Con publireportajes, rector de la UT, pretende desviar atención a los escándalos

De mesero a rector: ¿Quién está sirviendo y comiéndose la cena en la hacienda de la Universidad del Tolima?

 

La historia de superación de Jonh Jairo Méndez merece respeto. Pero detrás del relato inspirador que hoy circula en los grandes medios aparecen preguntas incómodas sobre presuntos acuerdos políticos con Renzo García, cuotas burocráticas, convenios ambientales, publicidad institucional y una rectoría que, según fuentes internas, atraviesa tensiones con su propio equipo y con sectores del poder departamental.

 

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Por: Denuncia e investigación. cambioin.com

 

A los 16 años, Jonh Jairo Méndez Arteaga servía mesas los fines de semana en el club San Simón de Ibagué. Una historia de esfuerzo que merece reconocimiento. Ser mesero no deshonra a nadie; trabajar para salir adelante es motivo de orgullo. El problema no está en haber servido platos, sino en lo que hoy se pregunta una parte de la comunidad universitaria: ¿el antiguo mesero terminó sirviéndose la cena desde la cabecera de la mesa, como si la Universidad del Tolima fuera un restaurante de su propiedad?

 

La comparación es una metáfora política, no un cuestionamiento a la dignidad de ningún oficio. Porque la Universidad del Tolima no es un restaurante privado. No tiene dueño. No es patrimonio del rector, de un congresista, de un partido ni de una coalición electoral. Es una institución pública financiada por la sociedad y construida con el esfuerzo de generaciones de estudiantes, profesores, trabajadores y ciudadanos.

 

El 29 de octubre de 2026, la revista Semana publicó el perfil «De mesero a rector: Jonh Jairo Méndez y su apuesta por transformar la educación desde el Tolima». El artículo destaca su trayectoria académica, su formación doctoral, sus investigaciones y sus planes de inteligencia artificial y transformación digital. Sin embargo, al final aparece una precisión que no debería pasar inadvertida: contenido elaborado con el apoyo de la Universidad del Tolima.

 

Y ahí comienza otra historia. Una que no cabe en una entrevista de elogios.

 

Una hoja de vida no es un certificado de buena gestión

 

La trayectoria académica del rector puede ser meritoria. Sus investigaciones, publicaciones y experiencia universitaria merecen reconocimiento. Pero una hoja de vida no es un salvoconducto para evitar preguntas sobre el ejercicio del poder.

 

Una cosa es el Jonh Jairo que cuenta su historia de vida y otra el rector que administra una institución pública. Al primero se le puede reconocer el esfuerzo; al segundo hay que exigirle resultados, transparencia, pluralismo y rendición de cuentas.

 

Mientras se construye una imagen de transformación, esperanza e inteligencia artificial, persisten preguntas sobre la relación de la rectoría con sectores políticos, el trato a los trabajadores y la interlocución con quienes no respaldan su administración.

 

La universidad necesita menos escenografía y más respuestas.

 

Renzo García y la presunta factura política de la rectoría

 

Dos fuentes internas, con conocimiento de la dinámica administrativa de la institución, entregaron testimonios sobre posibles acuerdos políticos y tensiones dentro de la Universidad del Tolima. Sus identidades se mantienen bajo reserva editorial.

 

El primer testimonio señala que Jonh Jairo Méndez habría llegado a un acuerdo político con el representante a la Cámara Renzo García para facilitar cuotas y nombramientos dentro de la Universidad del Tolima.

 

La fuente relaciona ese supuesto entendimiento con el respaldo a la Cátedra Ambiental y a convenios de carácter ambiental. Según su versión, estos espacios y proyectos formarían parte de una dinámica de acuerdos políticos alrededor de la institución.

 

La afirmación es grave. Y precisamente por eso no puede despacharse con una sonrisa institucional ni con otra entrevista en un medio nacional.

 

Si los nombramientos responden al mérito, que se publiquen los criterios. Si los convenios ambientales obedecen al interés público, que se conozcan sus estudios, responsables, valores, beneficiarios y resultados. Si no existen compromisos políticos, que se exhiban los documentos que permitan despejar las dudas.

 

La Cátedra Ambiental puede ser una iniciativa académica valiosa. Los convenios ambientales pueden representar oportunidades para el territorio. Pero ninguna iniciativa universitaria debería convertirse en moneda de intercambio político.

 

La pregunta que queda sobre la mesa es incómoda: ¿se está administrando la Universidad del Tolima con criterios académicos y técnicos o se está construyendo una estructura de cuotas y favores alrededor de la rectoría?

 

No se trata de condenar a nadie por una versión. Se trata de exigir que una denuncia de esta naturaleza sea aclarada con documentos y respuestas.

 

Un rector molesto, un equipo bajo presión y una Gobernación en el relato

 

El segundo testimonio describe un ambiente de tensión dentro de la administración universitaria.

 

Según esta fuente, el rector estaría profundamente molesto con integrantes de su propio equipo y sentiría presión proveniente de la Gobernación del Tolima. La misma fuente afirma que la administración estaría destinando recursos a publicidad en diferentes medios de comunicación con el propósito de mejorar la imagen pública de Méndez.

 

La versión abre un interrogante político: ¿qué está ocurriendo detrás de las puertas de la rectoría?

 

¿Hay diferencias entre el rector y su equipo? ¿Qué tipo de presión estaría ejerciendo, según la fuente, el entorno de la Gobernación? ¿Se están utilizando recursos institucionales para comunicar resultados de gestión o para posicionar personalmente al rector?

 

No basta con contratar espacios y multiplicar titulares. La comunicación institucional debe servir a la universidad, no convertirse en una operación de maquillaje político.

 

Y si el rector considera que su gestión está siendo objeto de ataques, tiene una salida mucho más sencilla que la propaganda: abrir las puertas, sentarse con sus contradictores y responder las preguntas.

 

Publicidad para mejorar la imagen, pero ¿quién paga la cuenta?

 

El reportaje de Semana reconoce expresamente el apoyo de la Universidad del Tolima. Ese reconocimiento no demuestra por sí mismo una irregularidad ni permite afirmar cuánto dinero se pagó. Pero sí hace pertinente preguntar por los contratos, órdenes de servicio, criterios de selección de medios, valores y productos contratados.

 

En una institución que reconoce problemas de financiación, cada peso destinado a publicidad debe tener una justificación pública.

 

¿Quién autorizó esos gastos? ¿Qué medios han recibido recursos? ¿Cuánto se ha invertido? ¿Qué resultados se esperan? ¿Se están divulgando proyectos institucionales o se está construyendo una imagen personal?

 

Hay una diferencia enorme entre informar sobre una universidad y promocionar a quien ocupa temporalmente su rectoría.

 

La publicidad puede comprar espacios. No compra legitimidad. Mucho menos puede reemplazar la confianza de una comunidad que exige respuestas.

 

¿Por qué le teme al debate?

 

Una universidad pública no puede convertirse en un club privado donde solo se escucha a los amigos de la administración.

 

Sectores críticos han cuestionado la disposición de la rectoría para dialogar con voces de oposición. Si la administración se niega a escuchar a quienes la cuestionan, debe explicar por qué. Si considera que sus contradictores están equivocados, que los enfrente con argumentos y documentos.

 

El rector no tiene que compartir las ideas de sus opositores. Tiene que reconocerles el derecho a expresarlas.

 

La autonomía universitaria no es autonomía para gobernar sin controles ciudadanos. Tampoco es una licencia para escoger quién merece ser escuchado y quién debe permanecer en silencio.

 

Una universidad que habla de diversidad, inclusión y pensamiento crítico no puede practicar el pluralismo únicamente cuando las opiniones le resultan cómodas.

 

Los trabajadores no son fichas de una partida política

 

Hay otro asunto que no puede quedar escondido detrás de las fotografías institucionales: la situación de los trabajadores.

 

La necesidad económica de un empleado jamás debería convertirse en herramienta de presión. Los pagos oportunos, las condiciones dignas y la estabilidad laboral no pueden depender de simpatías políticas ni de la disposición a respaldar a una administración.

 

Han circulado denuncias sobre retrasos en pagos y preocupaciones por el trato a trabajadores. También existen señalamientos sobre posibles intimidaciones. Cada caso debe examinarse con nombres, fechas y soportes, pero ninguna administración puede pretender que el miedo sea una política de gestión.

 

Si hay amenazas, deben investigarse. Si hay trabajadores que temen hablar, deben existir garantías para que puedan hacerlo sin represalias.

 

Un rector que habla de esperanza para los estudiantes debería comprender que los trabajadores también tienen familias, obligaciones y derechos. No son piezas descartables de una estructura administrativa.

 

Inteligencia artificial para el futuro, ¿e inteligencia política para el presente?

 

Méndez habla de inteligencia artificial, transformación digital, internacionalización y nuevas sedes. Son objetivos importantes para una universidad que necesita avanzar y responder a los desafíos del país.

 

Pero hay una contradicción que merece discusión: ¿de qué sirve hablar de inteligencia artificial si la administración no consigue construir una cultura de diálogo y confianza con su propia comunidad?

 

La tecnología puede automatizar procesos, apoyar investigaciones y transformar la enseñanza. No puede reemplazar la ética pública, la responsabilidad administrativa ni la capacidad de escuchar.

 

El reto del rector no consiste solamente en llevar inteligencia artificial a las aulas. También consiste en demostrar inteligencia política para entender que una universidad pública no se gobierna con adhesiones, silencios, presuntas cuotas ni fotografías.

 

Un rector puede tener convicciones políticas. Lo que no puede hacer es convertir la institución en una extensión de sus afinidades.

 

¿La Universidad del Tolima se convirtió en escenario de disputa partidista?

 

Los señalamientos sobre la cercanía política entre la rectoría y Renzo García merecen una explicación pública. Las versiones sobre cuotas, nombramientos y convenios deben contrastarse con la información administrativa y contractual.

 

La pregunta es directa: ¿existen compromisos políticos que hayan incidido en nombramientos, contratos, convenios o decisiones institucionales?

 

Y si no existen, ¿por qué no entregar la información necesaria para despejar las dudas?

 

La Universidad del Tolima no puede convertirse en escenario de apropiación partidista. Ni del Pacto Histórico, ni de los sectores tradicionales, ni de ninguna otra fuerza política. La universidad pertenece a su comunidad y a los ciudadanos que la sostienen.

 

La gobernadora Adriana Matiz también debe ejercer su papel institucional dentro de sus competencias y respetando la autonomía universitaria. No se trata de exigirle que intervenga indebidamente en la institución, sino de preguntar qué mecanismos de diálogo y seguimiento existen frente a las preocupaciones de la comunidad.

 

La universidad no necesita patrones políticos. Necesita autoridades que entiendan que administrar una institución pública significa responder ante todos, incluso ante quienes no las respaldan.

 

La imagen se puede contratar; la confianza no

 

El rector puede tener una historia de vida inspiradora. Puede contar sus años de investigación, sus libros, sus artículos y sus proyectos. Puede hablar de inteligencia artificial y de nuevas sedes. Todo eso hace parte de su gestión y debe evaluarse.

 

Pero ninguna entrevista responde por sí sola las preguntas sobre posibles cuotas burocráticas, publicidad institucional, convenios, diálogo con la oposición o garantías laborales.

 

Si su imagen pública está deteriorada, como sostienen sus críticos, no será suficiente multiplicar apariciones en medios. La confianza no se recupera con titulares; se recupera con decisiones verificables.

 

Y si la rectoría considera falsas las versiones de las fuentes internas, tiene la oportunidad de responder punto por punto, mostrar documentos y desmentirlas con hechos.

 

De servir mesas a rendir cuentas

 

La historia del joven que trabajaba los fines de semana para salir adelante merece respeto. Pero el rector de hoy tiene una responsabilidad mucho más grande que la de contar cómo llegó hasta allí.

 

Debe demostrar que no llegó a la rectoría para servirse de la universidad, sino para servirle a ella.

 

Porque la Universidad del Tolima no es una mesa reservada para quienes tienen cercanía con el poder. No es una caja menor de política. No es un botín de nombramientos. No es una plataforma de publicidad personal.

 

En el restaurante de la Universidad del Tolima, la mesa es de todos, la cuenta la paga la sociedad y nadie tiene derecho a quedarse con la mejor porción.

 

El antiguo mesero sabe lo que significa servir. Ahora le corresponde demostrar que también sabe rendir cuentas y no llenarse y servirse la cena solamente para él y los intereses de  grupos políticos mafiosos.

 

Y esa, más que cualquier entrevista, será la verdadera prueba de su rectoría.

 

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