La millonada qué pagó la UT, por llevar al Rector y su comitiva, al fin del mundo

Viajando al fin del mundo: entre viáticos, contratos millonarios y las incertidumbres que recibió el rector de la Universidad del Tolima. Una fotografía en Mocoa, una universidad con millonarias observaciones administrativas, contratos bajo seguimiento y una rectoría que tiene el desafío de explicar qué encontró al llegar, qué está corrigiendo y cómo administra los recursos públicos.

 

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Por: Denuncia ciudadana, Investigación cambioin.com

 

Hay fotografías que parecen inocentes hasta que se observan en medio de las circunstancias que rodean a sus protagonistas. Una sonrisa, un paisaje, varios funcionarios y un enorme letrero que anuncia la llegada al «Fin del Mundo», en Mocoa, Putumayo. La imagen retrata un momento compartido durante un desplazamiento al sur del país y abre una discusión que va mucho más allá del paseo, de los aplausos institucionales y de los discursos sobre la presencia territorial de la educación superior.

 

En la Universidad del Tolima, donde los organismos de control han identificado dificultades administrativas y contractuales en vigencias anteriores, la pregunta no es si un rector puede viajar, porque naturalmente puede hacerlo cuando sus responsabilidades lo requieren. La verdadera discusión consiste en establecer cuánto cuesta desplazar a los altos funcionarios, qué recursos se comprometen, cuáles son los beneficios académicos y qué tan rigurosamente se legalizan los dineros destinados a estas actividades. Porque una institución pública puede llegar hasta el fin del mundo, pero su obligación de rendir cuentas comienza mucho antes de emprender el viaje.

 

El rector Jonh Jairo Méndez Arteaga, designado para el periodo 2026-2030, llegó a la dirección de una institución que ya arrastraba observaciones documentadas en materia de contratación, seguimiento presupuestal y legalización de anticipos. Su administración comenzó en un escenario que exige claridad sobre las condiciones financieras y administrativas que encontró. La visita institucional al Centro de Atención Tutorial de Mocoa, reportada por medios de comunicación en octubre de 2026, incluyó encuentros con estudiantes, docentes y directivos, así como actividades relacionadas con investigación y posibles alianzas territoriales.

 

Se trata de actuaciones que pueden formar parte del ejercicio legítimo de la rectoría. Sin embargo, la existencia de una agenda académica no elimina la necesidad de conocer los documentos que autorizaron los desplazamientos, las personas comisionadas, los valores reconocidos por viáticos, los gastos de transporte y los informes presentados posteriormente. Es precisamente allí donde la transparencia debe pasar del comunicado institucional a los soportes financieros que cualquier ciudadano pueda consultar.

 

Las cifras conocidas de vigencias anteriores explican por qué este debate no puede reducirse a la fotografía. De acuerdo con la información consignada en la auditoría correspondiente a 2024, la Universidad registró en SIA Observa 858 contratos por aproximadamente 40.275 millones de pesos, una cuantía considerable que refleja la dimensión de la operación contractual de la institución.

 

Esta cifra no demuestra, por sí misma, una irregularidad: las universidades públicas necesitan contratar bienes, servicios, infraestructura y apoyos operativos para cumplir sus funciones. Lo que adquiere importancia es la capacidad institucional para garantizar que cada contratación responda a necesidades justificadas, cuente con supervisión efectiva, tenga soportes completos y permita verificar que los recursos públicos fueron utilizados conforme a lo contratado. La discusión no debería girar únicamente alrededor del volumen de dinero comprometido, sino también de la calidad de los controles empleados para administrarlo.

 

Entre las observaciones de la vigencia 2024 aparece otro valor que merece especial atención: 142 millones de pesos relacionados con adiciones de los contratos 380, 599 y 57, cuyos reportes no se efectuaron oportunamente en SIA Observa, según el plan de mejoramiento institucional. Este señalamiento corresponde a una deficiencia de información y seguimiento contractual, no a una determinación de apropiación indebida de recursos. Sin embargo, cuando una institución administra cuantías millonarias, el reporte oportuno de las modificaciones contractuales no puede considerarse un asunto secundario. Conocer cuánto se adiciona, por qué se adiciona, quién lo autoriza y bajo qué condiciones se ejecuta resulta indispensable para ejercer control ciudadano. La pregunta pertinente es si estos procedimientos fueron corregidos, cuáles funcionarios quedaron encargados de las acciones de mejoramiento y qué mecanismos tiene hoy la rectoría para impedir que situaciones similares vuelvan a presentarse.

 

Pero la cifra que más interrogantes despierta en esta revisión se encuentra en el informe de auditoría correspondiente a la vigencia 2025. La Contraloría Departamental del Tolima registró 533.165.763,70 pesos en avances y anticipos para viáticos y gastos de viaje pendientes de legalización al 31 de diciembre de 2025. Es una cifra que supera los quinientos treinta y tres millones de pesos y que demanda una explicación detallada sobre su composición, antigüedad, responsables y estado actual.

 

No significa que todo ese dinero se haya perdido o que necesariamente exista una conducta delictiva. Tampoco corresponde atribuirlo al rector Méndez Arteaga, cuya designación es posterior a la vigencia examinada. Lo documentado es que existían saldos institucionales pendientes de legalización y que el organismo de control formuló una observación administrativa sobre esa situación. La Universidad expuso explicaciones relacionadas con procesos de legalización y gestión de cobro, pero el hallazgo se mantuvo. Por eso la pregunta sigue vigente: ¿cuánto de ese valor continúa pendiente en octubre de 2026, cuánto fue legalizado, cuánto fue reintegrado y qué decisiones administrativas se adoptaron para depurar los saldos?

Y aquí surge el verdadero problema de fondo. ¿El señor rector recibió un empalme con datos, saldos y expedientes llenos de incertidumbres administrativas y financieras? Si durante el cierre de 2025 permanecían pendientes de legalización más de 533 millones de pesos por anticipos asociados a viáticos y gastos de viaje, y si en la vigencia anterior se habían documentado dificultades de reporte contractual por otros 142 millones de pesos, resulta pertinente establecer cómo fueron presentados estos asuntos a la nueva administración.

 

¿Se entregó un informe de empalme suficientemente detallado? ¿Se identificaron los procesos pendientes de saneamiento? ¿Se establecieron responsables, cronogramas y compromisos verificables? ¿Tuvo el nuevo rector conocimiento oportuno de las observaciones formuladas por los organismos de control? ¿Ha solicitado auditorías internas, informes de seguimiento o acciones correctivas específicas? Estas preguntas no presuponen ocultamientos ni atribuyen responsabilidades que todavía no están demostradas; buscan determinar si la transición administrativa permitió conocer adecuadamente las obligaciones y dificultades que venía acumulando la Universidad.

 

La revisión de los estados financieros de 2025 añade otros valores que amplían los interrogantes. En la página 9 del informe definitivo, la Contraloría consignó incorrecciones relacionadas con depósitos en instituciones financieras por 900 millones de pesos, cuentas por cobrar por 1.558.511.906 pesos y otros activos por 815.249.156 pesos. Estos valores corresponden a observaciones contables que deben examinarse individualmente.

Lo relevante es que el organismo de control emitió una opinión financiera con salvedades y señaló dificultades de coordinación entre tesorería, contabilidad, jurídica, almacén, control interno y la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Si estas observaciones formaban parte de la realidad institucional que recibió la nueva administración, corresponde conocer su tratamiento durante el empalme y las medidas adoptadas posteriormente.

 

La visita a Mocoa permite llevar esta discusión al terreno de las decisiones actuales. De acuerdo con la información publicada el 19 de octubre por Caracol Radio, el Centro de Atención Tutorial atiende a 277 estudiantes, de los cuales el 81 % son mujeres, y desarrolla actividades académicas que justifican la atención de las directivas universitarias. Ese contexto no debería perderse en medio de la controversia. Sin embargo, todavía no se ha establecido documentalmente cuánto costaron los desplazamientos de la delegación, qué valores se reconocieron individualmente, quiénes recibieron anticipos, cuáles gastos fueron cubiertos por la Universidad y si existieron actividades personales sufragadas por sus participantes. La fotografía tomada frente al atractivo turístico no demuestra una utilización irregular del presupuesto, pero sí puede ser el punto de partida para solicitar la relación detallada de las comisiones oficiales, los informes de actividades y las respectivas legalizaciones.

 

En una institución que pretende ampliar su presencia nacional, viajar a los territorios puede ser necesario. Lo discutible sería que los desplazamientos no estuvieran suficientemente documentados o que sus resultados fueran imposibles de evaluar. Por eso, más que convertir una fotografía en una acusación, sería conveniente que la rectoría publicara una relación consolidada de los gastos de viaje de sus directivos durante 2026, con las fechas, destinos, objetivos, funcionarios comisionados, valores reconocidos y productos de cada visita. También sería oportuno conocer el avance del plan de mejoramiento formulado frente a las observaciones de las vigencias 2024 y 2025, especialmente las relacionadas con contratación, viáticos y anticipos. La transparencia no debería depender de una controversia pública, sino formar parte de la gestión ordinaria de una universidad financiada con recursos públicos.

La historia adquiere un significado particular cuando se observa desde la responsabilidad de quien acaba de asumir la rectoría. Jonh Jairo Méndez Arteaga no puede ser señalado como responsable de actuaciones anteriores simplemente por ocupar hoy el cargo.

Pero dirigir una institución también supone asumir la tarea de conocer sus dificultades, verificar las obligaciones pendientes y responder por las decisiones que se adopten para corregirlas. ¿Qué recibió exactamente el rector durante el proceso de empalme? ¿Un panorama financiero completamente depurado o una administración con saldos, observaciones y expedientes que todavía requerían aclaraciones? ¿Cuáles fueron las advertencias trasladadas por los responsables de las áreas administrativas? ¿Qué compromisos concretos asumió su equipo frente a los hallazgos de la Contraloría? Responder estas preguntas permitiría distinguir la herencia administrativa de las responsabilidades propias de la gestión actual.

 

Al final, el Fin del Mundo termina siendo una metáfora provocadora para una discusión muy terrenal. Mientras la Universidad del Tolima habla de ampliar sus fronteras académicas, sus informes de control recuerdan que todavía existen asuntos financieros y administrativos cuya evolución debe explicarse públicamente.

Los 40.275 millones de pesos en contratación registrada durante 2024, los 142 millones de pesos en adiciones contractuales no reportadas oportunamente, los 533 millones de pesos en anticipos y viáticos pendientes de legalización al cierre de 2025 y las demás observaciones contables no constituyen una sola bolsa de dinero cuestionado ni permiten afirmar que exista un esquema de corrupción. Son cifras de naturaleza diferente, correspondientes a hechos y períodos específicos, pero juntas muestran por qué es indispensable examinar la calidad de la información, la eficacia del control interno y la continuidad de las acciones de mejoramiento.

La Universidad del Tolima necesita presencia en las regiones, encuentros académicos, inversión y directivos que conozcan las realidades de sus estudiantes. También necesita que cada peso comprometido pueda rastrearse y explicarse. No hay contradicción entre viajar a Mocoa y rendir cuentas en Ibagué. La contradicción aparecería si las actividades institucionales se presentaran como resultados incuestionables mientras persistieran interrogantes documentales sin resolver.

 

La pregunta final no es por qué el rector llegó al Fin del Mundo. Es qué encontró cuando llegó a la rectoría de la Universidad del Tolima, qué documentos recibió, cuáles dificultades heredó y qué ha hecho para solucionarlas.

Porque más importante que conocer los destinos que visita una administración es saber hacia dónde conduce a la institución y qué cuentas puede presentar de ese recorrido.

 

cambioin.com Periodismo que informa sin negociar con las mafias de la Universidad del Tolima.

 

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