Foto: Mercados dañándose en la Universidad del Tolima. cambioin.com
Por: Editor en Jefe - Publicado en septiembre 25, 2026
El Tolima arde mientras las ayudas esperan bajo la biblioteca de la Universidad del Tolima. Mientras que el departamento se quema. En el campo, hay familias campesinas e indígenas pendientes del fuego, de sus cultivos, de sus animales y de lo poco que han logrado construir. En las ciudades, miles de tolimenses respondieron con alimentos y mercados para ayudar. Entre esos dos extremos, el de quien dona y el de quien necesita, hay una pregunta que nadie debería tener que hacer: ¿por qué las ayudas no han llegado?
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Por: Editor Local. cambioin.com
La Universidad del Tolima se ofreció como centro de acopio. Era una decisión que podía demostrar para qué sirve una universidad pública cuando su región atraviesa una emergencia. Sin embargo, hoy se denuncian posibles daños en alimentos almacenados bajo la Biblioteca Rafael Parga Cortés. Si un mercado se echa a perder antes de ser entregado, no basta con decir que hubo dificultades logísticas. Hay que explicar quién lo recibió, desde cuándo está allí, cómo se conservó y por qué no llegó a tiempo a una familia.
También circulan señalamientos todavía más graves: que algunas ayudas habrían sido sustraídas y que incluso podrían haberse vendido. No corresponde condenar a funcionarios ni a estudiantes por rumores. Sí corresponde investigar de inmediato, revisar los registros de ingreso y salida, identificar quiénes tuvieron acceso al lugar y publicar los resultados. La gravedad de una denuncia no autoriza a presentarla como un hecho probado; obliga a verificarla con rigor.
El rector John Jairo Méndez debe dar la cara. No con una declaración llena de buenas intenciones, sino con un inventario claro: cuánto se recibió, cuánto se entregó, a qué comunidades llegó, qué permanece almacenado y qué productos se han perdido. Si la universidad administró un punto de acopio, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se manejaron las donaciones que puso en sus manos.
La Gobernación del Tolima también debe responder. Las comunidades afectadas no pueden quedar dependiendo únicamente de la generosidad de otras familias mientras esperan una ayuda institucional suficiente y oportuna. ¿Qué apoyo concreto se ha entregado a los campesinos e indígenas afectados? ¿En qué lugares, en qué fechas y a cuántas personas? Esas respuestas deberían ser públicas y fáciles de comprobar.
Hay algo especialmente doloroso en esta historia: la gente donó para aliviar una urgencia, no para llenar una bodega. Detrás de cada bolsa de arroz, cada botella de agua y cada mercado hay una persona que quiso ayudar. Y delante de cada ayuda que no se entrega hay otra persona que sigue esperando.
El Tolima necesita que los alimentos útiles salgan cuanto antes hacia las comunidades afectadas. Necesita un inventario público de las donaciones y una investigación seria sobre las denuncias de deterioro, sustracción y posible venta. Si hay responsables, que respondan. Si algún señalamiento carece de fundamento, que los documentos lo aclaren.
Porque mientras las autoridades guardan silencio, el fuego avanza, la comida se daña y la confianza de la gente también.
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