5 mil 969 millones, no cuadran en el presupuesto de la UT, según la Contraloría

La Universidad del Tolima: Entre el déficit, los viáticos y el chicharrón político de Jhon Jairo Méndez

cambioin Especial Investigativo Primera Entrega

 

Las cuentas de la Universidad del Tolima, las explicaciones que todavía hacen falta y una rectoría atrapada entre las tensiones del poder regional, las versiones sobre el Maticizmo y los acercamientos al Pacto Histórico.

 

Encuentre contenido exclusivo en WhatsApp Channel, siganos ya: https://whatsapp.com/channel/0029Va9kwaD1CYoZxxokC42iñ

 

Por: Redacción de cambioin. Denuncia e investigación. cambioin.com

 

En la Universidad del Tolima se está cocinando un chicharrón de esos que no se resuelven con un comunicado, una fotografía con dirigentes políticos ni una reunión a puerta cerrada. Hay cuentas que necesitan explicación, decisiones administrativas que deben examinarse y una rectoría que tendrá que demostrar si está preparada para gobernar una institución pública sin convertir cada desacuerdo en una pelea de poder.

 

La historia tiene dos capítulos que comienzan a cruzarse. El primero está escrito en los informes de la Contraloría Departamental del Tolima: un déficit presupuestal superior a $5.436 millones para la vigencia 2025, anticipos de viáticos y gastos de viaje por más de $533 millones pendientes de legalización al cierre de ese año, incorrecciones contables y observaciones sobre la planeación contractual. El segundo se mueve en el terreno de la política universitaria: las controversias alrededor de la llegada de Jhon Jairo Méndez Arteaga a la rectoría, las versiones sobre inconformidades en sectores del barretismo y las preguntas acerca de sus acercamientos con dirigentes del Pacto Histórico.

 

No conviene mezclarlo todo como si una cifra contable demostrara una conspiración política. Tampoco conviene mirar cada asunto por separado cuando la ciudadanía necesita entender quién administra la Universidad, qué decisiones está tomando y cómo piensa recuperar la confianza de una comunidad universitaria que no se reduce a quienes ganaron una elección.

 

El especial de Cambioin Polémica comienza precisamente ahí: en la obligación de seguir el dinero público, examinar los documentos y preguntar por las decisiones que todavía necesitan explicación.

El primer campanazo: cinco mil cuatrocientos millones que no se pueden esconder debajo del escritorio

 

La Contraloría Departamental del Tolima examinó la gestión financiera, presupuestal y administrativa de la Universidad durante 2025. Su informe identificó un déficit presupuestal de $5.436.818.603,18. La cifra debe leerse con precisión: se refiere al resultado presupuestal reportado para esa vigencia y no equivale, por sí misma, a dinero robado ni a un detrimento patrimonial declarado.

 

El mismo informe emitió una opinión financiera con salvedades y un concepto presupuestal también con salvedades, aunque la evaluación de gestión y resultados fue favorable. La auditoría registró 18 hallazgos administrativos, sin hallazgos fiscales ni penales en la clasificación presentada.

Ese último dato también debe publicarse. Si se quiere hacer periodismo de investigación, no se pueden escoger únicamente los números que producen indignación y esconder los que obligan a matizarla.

 

Pero tampoco puede utilizarse la ausencia de hallazgos fiscales para concluir que todo está bien. Las observaciones administrativas existen, las deficiencias contables fueron señaladas y el déficit presupuestal merece una explicación detallada.

La pregunta que debe responder la Universidad es sencilla: ¿cómo se llegó a ese resultado y qué medidas se adoptaron para corregirlo?

No basta con mencionar las dificultades de financiación de la educación superior. Es necesario explicar cuánto dinero se esperaba recibir, cuánto ingresó efectivamente, qué obligaciones se adquirieron, cuáles quedaron pendientes y cómo se programaron los gastos. Si el problema obedeció a demoras en los giros, debe mostrarse con cifras. Si hubo dificultades de planeación, deben identificarse las decisiones que las originaron y las medidas adoptadas para corregirlas.

 

En enero de 2026, directivos de la Universidad controvirtiendo públicamente la versión de que existiera un déficit de $50.000 millones. Según la explicación difundida por medios de comunicación, esa cifra correspondía a necesidades adicionales de financiación para operar en condiciones óptimas y no al déficit presupuestal comprobado por ese monto. La institución también informó que había recurrido a un crédito de tesorería de $10.000 millones debido a dificultades de liquidez relacionadas con la oportunidad de los giros de gratuidad educativa.

Son asuntos distintos: una necesidad estructural de financiación, un problema de liquidez y un déficit presupuestal no son sinónimos. Precisamente por eso, la Universidad debe explicar cada concepto sin utilizar uno para desmentir automáticamente los otros.

 

La plata pública exige cuentas claras, no juegos de palabras.

Los $533 millones de viáticos: la pregunta que debe tener nombre, fecha y respuesta:

 

El capítulo de los anticipos para viajes es todavía más delicado.

La Contraloría encontró que al 31 de diciembre de 2025 permanecían sin legalizar $533.165.763,70 en avances y anticipos para viáticos y gastos de viaje. El informe señala que los registros incluían operaciones de distintas vigencias y observó deficiencias en la coordinación y el seguimiento entre varias dependencias financieras y administrativas.

 

La expresión «sin legalizar» no significa automáticamente que los recursos hayan sido apropiados ilegalmente. Un anticipo puede estar pendiente porque falta un informe de comisión, una factura, un comprobante de transporte o algún otro soporte. Pero cuando el saldo supera los quinientos millones de pesos, la administración tiene la obligación de mostrar qué pasó con cada peso.

¿Quién recibió los anticipos? ¿En qué fechas? ¿Para qué desplazamientos? ¿Cuáles fueron los destinos y los motivos de las comisiones? ¿Qué parte se legalizó después del cierre de la vigencia? ¿Qué saldos siguen pendientes y qué actuaciones se iniciaron para aclararlo? No se necesita convertir estas preguntas en acusaciones personales. Se necesita que la Universidad entregue la información que permita responderlas.

 

La propia auditoría señaló deficiencias de coordinación y seguimiento entre dependencias como tesorería, jurídica, contabilidad, almacén, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y control interno. El problema, por tanto, no se resuelve buscando un único nombre al cual endilgarle toda la responsabilidad.

 

Hay que reconstruir el procedimiento y establecer quién debía autorizar, registrar, revisar y cerrar cada operación.

 

Un sistema de control que permite que los anticipos permanezcan pendientes durante periodos prolongados merece una revisión seria. Y una administración que hereda ese problema debe demostrar que lo está corrigiendo.

De las millas a los kilómetros: la circular que abrió otra discusión

El 27 de febrero de 2026, la Dirección Contable y Financiera de la Universidad expidió la Circular Informativa 02, dedicada al trámite de viáticos.

 

El documento establece que la liquidación de los gastos de transporte terrestre de ida y regreso se realizará conforme a la Resolución 1019 de 2025. Para ello presenta una tabla basada en distancias en kilómetros y porcentajes del salario mínimo mensual legal vigente.

La circular contempla el 2,11 % del salario mínimo para distancias de hasta 45 kilómetros; el 4,21 % para trayectos de 45 a 120 kilómetros; el 7,73 % para distancias de 120 a 250 kilómetros; y el 10,54 % para recorridos de 250 a 450 kilómetros.

Y hay otra pregunta: ¿cuánto costaba antes un desplazamiento equivalente y cuánto cuesta ahora? Sin ese comparativo no se puede concluir que el nuevo sistema haya aumentado o reducido el gasto.

 

La circular también establece que las solicitudes de la alta dirección deben contar con aval previo de la Rectoría y presentarse con al menos diez días hábiles de anticipación. Más adelante señala un plazo general de cinco días hábiles para tramitar las solicitudes de viáticos, debido a la intervención de varias dependencias.

Las dos reglas pueden responder a categorías diferentes, pero la Universidad debería explicar expresamente cómo se articulan y cuál corresponde a cada tipo de funcionario. La claridad de un procedimiento es parte del control, no un lujo burocrático.

 

El documento añade que los desplazamientos realizados sin los soportes presupuestales previos correspondientes no darán lugar al reconocimiento de los viáticos. La regla busca evitar hechos cumplidos. La pregunta es si esos controles se están aplicando efectivamente y qué cambió después de las observaciones de la Contraloría.

 

Las reservas presupuestales: once mil millones que exigen revisar la planeación

La contratación también quedó bajo observación. Mediante la Resolución 031 del 20 de enero de 2026, la Universidad constituyó una reserva presupuestal por $11.431.352.164,11, relacionada con compromisos de la vigencia 2025 que no habían alcanzado a ejecutarse al cierre del año.

La Contraloría analizó el conjunto de compromisos y, mediante su metodología de revisión, obtuvo un valor de referencia de $13.713.433.740,14. La diferencia frente al monto aprobado fue de $2.282.081.576. El informe relaciona las reservas con 209 contratos y cinco resoluciones, y cuestionó la concentración de procesos contractuales al final de la vigencia.

 

La Universidad controvirtió la observación, argumentando que las reservas correspondían a compromisos legalmente adquiridos y soportados. La Contraloría mantuvo el hallazgo administrativo al considerar que la situación reflejaba deficiencias recurrentes en la programación contractual.

 

Aquí no se debe cometer otro error: una reserva presupuestal no es automáticamente una irregularidad. Puede ser una figura legal necesaria cuando existen compromisos adquiridos que no alcanzan a ejecutarse dentro de la vigencia. La discusión consiste en establecer si se utilizó correctamente, si existían razones válidas y si la planeación permitió ejecutar los recursos de manera oportuna.

 

La pregunta es por qué tantos procesos llegaron al cierre del año sin terminar y qué cambios se implementaron para evitar que el fenómeno se repita. Cuando una institución contrata tarde, puede terminar aplazando servicios, acumulando obligaciones y trasladando problemas de ejecución a la vigencia siguiente. El asunto no es solamente contable: afecta la capacidad de cumplir los objetivos académicos y administrativos.

 

El chicharrón de Méndez: la rectoría no se gobierna con fotografías

Mientras los documentos financieros exigen respuestas, la política universitaria comienza a reclamar las suyas. Jhon Jairo Méndez Arteaga fue designado rector para el periodo 2026–2030 el 28 de mayo de 2026, con seis votos de los nueve integrantes del Consejo Superior. Su consulta universitaria había recibido 9.739 apoyos. La designación, sin embargo, estuvo acompañada de controversia porque el delegado del Ministerio de Educación solicitó suspender la sesión por una recusación pendiente. El Consejo Superior decidió continuar.

Ese episodio no demuestra por sí mismo que la designación fuera ilegal, pero forma parte del contexto en el que comenzó su administración. Méndez recibió una institución con dificultades presupuestales documentadas en la vigencia anterior y con una comunidad universitaria en la que conviven sectores políticos, académicos y sindicales con visiones distintas. Su trabajo consiste en dirigirla, no en conseguir que todos piensen como él.

 

Y ahí aparece el chicharrón político, en los círculos regionales circulan versiones de inconformidad en sectores del Maticizmo, por la manera en que se habría construido su llegada a la rectoría y por los acercamientos que posteriormente habría mantenido con dirigentes del Pacto Histórico. Cambioin ha publicado señalamientos sobre posibles aproximaciones entre el rector y el representante Renzo García.

 

Son versiones que deben contrastarse con declaraciones identificables, documentos y respuestas de los involucrados. No es correcto afirmar que existe una ruptura formal del barretismo ni que se haya demostrado un intercambio de cargos por apoyos políticos sin evidencia suficiente.

Pero sí existe una pregunta política que merece respuesta: ¿qué compromisos se asumieron para construir la mayoría que llevó a Méndez a la rectoría y cuáles son los límites de esa interlocución?

 

La política regional tiene una costumbre vieja: los aliados celebran juntos mientras los resultados los favorecen y comienzan a discutir cuando descubren que cada uno esperaba algo diferente. Si hay sectores conservadores inconformes, deben explicar cuáles decisiones motivaron sus reparos. Si el rector considera que sus acercamientos responden a necesidades politiquero - electorales debe explicar qué se ha acordado y bajo qué condiciones, muchos dicen que le hace campaña al representante Renzo que quiere ser rector de la Universidad del Tolima en la próxima vigencia.

 

La discusión no se resuelve con rumores ni con fotografías. Se resuelve con hechos.

¿Dos amos o una rectoría que necesita autonomía?

En el Tolima se han formulado críticas sobre la posibilidad de que Méndez intente conservar simultáneamente el respaldo de sectores conservadores vinculados al matizismo y la interlocución con dirigentes de la izquierda del Pacto Histórico.

 

El problema aparece si esas relaciones se traducen en compromisos que condicionan nombramientos, contrataciones o decisiones académicas. Para afirmarlo, se necesitan documentos, testimonios verificables y una secuencia concreta de decisiones.

 

Renzo García y Marco Emilio Hincapié son figuras políticas vinculadas al Pacto Histórico. Su relación política con el rector, si la hay, debe examinarse a partir de reuniones, convenios, iniciativas y actuaciones documentadas.

La pregunta que debe hacerse Méndez es otra: ¿está dispuesto a explicar públicamente sus decisiones incluso cuando incomoden a quienes apoyaron su elección?

 

La autonomía universitaria no se demuestra evitando a unos dirigentes para complacer a otros. Se demuestra tomando decisiones que puedan justificarse ante la comunidad universitaria, con independencia de quién las aplauda.

Si el rector quiere construir una mayoría amplia, puede hacerlo. Si quiere dialogar con la izquierda, puede hacerlo. Si quiere mantener interlocución con el conservatismo y la Gobernación, también puede hacerlo. Lo que no puede hacer es convertir esas relaciones en un sustituto de la rendición de cuentas, hoy parte del movimiento estudiantil señala que la Universidad del Tolima no es la casa ni la segunda sede del Pacto Histórico en la región.

 

El Maticizmo, la Gobernación y la factura de las alianzas

Las versiones sobre inconformidades dentro del barretismo merecen una respuesta de quienes participan en esa conversación. ¿Qué decisiones de Méndez consideran equivocadas? ¿Se trata de diferencias sobre nombramientos, orientaciones políticas, contratación o prioridades presupuestales? ¿Existen comunicaciones o actos administrativos que permitan precisar el desacuerdo?

 

Sin esas respuestas, la historia corre el riesgo de convertirse en una disputa de versiones en la que cada sector habla de traición, oportunismo o acuerdos ocultos sin mostrar pruebas.

La gobernadora Adriana Magali Matiz también forma parte del escenario político regional. Pero no hay evidencia suficiente para afirmar que controle personalmente las decisiones del rector ni que Méndez actúe bajo sus órdenes. Lo que sí puede plantearse es qué relación institucional existe entre la Gobernación y la Universidad y cómo se preserva la autonomía de ambas partes cuando sus prioridades no coinciden.

 

Si Matiz considera que la Universidad necesita estabilidad, el camino más productivo sería favorecer un diálogo institucional con todos los sectores críticos que tengan propuestas concretas. Eso no significa intervenir en la autonomía universitaria ni escoger quién debe gobernar. Significa ayudar a reducir la temperatura política para que las diferencias se tramiten con argumentos y no mediante enfrentamientos permanentes.

 

La crítica puede ser una herramienta útil. Un sector opositor que presenta propuestas, solicita información y cuestiona decisiones de manera sustentada contribuye a la vigilancia pública. Una rectoría que responde con documentos fortalece su legitimidad. Y una Gobernación que respete la autonomía universitaria puede ayudar a que el debate no se convierta en otra batalla partidista.

Lo que no sirve es excluir a los críticos, esperar que desaparezcan y luego sorprenderse cuando la inconformidad crece.

 

Un biólogo frente a un ecosistema político que necesita equilibrio

Hay una ironía que cabe en esta historia: Méndez es biólogo de formación y sabe que los sistemas complejos no se mantienen estables eliminando todas las diferencias que contienen. Un ecosistema necesita equilibrio, adaptación y relaciones que permitan procesar los cambios sin destruir el conjunto.

 

La Universidad del Tolima funciona de manera parecida. En ella conviven estudiantes, profesores, investigadores, sindicatos, directivos y grupos políticos con intereses distintos. Intentar gobernarla como si todos debieran obedecer una sola línea puede agravar los conflictos que se pretende controlar.

Para que una chispa no termine en incendio, hace falta escuchar antes de que la discusión se vuelva irreversible. Sentarse con los sectores críticos no significa entregarles cargos ni aceptar todas sus exigencias. Significa comprender sus argumentos, explicar las decisiones y buscar acuerdos en asuntos donde exista espacio para construirlos.

 

El rector no necesita que sus contradictores lo aplaudan. Necesita que puedan discutir con él sin que cada desacuerdo se convierta en una prueba de enemistad, y esa conversación debe incluir a quienes cuestionan la política de contratación, a los sectores que reclaman transparencia presupuestal y a quienes consideran que la Universidad necesita una orientación distinta. No se trata de reemplazar una alianza por otra. Se trata de que ninguna alianza sustituya el interés institucional.

Las cuentas de 2025 no pueden convertirse en una cortina para las decisiones de 2026

 

Hay una distinción temporal que esta investigación debe mantener de principio a fin. El informe de la Contraloría examina la vigencia 2025, anterior a la designación de Méndez en mayo de 2026. No sería correcto atribuirle automáticamente el déficit, los anticipos sin legalizar o las decisiones contractuales de ese periodo.

 

La responsabilidad de la nueva administración es diferente: debe explicar qué correctivos ha impulsado, qué saldos continúan pendientes, cómo está supervisando la contratación y qué controles utiliza para evitar que los problemas se repitan.

 

También debe publicar información verificable sobre sus propias decisiones: contratos adjudicados, cuantías, modificaciones, proveedores, viajes autorizados y resultados obtenidos. Si existen proyectos con entidades regionales o interlocutores políticos, sus objetos y condiciones deben poder consultarse conforme a las reglas de transparencia.

 

El examen debe separar los procesos heredados de los que comenzaron bajo la nueva rectoría. Solo así podrá determinarse qué decisiones corresponden a cada administración y qué responsabilidades deben evaluarse.

Una investigación que atribuye todo al nuevo rector sin respetar las fechas pierde credibilidad. Una administración que usa los errores de sus antecesores para evitar explicar sus propias decisiones tampoco responde a las preguntas de la ciudadanía.

 

La Universidad debería entregar una actualización consolidada de los $533.165.763,70 en anticipos de viáticos pendientes de legalización al cierre de 2025, indicando los valores posteriormente legalizados y los saldos que aún requieren explicación.

 

También debería presentar el seguimiento al déficit presupuestal de $5.436 millones, las medidas adoptadas frente a las incorrecciones contables, el estado de las reservas presupuestales y los avances de los planes de mejoramiento relacionados con contratación y control interno.

En materia política, el rector puede aclarar qué reuniones ha sostenido con los representantes mencionados, qué iniciativas institucionales se discutieron y si de ellas surgieron convenios o compromisos formales. Los congresistas y la Gobernación también pueden precisar el alcance de sus interlocuciones con la Universidad.

 

A los sectores del Maticizmo, que manifiestan inconformidad les corresponde identificar los hechos concretos que sustentan sus críticas. No basta con decir que alguien es oportunista o que cambió de bando. Si hay decisiones que consideran perjudiciales, deben señalarlas y permitir que sean contrastadas.

 

El debate público no puede reemplazarse por un concurso de insinuaciones.

El verdadero problema no es con quién se sienta el rector, sino qué hace después

Méndez puede dialogar con la izquierda, con el conservatismo, con el Maticizmo y con los sectores independientes. La autonomía universitaria no exige aislamiento político; exige que las decisiones institucionales se adopten por razones que puedan justificarse públicamente.

 

La prueba está en lo que ocurre después de las reuniones: quién es nombrado, qué se contrata, qué presupuesto se compromete, qué resultados se obtienen y qué controles se aplican.

Si las relaciones políticas se traducen en iniciativas académicas transparentes, cooperación regional y proyectos útiles para los estudiantes, la Universidad puede beneficiarse. Si se convierten en mecanismos de presión sobre la contratación o la distribución de cargos, deben ser examinadas por los organismos competentes.

No hay que condenar antes de investigar. Tampoco hay que suspender la investigación porque alguien invoque la gobernabilidad.

La rectoría necesita demostrar que puede administrar las cuentas, sostener el diálogo y resistir las presiones de sus propios aliados. La Gobernación necesita respetar la autonomía universitaria. Los dirigentes políticos deben explicar sus actuaciones y los sectores críticos tienen derecho a cuestionar las decisiones con argumentos y pruebas. Ese es el equilibrio que hoy hace falta y Mendez no quiere  dar la cara, se esconde, se escuda y considera que esta haciendo bien el trabajo, lo que se tiene claro según fuentes de la gobernación que se comunicaron con el medio la gobernadora no esta muy contesta con el rector porque no sale de escándalos.

 

La Universidad del Tolima no necesita otra guerra de rumores. Necesita saber qué pasó con los anticipos pendientes de legalización, por qué se acumularon determinadas reservas presupuestales, qué fallas contables fueron identificadas y qué correctivos se han implementado.

 

También necesita una rectoría capaz de escuchar a sus contradictores sin confundir la crítica con una conspiración, de dialogar con dirigentes de distintas corrientes sin quedar atrapada en compromisos incompatibles y de explicar sus decisiones sin esconderse detrás de la legitimidad electoral.

 

La Contraloría ha dejado preguntas documentadas sobre la vigencia 2025. Las versiones sobre las alianzas políticas de 2026 requieren verificación independiente. Las críticas a la nueva administración deben contrastarse con sus actuaciones concretas.

 

En política, la lealtad no consiste en obedecer siempre al mismo grupo. Consiste en cumplir compromisos legítimos, explicar los cambios de posición y no utilizar la institución pública como moneda de cambio. En la universidad, además, existe una obligación superior: responder ante estudiantes, profesores y ciudadanos que financian su funcionamiento.

 

Méndez tiene todavía tiempo para demostrar qué clase de rector quiere ser. Puede dedicarlo a responder a cada crítica como si fuera un ataque personal o puede convertir las preguntas en una oportunidad para fortalecer la transparencia y la gobernabilidad.

La diferencia se verá en los documentos, en las decisiones y en la disposición a conversar.

cambioin.com Polémica continuará el especial siguiendo la ruta de los recursos públicos, las decisiones contractuales y las relaciones institucionales que puedan verificarse.

 

Las cifras de la Contraloría son el punto de partida; las versiones políticas son líneas de investigación, no condenas; y la respuesta de la rectoría será indispensable para establecer qué ocurrió y qué debe corregirse.

Porque una universidad pública puede sobrevivir a una disputa política. Lo que no debería normalizar es que las cuentas queden sin explicación y que el diálogo llegue siempre después de que el incendio ya comenzó.

 

Estás Leyendo cambioin.com