Tutela de la esposa del alcalde del Espinal, contra periodista, causa polémica

Alcaldía de El Espinal, persigue a periodistas. El derecho a la Libertad de expresión está en riesgo para quienes hacen oposición desde la información

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Por: Editor General. cambioin.com

La esposa del alcalde del Espinal , María Fernanda Casas, presentó una denuncia penal contra el periodista Diego Alberto Villanueva Polo, por una publicación realizada el pasado 3 de junio de 2026, relacionada con el debate generado por el precio de los tamales a $20.000 durante la temporada del San Pedro. Un tema que generó amplia discusión en El Espinal y que, según la información recibida, tuvo origen dentro de la misma administración municipal.

La acción judicial promovida por la gestora social, en concepto del denunciado supera los límites de la razonabilidad jurídica, pues no se encontró elementos que permitan configurar el delito de calumnia frente a lo publicado. Por el contrario, se abre un debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la crítica ciudadana y la protección del buen nombre.

Es importante recordar que María Fernanda Casas decidió asumir un rol público al acompañar la trayectoria política de quien hoy ocupa la Alcaldía de El Espinal. Esa exposición implica estar dentro del escenario de interés ciudadano, donde las actuaciones, decisiones y situaciones relacionadas con la administración pública pueden ser objeto de información, análisis y opinión.

Ser una figura cercana al poder municipal no significa perder derechos, pero tampoco implica estar al margen del escrutinio público. En una democracia, quienes ejercen funciones o tienen participación visible en la vida política deben comprender que la crítica y el debate hacen parte del ejercicio ciudadano.

Por supuesto, está en su derecho acudir ante las autoridades y será la justicia la encargada de determinar lo correspondiente. De igual manera, yo ejerceré mi derecho a defender la libertad de informar y expresar opiniones, garantías protegidas por la Constitución y ampliamente desarrolladas por la Corte Constitucional.

Llama la atención la rapidez del trámite. La denuncia fue presentada el viernes 28 de agosto y para el 1 de septiembre ya estaba programada una audiencia de conciliación con citación formal. Ojalá esa misma diligencia existiera en todos los casos donde los ciudadanos acuden a poner en conocimiento sus situaciones ante las autoridades.

Al final, como dice el viejo dicho, al mal paso hay que darle prisa.

Nos vemos. Y si pasa por Fusa, acuérdese de los dulces.

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