Rectora de colegio en Ibagué, quiso silenciar la prensa, con presión judicial, pero No pudo

Rectora de la Institución Educativa Ciudad Ibagué vs medios de comunicación: cuando la crítica incómoda y la prensa estorba.

 

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Por: Editor Local. cambioin.com

 

En Ibagué los conflictos no se enfrentan, se dejan crecer. Se cuelan por los pasillos, se comentan en voz baja, se convierten en tema obligado en cada esquina hasta que ya nadie puede ignorarlos. Todo empieza igual: denuncias ciudadanas, voces que advierten, hechos que incomodan y que alguien decide poner sobre la mesa. Luego viene lo previsible: el salto a los medios, la incomodidad del poder, la judicialización del debate, y al final, cuando el asunto llega a los tribunales, la ciudad se queda con la sensación de que lo esencial nunca se dijo del todo porque la historia debe contarse hasta el final de los tiempos. Lo que ocurre hoy en la Institución Educativa Ciudad Ibagué, no es un caso aislado, es otro episodio de esa vieja costumbre local de los intocables rectores que consideran los colegios como fincas que ellos mandan, hacen y deshacen a su simple justo pero las cosas no son así, la historia muestra la otra cara y no se puede tapar el ruido cuando todavía existe tela para cortar sobre los posibles actos de corrupción que atraviesa la educación en nuestra ciudad.

La rectora, Jhobana Arias Cubillos, optó por llevar la controversia al terreno judicial tras considerar que un medio de comunicación afectaba su buen nombre. Una decisión que, para algunos sectores, revive un viejo debate: el uso de mecanismos legales frente a la prensa crítica y el delicado equilibrio entre la defensa de la reputación y la libertad de expresión.

 

Lo cierto es que el expediente avanzó, escaló en instancias y dejó una escena poco habitual: el Tribunal concluyó que el medio nunca mintió, los medios gozan de libertad y se debe garantizar en un Estado social de derecho y en una sociedad colombiana que transita hacia la democracia y la paz se debe garantizar las diversas libertades de los ciudadanos, pero señaló y precisó de forma enfática, que no existían elementos suficientes para adoptar una decisión de fondo en ese momento, que el medio nunca vulnero su imagen, buen nombre, dignidad ni laceró su condición de mujer, por el contrario, dejó el caso en un terreno abierto en donde la sociedad civil se pregunta cuántas puertas siguen abiertas sin las respuestas como son, por ahora, la secretaría de educación demuestra su incapacidad administrativa de ponerle un tatequieto a ciertos actos de vulgaridad, patanería y violencia de los rectores contra las comunidades educativas 

Ese “no hay cómo”,  pesa más que cualquier adjetivo. Porque en la práctica deja el conflicto suspendido en una zona gris: sin absoluciones ruidosas ni condenas ejemplares. Un limbo donde la discusión no se resuelve, apenas se aplaza. Y en ese escenario, lo que queda en evidencia no es una verdad judicial, sino una estrategia: trasladar el debate al terreno jurídico, intentar contener la incomodidad pública y poner a prueba los límites de la crítica. Sin embargo, el resultado terminó siendo otro: lejos de acallar la controversia, la amplificó. Porque en una sociedad democrática, pretender cerrar la discusión mediante presión institucional o judicial sobre los medios alternativos no elimina el problema; lo expone aún más y demuestra la aptitud política de la rectora promover la censura contra los medios de comunicación en el Tolima.

 

Mientras tanto, el medio hizo lo mínimo que la ley exige y lo máximo que el juez podía ordenar: respondió de fondo la solicitud de rectificación. Explicó por qué no rectificó y lo hizo dentro del término. El juzgado lo dejó claro después: no hubo desacato, no hubo incumplimiento. Punto procesal, es decir carpeta cerrada. Le envió un saludo a la bandera a la hipocresía de quienes gobiernan desde un escritorio y vulneran, maltratan, humillan y atentan contra los derechos de los demás y la dignidad de las personas.

Pero la ciudad no funciona como un juzgado. La ciudad no archiva, no olvida, no firma autos. La ciudad es otra cosa: es un coro que crece, que repite, que comenta. Aquí la gente no se aguanta y, sobre todo, no es boba. Los pueblos hablan, preguntan, se incomodan y se mueven cuando sienten que algo no cuadra. Es una suma de voces, de murmullos, de percepciones que no caben en un expediente. Y ahí, en ese terreno, las historias no se cierran tan fácilmente.

 

Hoy la rectora no quedó solo en un fallo, quedó instalada en la opinión pública. Y la pregunta que flota es inevitable: ¿qué se ganaba intentando llevar la discusión al terreno de la censura? ¿Valía la pena judicializar lo que ya era conversación de ciudad? Porque a veces, cuando se intenta silenciar, lo único que se logra es amplificar. Y entonces la incomodidad —esa piedra en el zapato— deja de ser anónima, toma forma, adquiere nombre y se vuelve imposible de ignorar.

 

Porque cuando un caso de este calibre termina sin una conclusión de fondo, lo que queda no es la calma, es la sospecha. No la jurídica —esta se resuelve con pruebas, con datos objetivos, verificables y contundentes—, sino la social: la que se teje en los pasillos, en la sala de profesores, en la tienda de la esquina. Esa que no necesita expedientes para existir. Y es precisamente esa historia la que no absuelve ni archiva, la que se queda en la memoria colectiva. Porque la dignidad, en las sociedades que no renuncian a la justicia, no es un discurso: es una costumbre que resiste, que cuestiona y que, tarde o temprano, termina pasando cuenta.

Se habla de tensiones internas, de ambientes enrarecidos, de una institución que no logra sacudirse el ruido. Y por más que se intente maquillar la situación, suavizar el discurso o proyectar normalidad, la inconformidad sigue latiendo al interior de la comunidad educativa. Hay una sensación persistente de desgaste, de cansancio colectivo, de voces que reclaman cambios y una conducción distinta.

 

Nadie firma, nadie da la cara abiertamente, pero el comentario regresa, una y otra vez, como eco inevitable: algo no está funcionando del todo. Y cuando ese eco se repite con tanta insistencia, deja de ser un simple rumor para convertirse en un síntoma. No en un hecho probado, pero sí en una señal que, en cualquier institución dicen “cambiemos la rectora no da pie con bola”, debería ser motivo suficiente para detenerse, escuchar y actuar señores secretaría de educación de Ibagué.

En medio de eso, la Secretaría de Educación aparece con un silencio cómplice, estúpido y lleno de posible impunidad, pues la mejor forma es no aparecer, no tomar cartas en el asunto y no concretar lo que exige la comunidad que cambie de rectoría. Porque si hay algo que este episodio desnuda, es la ausencia de una voz institucional que ordene la conversación. No un fallo, no un trámite: una explicación. Una conducción. Algo que diga “esto es lo que está pasando”. La gente se pregunta hasta cuándo Dr. Diego Fernando Guzman, le quedó grande ese colegio, le quedó grande ponerle orden a la casa en una simple institución educativa.

La ciudad de Ibagué tiene memoria para estas cosas. Sabe que cuando el conflicto se vuelve expediente, y el expediente se vuelve silencio, el problema no desaparece: cambia de escenario. Se mueve del papel a la calle, del auto judicial al comentario colectivo.

Y ahí es donde los medios alternativos, esos que incomodan terminan ocupando un lugar que otros dejaron vacío. No porque tengan la última palabra, sino porque se atreven a hacer la primera pregunta.

Al final, lo que queda es una escena incómoda: una rectora que judicializa, un medio que resiste sin rectificar, unos jueces que no cierran el fondo y una institucionalidad que observa desde la barrera. Y una ciudad que, entre líneas, sigue preguntando lo mismo: si nadie ha dicho la última palabra, ¿quién está contando realmente la historia de los denunciantes? o ¿ la rectora que quiso posiblemente censurar un medio de comunicación en la ciudad?

 

Esta redacción, a la fecha de esta nota, ha recibido múltiples versiones, testimonios y reportes provenientes de distintos sectores de la comunidad educativa,  que dan cuenta de un malestar persistente frente al manejo institucional en la Institución Educativa Ciudad de Ibagué. No son hechos judicialmente probados, pero sí señales reiteradas que apuntan a inconformidades en el ambiente laboral, en la gestión administrativa y en la relación con docentes y estudiantes. Cuando tantas voces coinciden en expresar lo mismo, lo mínimo que corresponde es que las autoridades escuchen.

 

Por eso la pregunta es directa, señor Secretario de Educación: ¿hay voluntad real para intervenir, revisar y dar respuestas a lo que está ocurriendo en algunas instituciones educativas del municipio? Porque la escuela no puede convertirse en un espacio de tensiones permanentes ni en un escenario donde la autoridad se ejerza sin control. La educación pública no es propiedad de nadie, ni de rectores autoritarios, mediocres y pusilánimes, es un bien colectivo que exige liderazgo, transparencia y, sobre todo, respeto por los estudiantes que la sostienen día a día.

 

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