

La pregunta de fondo no es quién tiene la razón.

La verdadera pregunta es si una institución pública puede permitir que las diferencias políticas y académicas se terminan resolviéndose mediante procesos disciplinarios o judiciales, en lugar del debate abierto y el respeto por la pluralidad.

En un Estado de Derecho, las investigaciones deben adelantarse con todas las garantías y sin presiones de ningún tipo. Del mismo modo, toda persona señalada tiene derecho a la presunción de inocencia, mientras que quienes denuncian tienen derecho a que sus reclamos sean investigados de manera imparcial.

Hoy la Universidad del Tolima enfrenta una prueba institucional. No basta con negar las acusaciones ni con amplificarlas. Corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos y ofrecer garantías tanto para la libertad sindical como para el debido proceso.

Porque cuando una universidad cambia el debate por la confrontación, todos pierden. Y cuando las instituciones dejan espacio para la duda, la confianza se convierte en la primera víctima.

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