A un año del 9 de Septiembre, el único cambio en la Policía son los uniformes

Por: Nicolás Díaz Loaiza. Columnista en cambioin.com

Advertencia: los comentarios escritos a continuación son responsabilidad única y exclusiva de su autor, y en nada compromete a este medio de comunicación digital.

El 8 de septiembre del año pasado, el estudiante de derecho Javier Ordoñez fue brutalmente asesinado por la Policía Nacional. Al día siguiente y hasta el 21 de septiembre, hubo protestas y manifestaciones de indignación e inconformidad por los reiterados casos de abuso policial. La respuesta de la policía fue una  manifestación tácita de los problemas estructurales que dicha institución tiene. Las noches del 9, 10 y 11 de septiembre hubo 10 muertos, 9 de ellos con armas de fuego de uso privativo de la policía. Estos hechos incrementaron la indignación popular. Fueron quemados 17 CAI (Centros de atención inmediata) de la policía y se atacaron otros 28, esto solo en la ciudad de Bogotá.

Hubo una violación sistemática de los derechos humanos y del mismo código de policía por parte de la fuerza pública: detenciones ilegales, agresiones, uso desmedido de la fuerza, tortura, falsos positivos judiciales y asesinatos. Había policías sin identificar, con la chaqueta al revés y agrediendo a personas que solo grababan la situación. La respuesta del gobierno fue apoyar todos estos atropellos, el presidente Duque se vistió de policía y dejó una imagen que indignó incluso más al país. Pero ¿Qué es lo que pasa con la policía? ¿Cuál es su problema? ¿Es posible solucionarlo? Lo primero es establecer que la problemática de la fuerza pública es de carácter estructural. Es decir, está directamente relacionada con la manera en la que son formados los policías, relacionada con las doctrinas que se les inculca y el entrenamiento que reciben.

En Colombia, a finales de los años 60’ y comienzos de los 70’, en el marco de la guerra fría se implementó la denominada “Doctrina del enemigo Interno”. Estados Unidos promovía la lucha antisubversiva, mientras en Colombia diversos grupos guerrilleros emergían. La doctrina del enemigo interno inculca el pensamiento de que el enemigo está en la misma sociedad, en este caso la colombiana. Bajo esta lógica, hay un división entre los ‘buenos’ y los ‘malos’. Todo el que contraríe a la autoridad es visto como amenaza, como un posible subversivo y por lo tanto es válido (aunque ilegal) ejercer acciones que vulneren sus derechos humanos.

Bajo esta doctrina se han formado las fuerzas armadas, tanto el ejército como la policía en los últimos 50 años. Por tal razón, es común que acciones que constituyen una violación sistemática de los derechos, para la fuerza pública solo sea la forma con la que ‘buscan preservar el orden’. Y por lo tanto vean sus acciones como necesarias, legítimas y correctas. Estas dinámicas han llevado a diversos casos de abusos de autoridad y crímenes que han sido documentados, como violencia sexual, torturas, detenciones arbitrarias, malos tratos, amenazas, asesinatos, entre otros. Algo incluso más grave que estas acciones, es la legitimación que han tenido por parte de los diferentes gobiernos, legitimación que incentiva a la fuerza pública a persistir en su actuar irregular.

En este contexto se ha vuelto cliché utilizar el término “manzanas podridas”. Se busca ocultar el hecho de que en las últimas décadas ha habido centenares de casos reportados de abuso de autoridad. Es una de las formas más sencillas de evadir el problema. Y es grave porque no se reconoce que haya un problema de fondo, tampoco se preocupa por prevenir los abusos, simplemente por castigar (para “ejemplificar”) a los individuos, cuando ya se ha cometido la acción. Siempre que hay un abuso de autoridad se argumenta que es un caso aislado, se evade la responsabilidad y el tema queda en el olvido hasta que se presente otro caso, pero como ya sabemos ese otro caso también es presentado como un “hecho aislado” del cual la institución se desentiende.

Esto muestra una complacencia, no solo del gobierno Duque, sino de todos los gobiernos anteriores y de la élite política que hoy se encuentra en el congreso, respecto al actuar muchas veces irregular de la policía. No existe una voluntad de llevar a cabo una reforma estructural, no solo de la policía, sino de las fuerzas armadas. El primer paso para llevar a cabo un cambio es reconocer que las cosas no marchan bien, que hay una problemática que se debe abordar. Sin embargo, ante los abusos policiales, el presidente prefiere vestirse de policía y tratar de engañar a la población con un supuesto cambio en la policía: el cambio de uniforme. Al gobierno y a la élite política no le conviene reformar unas fuerzas armadas que históricamente han protegido sus intereses. Unas fuerzas armadas que reprimen violentamente la intención de cambio y la búsqueda de nuevos horizontes.

Pero la violencia policial, como se ha demostrado en los últimos años, se presenta en gran parte del mundo: Chile, Ecuador, Francia; Estados Unidos; China han sido significativos ejemplos. La exigencia de una reforma estructural a la policía en Colombia, puede ser la oportunidad para un cambio masivo en estas instituciones. Para que cambien su carácter represivo y protector del statu quo a uno de carácter civil, profesional, garante de los derechos humanos. La reforma estructural a la policía es necesaria y urgente. ¿Cuántos abusos y cuantas “manzanas podridas” más se requieren para darse cuenta?

Estás Leyendo cambioin.com