El IDEAD, una rueda suelta al interior de la UT. Tapan un escándalo con otro escándalo

El Reino del IDEAD: Contratos, Nepotismo Familiares, círculos mafiosos de poder y preguntas que la Universidad del Tolima, no puede seguir evadiendo. Cuando una dependencia universitaria empieza a parecer un Estado dentro del Estado, la pregunta ya no es quién manda, sino quién vigila al que manda.

 

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Por: Opinión Denuncia ciudadana, Investigación cambioin.com

 

Hay oficinas que administran presupuestos. Otras administran silencios. Y hay estructuras burocráticas que, con el paso de los años, terminan confundiendo la autonomía académica con la posibilidad de funcionar como una república aparte.

 

El Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, el conocido IDEAD, merece una discusión pública sin reverencias ni anestesia retórica. No porque esté demostrado que allí exista una organización criminal, aunque operan de cierta forma como una en realidad, pues su historia administrativa, sus procesos contractuales y los círculos de colaboración académica alrededor de sus antiguos directivos plantean interrogantes que deben responderse con expedientes abiertos.

 

En el centro de esta discusión aparece Carlos Arturo Gamboa Bobadilla, quien dirigió el IDEAD desde 2018 hasta septiembre de 2024. La propia institución registra su llegada a la dirección y señala que, desde el primero de octubre de 2024, asumió Marien Alexandra Gil Serna, a quién una fuente nos hizo llegar información sobre sus negocios de viajes y viáticos masivos, a su vez, Gamboa también aparece en el registro universitario como docente del Departamento de Estudios Interdisciplinarios del Instituto.

 

Siete años al frente de una dependencia universitaria no son una eternidad, pero sí constituyen tiempo suficiente para construir equipos, consolidar relaciones profesionales y dejar una huella administrativa de amores, lealtades y traiciones. La pregunta es si esa huella fortaleció los controles institucionales o si la Universidad del Tolima permitió que el IDEAD desarrollara dinámicas de poder insuficientemente escrutadas y hoy para muchos sea una institución paralela, rentistas y de círculos cerrados de poder institucional.

 

El mobiliario, los millones y las firmas

 

Los documentos de contratación ofrecen cifras concretas. Y las cifras, cuando se leen completas, suelen ser mejores periodistas que los rumores.

 

En el proceso 119 de 2022, la Universidad adjudicó a Luz Ángela Rubio de Pedroza un contrato por $107.695.000 para la adquisición de mobiliario destinado a los Centros de Atención Tutorial del IDEAD. El presupuesto oficial era de $150.726.590. En el acta de adjudicación aparece Gamboa como ordenador del gasto, a esta redacción le llega información que en el IDEAD empezaron a destapar los archivos con el fin de cuadrar una posible intervención por parte de la Procuraduría General de la Nación, ya que se sabe la amplia amistad de la procuradora del Tolima con el ex - rector Omar Mejía. Hoy la Procuraduría debería intervenir de forma estructurada y sistemática la UT.

 

Un año después, en el proceso 035 de 2023, la misma proveedora recibió otra adjudicación, esta vez por $383.102.650, para adquirir e instalar mobiliario destinado a la Universidad del Tolima. La suma de ambas adjudicaciones alcanza $490.797.650. Que paso aquí, donde quedaron los conceptos preventivos y la intervención preliminar de los organismo de control y vigilancia a la administración pública.

 

Pero aquí hay que separar la contundencia de la cifra de la ligereza de una acusación: son dos procesos distintos y el segundo tiene un objeto institucional más amplio. Aquí el poeta humilde a zar de la contratación merece responder si las licitaciones recibieron todos los conceptos técnicos y seguimiento por parte de la Procuraduría.

 

Entonces, ¿qué debe hacer una universidad seria? Mostrar los contratos completos, las facturas, los inventarios, los informes de supervisión y las actas de recibo. ¿En qué sedes terminaron los muebles? ¿Quién certificó su entrega? ¿Qué mecanismos se utilizaron para evaluar las ofertas? ¿Qué controles se aplicaron para garantizar que el gasto correspondiera a la necesidad pública?

 

No son preguntas criminales. Son preguntas de control fiscal y transparencia. Si los expedientes están en regla, la documentación debe poder demostrarlo.

 

Los contratos de apoyo: ¿quién pidió, quién evaluó y quién autorizó?

 

En el proceso 073 de 2022, Eileem Leandra Gutiérrez Carrillo recibió una adjudicación por $9.660.000 para prestar servicios de apoyo a la gestión de los programas de posgrado del IDEAD. El expediente identifica a Gamboa como ordenador del gasto y a Luis Ernesto Londoño Martínez como profesional que elaboró los estudios previos. Una fuente muy allegada al ex rector Omar Mejía mencionó las redes internas de contratos y licitaciones a dedocracia.

 

Precisamente por eso es indispensable reconstruir cada cadena de decisiones. La transparencia no consiste en exhibir únicamente el nombre del contratista y el valor del contrato. Exige conocer las razones de la contratación, los requisitos exigidos, la evaluación de las propuestas, los productos entregados y los resultados obtenidos.

 

La burocracia universitaria no puede operar con una lógica de confianza personal. El dinero es público y su trazabilidad también debe serlo.

 

Dayanis Vanessa Contreras Durán: colaboración académica y preguntas por resolver

 

El nombre de Dayanis Vanessa Contreras Durán, actual pareja del poeta Gamboa, aparece en registros institucionales de prestación de servicios y publicaciones académicas relacionadas con la Universidad del Tolima.

 

Un registro publicado en el portal institucional la identifica como contratista de servicios profesionales por $8.000.000 durante cuatro meses. El objeto se relaciona con la producción de contenidos digitales y la divulgación de actividades de formación, investigación y extensión del Observatorio de Paz y Derechos Humanos. En ese registro, el responsable u ordenador asociado aparece como Jonh Jairo Méndez Arteaga,  Carlos Arturo Gamboa Bobadilla, la duda es que hace la pareja de directivo de alto nivel contratando con el IDEAD y la UT.

 

Estos datos justifican preguntas sobre sus trayectorias, sus vinculaciones institucionales y las condiciones en que se asignan las oportunidades académicas, podría configurar una posible red de nepotismo y clientelismo universitario.

 

Por eso, si se sostiene que existe un vínculo conyugal y se sospecha que pudo influir en decisiones institucionales, la investigación debe demostrar primero la relación y después examinar, de manera independiente, las decisiones administrativas que pudieran configurar un conflicto de interés. Una cosa es el vínculo personal; otra, la prueba de que ese vínculo produjo un beneficio irregular y otra los contratos recibidos en la misma universidad.

 

La pregunta no es si dos personas pueden escribir juntas, trabajar en una misma universidad o compartir intereses académicos. La pregunta es si las reglas de acceso, selección, contratación y asignación de cátedras se aplicaron de manera transparente y en igualdad de condiciones.

 

La Universidad debería publicar o facilitar, conforme a las reglas de acceso a la información, los contratos y las vinculaciones pertinentes, los periodos, los valores, los objetos, las asignaturas asignadas y los mecanismos de selección. Si hubo cátedras, que se identifiquen con fechas y soportes. Si hubo contratos, que se conozcan sus condiciones. Si no hubo privilegios, la evidencia debe permitir establecerlo.

 

Lo contrario sería dejar que una sospecha se convierta en sentencia sin juicio documental, algo tan inconveniente para los señalados como para el interés público.

 

¿Una universidad dentro de otra universidad?

 

La discusión más profunda no se limita a dos nombres ni a tres contratos. Tiene que ver con la relación entre el IDEAD y el conjunto de la Universidad del Tolima.

 

El Instituto tiene una misión legítima: ampliar el acceso a la educación superior y atender estudiantes en diferentes regiones. Su estructura territorial y académica es parte de la función pública universitaria, no una anomalía.

 

Pero la autonomía operativa no debe confundirse con aislamiento administrativo. Si una dependencia concentra decisiones, construye círculos internos de influencia o se distancia de los mecanismos de control central, corresponde examinar sus procedimientos, sus relaciones jerárquicas y la rendición de cuentas.

 

Algunos críticos podrían describir esa dinámica, en términos políticos, como una “mafia separatista” o una estructura divisoria. Los contratos irregulares como pruebas de una organización delictiva, sin embargo, esa expresión solo puede funcionar como una metáfora polémica sobre el riesgo de que una burocracia se cierre sobre sí misma; no como una conclusión factual sobre la existencia de una mafia.

 

La pregunta institucional es mucho más seria: ¿se han garantizado controles suficientes para que las decisiones del IDEAD respondan al interés general de la Universidad y no a lealtades personales, grupos internos o redes de influencia?

 

Si hay indicios de decisiones direccionadas, deben presentarse los expedientes y examinarse. Si hay conflictos de interés, deben identificarse y tramitarse conforme a las normas aplicables. Si existen irregularidades, deben investigarlas los órganos competentes. Y si las acusaciones no tienen respaldo, también debe decirse con claridad.

 

La cátedra, el contrato y el poder

 

En una universidad pública, una cátedra no puede convertirse en premio a la cercanía; un contrato no puede ser una moneda de fidelidad; y una dirección no puede comportarse como una propiedad personal.

 

Para hablar de una red clientelar hay que documentar sus mecanismos: quién recomienda, quién decide, qué beneficios se conceden, bajo qué reglas y con qué evidencia de trato privilegiado. Todo a punta presuntamente a qué Carlos Gamboa todo logro cuadrarlo e impulsarlo a su manera

 

El IDEAD merece una auditoría documental rigurosa, no una condena improvisada. Los nombres y las cifras ya identificados permiten formular preguntas precisas. Lo que falta es completar la cadena documental de cada contrato y cada vinculación, y escuchar las respuestas de las personas involucradas.

 

La última palabra debe tenerla el expediente

 

A la Universidad del Tolima le corresponde responder con información verificable: contratos completos, valores definitivos, actas de adjudicación, supervisiones, liquidaciones, vinculaciones docentes, asignaciones de cátedra y declaraciones de conflicto de interés cuando sean exigibles.

 

A Gamboa y a Contreras, si desean pronunciarse, deben ofrecerles la oportunidad de explicar los hechos y aportar los documentos pertinentes. El derecho de contradicción no debilita una investigación: la hace más rigurosa.

 

El periodismo no está para administrar silencios ni para dictar condenas sin pruebas. Está para seguir el rastro del dinero, comparar las decisiones con las reglas y exigir que quienes manejan recursos públicos respondan por sus actos.

 

Porque el verdadero problema no es que una universidad tenga grupos, amistades o colaboradores. El problema comenzaría si se demostrara que esas relaciones sustituyeron los procedimientos, desplazaron la igualdad de oportunidades o pusieron el interés particular por encima del institucional.

 

Y esa es la pregunta que no debe perderse entre versos, discursos, cargos y fotografías: ¿está cada decisión del IDEAD respaldada por reglas transparentes y documentos comprobables, o existen decisiones que todavía esperan una explicación pública, es decir existe corrupción.

 

La respuesta no la dará una consigna o un poema al aire. Le darán los contratos, los soportes, los controles y la disposición de la Universidad a ponerlos sobre la mesa.

 

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