SecreEducación dejó sin profesores zona rural de Ibagué, por hacer política

Autoritarismo y politiquería en la Secretaría de Educación de Ibagué: decisiones arbitrarias y uso electoral de las plazas docentes. La educación rural de Ibagué vuelve a ser víctima de decisiones impositivas, poco transparentes y profundamente desconectadas de las realidades territoriales.

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Por: Editor Local. cambioin.com

El reciente traslado de la docente Jacqueline Andrea Méndez Gómez desde la Institución Educativa José Joaquín Forero, sede El Tambo, ha destapado un nuevo episodio que evidencia la incapacidad administrativa y el talante autoritario del actual secretario de Educación municipal.

Copia 1: Queja de la comunidad de la zona rural de Ibagué, contra el secretario de Educación de Ibagué. cambioin.com

Padres de familia y estudiantes de esta vereda rural han manifestado su rechazo frontal a una decisión que, según la comunidad, no solo desconoce los acuerdos del proceso ordinario de traslados, sino que vulnera la estabilidad educativa de niños y jóvenes que históricamente han sido relegados por la administración central. De acuerdo con la Circular No. 673 del 18 de diciembre de 2025, la plaza ocupada por la docente no figuraba como vacante, lo que levanta serios cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del procedimiento.

Lejos de ofrecer explicaciones claras, la Secretaría de Educación ha optado por el silencio y la imposición, reforzando la percepción de que las decisiones se toman desde el escritorio, sin diálogo con las comunidades rurales y sin respeto por los procesos reglamentados. Esta forma de actuar no solo es ineficiente, sino profundamente autoritaria.

Aún más grave resultan los rumores persistentes que circulan en el sector educativo: versiones que señalan que algunas plazas provisionales y transitorias estarían siendo asignadas con fines políticos-electorales, utilizando la educación como moneda de cambio. Aunque estas denuncias deben ser investigadas por los organismos competentes, el contexto de decisiones irregulares y poco claras alimenta la desconfianza y pone en entredicho la credibilidad de la Secretaría.

La docente Jacqueline Andrea Méndez Gómez es reconocida por la comunidad por su compromiso pedagógico, su cercanía con las familias y los resultados positivos de su gestión, evidenciados incluso en el aumento de la matrícula. Retirarla de la sede rural no solo afecta a una profesional, sino que golpea directamente el derecho a una educación digna y continua para los estudiantes del sector.

Foto 1: Una de las docentes afectadas por los traslados inconsultos zona rural de Ibagué. cambioin.com

Hoy, los padres de familia no piden favores: exigen garantías. Garantías para la educación rural, para los docentes de carrera, para los procesos transparentes y para que Ibagué deje de tratar a sus provincias como territorios de segunda categoría.

El secretario de Educación tiene la obligación moral y legal de dar explicaciones claras, detener decisiones arbitrarias y garantizar que la educación no sea instrumentalizada con intereses políticos. La comunidad ya habló, ya radicó comunicaciones formales y ahora espera respuestas. Persistir en el autoritarismo sólo profundizará el malestar y confirmará lo que muchos ya sospechan: que la educación en Ibagué se está administrando sin rumbo, sin diálogo y sin ética.

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