Fiscalía judicializa exalcalde de Ibagué, por dinero Hurtado, en el puente de la 60

La Fiscalía General de la Nación llevó ante un juez de la república al exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera, por posibles actos de corrupción cometidos dentro del polémico puente de la calle 60 con carrera Quinta de la capital del Tolima, que nunca se hizo, pero según este proceso se ordenó el pago de más de mil millones de pesos a un contratista sin soportes legales qué se pudiera justificar ese desembolso. También aparecen otras 7 personas más implicadas.

 

Encuentre contenido exclusivo en WhatsApp Channel, siganos ya:
https://whatsapp.com/channel/0029Va9kwaD1CYoZxxokC42iñ

 

Por: Editor General, y Oficina de Prensa de la Fiscalía General de la Nación. cambioin.com

 

Esto dijo la Fiscalía General de la Nación, sobre el proceso contra el exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera

 

Por presuntas irregularidades en la interventoría de obra del Puente de la 60 en Ibagué fueron judicializados exalcalde y siete personas.

 

El consorcio interventor habría recibido más de 1.000 millones de pesos cuando la construcción registraba un avance inferior al 6%.

 

La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de Ibagué Tolima Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas por las presuntas irregularidades detectadas en la selección del contratista y en la ejecución del contrato de interventoría del puente de la calle 60.

 

También fueron procesados la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las ex asesoras de la Alcaldía Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, y el contratista Francisco José Restrepo Albarello.

 

El contrato, que superó en valor los 2.997 millones de pesos y fijó un plazo de ocho meses, tenía como objeto realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción de un puente elevado y sus interconexiones.

 

De acuerdo con la investigación, el comité evaluador jurídico del que hacían parte Arenas Plata y Rojas Millán, habría tramitado y aprobado la propuesta del consorcio representado por Restrepo Albarello, pese a que estaría inhabilitado para contratar con el Estado.

 

Asimismo, se conoció que los pagos al consorcio interventor debían efectuarse de acuerdo con el porcentaje de ejecución del contrato de obra. Sin embargo, las labores de policía judicial evidenciaron que se le reconocieron al interventor desembolsos superiores a los 1.000 millones de pesos cuando el avance de la construcción era inferior al 6%.

 

Hurtado Barrera, en su condición de alcalde, presuntamente omitió ejercer los controles necesarios sobre el proceso de selección y la ejecución contractual. Por su parte, Guzmán González habría participado en la adjudicación y respaldado actuaciones que permitieron efectuar pagos contrarios a lo pactado.

 

Restrepo Albarello, como representante legal del consorcio, al parecer, promovió cobros que no correspondían a las condiciones del contrato ni al desarrollo de la obra.

 

De otra parte, Herrán Triana, Peralta Delgado y Zambrano Rodríguez presuntamente supervisaron, tramitaron o avalaron los desembolsos sin adoptar las medidas que les correspondían para impedirlos.

 

Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

 

Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

 

Estás Leyendo cambioin.com