El tigre morderá a la Universidad del Tolima, por denuncias de corrupción

El Tigre mira hacia la Universidad del Tolima: expedientes abiertos o una rectoría bajo la sombra de las preguntas.

 

En la Universidad del Tolima hay preguntas que llevan demasiado tiempo esperando respuestas y expedientes que necesitan algo más que una rueda de prensa para aclarar su contenido. Ahora, en medio de las controversias que rodean a la institución, comienza a circular una versión políticamente explosiva: un asesor cercano al presidente Abelardo de la Espriella, conocido como el Tigre, había sostenido conversaciones con diferentes actores políticos y estaría interesado en promover una revisión técnica e intervención en la Universidad del Tolima.

 

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Por: Redacción de cambioin. Denuncia e investigación. cambioin.com

 

Según esa versión que llegó a CambioIN, el propósito sería examinar denuncias, quejas y posibles irregularidades administrativas y financieras. También se habla de una eventual inspección con componentes de revisión forense, tomando como referencia lo ocurrido recientemente en la Universidad de Córdoba. Hay que decirlo sin adornos: la versión plantea una pregunta que merece una respuesta institucional: ¿están disponibles los expedientes necesarios para que cualquier organismo competente pueda examinar, sin obstáculos, el estado real de las cuentas universitarias?

El antecedente de Córdoba no es un rumor. El 3 de octubre de 2026, la Presidencia de la República informó que Abelardo de la Espriella había instruido a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, para adelantar una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Córdoba.

 

La decisión se anunció en medio de cuestionamientos sobre la elección de su rector, el cumplimiento de los estatutos y denuncias que el Gobierno pidió examinar a las autoridades competentes.

Ese episodio demuestra que la inspección universitaria forma parte de las herramientas institucionales disponibles cuando existan asuntos que requieren verificación. No demuestra, sin embargo, que haya una decisión equivalente sobre la Universidad del Tolima, en donde la idea  que el presidente promueva y busque un peritaje forense en esta última. La diferencia importa porque el periodismo no puede convertir una posibilidad en una decisión oficial ni presentar conversaciones sin documentos como prueba de una operación política. Lo que sí puede hacer es formular la pregunta que hoy incomoda a cualquier administración: si los procedimientos, las cuentas y los expedientes están en orden, ¿qué impediría facilitar una revisión independiente dentro de los límites legales?

 

La Universidad del Tolima no llega a esta discusión sin antecedentes. El 21 de mayo de 2026, la Contraloría Departamental publicó su informe definitivo de auditoría financiera, de gestión y resultados correspondiente a la vigencia 2025. Entre los asuntos que requieren seguimiento aparece una cifra que no puede pasar inadvertida: $533.165.763,70 en avances y anticipos para viáticos y gastos de viaje pendientes de legalización al 31 de diciembre de 2025.

 

No estamos hablando de una condena penal ni de dinero que pueda calificarse automáticamente como perdido. Estamos hablando de saldos institucionales que necesitaban legalización, comprobación y seguimiento. La pregunta no es quién aparece en una fotografía ni quién viajó a determinada ciudad, sino qué parte de esos recursos fue legalizada posteriormente, qué valores fueron reintegrados, qué obligaciones siguen pendientes y qué dependencias debían responder por cada expediente. Una universidad pública no puede pedir confianza a la ciudadanía mientras sus cifras más sensibles permanecen sin una explicación comprensible, actualizada y respaldada por documentos.

 

El segundo capítulo está en la contratación. Durante la vigencia 2023, la Universidad registró 1.018 contratos y negocios jurídicos por aproximadamente $39.940,98 millones en SIA Observa, según el informe de auditoría correspondiente a ese año. La cifra describe el tamaño de la operación contractual, no una irregularidad generalizada. Sin embargo, administrar miles de millones exige controles capaces de seguir cada peso desde la planeación hasta el pago y la liquidación.

 

En una institución de esta magnitud, el verdadero examen consiste en establecer si los bienes fueron entregados, los servicios se prestaron, las obras cumplieron sus especificaciones y las modificaciones contractuales estuvieron debidamente justificadas. También es necesario distinguir las observaciones administrativas de los hallazgos fiscales y de las responsabilidades penales, que no son categorías equivalentes. Lo que la comunidad universitaria necesita no es una lista de sospechosos confeccionada a partir de titulares, sino una relación verificable de los procesos examinados, sus responsables funcionales, las decisiones adoptadas y el estado actual de las acciones correctivas.

Hay además un expediente que merece seguimiento por su cuantía y antigüedad: el contrato de software ERP suscrito en 2018 por $1.499.400.000. La auditoría de la vigencia 2023 señaló que se había pagado un anticipo de $749.700.000 y que el sistema no estaba implementado al momento de la revisión. Ese dato exige una actualización documental: ¿cuál es hoy el estado del contrato?, ¿qué ocurrió con el anticipo?, ¿se recibieron componentes funcionales?, ¿hubo modificaciones, reclamaciones, sanciones o liquidación?, ¿qué actuaciones se adelantaron después de la auditoría? La sola existencia de un anticipo y de un sistema pendiente de implementación no permite concluir que hubo apropiación indebida, pero sí obliga a reconstruir la historia contractual hasta el último documento disponible. Un expediente de esta naturaleza no puede quedar congelado en el año de una auditoría mientras la comunidad desconoce su desenlace.

 

La discusión tampoco termina en los contratos. En septiembre de 2024, el Observatorio de la Universidad Colombiana publicó un balance de la crisis de gobernabilidad que atravesaba la institución durante la rectoría de Omar Mejía Patiño. El medio reseñó paros estudiantiles, cuestionamientos al concurso docente, denuncias sobre posibles prácticas de clientelismo y nepotismo, así como observaciones fiscales relacionadas con intereses de mora y obligaciones financieras.

Entre las cifras reportadas figuraban $126 millones en intereses asociados a retrasos en obligaciones tributarias y ambientales y $5.882 millones en intereses de mora relacionados con obligaciones con la comercializadora Samot S.A.S. Estas cifras deben contrastarse con los informes originales, las decisiones fiscales y los soportes contables antes de atribuir responsabilidades individuales. Lo que muestran es que las controversias sobre la gestión financiera y la gobernabilidad no comenzaron con la llegada de la actual rectoría. Son antecedentes que necesitan una evaluación completa, con sus explicaciones y resultados, para saber cuáles fueron corregidos y cuáles continúan abiertos.

 

La elección rectoral de 2026 también dejó preguntas institucionales. El 29 de mayo, el Ministerio de Educación informó que su delegado había solicitado suspender la sesión del Consejo Superior Universitario para tramitar una recusación y pidió claridad frente a denuncias de sectores estudiantiles sobre presuntas irregularidades en la consulta. Pese a esas objeciones, el Consejo Superior designó a Jonh Jairo Méndez Arteaga para el periodo 2026-2030.

 

La existencia de esas objeciones oficiales no equivale a una declaración de ilegalidad de la elección ni permite anticipar el resultado de los procedimientos que pudieran derivarse. Pero sí explica por qué la nueva administración debe mantener una política de máxima transparencia sobre sus decisiones, sus relaciones con los estamentos universitarios y los mecanismos de control que aplica. Cuando el comienzo de un periodo rectoral está acompañado de controversias públicas, la respuesta más útil no es alimentar la confrontación: es publicar documentos, aclarar procedimientos y permitir que las autoridades competentes verifiquen lo que corresponda.

A esa discusión se sumaron denuncias recientes sobre retrasos en los pagos a monitores académicos y estudiantes que desarrollan labores de apoyo. En una publicación del 11 de octubre de 2026, CambioIn recogió testimonios según los cuales algunos estudiantes llevarían cerca de dos meses esperando sus reconocimientos económicos. El reporte también señaló discrepancias sobre la entrega de planillas y el trámite de los pagos.

Esas afirmaciones requieren contrastarse con los registros de radicación, los listados de beneficiarios, los valores adeudados y las respuestas de las dependencias responsables. Pero el problema merece atención inmediata: si existen obligaciones pendientes con estudiantes que prestan servicios a la Universidad, la administración debe explicar cuántas personas están afectadas, cuánto se les debe, qué trámite está detenido y cuál es la fecha prevista de pago. No es aceptable que los jóvenes deban depender de versiones de pasillo para conocer el estado de una obligación que puede afectar su alimentación, transporte y permanencia académica.

Frente a este panorama, Jonh Jairo Méndez tiene una oportunidad para convertir las dudas en una agenda concreta de transparencia. La transición entre la administración de Omar Mejía y la nueva rectoría se presentó públicamente como un proceso exitoso, con 33 mesas de trabajo y entrega de información a satisfacción de la administración entrante, según informó Radio Universidad del Tolima el 4 de agosto de 2026.

El rector electo habló entonces de un balance positivo y de la intención de construir sobre el trabajo realizado. Esa declaración también forma parte del expediente público y debe ser tomada en serio. Si el empalme fue satisfactorio, la Universidad debería poder identificar con precisión los hallazgos pendientes, los compromisos financieros, los procesos contractuales que requieren seguimiento y las medidas previstas para resolverlos. Si quedaron asuntos por aclarar, lo correcto es hacerlos visibles, explicar su naturaleza y establecer responsables y plazos. La transparencia no consiste en desconocer los logros de una administración anterior ni en atribuirle todos los problemas: consiste en demostrar, con documentos, qué se recibió y qué se está haciendo con ello.

Por eso la discusión sobre una eventual revisión técnica o forense no debería convertirse en una pelea de nombres ni en una competencia de declaraciones políticas. Una revisión de esa naturaleza, si llega a plantearse formalmente, debe tener objeto definido, alcance proporcional, independencia técnica, respeto por el debido proceso y acceso legítimo a los soportes pertinentes. Debe distinguir los errores contables de las fallas administrativas, los incumplimientos contractuales de las posibles responsabilidades fiscales y las denuncias que requieren investigación de los hechos ya comprobados. No basta con anunciar una inspección para declarar culpables a sus destinatarios, así como tampoco basta con invocar la autonomía universitaria para impedir cualquier ejercicio legal de inspección, vigilancia o control. La autonomía protege la misión académica y la capacidad de autogobierno de la institución; no convierte los recursos públicos en información inmune al escrutinio.

El presidente Abelardo de la Espriella, ya ha recibido denuncias documentadas sobre la Universidad del Tolima, tendrá que valorar qué autoridad es competente y qué procedimiento corresponde. La ministra de Educación, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía tienen funciones diferentes y no pueden sustituirse entre sí. Una visita de inspección del Ministerio no equivale a una auditoría forense, y una auditoría financiera no determina por sí sola la responsabilidad penal de una persona. Si existen indicios concretos, deben ser puestos en conocimiento de la autoridad correspondiente con sus documentos, fechas, cuantías y responsables funcionales. Si solo hay rumores, corresponde verificarlos antes de convertirlos en acusaciones. Así se protege tanto el interés público como el derecho de cualquier funcionario a que su conducta sea evaluada con pruebas.

La rectoría puede escoger entre administrar la incertidumbre o reducirla con información. No se trata de una amenaza ni de una condena anticipada: se trata de dos caminos institucionales claramente distintos. El primero consiste en publicar los expedientes, actualizar el estado de las observaciones de auditoría, explicar los gastos de viaje, responder por los pagos pendientes y entregar información verificable sobre la contratación. El segundo, si se materializa en respuestas incompletas, demoras injustificadas o falta de acceso a documentos públicos, prolongará las preguntas y aumentaría la desconfianza. La diferencia no la establecerán los rumores sobre el Tigre ni las versiones atribuidas a supuestos asesores; la establecerá la conducta documentada de la Universidad frente a las solicitudes de información y los requerimientos de los organismos de control.

La pregunta final para John Jairo Méndez es, entonces, mucho más concreta que la posibilidad de una visita presidencial: ¿está dispuesto a poner a disposición de la comunidad universitaria y de las autoridades competentes los expedientes que permitan conocer el estado real de las cuentas, los contratos, los viáticos, los pagos a estudiantes y las observaciones heredadas? ¿Puede presentar un balance de empalme con compromisos pendientes, responsables y fechas de cumplimiento? ¿Qué medidas adoptó frente a los $533 millones en anticipos pendientes de legalización al cierre de 2025 y qué actualización existe sobre el contrato ERP de $1.499 millones? Esas respuestas no requieren discursos grandilocuentes. Requieren documentos completos, cifras conciliadas y decisiones verificables.

Si algún día llega a la Universidad del Tolima una comisión de inspección o una auditoría técnica, no debería encontrar una institución preparada para la fotografía, sino una institución preparada para mostrar sus libros. Y si esa visita nunca se produce, las preguntas seguirán siendo legítimas: porque el control de los recursos públicos no depende de la llegada de un presidente, de la cercanía de un asesor ni de la presión de un partido político. Depende de la obligación permanente de rendir cuentas.

La Universidad del Tolima tiene una deuda institucional que no puede resolverse con comunicados de buena voluntad: esclarecer las denuncias de violencia basada en género y demostrar que las mujeres que acuden a sus mecanismos de protección reciben garantías reales de debido proceso, confidencialidad y no revictimización.

En mayo de 2025, la docente y abogada Inés Yohanna Pinzón denunció presunta violencia laboral basada en género contra el entonces rector Omar Mejía Patiño. El caso llegó a los tribunales y, según la información publicada por El Cronista, el Tribunal Superior de Ibagué ordenó en julio de ese año reabrir la actuación con enfoque de género. Posteriormente, se reportaron controversias judiciales sobre el cumplimiento de esas órdenes. No corresponde convertir una denuncia en una condena anticipada, pero tampoco minimizar las decisiones judiciales ni el impacto que estas controversias generan en la comunidad universitaria.

La pregunta de fondo es si los protocolos institucionales funcionaron oportunamente, si las personas responsables de tramitar las denuncias actuaron con independencia y qué medidas se adoptaron para evitar la revictimización. Una universidad que forma profesionales para transformar la sociedad debe poder demostrar que sus propias rutas de protección funcionan cuando quienes denuncian cuestionan a personas con poder dentro de la institución.

La violencia dentro del campus constituye otro asunto que no admite silencios ni justificaciones automáticas. El 13 de marzo de 2025, un grupo de encapuchados protagonizó disturbios en la Universidad del Tolima, causó daños en los torniquetes de ingreso y afectó la infraestructura institucional; la Procuraduría requirió a las autoridades competentes información sobre las actuaciones desplegadas tras los hechos y las afectaciones a integrantes de la comunidad universitaria.

Estos episodios no pueden confundirse con la totalidad del movimiento estudiantil ni utilizarse para estigmatizar la protesta pacífica. Pero tampoco es aceptable que estudiantes, trabajadores y docentes queden atrapados en medio de acciones violentas, pierdan sus espacios de estudio o teman por su integridad. La autonomía universitaria no significa que el campus deba convertirse en territorio sin reglas. La rectoría tiene la obligación de proteger a la comunidad, garantizar el derecho a la protesta y promover investigaciones que permitan identificar responsabilidades individuales con pruebas, sin criminalizaciones colectivas ni impunidad.

En materia de clientelismo y nepotismo, las preguntas tampoco surgieron ayer. En agosto de 2024, Andrés Barragán Torres, entonces delegado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior, cuestionó públicamente el clientelismo y la ineficiencia administrativa en la Universidad del Tolima. Omar Mejía respondió defendiendo su gestión y explicando que la institución había crecido en cobertura, programas y necesidades de personal, y que había optado por modalidades de vinculación transitoria y contratos de prestación de servicios en lugar de ampliar la planta de manera indiscriminada.

Meses antes, el profesor y dirigente sindical Alexander Martínez Rivillas había publicado una denuncia sobre posibles redes clientelares y cuestionado un caso relacionado con la jefatura jurídica y un concurso docente. Esos señalamientos constituyen antecedentes de debate público, no prueba automática de que todos los nombramientos o contratos fueran irregulares. Lo que corresponde investigar es si los perfiles de las convocatorias se definieron antes de conocer a los aspirantes, si las evaluaciones fueron objetivas, si se declararon los conflictos de interés y si los vínculos familiares o políticos tuvieron alguna incidencia indebida en las decisiones. La Universidad necesita publicar información que permita contrastar las denuncias con las hojas de vida, las convocatorias, las actas de evaluación y los actos administrativos.

El rótulo de «cartel de las marionetas» también ha aparecido en publicaciones de CambioIn sobre la contratación del IDEAD, en las que se plantean interrogantes acerca de la coincidencia de funcionarios en diferentes etapas de procesos contractuales. La expresión es una comparación periodística, no una conclusión judicial que pueda darse por probada.

Para determinar si existió una red clientelar o una coordinación indebida, hace falta reconstruir cada expediente: quién solicitó el contrato, quién elaboró los estudios previos, quién evaluó las ofertas, quién autorizó el gasto, quién supervisó la ejecución y quién recibió los bienes o servicios. Que varios funcionarios aparezcan repetidamente en los documentos no demuestra por sí solo una actuación ilegal; sí permite formular preguntas sobre la separación de funciones, los controles internos y la trazabilidad de las decisiones. En cuanto a Jonh Jairo Méndez y sus supuestas alianzas con el Pacto Histórico, es un síntoma terrible cuando su afinidad con el partido conservador es pública, ahora busca servir a dos amos promoviendo al parecer una contratación irregular o favorecimiento económico. Si existen comunicaciones, recomendaciones, nombramientos o decisiones contractuales que permitan demostrar una intervención política indebida, deben identificarse y contrastarse. 

El desafío de la nueva rectoría consiste en demostrar que las controversias heredadas no se convertirán en una rutina administrativa. Méndez Arteaga debe explicar qué recibió en el empalme, cuáles observaciones de auditoría continúan pendientes, qué mecanismos se aplican para controlar la contratación y qué resultados se han obtenido en la atención de las violencias basadas en género.

En mayo de 2026, el Ministerio de Educación solicitó suspender la sesión de designación rectoral para tramitar una recusación y atender denuncias presentadas por sectores estudiantiles; posteriormente, el Consejo Superior designó a Méndez para el periodo 2026–2030. Ese antecedente obliga a mantener claridad sobre los procedimientos institucionales, permite concluir que la elección se encuentra en una posible irregularidad que con el tiempo sabrán un debate complejo entre legalidad y legitimidad al interior del poder constituyente de la UT.

Hoy lo que se sabe es que el rector coquetea con la izquierda del pacto histórico en el Tolima, les ha dado grandes fuentes y sectores burocráticos, les financia la cátedra ambiental y les ofrece espacios para que puedan realizar eventos en temas ambientales. Una fuente llamó a la redacción y le señaló que en Cortolima están enojados porque el representante Renzo ha sido un hostigador de violencia contra la corporación, y que es muy lamentable que cuenta con todo el apoyo y beneplácito del rector Méndez. La manera de establecer si hubo favorecimientos, redes clientelares o uso indebido de recursos es examinar documentos, cuantías, decisiones y responsabilidades concretas. La rectoría tiene la oportunidad de publicar un balance verificable de su gestión, responder las solicitudes de información y garantizar que las denuncias sean tramitadas por instancias competentes. Al final, la discusión no debería resolverse por lealtades políticas ni por etiquetas incendiarias: debe resolverse con expedientes abiertos, derechos protegidos y cuentas que puedan comprobarse.

 

En la Universidad del Tolima, el verdadero examen no consiste en averiguar quién conoce al Tigre. Consiste en saber si cada contrato tiene sus soportes, cada anticipo su legalización, cada pago su justificación y cada denuncia una respuesta documentada. Si todo está en orden, los expedientes deben permitir demostrarlo. Si hay errores, deben corregirse. Y si las autoridades encuentran indicios de irregularidad, deberán actuar conforme a la ley.

 

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