Las mafias al interior de la Universidad del Tolima

La ruta de los contratos del IDEAD y los nombres que se repiten en los expedientes. En la Universidad del Tolima hay una diferencia que conviene entender antes de comenzar cualquier investigación: una cosa es quien necesita contratar, otra quien prepara los estudios previos y otra quien tiene la competencia para ordenar el gasto. Los nombres pueden aparecer juntos en un mismo expediente sin que eso signifique que compartan la misma responsabilidad.

 

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Pero cuando un funcionario aparece reiteradamente en la planeación contractual de una dependencia universitaria, vale la pena seguir la secuencia. No para inventar una red de intereses, sino para establecer quién propone las necesidades, quién autoriza los recursos, quién selecciona a los proveedores y quién verifica que el dinero público se haya utilizado correctamente.

 

Ese recorrido conduce a Luis Ernesto Londoño Martínez, profesional universitario de la Dirección de Centros Regionales del IDEAD. El directorio oficial de la Universidad del Tolima le asigna funciones relacionadas con la gestión de contratos, presupuestos y planes de acción. Es decir, su participación en la documentación contractual no es un detalle marginal: corresponde al ámbito de sus responsabilidades institucionales.

 

La pregunta no es si un profesional puede aparecer en muchos expedientes. Es perfectamente normal que suceda cuando su trabajo consiste precisamente en gestionar necesidades contractuales. La pregunta es qué decisiones se tomaron en cada caso y quién responde por ellas.

La primera referencia concreta de esta revisión nos lleva a marzo de 2022, cuando Carlos Arturo Gamboa Bobadilla dirigía el IDEAD. En una solicitud de disponibilidad presupuestal fechada el 9 de marzo de ese año, la Universidad proyectó $481.000.000 para el préstamo de infraestructura en los Centros de Atención Tutorial del país. El documento identifica a Luis Ernesto Londoño Martínez como profesional universitario y a Carlos Arturo Gamboa Bobadilla como director del Instituto. La aprobación presupuestal aparece asociada a Omar Albeiro Mejía Patiño, entonces rector.

 

El documento permite reconstruir una secuencia administrativa: una necesidad relacionada con la operación de los centros tutoriales, una solicitud presupuestal, la intervención de funcionarios del IDEAD y la aprobación correspondiente.

Los $481 millones no deben presentarse automáticamente como dinero pagado ni como una adjudicación definitiva. El documento consultado no acredita de forma sustancial una solicitud presupuestal y la existencia de un certificado de disponibilidad; para determinar el gasto efectivo se necesitan los contratos celebrados, sus modificaciones y los comprobantes de pago.

 

Sin embargo, hay una pregunta legítima: ¿cómo se distribuyeron esos recursos entre los centros tutoriales, qué instituciones facilitaron los espacios, ¿cuáles fueron los valores de cada arrendamiento y quién certificó que las instalaciones contratadas estaban disponibles y cumplían las condiciones pactadas?

Esas son preguntas que pueden responderse con documentos, y son mucho más útiles que cualquier insinuación sobre amistades o lealtades personales.

intérpretes de lengua de señas y una necesidad de $398 millones

En agosto de 2023 aparece otra referencia significativa. Los estudios previos de la invitación 021 de 2023 contemplaban $398.000.000 para contratar intérpretes de lengua de señas durante el semestre B, con el propósito de atender a estudiantes con discapacidad auditiva del IDEAD. El expediente identifica a Omar Albeiro Mejía Patiño como ordenador del gasto. Además, el documento incluye comunicaciones de gestión en las que Londoño participa en la solicitud de cotizaciones y en las actuaciones relacionadas con la contratación.

Aquí hay una diferencia que merece subrayarse: el servicio estaba destinado a garantizar el acceso de estudiantes sordos a sus actividades académicas. Lo que sí debe revisarse es si el presupuesto correspondía al número de intérpretes, las horas de servicio, la cobertura geográfica y los costos efectivamente contratados. El estudio previo menciona una necesidad de 44 intérpretes y aproximadamente 30 estudiantes con discapacidad auditiva. Esa relación permite formular preguntas sobre la distribución del servicio, los turnos y la intensidad de atención, pero no demuestra un sobrecosto.

Para cerrar el caso hace falta identificar al contratista finalmente seleccionado, el valor adjudicado, los informes de supervisión y los pagos realizados. El presupuesto inicial de $398 millones no puede confundirse con la cuantía efectivamente ejecutada.

La secuencia se extiende a 2025. En varios estudios previos publicados por la Universidad, Londoño aparece como solicitante desde la Dirección de Centros Regionales, mientras que Marien Alexandra Gil Serna figura como ordenadora del gasto.

Uno de esos expedientes, fechado el 27 de marzo de 2025, contempla $190.000.000 para contratar servicios de psicología en los Centros de Atención Tutorial durante el semestre A. La justificación señala que el servicio debía ofrecer atención inicial, orientación y acompañamiento a estudiantes distribuidos en distintas regiones.

En septiembre de 2025, otro estudio previo, esta vez para logística de eventos académicos, administrativos, culturales, artísticos y deportivos del IDEAD, proyectó $280.000.000. El documento identifica a Londoño como solicitante y a Marien Gil como ordenadora del gasto. El alcance incluye transporte, alojamiento, alimentación, alquiler de espacios, sonido, conferencistas, premiaciones y otros servicios asociados a los eventos.

La amplitud de este último objeto hace especialmente importante la trazabilidad. Un contrato logístico puede comprender decenas de servicios diferentes, prestados en distintas ciudades y fechas. Para verificar su ejecución no basta con conocer el valor máximo: hay que examinar las órdenes efectivamente emitidas, las tarifas aplicadas, las facturas, los soportes de cada evento y las certificaciones del supervisor.

¿Se contrataron todos los servicios previstos? ¿Cuáles se utilizaron realmente? ¿Cuánto se pagó por transporte, alojamiento y alimentación? ¿Qué actividades se realizaron y qué evidencias quedaron?

El estudio previo no responde por sí solo a esas preguntas. La respuesta está en el contrato definitivo y sus documentos de ejecución. También aparece una contratación de conectividad para el IDEAD, con presupuesto de $340.340.000, cuyo estudio previo del 28 de mayo de 2025 identifica a Londoño como solicitante y a Nancy Gómez Torres como ordenadora del gasto, en su calidad de vicerrectora de Docencia.

La coincidencia de Londoño en estos expedientes permite reconocer una función recurrente en la planeación de necesidades del Instituto. Pero los ordenadores del gasto cambian según el procedimiento. No sería correcto atribuir todas esas decisiones a Marien Gil, ni mucho menos a un único rector.

los presupuestos se multiplican y la revisión debe volverse más precisa

Durante 2026 aparecen nuevos estudios previos relacionados con Londoño y la Dirección de Centros Regionales. Los expedientes consultados incluyen los siguientes valores:

El estudio previo 357, del 20 de febrero de 2026, contempló $162.750.000 para arrendar infraestructura destinada al CAT Kennedy, en Bogotá. El documento identifica a Londoño como solicitante y a Marien Gil como ordenadora del gasto.

 

El estudio previo 358, del 23 de febrero, contempló $57.960.000 para el arrendamiento de infraestructura del CAT Popayán. Nuevamente aparecen Londoño como solicitante y Marien Gil como ordenadora del gasto. El documento se refiere a la operación académica de 2025, aunque fue elaborado en febrero de 2026; esa diferencia temporal debe verificarse con el expediente definitivo para entender si se trata de una contratación posterior, una continuidad contractual o documentación de una necesidad anterior.

El estudio previo 391, del 20 de febrero de 2026, proyectó $15.795.000 para servicios de diagramación y producción de material bibliográfico. El documento contempla libros, revistas, boletines, gacetas y piezas gráficas, y justifica la contratación por la falta de personal de planta disponible para ejecutar esas actividades. Londoño aparece como solicitante y Marien Gil como ordenadora del gasto.

El estudio previo 395, del 23 de febrero, proyectó $34.749.000 para personal de apoyo asistencial a los programas de pregrado y posgrado del IDEAD. El documento atribuye a Londoño la solicitud y a Marien Gil la ordenación del gasto.  El estudio previo 460, del 25 de marzo, contempló $165.000.000 para contratar auxiliares de apoyo en los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), con el propósito de ampliar los servicios bibliográficos y de apoyo académico en los centros tutoriales. Londoño aparece como solicitante y Marien Gil como ordenadora del gasto.

Por último, el estudio previo 456, fechado el 10 de marzo, proyectó $455.884.516 para servicios de aseo y apoyo operativo en centros tutoriales. Londoño aparece como solicitante, pero el campo de ordenador del gasto identifica a Omar Albeiro Mejía Patiño.  Este último expediente contiene una inconsistencia que merece aclaración: la fecha corresponde a marzo de 2026, mientras que el documento identifica a Mejía como rector. Dado que la secuencia institucional de rectorías sitúa ese registro fuera del periodo en que ejerció el cargo, conviene verificar si se trata de un error de diligenciamiento, una plantilla no actualizada u otra circunstancia administrativa.

Lo que la Universidad debería facilitar es el cruce entre cada estudio previo, el número definitivo del proceso, el contrato celebrado, el proveedor, el supervisor, las modificaciones y los pagos. Solo entonces podrá calcularse cuánto se contrató realmente y cuánto se ejecutó.

¿Qué relación documental existe entre Londoño, Gamboa, Marien y Méndez?

La secuencia permite reconstruir funciones administrativas, pero no demuestra por sí misma una relación de subordinación personal, un acuerdo político ni una red de favorecimiento.

Con Carlos Arturo Gamboa Bobadilla, la conexión documental más clara de esta revisión aparece en 2022. Londoño figura como profesional universitario en la solicitud presupuestal por $481 millones para infraestructura de los centros tutoriales, mientras Gamboa aparece como director del IDEAD. El documento permite establecer que ambos participaron en una misma cadena administrativa, no que existiera una irregularidad.

Con Marien Alexandra Gil Serna, los documentos de 2025 y 2026 muestran una relación funcional reiterada: Londoño figura como solicitante de necesidades y Gil como ordenadora del gasto en varios estudios previos. Esto abarca psicología, logística de eventos, arrendamientos, diagramación, personal asistencial y auxiliares para los CRAI. El dato relevante para la auditoría es determinar cómo se evaluaron esas necesidades y cuáles terminaron en contratos efectivos.

La documentación consultada demuestra que Londoño ha intervenido en la planeación de necesidades contractuales del IDEAD durante varios años y bajo diferentes responsables de ordenación del gasto. Eso es compatible con sus funciones institucionales de gestión contractual y presupuestal. Lo que falta por establecer es cuánto de esas necesidades se convirtió en contratos, quiénes fueron los proveedores seleccionados, cuánto se pagó efectivamente y si hubo observaciones de control interno sobre la ejecución.

También conviene solicitar aclaración formal sobre la fecha y el ordenador del gasto consignados en el estudio previo 456 de 2026. La conclusión, por ahora, es concreta: existe una trayectoria documental de gestión contractual de Londoño en el IDEAD, con necesidades de cuantías importantes y distintos ordenadores del gasto. No se ha acreditado que haya cometido irregularidades ni que las coincidencias administrativas prueben favorecimiento indebido.

¿Un carrusel de contratos en el IDEAD? La pregunta que exige respuestas

Cuando en una misma dependencia universitaria se repiten los nombres de quienes solicitan necesidades, elaboran estudios previos y ordenan gastos, la ciudadanía tiene derecho a preguntar si existen controles suficientes para evitar que la contratación termine girando alrededor de un círculo reducido de funcionarios y proveedores. En el IDEAD, la reiterada aparición de Luis Ernesto Londoño Martínez en expedientes de distintas vigencias, bajo responsables del gasto diferentes, justifica reconstruir la ruta completa de cada procedimiento. ¿Quién identifica la necesidad, quién define las condiciones, quién recomienda, quién adjudica y quién certifica que el servicio se prestó? Esa secuencia es la que permitiría determinar si estamos ante una distribución normal de funciones o ante debilidades de control que merezcan una revisión más profunda. Por ahora, los documentos consultados no prueban la existencia de un carrusel de contratos; sí permiten plantear la pregunta y exigir que se responda con expedientes completos.

Londoño, el hombre orquesta de la contratación

Hay funcionarios cuya importancia administrativa no se mide por el cargo que ocupan en el organigrama, sino por la cantidad de procesos en los que aparecen. Londoño figura en estudios previos relacionados con arrendamientos, aseo, conectividad, servicios asistenciales, logística de eventos y producción bibliográfica. Es una presencia transversal en necesidades muy distintas del IDEAD. De ahí el apodo político de «hombre orquesta»: no como una conclusión sobre su conducta, sino como una forma de describir la amplitud de los expedientes en los que aparece. La cuestión de fondo es si esa concentración de tareas está acompañada de una separación clara entre planeación, evaluación, ordenación del gasto y supervisión. La Universidad debería explicar cuáles son exactamente sus competencias y qué controles independientes operan para que ninguna persona concentre, de hecho, demasiadas etapas de una misma contratación.

Gamboa, Marien y Méndez: distintas rectorías, una misma obligación de explicar

La cronología también importa. En 2022, Londoño aparece en documentación presupuestal del IDEAD durante la dirección de Carlos Arturo Gamboa; en varios estudios de 2025 y 2026, figura como solicitante mientras Marien Alexandra Gil Serna aparece como ordenadora del gasto. Los expedientes revisados no demuestran que esas coincidencias constituyan una alianza irregular ni que Jonh Jairo Méndez haya intervenido personalmente en todos esos procesos.

 

Pero la sucesión de responsables plantea una pregunta institucional que trasciende cualquier nombre: ¿qué mecanismos garantizan que los procedimientos mantengan controles verificables cuando cambian los directores y los rectores? La nueva administración debería facilitar una relación consolidada de los contratos heredados, los procesos que continuaron y los que se iniciaron después de la posesión de Méndez. Sin esa separación temporal y funcional, cualquier balance económico corre el riesgo de atribuir decisiones a quien no las tomó.

 

El expediente que puede despejar las dudas:

 

Si la Universidad quiere cerrar el paso a las especulaciones, tiene una herramienta sencilla: publicar o certificar la trazabilidad completa de los procedimientos en los que participó Londoño. No basta con los estudios previos. Se necesitan las actas de evaluación, las ofertas recibidas, las adjudicaciones, los contratos firmados, las modificaciones, los supervisores, las facturas y los pagos efectivos. Con esa información se podría identificar si existen proveedores recurrentes, concentración de adjudicaciones, precios que merezcan comparación de mercado, procedimientos fallidos repetidamente o eventuales conflictos de interés. Si no aparecen esas señales, los documentos ayudarán a despejar sospechas. Si aparecen, deberán examinarse con rigor y ponerse en conocimiento de los organismos de control cuando corresponda. La pregunta no es si Londoño aparece mucho en el papeleo. La pregunta es si cada peso contratado puede justificarse, cada decisión tiene responsable y cada servicio pagado puede demostrarse.

 

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