Súper, no artificial

Por: Johan Sebastián Gutiérrez Mosquera. Columnista invitado cambioin.com

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Firmada el martes 29 de septiembre de 2026 como un brochazo administrativo en plena carrera por el dominio de la infraestructura cognitiva mundial, la orden ejecutiva con la que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, rebautizó la inteligencia artificial como superinteligencia afirma que las capacidades actuales inauguran «una nueva era de superinteligencia», y la hoja informativa que la acompañó proclama a su país «el líder mundial en superinteligencia», sin que cambie la definición legal de 2020, la de un sistema que opera para objetivos definidos por humanos; ese mismo día, Trump suscribió con 6 grandes compañías tecnológicas un acuerdo de autorregulación cuyo cuerpo habla solo de «modelos de frontera» y reserva el nombre nuevo para el título.

Proyectada hacia afuera, la proclamación sirve a la comercialización y choca con el registro chino de lo convenido: Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica, ofreció el 23 de septiembre ante el Consejo de Seguridad una «capacidad soberana de superinteligencia» a los aliados, y la Casa Blanca afirmó el 25 que Trump y Xi Jinping, presidente de la República Popular China, acordaron usar el término superinteligencia, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores chino registró el 26 un diálogo sobre inteligencia artificial, y Xi había reclamado el 24 mantener el control humano sobre esa tecnología.

Anunciado el martes 22 de septiembre ante la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, el rebautizo nació con pretensión universal: Trump dijo que los documentos de su país, «y ojalá los del mundo», dirían «súper» en lugar de «artificial», y añadió «veamos si tengo algún poder»; del concepto que Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford, formuló en Superinteligencia (2014) alrededor del problema del control, Washington retuvo la ventaja estratégica decisiva y abandonó su advertencia.

Detrás del nombre opera una gramática filosófica que Nick Land, filósofo británico, expuso en 2012 en La Ilustración oscura: a partir de la tesis de Peter Thiel, cofundador de Palantir Technologies, publicada el 13 de abril de 2009, sobre la incompatibilidad entre libertad y democracia, Land propuso una «salida sin voz», que reemplaza al ciudadano que delibera por el consumidor que solo puede irse; Curtis Yarvin, ideólogo de la neorreacción, había dado en 2008 forma institucional a esa idea con el neocameralismo, para el cual «un Estado es un negocio que es dueño de un país», gobernado por una junta directiva y habitado por clientes.

Organizada sobre esa gramática, la tecnoseñoría, fracción del capital que posee las capas donde se produce y administra el conocimiento algorítmico y que acumula convirtiendo bienes comunes en capacidad privada, encontró sus voceros: Marc Andreessen, cofundador de Andreessen Horowitz, contó a Land entre los «santos patronos» de su manifiesto del 16 de octubre de 2023, y Alex Karp, director ejecutivo de Palantir Technologies, dijo en febrero de 2025 ante inversionistas que lo que es bueno para Estados Unidos será «muy bueno para Palantir».

Acompañaron a Trump en la firma Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet; Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla; Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic PBC; Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta Platforms; Greg Brockman, presidente de OpenAI, y Jensen Huang, presidente de NVIDIA, en la junta de gobierno de una tecno-República, formación en la que el poder público conserva su forma constitucional y cede la capacidad operativa de su soberanía a una infraestructura privada que funciona como seguridad y como arma; Washington aportó el presupuesto y el acceso a sus contratos, y las compañías, la propiedad de chips, modelos e interfaces.

Titulado «Acuerdo de la Casa Blanca sobre Superinteligencia», el texto reproduce el diseño de Yarvin: declara a cada compañía responsable ante «los clientes y el público», cierra la cadena de control en un comité de su propia junta directiva, confía los estándares a reuniones periódicas entre los firmantes y aplaza la ley a un futuro en el que «podría tener sentido» legislar; Trump lo calificó de «moralmente vinculante».

Reservada al gobierno quedó la llave del mercado de la seguridad nacional: el viernes 25 de septiembre, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó la exclusión de Anthropic como proveedor del Departamento de Guerra, que el tribunal fundó en la negativa a aceptar una cláusula contractual y la jueza federal Rita Lin había leído en agosto como escarmiento por criticar al gobierno, y 4 días después Amodei estampó su firma.

Colombia ocupa en esa formación la posición del arrendatario, porque no posee lo que alquila: Mauricio Gaona, embajador ante las Naciones Unidas, advirtió el 23 de septiembre sobre la pérdida de control de los sistemas y sobre la brecha que se abre cuando al Sur global se le invita a comprar y adaptar tecnologías ajenas, y ofreció el país a la inversión en centros de datos y declaró que Colombia «entiende la posición de Estados Unidos y comparte su enfoque práctico», conducta que reproduce el lugar que Land asignó en 1988 al Tercer Mundo: proximidad económica y distancia política.

Recuperar la voz sobre esa infraestructura exige soberanía cognitiva, facultad de una sociedad para decidir sobre los medios con que conoce y gobierna, y su primer instrumento es la compra pública, capaz de imponer en cada contrato la propiedad estatal de los datos y cláusulas de salida auditables, condiciones que ningún país latinoamericano puede imponer en solitario frente a compañías cuya escala financiera supera la de su economía.

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