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Institución educativa raíces del Futuro: El Rector no da Respuestas a la comunidad educativa

 

La comunidad educativa exige claridad sobre asignaciones académicas, perfiles docentes y decisiones administrativas en una de las instituciones más cuestionadas de los últimos meses.

 

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Por: Editor Local. cambioin.com

 

Cuando una institución educativa deja de ser noticia por sus logros académicos y comienza a serlo por las preguntas sin respuesta, algo está ocurriendo que merece la atención de la ciudadanía y de los organismos de control.

 

Ese parece ser el caso de la Institución Educativa Raíces del Futuro de Ibagué, con su rector Orlando Olivera Morales, donde padres de familia, estudiantes y algunos integrantes de la comunidad educativa vienen expresando inquietudes sobre decisiones administrativas y académicas que consideran merecen una explicación pública.

 

Uno de los temas que ha generado mayor controversia gira alrededor de la asignación académica de la docente Doris Constanza Caicedo Cortés, quien aparece registrada oficialmente por la institución como docente de Educación Artística para Básica Secundaria y Media, jornada mañana, además de desempeñarse como directora de grupo del grado 11. Al aparecer la docente es normalista superior y no tiene perfil profesional como licenciada en educación artística pero ejercer dichas funciones desde hace mucho tiempo, según las fuentes el rector es cómplice de una posible falta disciplinaria y fiscal en la institución educativa.

 

Documentos institucionales publicados por el propio establecimiento educativo muestran que la docente tiene responsabilidades académicas en cursos de básica secundaria y educación media. A partir de esa información, algunos sectores de la comunidad educativa han solicitado que las autoridades competentes verifiquen la correspondencia entre los requisitos exigidos por la normatividad educativa y las funciones efectivamente asignadas conforme al perfil profesional de la docente en mención. Igualmente, algunos padres de familia mencionaron que la docente presuntamente, los estaría motivando a firmar unas actas y comunicados a favor del rector, para dicho fin les estaría ofreciendo dinero y beneficios institucionales.

 

Hasta el momento, no existe pronunciamiento oficial que establezca irregularidades ni decisiones administrativas que determinen responsabilidad alguna. Sin embargo, la ausencia de respuestas claras ha alimentado un debate que crece dentro y fuera de la institución.

 

Las inquietudes también alcanzan la gestión encabezada por el rector Orlando Olivera Morales. Diversos ciudadanos consultados consideran necesario que las autoridades revisen aspectos relacionados con la administración institucional, los mecanismos de control interno y los procedimientos utilizados para determinadas decisiones académicas y administrativas. Entre ellas negar de manera taxativa y paulatina los permisos compensatorios por motivos de certificación de votación en las recientes elecciones presidenciales.

 

La pregunta que formulan numerosos padres de familia es sencilla: si todo se encuentra ajustado a la ley, ¿por qué persisten tantas dudas dentro de la comunidad educativa?

 

Expertos en administración pública consultados por este medio recuerdan que las instituciones oficiales están sometidas a los principios de transparencia, publicidad, moralidad administrativa, eficacia y responsabilidad. Precisamente por ello, cualquier inquietud ciudadana puede y debe ser objeto de verificación por parte de los organismos competentes.

 

En el ámbito disciplinario, las autoridades podrían revisar, en caso de existir denuncias formales y evidencia suficiente, aspectos relacionados con el cumplimiento de deberes funcionales, la observancia de los procedimientos administrativos y el ejercicio de las funciones asignadas a directivos y docentes.

 

Igualmente, si llegara a existir alguna afectación a recursos públicos, corresponderá exclusivamente a los organismos de control fiscal determinar la existencia o no de un eventual detrimento patrimonial. A la fecha de esta publicación no se conocen decisiones fiscales que establezcan tal situación.

 

La controversia deja una reflexión inevitable. La educación pública necesita confianza. Y la confianza no se construye con rumores ni con silencios. Se construye con información verificable, respuestas oportunas y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

 

La comunidad educativa espera que la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, la Personería Municipal, la Procuraduría General de la Nación y los demás organismos competentes aclaren las inquietudes planteadas y determinen, dentro del marco legal correspondiente, si existe o no mérito para adelantar actuaciones administrativas.

 

Porque cuando la educación pública está en discusión, el silencio nunca debería ser la única respuesta. La comunidad exige que el rector se aparte del cargo para que sigan las investigaciones en curso.

 

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