De modesto poeta, a firmar cuestionados y millonarios contratos

Universidad del Tolima: ¿Quién controla el poder, los contratos y nombramientos del IDEAD? Las preguntas que rodean a Carlos Arturo Gamboa. Seis años en la dirección del IDEAD, presencia en los órganos de gobierno universitario, responsabilidades presupuestales y una controversia pública sobre sus relaciones con el Ex Gobernador Ricardo Orzoco. ¿Hasta dónde llegó el poder de Carlos Arturo Gamboa Bobadilla y qué influencia conserva hoy?

 

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Por: Editor Local. cambioin.com

 

En la Universidad del Tolima hay preguntas que no se pueden seguir despachando con comunicados institucionales ni respuestas evasivas. Una de ellas tiene nombre propio: Carlos Arturo Gamboa Bobadilla. Su trayectoria como director del Instituto de Educación a Distancia, su participación en instancias de gobierno universitario y su relación institucional con actores de la política departamental justifican examinar con lupa cómo se distribuyeron los recursos, los contratos y los cargos durante su administración.

 

Gamboa dirigió el IDEAD entre 2018 y 2024. Durante ese periodo ocupó una posición desde la cual podía intervenir en decisiones administrativas y presupuestales. En documentos de 2022 aparece identificado como ordenador del gasto, una responsabilidad formal que obliga a preguntar cómo se tramitaron las solicitudes contractuales, quiénes participaron en su aprobación y qué mecanismos se utilizaron para prevenir conflictos de interés.

 

El debate adquiere una dimensión política cuando se revisa su participación en el Consejo Superior Universitario, donde coincidió institucionalmente con representantes de las administraciones departamentales de Óscar Barreto Quiroga y Ricardo Orozco Valero. Esa coincidencia no demuestra por sí misma una alianza política ni una relación clientelar, pero plantea una pregunta legítima: ¿qué compromisos políticos existieron, si los hubo, entre los distintos sectores representados en el gobierno universitario y cómo se garantizó la independencia de las decisiones administrativas?

 

La controversia no es nueva. En 2021, los medios documentaron y relacionaron electoralmente a Gamboa con una corriente que denominó «izquierda barretista». El entonces director rechazó públicamente esa interpretación. Por eso resulta fundamental diferenciar los vínculos institucionales comprobados de las alianzas partidistas que todavía necesitarían pruebas.

 

Pero hay un documento que permite llevar la discusión más allá de las interpretaciones políticas. El 28 de junio de 2022, Gamboa firmó como ordenador del gasto el acta de adjudicación de la Invitación Pública 119-2022, mediante la cual se adjudicó a Luz Ángela Rubio de Pedroza un contrato por 107.695.000 pesos. La necesidad presupuestal inicial para adquirir mobiliario destinado a los Centros de Atención Tutorial del IDEAD en todo el país ascendía a 150.726.590 pesos. Es una operación contractual identificable, con fechas, cuantías y adjudicataria. .

 

Y entonces viene la pregunta central: ¿cuánto poder real acumuló Gamboa sobre la contratación del IDEAD y qué parte de esa influencia, si alguna, permanece después de abandonar la dirección? ¿Quiénes integraban los comités que evaluaban las propuestas? ¿Qué personas intervenían en la selección de proveedores? ¿Existieron contratistas recurrentes? ¿Hubo funcionarios que pasaron de cargos administrativos a contratos de prestación de servicios, o viceversa? ¿Cuántos nombramientos y vinculaciones laborales se realizaron durante sus dos periodos y cuáles estuvieron efectivamente bajo su competencia?

 

También debe examinarse la estructura de personal. ¿Cuántas plazas docentes, administrativas, coordinaciones y contratos de apoyo se proveyeron entre 2018 y 2024? ¿Quién propuso a los candidatos? ¿Qué autoridades aprobaron las vinculaciones? ¿Cuántas personas fueron seleccionadas por concurso, cuántas mediante contratación temporal y cuántas por otros mecanismos autorizados? Y, especialmente, ¿existieron recomendaciones políticas que influyeran indebidamente en esas decisiones? Sin una relación de actos administrativos, procesos de selección y competencias de nombramiento, no es posible afirmar que Gamboa haya colocado un número determinado de personas.

 

La contratación de servicios generales merece un capítulo aparte. ¿Quién definía las necesidades de aseo y mantenimiento de los Centros de Atención Tutorial? ¿Qué proveedores obtuvieron contratos sucesivos? ¿Cómo se calcularon los presupuestos? ¿Qué funcionarios verificaban la prestación del servicio en las diferentes regiones? ¿Participó Gamboa en alguna decisión contractual fuera de su periodo como director? La universidad debe poder responder estas preguntas con expedientes y no únicamente con declaraciones.

 

En este escenario aparece otra controversia. En una investigación realizada por el medio, muestra las presuntas contrataciones amañadas en la Universidad del Tolima, un docente que solicitó reserva de identidad describió supuestos mecanismos de premio y castigo mediante la asignación de contratos. La publicación también menciona la trayectoria sindical de Gamboa y las divisiones internas de ASPU. Es un testimonio periodístico relevante para investigar posibles prácticas clientelares, pero no acredita que Gamboa haya ordenado esas prácticas ni que existiera una red mafiosa dirigida por él.

 

Precisamente por eso, la pregunta política no debe reducirse a qué Gamboa es cercano a Ricardo Orozco. La cuestión es si existieron intercambios de respaldo político por influencia administrativa, contratación o acceso a cargos públicos. ¿Qué acuerdos se discutieron alrededor de las elecciones universitarias? ¿Qué compromisos asumieron los distintos grupos? ¿Quiénes respaldaron sus candidaturas y qué participación tuvieron posteriormente en el gobierno institucional? ¿Se pueden identificar decisiones concretas que hayan favorecido a algún sector político? Sin documentos, testimonios corroborados o decisiones de autoridades competentes, esas hipótesis no pueden presentarse como hechos consumados.

 

Hoy Gamboa aparece en el directorio institucional como docente del Departamento de Estudios Interdisciplinarios, mientras la dirección del IDEAD está a cargo de Marien Alexandra Gil Serna desde octubre de 2024, a quién las fuentes consultadas señalan que Gamboa la puso allí para seguir manipulando y controlando el IDEAD. Esto hace indispensable distinguir las responsabilidades históricas de Gamboa de las decisiones que corresponden a la administración actual. A esto se le suma, los siguientes datos alarmantes:

 

Hay cifras que merecen una explicación pública. En 2025, la Universidad del Tolima publicó un proceso contractual por $233.477.541 para el suministro de insumos de aseo en su sede central. Para 2026 aparece otro proceso por $375.864.123 destinado a servicios de aseo en los Centros de Atención Tutorial del IDEAD, mientras que también se registraron convocatorias por $72,5 millones para personal de aseo en la sede Ocobos y $25 millones para labores de limpieza y mantenimiento en Santa Helena. Son más de $706 millones en presupuestos de procesos contractuales identificados, no necesariamente adjudicados ni ejecutados. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿quiénes son los contratistas beneficiados, quién define las condiciones de participación, quién supervisa la ejecución y qué controles existen para impedir que estos recursos terminen convertidos en instrumentos de favores políticos?

 

La discusión adquiere mayor importancia cuando se revisa la trayectoria de Carlos Arturo Gamboa Bobadilla, quien dirigió el IDEAD entre 2018 y 2024 y aparece en documentos oficiales como ordenador del gasto. En 2019, el Plan Anual de Adquisiciones contemplaba $205 millones para servicios de aseo y limpieza del IDEAD, con Gamboa identificado como contacto responsable de esa necesidad contractual. Además, en 2022 firmó la adjudicación de un contrato por $107.695.000 para adquirir mobiliario destinado a los Centros de Atención Tutorial. ¿Qué influencia tuvo sobre la selección de proveedores durante su administración? ¿Cuántos contratos se concentraron en los mismos operadores? ¿Cuántas plazas, coordinaciones y vinculaciones laborales fueron gestionadas durante sus periodos? ¿Y qué capacidad de influencia conserva actualmente sobre esas estructuras? Son preguntas que deben resolverse mediante expedientes contractuales y actos administrativos, no mediante rumores.

 

El capítulo político tampoco puede quedar por fuera del debate. Gamboa participó en órganos de gobierno universitario donde coincidió institucionalmente con representantes de las administraciones departamentales vinculadas al grupo del exgobernador Orozco, aunque él ha rechazado públicamente las interpretaciones que lo presentan como aliado de esa corriente. La pregunta de fondo es si existieron acuerdos políticos capaces de influir en nombramientos, contratación o distribución de recursos. ¿Quiénes recomendaron funcionarios? ¿Qué sectores respaldaron las decisiones administrativas? ¿Hubo intercambios de favores? Nada de esto puede darse por demostrado sin pruebas, pero tampoco debería quedar fuera de una investigación seria. La Universidad del Tolima tiene la obligación de explicar quién contrata, quién decide, quién supervisa y quién responde por cada peso público.

 

La Universidad del Tolima debería publicar un balance verificable de la contratación, los nombramientos, los encargos, las órdenes de prestación de servicios y los responsables de cada decisión durante los dos periodos de Gamboa. También debería explicar cómo se previenen las interferencias partidistas en una institución pública que tiene la obligación de proteger su autonomía.

 

Porque el clientelismo no se demuestra con un apellido ni con una fotografía junto a un dirigente político. Se demuestra siguiendo decisiones, recursos, relaciones y beneficios. Y cuando se habla de posibles estructuras mafiosas, la exigencia probatoria debe ser todavía mayor.

 

La pregunta sigue abierta: ¿el IDEAD ha funcionado con controles suficientemente independientes para impedir que cualquier grupo político convierta la contratación y los cargos en instrumentos de poder?

 

Se trata de exigirle a Carlos Arturo Gamboa que revele los contratos y sus nexos mafiosos. Se trata de exigir que su gestión, como la de cualquier funcionario que administró recursos universitarios, pueda examinarse contrato por contrato y decisión por decisión.

 

La autonomía universitaria no es un permiso para administrar sin escrutinio. Y el silencio institucional nunca debería reemplazar una respuesta documentada.

 

Copia: contratos entregados al señalado en la denuncia. cambioin.com

 

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