La Inteligencia Artificial de Frontera: el nacimiento de un nuevo monopolio geopolítico

Por: Johan Sebastián Gutiérrez Mosquera. Columnista invitado cambioin.com

 

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En abril de 2026, Anthropic hizo circular en acceso restringido una versión preliminar de su modelo Mythos, alegando que sus capacidades en ciberseguridad eran lo bastante avanzadas como para justificar que sólo un puñado de gobiernos y empresas autorizadas pudieran acceder a ellas. El 9 de junio, la compañía lanzó públicamente Fable 5, una versión de Mythos 5 con salvaguardas diseñadas para uso general. Tres días después, el 12 de junio, el gobierno estadounidense emitió una directiva de control de exportación que ordenaba a Anthropic bloquear el acceso de cualquier extranjero a ambos modelos; como la empresa no podía filtrar usuarios por nacionalidad en tiempo real, terminó desactivando Fable 5 y Mythos 5 para todos sus usuarios en el mundo, incluidos los estadounidenses, confirmando lo que su propio director ejecutivo, Dario Amodei, había advertido meses antes: que restringir el acceso a un modelo de frontera por motivos de seguridad nacional es, en la práctica, casi imposible de limitar a un solo país sin terminar bloqueándolo globalmente. Dos semanas después, el 26 de junio, el gobierno levantó parcialmente esa restricción para un grupo cercano a cien socios autorizados, mientras OpenAI, advertida por el mismo episodio, lanzaba su nueva familia de modelos GPT-5.6 —Sol, Tierra y Luna— directamente bajo un esquema de vista previa limitada a socios de confianza compartidos con el gobierno, evitando así el bloqueo total que había sufrido su competidor. Ese doble episodio, ocurrido en el lapso de un mes entre dos de las empresas más relevantes del sector, no es un incidente regulatorio aislado: es la evidencia empírica concreta de que tanto Claude como ChatGPT han sido reclasificados, de facto, como tecnologías de doble uso susceptibles de ser empleadas contra la propia seguridad nacional que las vio nacer, y es ese reconocimiento, más que cualquier marco teórico, lo que explica por qué Washington empezó a tratar la inteligencia artificial de frontera con el vocabulario reservado históricamente a las armas.

 

Durante décadas, Estados Unidos defendió la expansión global de internet, del software y de la economía digital bajo una premisa que la propia industria presentó como incuestionable, según la cual la innovación prospera cuando el conocimiento circula sin restricciones. La inteligencia artificial pareció seguir esa misma lógica durante su primera fase comercial, cuando empresas privadas competían por lanzar modelos cada vez más potentes para conquistar un mercado mundial cuya materia prima provenía, en realidad, del trabajo colectivo de la humanidad, integrado por datos, lenguajes, publicaciones científicas, infraestructura energética, minerales críticos y capacidad computacional acumulados en territorios que rara vez participan en las decisiones sobre su uso.

 

Ese paradigma comenzó a fracturarse con las recientes decisiones del gobierno estadounidense para restringir el acceso a algunos de los modelos de inteligencia artificial más avanzados desarrollados por empresas nacionales, mediante controles de exportación, revisiones de seguridad y mecanismos extraordinarios de supervisión que no constituyen un episodio aislado entre Washington y Silicon Valley, sino la expresión visible de un cambio doctrinal de mayor calado: la transformación de la inteligencia artificial de frontera, que deja de entenderse como un producto comercial para tratarse como un activo estratégico de seguridad nacional, la diferencia entre ambos regímenes es histórica antes que semántica, porque cuando una tecnología deja de ser considerada una mercancía y pasa a tratarse como un recurso estratégico, cambia por completo el régimen político que la gobierna, deja de prevalecer la lógica del mercado y comienza a imponerse la lógica de la seguridad, de modo que el acceso ya no depende de la capacidad económica de quien desea utilizarla, sino de decisiones soberanas del Estado que determina quién puede acceder, bajo qué condiciones y con qué propósitos.

 

Ese desplazamiento recuerda otros momentos decisivos del siglo XX, en los que la energía nuclear dejó rápidamente de ser una innovación científica para convertirse en un recurso sometido al monopolio estratégico de las grandes potencias, mientras la criptografía pasaba de ser una disciplina matemática a un asunto regulado por razones militares y los semiconductores, las telecomunicaciones satelitales y las tecnologías espaciales seguían trayectorias comparables. La inteligencia artificial parece recorrer ahora ese mismo camino, en la línea de lo que Carlota Pérez describió como el modo en que las revoluciones tecnológicas transforman simultáneamente la economía, las instituciones y el reparto del poder político, y la aparición del concepto de frontier AI —inteligencia artificial de frontera— resulta reveladora en ese sentido, porque no describe simplemente los modelos técnicamente más avanzados, sino que delimita una categoría política. Bajo esa denominación, que organismos como el Frontier Model Forum han contribuido a estabilizar mediante estándares de seguridad y evaluación de riesgos, comienza a consolidarse la idea de que determinadas capacidades cognitivas poseen un valor estratégico tan elevado que su circulación internacional debe administrarse como un asunto de defensa nacional, lo cual traslada el debate desde el terreno de la innovación tecnológica hacia el de la geopolítica, donde la inteligencia artificial deja de presentarse como una herramienta para el desarrollo económico y pasa a entenderse como una infraestructura crítica cuyo control determina la distribución futura del poder internacional.

 

Lo verdaderamente nuevo no es solamente la existencia de modelos más poderosos, es que el Estado norteamericano comienza a reservarse la facultad de decidir cuándo esos modelos pueden ser conocidos, quién puede utilizarlos y cuándo deben ser retirados del acceso internacional, de manera que la gobernanza de la inteligencia artificial abandona progresivamente el terreno de la regulación económica para ingresar en el ámbito de la doctrina de seguridad nacional, esta transición puede entenderse mediante un concepto desarrollado por la Escuela de Copenhague de estudios de seguridad: la securitización. Según Barry Buzan y Ole Wæver, un asunto se securitiza cuando deja de tratarse como una política pública ordinaria y pasa a definirse como una amenaza existencial que justifica medidas excepcionales, lo que permite trasladar decisiones desde los mecanismos tradicionales de deliberación democrática hacia instituciones especializadas de seguridad, defensa e inteligencia. Eso parece estar ocurriendo con la inteligencia artificial de frontera, la discusión ya no gira alrededor de la productividad, la innovación o la competitividad empresarial, sino que los argumentos oficiales hablan ahora de ciberseguridad, infraestructura crítica, vulnerabilidades estratégicas, riesgos militares, inteligencia extranjera y protección de capacidades nacionales, en un giro discursivo donde la pregunta sobre cómo acelerar la innovación cede su lugar a la pregunta sobre quién debe controlarla.

 

La consecuencia inmediata de ese giro es una transformación institucional en la que departamentos de Comercio, agencias de control de exportaciones, consejos de seguridad nacional, organismos de inteligencia y el Pentágono adquieren un protagonismo creciente sobre decisiones que hasta hace poco correspondían principalmente a empresas privadas y autoridades regulatorias, en una dinámica que Henry Farrell y Abraham Newman han descrito como la transformación de infraestructuras económicas globales en instrumentos de poder geopolítico y que Mariana Mazzucato situaría dentro de un patrón más amplio de intervención estatal en la construcción de capacidades tecnológicas estratégicas. Esa misma lógica de supervisión estatal había sido anticipada, de manera elocuente, por Sam Altman ante el Senado estadounidense, cuando propuso la creación de una agencia federal encargada de licenciar y supervisar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de frontera. El mercado no desaparece, pero queda subordinado a una lógica estratégica más amplia;  durante años, las grandes compañías tecnológicas construyeron sus modelos con datos, publicaciones científicas, lenguajes, trabajo humano e infraestructura procedentes de prácticamente todo el planeta, de modo que la inteligencia artificial es, en su origen material, producto de una cooperación global a gran escala, y sin embargo, cuando esas capacidades alcanzan un umbral considerado estratégico, su administración comienza a concentrarse dentro de las instituciones de un solo Estado.

 

Ese desplazamiento modifica también la naturaleza del poder tecnológico, porque poseer empresas innovadoras deja de ser suficiente y el poder real pasa a residir en controlar la infraestructura completa que hace posible la inteligencia artificial, los semiconductores avanzados, los centros de datos, las redes de nube, la energía eléctrica, el agua necesaria para refrigerar esos sistemas, las cadenas de suministro de minerales críticos y, finalmente, los modelos capaces de convertir todos esos recursos en ventaja económica, científica y militar; esa lectura coincide con lo que Joseph Nye describió como la transformación del poder estatal a través de recursos tecnológicos y capacidades estratégicas. No se trata únicamente de una competencia entre empresas tecnológicas, sino de la consolidación de una arquitectura geopolítica en la que la inteligencia artificial comienza a ocupar un lugar semejante al que alguna vez tuvieron la energía nuclear, el dominio espacial o las capacidades criptográficas: recursos cuya circulación deja de definirse por el mercado y pasa a depender de decisiones estratégicas del Estado.

 

En este escenario adquiere especial relevancia un concepto poco discutido fuera de la teoría política de la comunicación: el gatekeeping, tradicionalmente, el término describía la capacidad de un actor para decidir qué información circula y cuál permanece fuera del espacio público; en los estudios de comunicación, desde Kurt Lewin hasta Pamela Shoemaker, el gatekeeper era quien controlaba las puertas de acceso al conocimiento, hoy ese concepto adquiere una dimensión inédita, porque ya no se trata de controlar información, sino de controlar quién puede acceder a la inteligencia artificial más poderosa jamás desarrollada, una idea que el Royal United Services Institute ha empezado a formalizar bajo la noción de gatekeeping de la frontera tecnológica. El guardián ya no administra periódicos, emisoras de radio o plataformas digitales, administra capacidades cognitivas y decide qué investigadores, qué empresas, qué gobiernos y qué sociedades podrán interactuar con modelos capaces de acelerar descubrimientos científicos, automatizar investigación, fortalecer ciberdefensas, diseñar nuevos materiales o desarrollar aplicaciones militares, en ese sentido el gatekeeping deja entonces de ser un fenómeno comunicativo y se convierte en una forma de poder geopolítico.

 

La consecuencia más profunda de ese tránsito es que el conocimiento empieza a adquirir la condición jurídica y estratégica de un recurso crítico, la inteligencia artificial deja de ser únicamente software y se convierte en infraestructura de poder, de modo que quien controle esa infraestructura no sólo dominará una industria, sino que tendrá capacidad para acelerar innovación científica, fortalecer su economía, ampliar su superioridad militar y condicionar el desarrollo tecnológico del resto del mundo, esta es, en consecuencia, la verdadera transformación que estamos presenciando, durante años se afirmó que la inteligencia artificial inaugurará una era de democratización del conocimiento, pero los acontecimientos recientes sugieren una dirección distinta, en la que la inteligencia artificial de frontera se organiza bajo una lógica de acceso restringido, supervisión estatal y competencia estratégica entre grandes potencias.

 

La historia ofrece un precedente elocuente, en 1946, el McMahon Act convirtió el conocimiento nuclear estadounidense en un secreto estratégico cuyo acceso quedó estrictamente limitado, y décadas después los regímenes internacionales de control de exportaciones hicieron algo similar con tecnologías sensibles, sistemas criptográficos y componentes avanzados, hoy asistimos a un proceso comparable aunque mucho más ambicioso, porque lo que se restringe es la capacidad misma de producir inteligencia. Ese cambio plantea una tensión que el orden internacional aún no resuelve, la inteligencia artificial fue construida con recursos materiales, energéticos y cognitivos provenientes de todo el planeta —minerales extraídos en África y América Latina, energía, agua, publicaciones científicas, lenguas, datos y millones de horas de trabajo humano—, de manera que su nivel más avanzado termina disputándose entre dos legitimidades incompatibles: la de quien financió y desarrolló los modelos dentro de sus fronteras, y la de quienes aportaron, sin negociación previa, buena parte de la materia prima sobre la que esos modelos fueron entrenados.

 

El sujeto ausente: América Latina frente a la securitización de la inteligencia artificial

 

Las consecuencias de este giro apenas comienzan a manifestarse, y el resto del sistema internacional ya empieza a decidir entre aceptar la dependencia que ese nuevo régimen impone o construir capacidades propias, aunque la magnitud del capital movilizado por cada actor revela cuán desigual es ese punto de partida. La Unión Europea ha lanzado InvestAI, una iniciativa para movilizar 200.000 millones de euros en inversión de inteligencia artificial, de los cuales 20.000 millones se destinan específicamente a gigafábricas de cómputo. China, por su parte, habría destinado un plan nacional cercano a los 295.000 millones de dólares para construir infraestructura de inteligencia artificial a escala soberana, después de haber creado en 2025 un primer fondo estatal de 8.200 millones de dólares orientado a reducir su dependencia de semiconductores extranjeros. En el golfo Pérsico, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, con cerca de un billón de dólares en activos, capitaliza Humain, mientras Abu Dabi negoció con Washington la construcción de Stargate UAE, un proyecto de centros de datos valorado en 500.000 millones de dólares. América Latina aparece en ese mapa de un modo radicalmente distinto, a través de Latam-GPT, la iniciativa liderada por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile con el respaldo de instituciones de más de una decena de países de la región, incluida Colombia, que ha sido financiada con apenas 550.000 dólares aportados principalmente por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), a los que se suma una inversión cercana a los cinco millones de dólares para un supercomputador en la Universidad de Tarapacá. La diferencia no es de matiz sino de orden de magnitud: mientras Bruselas, Pekín y Riad mueven cientos de miles de millones de dólares, el proyecto que representa la apuesta regional más visible de soberanía tecnológica opera con un presupuesto equivalente a una fracción mínima de cualquiera de esos programas, una asimetría que el propio académico chileno Alejandro Barros ha señalado al advertir que Latam-GPT no tiene posibilidad alguna de competir con los grandes modelos globales mientras esa brecha presupuestaria persista.

 

Esa fragilidad no es accidental. La región concentra una parte considerable de los minerales críticos que alimentan la cadena de producción de la inteligencia artificial. El llamado triángulo del litio, formado por Argentina, Bolivia y Chile, concentra, según distintas estimaciones basadas en datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, entre la mitad y dos tercios de los recursos mundiales de ese mineral, aunque las cifras varían según se midan reservas económicamente explotables o recursos geológicos identificados, y Chile por sí solo posee la mayor reserva individual del planeta, cercana al 25% del total mundial reportado en 2025. Colombia, por su parte, apenas registra indicios preliminares de yacimientos de litio en municipios de Boyacá, sin que existan todavía datos de reservas certificadas. La región combina, entonces, una posición central en la cadena material de la inteligencia artificial con una posición marginal en la cadena de decisión: provee buena parte de la materia prima mineral y energética, pero no participa en la definición de qué cuenta como infraestructura crítica, quién accede a los modelos de frontera o bajo qué condiciones se administra esa restricción.

 

Colombia sí cuenta, a diferencia de lo que sugiere una lectura apresurada del debate público, con una política nacional formal: el documento CONPES 4144 de febrero de 2025, que define más de cien acciones hasta 2030 y un presupuesto cercano a los 479.000 millones de pesos, equivalentes a poco más de 115 millones de dólares, liderado por el Ministerio TIC, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Departamento Nacional de Planeación y la Presidencia de la República. En mayo de 2026, el propio Ministerio TIC, junto con la banca de desarrollo territorial Findeter, lanzó el proyecto "Modelos Fundacionales Soberanos de Colombia: IA Hecha País", presentado como un paso hacia la independencia tecnológica del país. El problema no es, entonces, la ausencia de política, sino su contenido: un análisis del Observatorio de Nuevas Tecnologías y Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia advierte que el CONPES 4144, aunque reconoce los datos y la infraestructura como pilar estratégico, carece de mecanismos robustos para garantizar que esa infraestructura crítica permanezca bajo control nacional, en la medida en que el país sigue dependiendo de proveedores externos de computación en la nube, lo cual cede de facto la soberanía sobre los datos a jurisdicciones ajenas. Esa misma fuente recuerda que Colombia ocupa el puesto 51 de 83 países en el Global AI Index y el puesto 55 de 188 en el Government AI Readiness Index de Oxford Insights, un diagnóstico que confirma, con cifras propias del Estado colombiano, la distancia entre la retórica de soberanía digital y su base material. Y el presupuesto mismo confirma la asimetría de fondo: poco más de 115 millones de dólares distribuidos en más de cien acciones hasta 2030 es, en proporción, una fracción minúscula frente a los 200.000 millones de euros de la Unión Europea o los 295.000 millones de dólares del plan chino, lo cual sitúa a Colombia, como al resto de la región, del lado de quienes formulan política de IA con vocación de soberanía sin contar todavía con el músculo financiero ni la infraestructura física que esa soberanía exige.

 

Reconocer esa asimetría no equivale a proponer una salida. Equivale a señalar que, mientras Washington, Bruselas, Pekín y los capitales del Golfo discuten los términos de un nuevo orden tecnológico organizado alrededor de la seguridad nacional con cientos de miles de millones de dólares de respaldo, América Latina y Colombia formulan su propia retórica de soberanía digital con una fracción mínima de esos recursos, en un patrón que la región ya conoce de otros ciclos extractivos previos a la inteligencia artificial: aportar materia prima y aspiración política sin el capital ni la infraestructura que convertirían esa aspiración en capacidad real de negociación.

 

La discusión, en consecuencia, ya no es tecnológica sino sobre el futuro del poder internacional, y enfrenta dos concepciones distintas del orden mundial que se está construyendo, en la línea de lo que Henry Kissinger, Eric Schmidt y Daniel Huttenlocher anticiparon como una transformación del equilibrio internacional impulsada por la inteligencia artificial: una que entiende la inteligencia artificial de frontera como un bien estratégico cuya circulación debe permanecer bajo el control de la seguridad nacional de quien la desarrolló, y otra que sostiene que una tecnología construida con el conocimiento acumulado de la humanidad no puede quedar sometida al monopolio geopolítico de un solo Estado. Cuando los historiadores reconstruyen el origen de esta nueva etapa, probablemente no se detengan únicamente en el lanzamiento o la restricción de determinados modelos de inteligencia artificial, sino en el momento en que la mayor potencia tecnológica del planeta dejó de hablar de innovación para hablar, abiertamente, de soberanía, seguridad y control, y en el modo en que el resto del mundo, incluida América Latina, decidió responder a esa declaración.

 

 

Nota metodológica. La interpretación propuesta en esta columna integra documentos oficiales estadounidenses y europeos, análisis de centros de pensamiento especializados en seguridad tecnológica y literatura académica sobre seguridad internacional y geopolítica de la innovación. Las conclusiones constituyen una lectura analítica fundamentada en hechos y documentos públicos, no una reproducción de una posición oficial de ninguno de los actores mencionados.

 

Notas y bibliografía

 

The White House. Executive Order, "Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security" [Promoviendo la innovación y seguridad avanzada en inteligencia artificial], 2 de junio de 2026.

 

U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security. Export Control Reform Act y Export Administration Regulations [Régimen de controles de exportación].

 

Anthropic. Comunicado oficial, junio de 2026, sobre la suspensión temporal de acceso internacional a Fable 5 y Mythos 5 tras la orden del Departamento de Comercio estadounidense.

 

Sam Altman. Testimonio ante el Senado de los Estados Unidos, 16 de mayo de 2023.

 

Comisión Europea. Documentación sobre soberanía tecnológica europea e implementación del AI Act.

Literatura académica

 

Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis [Seguridad: un nuevo marco de análisis]. Lynne Rienner Publishers, 1998.

Henry Farrell y Abraham Newman. Underground Empire: How America Weaponized the World Economy [Imperio subterráneo: cómo Estados Unidos convirtió en arma la economía mundial]. Henry Holt and Company, 2023.

 

Susan Strange. States and Markets [Estados y mercados]. Pinter Publishers, 1988.

 

Joseph S. Nye Jr. The Future of Power [El futuro del poder]. PublicAffairs, 2011.

 

Shoshana Zuboff. The Age of Surveillance Capitalism [La era del capitalismo de la vigilancia]. PublicAffairs, 2019.

 

Kurt Lewin. "Frontiers in Group Dynamics" [Fronteras en la dinámica de grupos], 1947; y Pamela Shoemaker y Tim Vos. Gatekeeping Theory [Teoría del gatekeeping], 2009.

 

Carlota Pérez. Technological Revolutions and Financial Capital [Revoluciones tecnológicas y capital financiero]. 2002.

 

Mariana Mazzucato. The Entrepreneurial State [El Estado emprendedor]. 2013.

 

Henry Kissinger, Eric Schmidt y Daniel Huttenlocher. The Age of AI: And Our Human Future [La era de la inteligencia artificial y nuestro futuro humano]. 2021.

 

Center for Strategic and International Studies. Kate Koren, Kevin Kurland y Aalok Mehta. "The Department of Commerce Restricted Access to Anthropic's Latest Models. What Comes Next?" [El Departamento de Comercio restringió el acceso a los últimos modelos de Anthropic. ¿Qué sigue?], 16 de junio de 2026.

 

Royal United Services Institute. Louise Marie Hurel. "Gatekeeping the Frontier: When AI Access Becomes a National Security Concern" [El gatekeeping de la frontera: cuando el acceso a la IA se convierte en un asunto de seguridad nacional], 22 de junio de 2026.

Frontier Model Forum. Documentos públicos sobre estándares de seguridad, evaluación de riesgos y gobernanza de modelos avanzados.

 

Reuters. Cobertura de junio de 2026 sobre las restricciones estadounidenses a modelos avanzados de Anthropic y las negociaciones posteriores.

 

Bloomberg News. Cobertura de 2026 sobre el plan nacional chino de inversión en infraestructura de inteligencia artificial (295.000 millones de dólares).

 

CNN en Español. "Arabia Saudita apuesta en grande por convertirse en una potencia mundial de la Inteligencia Artificial", noviembre de 2025.

 

Euronews y Portafolio. Cobertura de febrero de 2026 sobre el lanzamiento y financiamiento de Latam-GPT.

 

Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Documento CONPES 4144, Política Nacional de Inteligencia Artificial, 14 de febrero de 2025.

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Findeter. Proyecto "Modelos Fundacionales Soberanos de Colombia: IA Hecha País", mayo de 2026.

 

Observatorio de Nuevas Tecnologías y Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia. "CONPES 4144: IA y Retos del Futuro Digital para la Protección de Datos Personales en Colombia", marzo de 2025.

 

U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries, edición 2025, sobre reservas mundiales de litio.

 

Investing News Network. "Las 5 mayores reservas de litio por país", abril de 2026.