Procuraduría enreda al alcalde de Ibagué, por contrato de alumbrado público

Por presuntas irregularidades en contrataciones del alumbrado público, Procuraduría abrió indagación contra funcionarios por determinar adscritos a la Alcaldía de Ibagué e Infibagué.

Vía: Oficina de prensa de la procuraduría general de la nación

​Se busca establecer si ha habido deficiencias en la prestación del servicio, retrasos e incumplimientos en los contratos celebradas por la actual y la anterior administración municipal.

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra servidores públicos en averiguación del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué (Infibagué) y la Alcaldía Municipal de Ibagué, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de alumbrado público en la ciudad.

El ente de control busca establecer si ha habido deficiencias en la prestación del servicio de alumbrado, si se han generado retrasos en desarrollo del contrato 159 de 2022 celebrado por Infibagué para modernizar las luminarias en la ciudad, y si en la ejecución del bilateral suscrito por la anterior administración con similar objeto, se han incumplido las condiciones de calidad pactadas para garantizar el buen funcionamiento de las luces instaladas.

De acuerdo con la publicación de un diario local “si bien el contrato Nro. 159 de 2022 al parecer estaría dirigido a modernizar el 100 % del alumbrado público en la ciudad, en la anterior administración municipal, concretamente durante la vigencia 2019, ya se habrían cambiado las luminarias de sodio a tecnología LED en algunos sectores”.

En el artículo periodístico también se denunció que “las luminarias instaladas por la Alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo y la empresa CELSIA S.A.S. entre 2018 y 2019, por valor de casi seis mil millones de pesos, habrían dejado de funcionar apenas un año después, por lo que debió exigirse la garantía de diez años, pero una vez revisadas y hecha la reposición estás volvieron a fallar”.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas con el fin de identificar e individualizar los servidores públicos presuntamente comprometidos, establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares, las circunstancias en las que se cometieron y determinar si constituyen faltas disciplinarias, así como el posible perjuicio causado. 

Finalmente, el Ministerio Público indicó que remitió copias a la Contraloría Municipal de Ibagué para lo de su competencia.

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