La burocracia como violencia: cuando la Secretaría de Educación de Ibagué decide no entender

 

Hay una forma de violencia que no deja hematomas, no dispara balas y no necesita gritar. Es silenciosa, administrativa y profundamente cruel. Se llama incapacidad interadministrativa.

 

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Por: Denuncia Ciudadana. cambioin.com

 

En Ibagué, esa violencia tiene nombre propio: Secretaría de Educación Municipal, bajo la dirección de Diego Fernando Guzmán García. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué no habla con metáforas. Habla con autos judiciales. Y en el Auto de apertura de incidente de desacato (27 de noviembre de 2025) deja algo claro: las entidades accionadas no han acatado la sentencia de tutela del 27 de octubre de 2025. No es una opinión. Es una constatación judicial.

 

La sentencia era clara. La respuesta fue confusa. El resultado: daño humano El fallo ordenó dos cosas elementales:

1. Al FOMAG y a Fiduprevisora, garantizar de forma continua y oportuna los servicios de salud, especialmente el tratamiento psiquiátrico.

2. A la Secretaría de Educación de Ibagué, coordinar las gestiones administrativas necesarias para que la afiliación y el acceso al servicio fueran reales, efectivos y sin excusas, aunque su competencia no fuera médica.

Aquí no se pedía un diagnóstico clínico. Se pedía gestión, coordinación y humanidad.

Pero la Secretaría decidió refugiarse en el peor escudo del Estado colombiano: “Yo ya cumplí con el trámite.”

Actualizar datos en una plataforma (“Humano en Línea”) no es garantizar derechos.

Verificar un estado “activo” no es asegurar tratamiento. Llenar formularios no es cumplir una tutela.

 

Y el juzgado lo entendió perfectamente. Por eso se negó a desvincular a la Secretaría del proceso, recordando algo que parece haber olvidado:

el nexo de causalidad aquí es administrativo, no médico

Mientras los escritorios se limpian la conciencia con radicados, un docente espera.

 

José Javier Capera, docente de la secretaría de educación, lo dijo con crudeza pero con sinceridad a esta casa periodística: “Lamentablemente hoy la falla del sistema administrativo y técnico de la Secretaría de Educación de Ibagué me afecta. Me encuentro esperando una respuesta para saber mi situación de traslado por temas de salud y de medicina laboral que afectan mi salud mental, emocional y afectiva de forma estructural. Hoy le pido al secretario de educación que si va a tener la delicadeza de estudiar mi tema de fondo y de resolver mi traslado. Me duele ver tanta indiferencia que esperan que un día me quedé tirado o muerto en la carretera”

 

Tres meses. Tres derechos de petición. Cero respuestas. El docente solo pide un traslado cercano a su núcleo familiar o será que las plazas están siendo ocupadas por temas electorales y cuotas políticas.

Eso no es demora. Eso no es un error. Eso es silencio administrativo, una figura jurídica que, en la práctica, se parece demasiado a la mediocridad institucional y a la falta absoluta de sentido humano.

 

Cuando una Secretaría sabe que hay una tutela, sabe que hay un incidente de desacato, sabe que hay una afectación en salud mental, y aun así no responde, ya no estamos hablando de ineficiencia. Estamos hablando de responsabilidad política, administrativa y eventualmente penal.

La pregunta incómoda

¿Puede un secretario de Educación esconderse detrás de una plataforma digital mientras un docente se deteriora emocionalmente y mentalmente?

¿Puede una entidad pública decir “yo no soy médico” cuando la orden judicial es coordinar, no diagnosticar y dar soluciones?

El Juzgado ya respondió: no.

Y lo hizo iniciando un incidente de desacato, un mecanismo que no se activa por capricho, sino cuando el Estado falla de manera grave en cumplir una orden judicial

Esto no es un caso aislado. Es un síntoma

El problema no es solo Guzmán García. El problema es una cultura administrativa que confunde procedimiento con justicia y trámite con derecho, y más cuando se sabe de la incapacidad logística y operativa de la secretaría de educación que parece estar más pendiente de los favores políticos que de sus propios docentes.

Cuando la burocracia se vuelve más importante que la persona, el Estado deja de ser garante y se convierte en agresor pasivo. Y eso, en política, se paga. Porque los expedientes se archivan, pero las víctimas recuerdan.

 

Copia: fallo de la justicia contra el Secretario de Educación de Ibagué. cambioin.com

 

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