¿Universidad del Tolima, la nueva sede política del Pacto Histórico?

La Universidad del Tolima: ¿alma máter o casa política del Pacto Histórico?

 

En el Tolima, la política tiene una curiosa habilidad para cambiarle el nombre a las cosas. A los acuerdos se les llama gobernabilidad; a los favores, gestión, a las coincidencias, casualidades. Y cuando las puertas de una institución pública se abren una y otra vez para determinados actores, siempre aparece alguien dispuesto a explicar que todo se hace por el bien de la democracia.

 

Encuentre contenido exclusivo en WhatsApp Channel, siganos ya:
https://whatsapp.com/channel/0029Va9kwaD1CYoZxxokC42iñ

 

Por: Redacción de cambioin. Denuncia e investigación. cambioin.com

 

La pregunta es si la Universidad del Tolima, bajo la rectoría de Jhon Jairo Méndez Arteaga, está administrando con el mismo entusiasmo las puertas de la academia para todas las corrientes políticas o si el Pacto Histórico y el representante a la Cámara Renzo García están encontrando una hospitalidad institucional que otros sectores no perciben en las mismas condiciones.

 

No es una pregunta menor. Es una discusión sobre autonomía, pluralismo y el manejo de una institución que pertenece a los tolimenses, no a quienes circunstancialmente ocupan sus oficinas y hoy son los gestores de división al interior de sectores de la izquierda partidista en el Tolima.

El 25 de septiembre de 2026, la Universidad del Tolima fue escenario de una audiencia pública sobre la minería ilegal, convocada por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. El rector explicó públicamente que la universidad facilitaría sus instalaciones y que la coordinación del encuentro correspondía a esa comisión legislativa. También afirmó que la institución estaba dispuesta a colaborar con todos los grupos políticos que quisieran desarrollar actividades en el campus.

 

La declaración puede interpretarse como una defensa legítima del pluralismo. Pero las declaraciones, por sí solas, no resuelven el problema: lo resuelven los procedimientos, los registros y la igualdad de condiciones.

Porque una cosa es que una universidad pública abra sus auditorios para discutir la minería, el agua, la seguridad o el desarrollo regional. Otra muy distinta sería que sus escenarios, su imagen y su capacidad de convocatoria terminaran asociados de manera privilegiada a un proyecto político- electoral de una persona en particular Renzo García, o será que le está haciendo campaña para volverse rector cuando finalice su periodo en el congreso de la república.

La diferencia no se establece por el color de la camiseta de quien llega al campus. Se establece examinando quién convoca, quién financia, quién organiza, qué símbolos institucionales se utilizan, qué tratamiento reciben los participantes y si las demás fuerzas políticas tienen las mismas posibilidades de acceso.

Si el rector garantiza esa igualdad, debería poder demostrarla con documentos. Si no existe una política transparente de acceso, la universidad tiene un problema que va más allá de las simpatías personales de sus directivos.

La presencia de Renzo García en la discusión universitaria no es extraña por sí misma. El representante es egresado de la institución, tiene antecedentes de trabajo académico y ambiental y ha desarrollado parte de su trayectoria pública alrededor de las discusiones sobre el territorio. Su perfil político y profesional está documentado en los registros públicos de la Cámara y Congreso Visible.

Pero la trayectoria de un dirigente no convierte automáticamente a la universidad en su escenario político natural o en su casa electoral y escenario privado. Precisamente porque García conoce la institución desde dentro, resulta razonable exigir mayor claridad sobre la frontera entre su actividad legislativa, sus causas ambientales y cualquier eventual aprovechamiento partidista de los espacios universitarios.

La audiencia pública del 25 de septiembre es un hecho verificable. También lo es la publicación del 18 de septiembre sobre el respaldo de García a la llegada de Méndez a la rectoría. Sin embargo, estos registros no permiten establecer, por sí solos, cuántos eventos adicionales ha realizado el congresista en el campus desde el comienzo de la actual administración rectoral.

Esa cifra debe salir de las agendas oficiales, las solicitudes de préstamo de auditorios, las autorizaciones, las piezas publicitarias y los registros de actividades. No de una suma improvisada ni de una cifra fabricada para hacer más escandaloso el titular.

La Universidad del Tolima debería publicar ese inventario. ¿Cuántas actividades ha convocado o promovido Renzo García desde que Méndez asumió la rectoría? ¿Cuántas han sido institucionales, cuántas legislativas y cuántas partidistas? ¿Qué espacios se facilitaron, bajo qué condiciones y con qué costos para la institución?

Son preguntas sencillas. Una administración transparente no debería tenerles miedo.

En el Tolima, los sectores conservadores vinculados al entorno político de Óscar Barreto han expresado inconformidad, según publicaciones periodísticas recientes, por los acercamientos que se atribuyen al entorno de García y a la rectoría de Méndez. Esas publicaciones también han difundido señalamientos sobre posibles acuerdos burocráticos, sin que tales afirmaciones puedan darse por probadas únicamente por haber sido publicadas.

Si existen contratos, nombramientos o acuerdos que comprometan la independencia administrativa de la universidad, deben conocerse sus documentos y las explicaciones de los involucrados.Pero tampoco sería sensato despachar todas las preguntas como simples pataletas de adversarios políticos.

La contradicción merece examinarse: quienes durante años han cuestionado la influencia de las estructuras políticas tradicionales sobre la Universidad del Tolima no pueden ahora pedir un cheque en blanco para una administración distinta. Cambiar de grupo político no significa acabar con el riesgo de instrumentalización. Si la universidad fue concebida para superar el reparto de cuotas, esa regla debe aplicarse a todos.

La universidad no debería tener dueño político, ni conservador, ni liberal, ni progresista. Mucho menos debería tener que escoger entre viejos intermediarios y nuevos intermediarios para garantizar su funcionamiento.

La gobernadora Adriana Matiz ha defendido públicamente la autonomía universitaria y el respeto por la Universidad del Tolima. En agosto de 2024, manifestó su compromiso con la institución y destacó la importancia de los recursos departamentales destinados a gratuidad, investigación, ciencia e innovación.

Por eso mismo, es legítimo preguntarse cuál es su posición frente a las inquietudes que hoy rodean la relación entre la rectoría y sectores políticos cercanos al Pacto Histórico.

¿Considera que las reglas de acceso a los espacios universitarios son suficientemente transparentes? ¿Ha solicitado información sobre el uso del nombre institucional en eventos políticos o legislativos? ¿Qué mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas considera necesarios para proteger la autonomía de la institución?

No hay que confundir autonomía con indiferencia. La autonomía protege a la universidad de la interferencia política, pero no la exonera de rendir cuentas por el uso de sus recursos públicos.

Tampoco puede afirmarse, sin una revisión completa de sus declaraciones y actuaciones, que exista un silencio deliberado de la gobernadora. La pregunta pertinente es otra: ¿qué ha dicho públicamente sobre este caso concreto y qué acciones verificables ha promovido para garantizar el pluralismo?

El Tolima necesita respuestas, no adivinaciones sobre las intenciones de sus dirigentes.

La discusión tampoco se limita al conservatismo tradicional. Los sectores cercanos al exsenador Óscar Barreto y a figuras de la derecha nacional, entre ellas Abelardo de la Espriella, tienen razones políticas para observar con atención el trato que reciben sus adversarios en una institución pública de tanta relevancia regional.

Si hay reuniones, comunicaciones o exigencias concretas, deben identificarse y documentarse. Si solamente existe inconformidad política, debe describirse como tal. La exigencia de neutralidad institucional no puede convertirse en una excusa para que un grupo reclame privilegios equivalentes a los que denuncia en sus adversarios. El objetivo no es reemplazar una hegemonía por otra, sino evitar que cualquier fuerza política se apropie de los espacios comunes.

Una universidad pública puede recibir congresistas, gobernadores, alcaldes, dirigentes sindicales, representantes empresariales y líderes sociales. Debe hacerlo, porque su función incluye el debate público, la confrontación de ideas y la búsqueda de soluciones a los problemas regionales.

Pero una institución académica no puede confundirse con la sede de una organización política. El sello universitario tiene un peso simbólico, científico y social que no debería utilizarse para sugerir adhesiones institucionales que la comunidad académica no ha aprobado.

La solución tampoco consiste en prohibir toda actividad en la que participe un representante a la Cámara. Consiste en adoptar reglas claras, públicas y verificables para todas las fuerzas políticas: solicitudes formales, criterios objetivos de autorización, transparencia sobre los recursos empleados, identificación del organizador y separación entre la imagen de la universidad y la propaganda partidista.

Si Renzo García desarrolla una audiencia legislativa sobre la minería, la universidad puede ser un escenario pertinente pero ya lo hace como si fuera su casa con el auspicio del rector Méndez. Si un sector conservador solicita un foro sobre seguridad o economía, debería encontrar el mismo procedimiento. Y si cualquier organización pretende utilizar el nombre o los recursos de la institución para favorecer una candidatura, la respuesta debe ser igualmente rigurosa, sin importar quién sea el beneficiario.

Ese es el examen que corresponde a la rectoría de Jonh Jairo Méndez. No basta con decir que las puertas están abiertas para todos. Hay que demostrarlo.

A la Universidad del Tolima le convendría responder con una relación completa de los eventos realizados en sus instalaciones desde el inicio de la actual rectoría, incluyendo los promovidos por Renzo García, los organizados por otras fuerzas políticas y aquellos convocados por entidades públicas.

También debería informar qué criterios utiliza para prestar auditorios, qué costos asume la institución, cómo autoriza el uso de su logotipo y qué controles aplica para impedir que actividades académicas o legislativas se conviertan en actos de proselitismo.

Si los procedimientos han sido iguales para todos, los registros permitirán demostrarlo. Si han existido diferencias, la administración tendrá la oportunidad de explicarlas y corregirlas.

La discusión no debe resolverse con insultos, rumores ni acusaciones sin sustento. Debe resolverse con información pública.

Porque la Universidad del Tolima no pertenece al Pacto Histórico. No es propiedad de Renzo García, de Jonh Jairo Méndez ni de la gobernadora Adriana Matiz. Es una institución financiada y sostenida para servir a una sociedad plural, y si en sus auditorios se discute el futuro del agua, del territorio y de la democracia, hay una pregunta que no debería incomodar a nadie: ¿quién vigila que la casa del conocimiento no termine convertida en la casa política de quienes hoy tienen las llaves?

La respuesta no debería depender de quién gobierna, quién hace oposición o quién espera llegar al poder. Debería depender de una regla elemental: la universidad es de todos, y precisamente por eso no puede convertirse en patrimonio político de nadie, ni ser la casa político – electoral y criolla del señor Renzo García.