Rector de la UT elegido por la Gobernadora Matiz, entrega cargos al Pacto Histórico

A que está jugando la Gobernadora del Tolima Adriana Magali Matiz Vargas, al haber elegido como rector de la Universidad del Tolima al señor Jhon Jairo Méndez Arteaga, quien en tiempo récord ha protagonizado varios escándalos, y ahora para acabar de rematar le está entregando cuotas políticas al Pacto Histórico, que se supone es un sector totalmente contrario al que lo llevó a ese cargo.

 

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Por: cambioin Denuncia Ciudadana. Investigación y análisis político. cambioin.com

 

La torta del poder en la Universidad del Tolima: Jhon Jairo Méndez y el apoyo del pacto histórico a su Rectoría.

 

Jonh Jairo Méndez llegó a la rectoría para gobernar hasta 2030, respaldado por los votos universitarios y una mayoría del Consejo Superior. Pero, a cinco meses de su designación, los cuestionamientos sobre el gasto administrativo, las relaciones políticas y las tensiones alrededor de su equipo directivo plantean una pregunta incómoda: ¿quién está definiendo realmente las prioridades de la Universidad del Tolima?

 

El rector que ganó una consulta y heredó una tormenta política

En el Tolima, las universidades también tienen sus temporadas de elecciones, sus alianzas, sus silencios y sus cuentas pendientes. Lo que no deberían tener es una zona de sombra cuando se trata de administrar recursos públicos.

Jonh Jairo Méndez Arteaga llegó a la rectoría de la Universidad del Tolima el 28 de mayo de 2026, después de obtener 9.739 apoyos en la consulta universitaria. El Consejo Superior lo designó para el periodo 2026–2030 con seis de sus nueve votos.

 

La elección, sin embargo, no estuvo libre de controversia. El delegado del Ministerio de Educación solicitó suspender la sesión por una recusación pendiente presentada en el contexto de las objeciones al proceso. La mayoría del Consejo Superior siguió adelante con la designación. Ese episodio está documentado y explica parte de la discusión sobre la legitimidad institucional del procedimiento, aunque no constituye por sí mismo prueba de ilegalidad.

 

La pregunta política es inevitable: ¿con qué respaldo gobierna un rector cuando su elección obtiene apoyo de la comunidad universitaria, pero también provoca reparos dentro del máximo órgano de dirección?

 

La pregunta administrativa es todavía más importante: ¿cómo piensa demostrar que los contratos, nombramientos, viajes y decisiones presupuestarias de su administración obedecen a necesidades universitarias y no a compromisos políticos? Porque una consulta electoral puede entregar legitimidad democrática.

 

No entrega un cheque en blanco, es tanto el oportunista que sectores de altos mandos del Pacto Histórico del Tolima, han llamado a distintos actores, líderes y grupos para que puedan mermar sus críticas sobre el nuevo rector, un parlamentario de este partido, se comunicó con 3 medios alternativos de la región, solicitando un apoyo y buscando mediar/mermar con los sectores opositores, desde cuando un rector afina al partido conservador  barretismo/matizismo, necesita que un representante a la cámara de izquierda, meta la mano a la olla de corrupción que administra en la UT.

 

Los viáticos del rector: la cuenta que debe ponerse sobre la mesa

El 9 de octubre, CambioIn publicó una nota sobre los cuestionamientos alrededor de los viáticos de rectoría y el funcionamiento de la Biblioteca Rafael Parga Cortés. El contraste es políticamente potente: mientras la representación institucional puede requerir desplazamientos, reuniones y comisiones, estudiantes han expresado inquietudes sobre el acceso a espacios y recursos para estudiar e investigar.

 

Pero una comparación responsable necesita números. ¿Cuál era el presupuesto de viáticos antes de la llegada de Méndez? ¿Cuál es el presupuesto vigente? ¿Cuánto se ha comprometido y cuánto se ha pagado? ¿Cuáles viajes se realizaron, qué funcionarios participaron y qué resultados obtuvo la universidad? Lo que corresponde es exigir el presupuesto comparativo, las resoluciones de comisión, las órdenes de pago, los tiquetes y los informes de resultados.

 

Un rector puede viajar por razones académicas legítimas. Lo que no puede pedirle a la ciudadanía es que confíe ciegamente en la justificación de cada gasto, y si la biblioteca presenta restricciones de acceso, la universidad debe explicar su causa, duración, costos asociados y cronograma de solución.

 

No se trata de escoger entre los viajes del rector y los libros de los estudiantes. Se trata de demostrar, con cifras, que el presupuesto sirve a las prioridades de la universidad.

Los contratos: mucho ruido político, pero ¿dónde están las cifras completas?

 

Aquí empieza la parte más delicada de esta investigación. En el debate regional circulan señalamientos sobre posibles acuerdos burocráticos y contrataciones vinculadas a los movimientos políticos que acompañaron la elección rectoral. Sin embargo, para afirmar que hubo contratos entregados como contraprestación política se necesita algo más que una versión de pasillo.

Gersan: el nombre que aparece en las conversaciones sobre el poder universitario.

 

En esta historia también aparece Nelson Germán Sánchez Pérez, conocido como Gersan, quien figura públicamente como vicerrector de Desarrollo Humano de la Universidad del Tolima.

CambioIn ha publicado señalamientos sobre su trayectoria institucional y su presunta participación en movimientos políticos relacionados con la elección de Méndez. Esos reportes han planteado preguntas sobre su papel en las conversaciones políticas alrededor de la rectoría, pero no han acreditado por sí mismos que existieran contratos de asesoría política pagados con recursos universitarios ni que su designación como vicerrector fuera una contraprestación por acuerdos electorales.

 

En corrillos políticos se ha extendido, además, una versión según la cual sectores del barretismo estarían inconformes con el papel que Gersan habría desempeñado en la promoción de Méndez.

 

Lo que sí puede preguntarse es qué criterios se aplicaron para conformar el equipo directivo, cuáles son las funciones y responsabilidades presupuestales de cada vicerrectoría y qué mecanismos garantizan que los nombramientos respondan a necesidades institucionales.

El asunto no es si Gersan tiene amigos, contactos o experiencia política. El asunto es si su función pública está claramente delimitada, qué decisiones puede tomar y cómo rinde cuentas a la comunidad universitaria. Cuando una persona ocupa una posición directiva, la transparencia no disminuye, por el contrario aumenta.

 

Renzo García y Marco Emilio Hincapié: la cercanía política no es un delito, pero tampoco reemplaza la transparencia

 

Renzo García y Marco Emilio Hincapié son representantes a la Cámara por el Tolima vinculados al Pacto Histórico para el periodo legislativo 2026–2030. Su filiación política es un hecho público. También lo es que la Universidad del Tolima se ha convertido en escenario de debates ambientales y políticos relevantes para el departamento.

 

cambioin.com publicó el 25 de septiembre señalamientos sobre posibles acercamientos entre el entorno de Renzo García y la rectoría de Méndez, junto con versiones de inconformidad en sectores conservadores del barretismo. Sin embargo, hay preguntas que pueden y deben formularse. A esta redacción llegó dos audios muy comprometedores de altos funcionarios del pacto histórico el Tolima, donde manifiestan que presuntamente el representante a la Cámara Renzo García, había negociado con el rector Méndez para concretar amplios sectores burocráticos en materia de seminarios, diplomados y formación ambiental, la renovación de la oficina de educación ambiental a través de los docentes que participan en la Cátedra ambiental Gonzalo Palomino Ortiz.

 

¿Se han reunido el rector y los congresistas para tratar asuntos relacionados con la universidad? Si ha ocurrido, ¿cuáles fueron los motivos institucionales de esos encuentros? ¿Se discutieron proyectos académicos, iniciativas presupuestales o necesidades regionales? ¿Existen decisiones contractuales posteriores que ameriten una revisión independiente? Son preguntas que exige hoy el movimiento estudiantil y la comunidad universitaria.

La relación entre representantes políticos y una universidad pública no es, por sí misma, irregular. Los congresistas pueden gestionar iniciativas de interés regional y las universidades pueden participar en debates públicos. El límite aparece cuando se pretende convertir esa interlocución en influencia indebida sobre nombramientos, contrataciones o decisiones que deben adoptarse mediante procedimientos objetivos. Lo curioso es que el rector quiere servir a dos o más amos y señores, lo que se sabe es que nadie puede tener dos amos y el tiempo demostrará esta crónica de una universidad en crisis de legitimidad del poder universitario.

 

¿Oportunismo político o construcción de una nueva mayoría?

 

En la política regional también circulan interpretaciones sobre la posición de Méndez frente a sectores que habrían contribuido a su ascenso y sobre su eventual acercamiento a dirigentes de otras corrientes políticas. Algunos interlocutores le comunican a este medio, que la conducta del señor Méndez es oportunista, mediocre y pusilánime al estilo del politiquero que administra una universidad regional. Otros podrían interpretarla como la construcción de una mayoría para gobernar que desea concentrar todos los poderes al interior de la UT.

 

El juicio político serio debe examinar decisiones verificables: quiénes fueron nombrados, qué funciones desempeñan, qué cambios se hicieron en la estructura directiva, qué compromisos presupuestales se asumieron y qué resultados se han obtenido. Si hubo acuerdos de gobernabilidad, la pregunta es si respetan la autonomía universitaria. Sí hubo negociaciones sobre cargos, debe establecerse si se tradujeron en decisiones incompatibles con los procedimientos de selección.

La palabra «oportunismo» puede servir para una disputa partidista, y la autonomía universitaria no puede medirse por la cantidad de fotografías que un rector comparte con dirigentes de distintas corrientes, sino por su capacidad de adoptar decisiones sin someter los intereses académicos a presiones externas.

 

Las cuentas que la rectoría debería publicar:

 

Para pasar de las versiones políticas a una investigación económica concluyente, la comunidad universitaria, considera necesario solicitar a la rectoría los siguientes datos: Contratación desde el 28 de mayo de 2026: listado de procesos adjudicados y contratos suscritos, con número, objeto, contratista, cuantía inicial, modificaciones, plazo y estado de ejecución.

 

Viáticos y desplazamientos de rectoría: presupuesto aprobado, compromisos, pagos, resoluciones de comisión, destinos, duración y productos institucionales.

Nombramientos directivos: actos administrativos, manuales de funciones, remuneraciones y responsabilidades presupuestales de cada integrante del equipo.

Procesos de selección: informes de evaluación, observaciones de los proponentes, decisiones de adjudicación y justificaciones de las modificaciones efectuadas.

Relaciones con proyectos regionales: convenios, acuerdos y contratos que involucren a entidades públicas, organizaciones o actores políticos, con sus respectivas fuentes de financiación.

 

Control interno: informes de auditoría, hallazgos, planes de mejoramiento y respuestas institucionales relacionadas con contratación y ejecución presupuestaria. La solicitud debe permitir distinguir los recursos comprometidos de los efectivamente pagados, y los contratos suscritos personalmente por el rector de aquellos que fueron gestionados por otras dependencias con competencias propias.

La pregunta final: ¿quién gobierna la universidad y a quién le rinde cuentas?

Méndez obtuvo un respaldo electoral considerable. Su designación quedó formalizada por el Consejo Superior. También enfrenta cuestionamientos públicos que no pueden resolverse mediante comunicados genéricos ni mediante la descalificación de quienes preguntan.

 

La rectoría tiene la oportunidad de responder con documentos, explicar sus prioridades presupuestales y demostrar que los nombramientos y las contrataciones obedecen a criterios institucionales.

Renzo García, Marco Emilio Hincapié y los sectores políticos que aparecen mencionados en las versiones públicas también pueden aclarar si han sostenido conversaciones con la administración universitaria y cuál ha sido su propósito.

El dinero público no admite condenas por rumores, pero tampoco debería quedar protegido por el silencio administrativo. La Universidad del Tolima necesita que cada peso pueda seguirse desde la apropiación presupuestal hasta el resultado que recibe la comunidad académica.

 

Porque una rectoría puede ganar una elección. Lo que no puede hacer es pedir que se suspenda el escrutinio público. La universidad no necesita otra guerra de rumores. Necesita cuentas claras y acuerdos concretos con todos los sectores no con grupos de interés politiqueros y funcionales a los partidos de turno de la región.

Pero gobernar una universidad pública tiene una particularidad: el discurso dura lo que dura una rueda de prensa; los documentos, en cambio, permanecen, y  son esos documentos los que empiezan a plantear preguntas sobre las prioridades económicas de la nueva administración.

 

La revisión de los expedientes oficiales de contratación de 2026, permite identificar varios procedimientos importantes. No todos fueron ordenados directamente por el rector, no todos terminaron en contratos adjudicados y no todos tienen pagos acreditados. Hacer esa distinción no le quita fuerza a la investigación. Al contrario, impide que la discusión se convierta en una colección de exageraciones que después se puedan desmentir con una sola resolución.

 

El caso que más llama la atención es la invitación pública 246 de 2026, destinada a adquirir equipos de seguridad perimetral, licencias de firewall y componentes de red para la Universidad del Tolima. El presupuesto oficial asciende a $1.649.996.880. El estudio previo, fechado en septiembre, identifica expresamente a Méndez como ordenador del gasto. La convocatoria se publicó el 14 de octubre y cerró el 19 del mismo mes.

 

Casi $1.650 millones.

La cifra tiene suficientes ceros para exigir explicaciones completas, pero no para autorizar conclusiones precipitadas. En la documentación consultada no aparece un acta de adjudicación que permita confirmar que el procedimiento culminó en un contrato firmado. Por eso, hoy esa suma debe presentarse como presupuesto oficial de una contratación, no como dinero adjudicado ni cómo plata pagada.

La pregunta, sin embargo, es legítima y necesaria: ¿cómo se construyó ese presupuesto?, ¿qué cotizaciones lo respaldan?, ¿cuántos proveedores podían competir en condiciones reales?, ¿por qué se exigió una solución tecnológica basada en equipos Fortinet y qué estudios demostraron que esa era la alternativa adecuada?

La universidad tiene una explicación técnica posible: renovar y modernizar una infraestructura que ya utiliza esa marca puede ser razonable por compatibilidad, seguridad y continuidad del servicio. Pero una justificación técnica debe estar documentada. No basta con decir que una marca funciona; hay que demostrar por qué las especificaciones elegidas responden a la necesidad institucional y cómo se preserva la competencia.

 

En contratación pública, la palabra «compatibilidad» puede describir una necesidad auténtica. También es una palabra que merece escrutinio cuando determina quién puede presentarse a una convocatoria. No se trata de insinuar que hubo direccionamiento. Se trata de exigir que el expediente permita descartarlo o, si aparecen evidencias, que las autoridades competentes las examinen.

La segunda cifra conduce al estudio de grabación institucional. El proceso 242 de 2026 fue adjudicado a Comercializadora y Suministros JDI S.A.S. por $202.930.700, frente a un presupuesto oficial de $204.112.727. La diferencia fue de $1.182.027. El acta de adjudicación señala, además, que el rector designó al comité evaluador mediante un memorando del 29 de julio.

 

Aquí conviene detenerse. Que el proceso se haya desarrollado durante la rectoría de Méndez y que él haya designado el comité son hechos distintos de afirmar que firmó personalmente el contrato o intervino indebidamente en la selección. No existe, en los documentos examinados, evidencia suficiente para sostener esa acusación.

 

Lo que sí corresponde preguntar es qué equipos se compraron, cómo se compararon los precios, quién certificó la recepción y dónde quedaron inventariados. Un estudio de grabación puede servir para producir material académico, fortalecer la educación a distancia y divulgar el trabajo de la universidad. La discusión no debería reducirse a si se necesita o no tecnología. La discusión consiste en demostrar que cada equipo adquirido responde a una necesidad real y que su precio y entrega pueden verificarse.

La administración pública tiene una regla elemental: comprar es apenas el principio. Después vienen la entrega, la supervisión, el inventario y la comprobación de resultados. El contrato no termina cuando se publica el acta de adjudicación; termina cuando las obligaciones se cumplen y esa ejecución queda debidamente documentada.

Otro expediente merece atención por razones distintas. La invitación 243 de 2026 contemplaba $175.747.000 para suministrar elementos de aseo a la sede central. Después de modificaciones al cronograma, evaluaciones y una revocatoria del informe preliminar, el proceso fue declarado desierto el 19 de octubre porque, según el acta, ninguna propuesta cumplió todos los requisitos técnicos. El documento identifica a Germán Rubio Guerrero como ordenador del gasto.

 

Cuando una convocatoria atraviesa varias modificaciones y termina desierta, la universidad debería poder explicar qué requisitos no cumplieron los proponentes, qué observaciones se recibieron, por qué fue necesario revocar el informe preliminar y qué cambiará en una eventual nueva convocatoria. Los recursos no desaparecen porque una licitación fracase, pero el fracaso de un procedimiento puede retrasar una necesidad institucional y obligar a revisar la calidad de la planeación.

La pregunta es sencilla: ¿las condiciones estaban bien diseñadas desde el comienzo y fueron aplicadas de manera uniforme? La respuesta debe encontrarse en los informes de evaluación, no en la imaginación de los comentaristas.

 

También aparece la contratación de dotaciones para servidores públicos. El proceso 240 de 2026 fue adjudicado a Pluxee Colombia S.A.S. por $348.412.057, bajo la modalidad de monto agotable. El acta identifica a Mario Ricardo López Ramírez como ordenador del gasto, no al rector.

Este dato importa porque una investigación seria no puede colocar todas las firmas bajo el nombre de Méndez simplemente porque los procedimientos ocurrieron durante su administración. El rector tiene responsabilidades institucionales, pero cada expediente debe atribuirse a quienes realmente intervinieron en él y según las competencias que ejercieron.

En este caso, el control económico debería establecer cuántos servidores tenían derecho a la dotación, cómo se distribuyeron los beneficios, qué costos administrativos se cobraron y cuánto terminó ejecutándose. El monto máximo contractual no necesariamente equivale al gasto final. Una cifra presupuestada y una cifra pagada son dos historias diferentes.

 

La misma cautela debe aplicarse al proceso 241 de 2026, con presupuesto oficial de $200 millones para evaluar productos académicos de profesores. La adjudicación recayó en la Universidad Tecnológica de Pereira y el acta identifica a Nancy Gómez Torres como ordenadora del gasto. El expediente consultado no permite establecer aquí el valor definitivo del contrato firmado.

Hay una cuestión de fondo que vale la pena plantear: ¿qué productos se evaluarán, cuántas evaluaciones se contratarán y cuánto costará cada una? La evaluación académica puede ser una necesidad legítima, pero su contratación debe tener indicadores, metodología y resultados verificables. La autonomía universitaria no está reñida con la rendición de cuentas.

Luego aparecen los $519.615.000 previstos para bonos intercambiables por alimentación destinados a estudiantes de pregrado. El proceso 244 se publicó durante la rectoría de Méndez, aunque el certificado de disponibilidad presupuestal que lo respaldaba está fechado el 20 de mayo, antes de su designación. En la documentación consultada no se encontró el acta de adjudicación que permita confirmar al contratista seleccionado y la cuantía definitiva.

 

Ese detalle cambia la lectura del caso. No puede atribuirse al rector la creación de una necesidad presupuestal que fue respaldada antes de su posesión sin examinar los antecedentes. Pero sí es razonable pedir información sobre la evolución posterior del proceso, el número de beneficiarios, el valor unitario de los bonos y los mecanismos utilizados para verificar que los recursos lleguen efectivamente a la alimentación estudiantil.

 

Finalmente, la invitación 245 de 2026 contempla $220 millones para servicios logísticos de eventos académicos, culturales, administrativos, artísticos y deportivos del IDEAD. El estudio previo identifica a Marien Alexandra Gil Serna como ordenadora del gasto. El objeto incluye servicios que pueden abarcar transporte, alojamiento, alimentación, sonido, espacios físicos, publicidad y honorarios de conferencistas.

Una contratación logística de alcance nacional puede ser razonable para una institución con centros tutoriales en distintas regiones. Precisamente por eso, cada actividad debe dejar una huella verificable: solicitud, autorización, cotización, soporte de ejecución y certificación de supervisión. Cuando se contratan servicios de naturaleza tan diversa, el control no puede quedarse en una factura global y una firma al final del expediente.

 

¿Qué balance dejan, entonces, estos documentos? Dejan un presupuesto de casi $1.650 millones en un proceso de seguridad informática que identifica al rector como ordenador del gasto; una adjudicación de más de $202 millones para equipos de grabación cuyo comité evaluador fue designado por él; una convocatoria de aseo por $175 millones que terminó desierta; y otros procedimientos millonarios relacionados con dotaciones, evaluación académica, alimentación estudiantil y logística del IDEAD.

 

Pero la ausencia de una prueba de irregularidad no elimina el deber de explicar el gasto público. Esa es precisamente la diferencia entre una acusación sin fundamento y una investigación periodística: la primera anuncia culpables; la segunda exige documentos, compara cifras y espera las respuestas.

 

La rectoría debería facilitar una relación consolidada de los procesos iniciados, adjudicados y suscritos desde el 28 de mayo de 2026, con sus cuantías iniciales, modificaciones, contratistas, supervisores, pagos y estado de ejecución. También debería precisar cuáles procedimientos fueron heredados de la administración anterior y cuáles surgieron de decisiones adoptadas por el nuevo equipo.

 

La Universidad del Tolima no necesita vivir de sospechas, pero tampoco puede pedir que se suspendan las preguntas. La contratación pública debe soportar el escrutinio ciudadano, especialmente cuando se trata de decisiones de cuantías elevadas.

En una universidad, el dinero tiene una obligación moral adicional: convertirse en mejores condiciones para enseñar, aprender, investigar y trabajar. Por eso, cada peso destinado a un firewall, una cámara, un bono de alimentación o un evento institucional debería poder seguirse desde el presupuesto hasta el resultado.

Méndez tiene por delante un periodo de cuatro años. La mejor manera de responder a las dudas no es convertir cada pregunta en una pelea política ni presentar cada crítica como una condena anticipada. Es abrir los expedientes, explicar las decisiones y demostrar los resultados.

 

Porque en la administración pública las cifras no hablan solas. Necesitan documentos, contexto y responsables. Y cuando el presupuesto supera los mil millones, la transparencia no puede ser una promesa de campaña: tiene que ser una práctica cotidiana.

CambioIn Polémica seguirá la ruta del dinero público en la Universidad del Tolima. No para condenar antes de investigar, sino para que ninguna cifra importante quede sin explicación y ninguna acusación se publique sin sustento.

 

En la Universidad del Tolima, el poder no solamente se mide en votos, rectorías y fotografías protocolarias. También se mide en presupuestos, contratos, resoluciones y firmas, y cuando aparecen cifras que superan los mil millones de pesos, la conversación deja de ser un asunto de pasillos universitarios para convertirse en un asunto de interés público.

 

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