Lautero, el mago que maneja los cuestionados contratos en la UT

Fabián Mauricio Lautero: los contratos y el poder que no aparece en el organigrama mafioso y clientelar en la Universidad del Tolima. En el alma mater hay funcionarios que no necesitan ocupar la rectoría para estar cerca de las decisiones. Basta con conocer el expediente, identificar la necesidad, participar en la evaluación y permanecer durante años en los engranajes administrativos. La pregunta es dónde termina la gestión y dónde empieza el poder.

 

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Por: Opinión Denuncia ciudadana, Investigación cambioin.com

 

Fabián Mauricio Lautero Bernal no aparece en un solo papel perdido en los archivos de la Universidad del Tolima. Su nombre se repite en documentos de diferentes años, con funciones que van desde la supervisión hasta la evaluación de ofertas y la solicitud de necesidades contractuales del Instituto de Educación a Distancia, IDEAD. Eso no constituye una condena, pero sí una razón suficiente para examinar su papel con lupa y escozor investigativo.

La hoja de vida pública de Función Pública registra su vinculación con la Universidad desde febrero de 2008. Lo ubica como profesional desde julio de 2017 y consigna que anteriormente ocupó cargos de asesor, profesional universitario y director de oficina.

 

Son años de permanencia dentro de una institución donde los cambios de administración no necesariamente implican que cambien quienes conocen las llaves del funcionamiento cotidiano, y ahí comienza la discusión de fondo. No se trata de afirmar que la antigüedad sea una falta, ni de convertir la experiencia administrativa en sospecha automática. Se trata de preguntar cuánto poder acumula un funcionario que conoce los procedimientos, las dependencias, las necesidades regionales y las rutas por las cuales una necesidad institucional termina convertida en un proceso contractual.

 

En el año 2022, el mobiliario de los centros tutoriales entró en escena con un presupuesto oficial de $150.726.590. La invitación 119 contemplaba adquirir mobiliario para los Centros de Atención Tutorial del IDEAD en todo el país. Lautero aparece en la documentación de contratación que debe examinarse para reconstruir su intervención exacta en el procedimiento, desde la evaluación hasta la eventual ejecución.

 

En mayo de ese mismo año, otro expediente, la invitación 070, contempló espacios físicos pedagógicos para CAT como Kennedy y Urabá. Los documentos permiten seguir las necesidades, los presupuestos y las evaluaciones. Lo que corresponde establecer, es si señor Lautero ha solicitado el acompañamiento y seguimiento de la Procuraduría en las respectivas actuaciones y diligencias administrativas realizadas en materia contractual de su parte, ahora es fundamental saber,  si la ejecución coincidió con lo contratado, quién recibió los servicios y qué controles se ejercieron de manera real y orgánica.

 

Dos procesos de tantos años son muestra de una posible estructura clientelar a nivel nacional. Pero tampoco se debe cerrar la discusión con el argumento de que cada expediente es un trámite aislado, esta redacción tiene conocimiento según una fuente de un alto directivo del IDEAD: “ El señor Lautero se la pasa paseando, viaticando, tomando y gozando de su posición como estratega de la contratación, el cree que nadie se da cuenta de sus posibles chanchullos pero todo el mundo ya se dio cuenta de su capacidad de organizar contratos de manera tan rápida y bien estratégica con ciertos actores de la política tolimense”. Cuando los nombres vuelven a aparecer, el periodismo tiene la obligación de comparar, cruzar y preguntar.

 

En 2024 aparece otra pieza del rompecabezas administrativo. En un documento de contratación de la Universidad, Lautero figura como solicitante desde la Dirección de Centros Regionales del IDEAD, mientras el poeta y zar del IDEAD Carlos Arturo Gamboa Bobadilla aparece como ordenador del gasto. El expediente contempla necesidades relacionadas con insumos para enfermería y primeros auxilios. La solicitud presupuestal identificada asciende a $29.282.500.

 

Pero el expediente de 2025 merece una explicación más detallada. El proceso 024 de 2025 contempló un presupuesto oficial de $280 millones para servicios de apoyo logístico en eventos académicos, administrativos, culturales, artísticos y deportivos del IDEAD, en cualquier Centro de Atención Tutorial del país. El acta final de evaluación recomendó contratar con Grupo de Servicios Logísticos S.A.S. y lleva las firmas de Fabián Mauricio Lautero Bernal, identificado allí como director de Centros Regionales, y Luis Ernesto Londoño Martínez, profesional universitario del IDEAD, a quien esta redacción tiene conocimiento de sus posibles redes clientelares y del roscograma de la contratación masiva de la UT.

 

El documento presenta dos cifras que merecen ser explicadas públicamente: una oferta económica de $25.024.748 y un valor a contratar de $280.000.000, porque de manera tan expresa cambio el valor de la cuantía sin argumento o necesidad real del servicio, porque el señor Gamboa o alguien de contratación de la UT solicitó revisión técnica y presupuestal de ese contrato, el silencio reina en la burocracia universitaria. La diferencia, por sí sola, debe ser prueba para investigar el sobrecosto o la irregularidad. Puede responder a condiciones del proceso que deben verificarse en el expediente completo, un estudiante elevó una nota de comunicación al medio que el movimiento estudiantil solicitara la intervención de la procuraduría en la UT. Lo que no resulta aceptable es que una cifra de esa magnitud se convierta en un dato sin explicación para la comunidad universitaria.

 

La Universidad debería publicar o facilitar el contrato firmado, la propuesta económica completa, los precios unitarios, las órdenes de servicio, las actas de recibo y los pagos. La pregunta es sencilla: ¿cómo se estructura y ejecuta un contrato con ese presupuesto, cuánto se compromete efectivamente y cuánto termina pagándose por servicios prestados?

 

También debe reconstruirse el mapa territorial. Si el objeto abarca todos los CAT del país, hay que conocer cuáles recibieron servicios, en qué fechas, bajo qué órdenes, con qué soportes y quién certificó el cumplimiento. No basta con que el papel esté firmado; la transparencia exige comprobar que el servicio existió y que su valor corresponde a lo recibido.

La discusión sobre el poder burocrático no puede convertirse en una acusación sin pruebas, pero tampoco puede reducirse a una defensa automática de los procedimientos. Las instituciones públicas necesitan funcionarios experimentados. Lo que no necesitan es opacidad alrededor de las decisiones que comprometen sus recursos.

 

En el debate público también circulan versiones sobre presuntas relaciones de Lautero con dirigentes políticos, un supuesto papel de mediación de Rosales y una posible cercanía con el Centro Democrático. Esas afirmaciones deben verificarse con documentos, declaraciones atribuibles, registros electorales o testimonios auténticos y contrastados. En la documentación aquí citada no hay evidencia suficiente para presentarlas como hechos. Inventar conversaciones anónimas para darles apariencia de confirmación sería fabricar pruebas, no hacer periodismo.

 

La pregunta electoral, sin embargo, es legítima en términos generales y políticamente necesaria: ¿qué mecanismos impiden que las redes políticas influyan indebidamente en la contratación de una universidad pública? ¿Existen controles efectivos sobre los funcionarios que participan de manera reiterada en la identificación de necesidades, la evaluación de propuestas y la supervisión? ¿Se publican de forma accesible los resultados y los pagos? ¿Qué garantías tienen los proveedores de que las decisiones se toman con criterios verificables?

Son preguntas que no acusan a nadie de antemano. Obligan a la institución a demostrar que las reglas se cumplen. Hoy lo que se sabe es que la rectoría del rector Jhon Jairo Méndez, se encuentra en mil y mil rumores, quejas, denuncias y un escenario de inestabilidad política estructural, y si existen relaciones políticas relevantes, deberán probarse con hechos, no con susurros. Si hay vínculos contractuales, deberán aparecer en los registros. Si hay decisiones cuestionables, deberán señalarse con el documento, la fecha y la responsabilidad concreta.

 

El nombre de Lautero aparece en serios e irregulares expedientes que justifican continuar la investigación penal, disciplinaria y fiscal. Esta redacción revela un testimonio anónimo “Lautero llega a su oficina, se va temprano a veces ni saluda. Se la pasa hablando con políticos, contratistas y cuando se va a la costa en Santa Marta, Cartagena y Barranquilla hace reuniones ostentosa y excéntricas con diferentes personalidades políticas de la región vinculado a profesores y administrativos de la UT” hoy la sociedad tolimense demanda y le solicita a la universidad explique las decisiones, identifique a quienes intervinieron y muestre qué ocurrió con los recursos.

Porque en una universidad pública el poder no se mide únicamente por el cargo que aparece en la puerta. También se mide por la capacidad de intervenir en los procedimientos. Y esa capacidad, cuando se ejerce con recursos públicos, debe estar sometida a controles públicos.

La pregunta final no es si Lautero tiene poder dentro de una posible red clientelar, mafiosa y burocrática en la UT. Es mucho más concreta: ¿qué decisiones tomó, en cuáles participó, ¿cuáles fueron sus límites y qué documentos permiten comprobar que cada proceso se desarrolló correctamente? La respuesta debe estar en los expedientes, no en las lealtades ni en las versiones de pasillo. Es tanto sus facultades extraordinarias de incidir que actualmente es el director de Centros Regionales del IDEAD y se siente que levita a tal punto que muchos de sus trabajadores se sienten maltratados. Está redacción cuenta con tres audios de dos altos funcionarios vinculados a la política regional, donde señalan a este funcionario como el que maneja los hilos de la contratación masiva en el IDEAD- UT, a tal punto que el rector Jhon Jairo Méndez lo tiene entre sus consentidos para hacer politiquería en la Universidad del Tolima.

 

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