Conozca quién maneja a la Contralora de Ibagué, como si fuera una marioneta

 

Una delicada denuncia llegó a la Procuraduría General de la Nación, donde solicitan intervención inmediata por parte de ese ente disciplinario, para que tome acciones frente al hecho que en la Contraloría de Ibagué, una contratista es la que realmente manda al interior de ese despacho, y toma decisiones, un caso que podría traer una sanción.

 

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Por: Editor Local y denuncia ciudadana. CambioIn.com

 

Está es la denuncia en su totalidad:

 

Señores

Procuraduría General de la Nación

Personería Municipal de ibagué

organismos de control competentes

Medios de Comunicación de Ibagué

 

Asunto: Denuncia ciudadana urgente – presunto abuso de poder, posible extralimitación de una contratista, presiones contra funcionarios y solicitud para establecer quién está tomando realmente las decisiones dentro de la Contraloría Municipal de Ibagué

 

Ya es hora que alguien pregunte públicamente:

 

¿Quién manda realmente en la Contraloría de Ibagué?

 

Porque según información que viene saliendo de funcionarios y personas cercanas a la entidad, pareciera que en la Contraloría Municipal existe un poder detrás del poder.

 

La Contralora elegida es Francy Johanna Ardila Salazar, pero las versiones que están circulando señalan que una contratista llamada Marcela Jaramillo tendría una influencia que, si resulta cierta, merece una investigación seria y urgente.

 

Y lo decimos como ciudadanos del común:

 

¿Marcela Jaramillo fue contratada para asesorar o para mandar?

 

Según la información recibida, esta señora sería pensionada y además tendría un contrato de aproximadamente 7 millones de pesos mensuales con recursos públicos de la Contraloría.

 

Entonces que le expliquen a Ibagué qué hace.

 

No queremos carreta.

 

Queremos saber qué hace, qué entrega, qué informes presenta, quién la supervisa y cuánto se le ha pagado exactamente en 2026.

 

Porque se habla incluso de una cifra que podría superar los 80 millones de pesos, situación que pedimos verificar documentalmente.

 

Pero lo grave no es solamente la plata.

 

Lo verdaderamente preocupante es el poder que presuntamente estaría ejerciendo.

 

Personas que solicitan absoluta reserva de su identidad por temor a represalias manifiestan que Marcela Jaramillo supuestamente da instrucciones, exige, cuestiona funcionarios, interviene en asuntos administrativos y tendría una influencia enorme sobre la Dirección Administrativa.

 

Entonces volvemos y preguntamos:

 

¿Quién la nombró Jefe?

¿En qué resolución aparece?

 

¿Dónde dice que una contratista puede ejercer mando sobre funcionarios públicos?

 

¿Quién le entregó semejante poder?

 

Según las fuentes, la Directora Administrativa Diana Acevedo presuntamente ejecutaría varias de estas determinaciones.

 

Incluso se habrían colocado papeles por diferentes lugares de la entidad recordando horarios a los funcionarios.

 

¿Para qué?

 

La Contraloría ya tiene horario establecido y además tiene sistema biométrico.

 

Entonces ¿qué sigue?, ¿marcar a los funcionarios con un policía detrás?

 

Una cosa es exigir cumplimiento de los deberes y otra muy distinta convertir una entidad pública en un lugar donde los empleados tengan que trabajar con miedo.

 

El caso de la funcionaria enviada al archivo

 

Existe otro caso que merece especial investigación.

 

Según la información recibida, una funcionaria de planta, profesional y con estudios incluso de maestría, habría sido ubicada para desarrollar labores relacionadas con archivo en un colegio público que se encontraba deshabitado.

 

¿Con qué propósito?

 

¿Necesidad del servicio?

 

¿O castigo?

 

Eso es precisamente lo que tienen que investigar la Procuraduría y la Personería.

 

Pero la situación sería todavía más delicada.

 

Según las fuentes, se habría pretendido que dicha funcionaria fuera mal calificada en su evaluación del desempeño, aun cuando habría presentado evidencias y soportes del cumplimiento de sus compromisos laborales.

 

Y las versiones recibidas señalan que detrás de esas determinaciones estaría nuevamente la influencia de Marcela Jaramillo.

 

Que se investigue.

 

Porque si una contratista está interviniendo en la evaluación de funcionarios de carrera administrativa estamos hablando de una situación que no puede manejarse como un simple chisme de oficina.

 

Además, según la fuente reservada, toda esta situación habría generado una grave afectación emocional en la funcionaria, incluyendo episodios que habrían requerido atención psiquiátrica.

 

Esto es demasiado serio.

 

Si existe documentación médica, incapacidades, solicitudes de acompañamiento o actuaciones de seguridad y salud en el trabajo, que sean solicitadas por la autoridad competente bajo absoluta reserva, porque estamos hablando de información médica que merece protección.

 

Y que se establezca si existe relación entre ese deterioro y las situaciones laborales denunciadas.

 

Ahora aparece otro caso: También nos informan de otra funcionaria que habría acudido a una acción de tutela y habría obtenido judicialmente el derecho de desarrollar su trabajo desde casa para poder atender y cuidar a su señora madre.

 

Si existe un fallo judicial vigente, se cumple.

 

No es si Marcela quiere.

 

No es si la Directora Administrativa quiere.

 

No es si a alguien le parece bonito o feo.

 

Las órdenes judiciales se cumplen.

Sin embargo, según información recibida, ahora se estaría pretendiendo exigirle a esta funcionaria que regrese presencialmente a las instalaciones de la Contraloría, desconociendo aparentemente lo dispuesto judicialmente.

 

Y nuevamente las fuentes señalan que detrás de esa decisión estaría la influencia de Marcela Jaramillo.

 

Que la Procuraduría solicite inmediatamente copia completa del fallo de tutela, determine cuáles fueron las órdenes impartidas por el juez, establezca si continúan vigentes y verifique quién dio la instrucción de solicitar el regreso presencial.

 

Y si efectivamente existe una orden judicial vigente que está siendo desconocida, que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

 

Porque los fallos judiciales no son sugerencias.

 

¿Se está repitiendo la Historia?

 

Quienes conocen la historia reciente de la Contraloría Municipal de Ibagué seguramente recordarán nombres como Margarita Murcia y Antonio Fajardo.

 

Hoy, según las versiones que están llegando, algunos funcionarios sienten que la historia pareciera repetirse: El poder detrás del poder.

 

Por supuesto, corresponde a las autoridades establecer si esa comparación tiene fundamento.

 

Pero precisamente por los antecedentes y por la gravedad de lo denunciado, no se puede mirar para otro lado.

 

Hoy el nombre que aparece una y otra vez en las versiones entregadas por las fuentes es:

 

Marcela Jaramillo

¿Quién es realmente esta señora dentro de la Contraloría?

 

¿Una asesora?

 

¿Una contratista?

 

¿O alguien que presuntamente termina teniendo capacidad de decisión sobre funcionarios de planta?

 

También sería bueno que Marcela Jaramillo le aclarara a la ciudadanía sí es cierto, como se comenta, que en alguna oportunidad quiso o aspiró a ser Contralora y finalmente no pudo llegar a ese cargo.

 

Porque entonces surge una pregunta que muchos se pueden hacer viendo todo lo que hoy presuntamente ocurre dentro de la entidad:

 

¿Será que le quedó el complejo de no haber podido ser Contralora y ahora pretende ejercer desde un contrato el poder que nunca pudo obtener oficialmente?

 

No sabemos si esa es la razón y tampoco lo estamos afirmando como un hecho.

 

Pero ante tantas versiones sobre órdenes, instrucciones e influencia sobre funcionarios, la pregunta es válida:

 

¿Marcela Jaramillo fue contratada para asesorar a la contralora o encontró la manera de ejercer como una especie de “Contralora en la Sombra”?

 

Que se investigue si realmente aspiró al cargo, qué relación tiene ese antecedente con su actual vinculación y, sobre todo, que se establezca hasta dónde llegan realmente sus funciones.

 

Porque una cosa es querer ser Contralora y otra muy diferente es terminar comportándose, presuntamente, como si lo fuera sin haber sido elegida para ello.

 

Y hay otra pregunta qué Ibagué merece qué le respondan

 

Las fuentes consultadas señalan además que Marcela Jaramillo sería una cuota política directa de la Alcaldía de Ibagué y tendría vínculos personales o políticos que explicarían su especial influencia dentro de la Contraloría.

 

No presentamos esta afirmación como un hecho probado.

 

Precisamente por la gravedad del señalamiento, solicitamos que se investigue y se aclare públicamente.

 

Que se establezca cómo llegó Marcela Jaramillo a contratar con la Contraloría.

 

Quién recomendó su contratación.

 

Quién determinó la necesidad de contratarla.

 

Qué estudios previos existen.

 

Quién certificó su idoneidad.

 

Quién supervisa el contrato.

 

Qué productos ha entregado.

 

Y especialmente si existió recomendación, intermediación o influencia proveniente de funcionarios, personas vinculadas políticamente o integrantes del entorno de la Alcaldía de Ibagué para que esta persona llegara a la Contraloría.

 

Si no existe ninguna intervención política, perfecto:

 

Qué lo demuestren.

Pero la ciudadanía tiene derecho a preguntar.

 

Porque la independencia de una Contraloría frente a la administración que debe vigilar no puede quedar siquiera bajo sospecha.

 

Contralora Francy Ardila: Ibagué merece explicaciones, Señora Contralora:

 

¿Por qué una contratista aparece mencionada repetidamente por funcionarios como una persona con semejante poder dentro de la entidad?

 

¿Marcela Jaramillo puede dar órdenes?

 

¿Puede intervenir en decisiones sobre funcionarios?

 

¿Puede solicitar movimientos de personal?

 

¿Puede intervenir directa o indirectamente en evaluaciones del desempeño?

 

¿Puede impartir instrucciones a la Directora Administrativa?

 

¿Participó en la decisión relacionada con la funcionaria enviada al archivo?

 

¿Tuvo alguna intervención respecto de su evaluación?

 

¿Tuvo alguna participación en la decisión de exigir presencialidad a la funcionaria protegida presuntamente mediante tutela?

 

¿Quién la recomendó para contratar con la Contraloría?

 

¿Cuánto se le ha pagado exactamente?

 

¿Y qué ha recibido la Contraloría a cambio?

 

Pedimos una investigación , no excusas .

 

Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación y Personería Municipal de Ibagué abrir las actuaciones correspondientes y recaudar, entre otros elementos:

 

Contrato completo de Marcela Jaramillo y sus modificaciones.

Estudios previos y documentos que justificaron su contratación.

Informes mensuales de actividades.

Productos entregados.

Informes y certificaciones del supervisor.

Cuentas de cobro y pagos efectuados durante 2026.

Correos electrónicos institucionales y comunicaciones relacionadas con las situaciones denunciadas, conforme a las competencias legales de cada autoridad.

Actos administrativos relacionados con ubicación, traslado o asignación de funciones del personal involucrado.

Evaluaciones del desempeño y evidencias aportadas por los funcionarios afectados.

Fallo de tutela relacionado con la funcionaria que tendría autorizado trabajo desde casa.

Comunicaciones mediante las cuales presuntamente se le estaría exigiendo regresar presencialmente.

Identificación de las personas que ordenaron colocar avisos relacionados con horarios.

Determinación de si Marcela Jaramillo ha impartido instrucciones a funcionarios o contratistas.

Verificación de cualquier posible intervención externa, recomendación política o conflicto de intereses relacionado con su contratación.

Verificación de si Marcela Jaramillo anteriormente aspiró o intentó acceder al cargo de Contralora y si existe algún elemento objetivo que resulte relevante para comprender su actual vinculación y actuación dentro de la entidad.

Y pedimos algo fundamental:

 

Entrevisten a los funcionarios en Privado.

 

Sin jefes al lado.

 

Sin contratistas presentes.

 

Sin personas tomando nota de quién habló.

 

Y garantizando reserva para que los empleados puedan contar lo que realmente está pasando sin temor a represalias.

 

Porque una Contraloría no puede pedirle transparencia a toda una ciudad mientras dentro de sus propias paredes sus funcionarios supuestamente tienen miedo de hablar.

 

Aquí nadie está pidiendo condenar a Marcela Jaramillo, Diana Acevedo ni a la Contralora Francy Ardila sin investigación.

 

Estamos pidiendo algo mucho más sencillo: Qué Investiguen. Y que la Contralora salga públicamente y le responda a Ibagué:

 

¿Quién manda realmente en la Contraloría Municipal?

 

Porque si manda la Contralora, que ejerza su autoridad.

 

Y si resulta que una contratista tiene el poder que denuncian las fuentes, entonces los organismos competentes tendrán que establecer quién se lo permitió, por qué se lo permitió y hasta dónde llegó ese poder.

 

Los recursos de la Contraloría son públicos.

 

Los cargos públicos no tienen dueño.

 

Los funcionarios tienen derechos.

 

Las decisiones administrativas tienen que estar fundamentadas.

 

Los fallos judiciales se respetan.

 

Y una Contraloría debe ser la primera en dar ejemplo.

 

Qué se investigue y qué Ibagué conozca la verdad. Ciudadano denunciante

 

Se solicita absoluta reserva de identidad ante el temor de posibles represalias.

 

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