Descarada participación en política en Colegio en Ibagué, pusieron valla y todo

Denuncia Ciudadana: Institución Educativa Ciudad de Ibagué. Hay hechos que no necesitan interpretación. Se ven. Se fotografían. Se prueban. Y cuando se ven en un colegio público, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad.

 

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Por: Editor Local. cambioin.com

 

En plena época electoral apareció una valla política en inmediaciones de la Institución Educativa Ciudad Ibagué. No se trata de una anécdota, ni de un “detalle menor”. Se trata de un mensaje. Y los mensajes, en política, siempre tienen destinatarios.

 

La pregunta es simple: ¿quién autorizó esa propaganda en un entorno escolar?

 

Si fue instalada sin permiso, estamos ante una falla grave de control institucional.

Si fue instalada con permiso, entonces estamos ante algo peor: la normalización del proselitismo donde debería existir neutralidad, formación y garantías.

 

Este hecho, por sí solo, amerita una explicación pública de la Secretaría de Educación de Ibagué y del sistema de Control Interno. Porque un colegio no puede ser un escenario de campaña. Un colegio no es un comité político.

 

Además, por la naturaleza del hecho, la ciudadanía se pregunta si aquí podría existir un asunto más delicado: la posible configuración de faltas disciplinarias e incluso presuntas conductas que podrían encuadrar como delitos electorales o infracciones relacionadas con el uso de espacios públicos y la neutralidad institucional en época electoral. No se afirma como hecho. Se exige que se verifique y se investigue.

 

Pero el problema no termina en una valla.

 

La institución está bajo la dirección de la rectora Dra. Jobana Arias Cubillos. Y desde hace meses circulan denuncias consistentes, reiteradas y graves sobre el manejo administrativo, académico y laboral al interior del plantel.

 

Se deja claro desde el inicio: esta publicación se hace bajo el principio de presunción de inocencia. No se condena a nadie. Se exige claridad. Se exige investigación. Se exige que las instituciones respondan.

 

Lo que se denuncia no es un rumor aislado, sino un conjunto de situaciones que describen un patrón.

 

Primero: se reportan inconsistencias en el manejo del SIMAT. Se habla de estudiantes que no serían retirados del sistema como corresponde. Y en educación pública, los registros no son un asunto menor. El SIMAT define matrícula, recursos, asignaciones y decisiones administrativas. Cualquier irregularidad allí merece auditoría inmediata.

 

Segundo: se denuncia el establecimiento de jornada completa sin la debida planificación. Una jornada completa no se decreta por voluntad, se construye con organización, infraestructura, condiciones reales, y socialización. Cuando se impone sin preparación, lo que se afecta no es un papel: se afecta la calidad educativa, la vida escolar y el derecho de estudiantes y docentes a un funcionamiento serio.

 

Tercero: se denuncia una distribución errada, burocrática y desigual de los horarios laborales. Según reportes de docentes, algunos quedarían con condiciones privilegiadas mientras otros terminan con cargas desordenadas o inviables. En otras palabras: la sensación de que la institución se maneja por cercanías, no por criterios.

 

Y aquí hay un punto que no puede maquillarse: cuando se manipulan horarios, cargas y condiciones laborales sin criterios claros, no solo se afecta el ambiente institucional. Se podrían estar vulnerando derechos laborales, generando presuntas faltas disciplinarias y abriendo la puerta a eventuales acciones legales por trato desigual, persecución o abuso de autoridad.

 

Cuarto: se reportan presuntas situaciones de hostigamiento, burla y señalamientos contra la secretaria de la institución, una señora que —según se comenta— estaría bajo especial cuidado y protección constitucional. Si esto es cierto, no se trata solo de maltrato laboral. Se trata de vulneración de derechos reforzados. Y eso no se puede relativizar ni esconder detrás de la burocracia.

 

Quinto: y quizá lo más delicado: las quejas, al parecer, no avanzan. La comunidad afirma que la Secretaría de Educación no tramita como corresponde, y que Control Interno no realiza seguimiento real. La pregunta vuelve a ser inevitable: ¿por qué?

 

En este punto aparece el tema político. Porque cuando las quejas no caminan, cuando los controles no funcionan, cuando las denuncias se enfrían, la ciudadanía empieza a leer lo que el Estado no dice.

 

En la comunidad se comenta cada vez con más fuerza que existirían nexos políticos alrededor de la administración de la institución, incluso con sectores como el Centro Democrático, y que dichas conexiones explicarían la ausencia de consecuencias y la permanencia de un modelo de poder sin contrapesos.

 

No se afirma como hecho. Pero se plantea como una pregunta legítima. Y en época electoral, esa pregunta se vuelve inevitable.

 

Porque una valla política en un colegio no aparece sola.

Porque la impunidad administrativa no se sostiene por accidente.

Porque el silencio institucional rara vez es neutral.

 

Y mientras tanto, en Ibagué se consolida una percepción cada vez más peligrosa para la confianza pública: que ciertos rectores parecen intocables, ungidos por la burocracia interna de la Secretaría de Educación, protegidos por relaciones y favores, y blindados contra cualquier control real.

 

A esto se suma una inquietud que merece explicación oficial: según se comenta dentro de la comunidad educativa, el hijo de la rectora estaría laborando en la misma institución que ella dirige.

 

La ciudadanía pregunta con razón: ¿esto no configura una situación de posible conflicto de intereses?

¿Existieron impedimentos o recusaciones?

¿Quién avaló ese vínculo laboral dentro de la misma institución?

¿Bajo qué modalidad de vinculación se encuentra?

¿Se cumplió el debido proceso y los requisitos legales?

 

No se trata de atacar a una persona por ser familiar de alguien. Se trata de exigir transparencia cuando hay una relación directa entre autoridad administrativa y un vínculo familiar dentro de la misma estructura institucional.

 

Esta denuncia ciudadana no busca destruir a nadie. Busca que se investigue. Busca que se responda. Busca que se detenga el uso político de la educación pública y que se revisen decisiones que estarían afectando a estudiantes, docentes y personal administrativo.

 

Se exige públicamente:

 

Que la Secretaría de Educación de Ibagué se pronuncie.

Que el Control Interno actúe con seguimiento verificable.

Que se revise la instalación de la valla política y se determine si hubo faltas disciplinarias o presuntas infracciones electorales.

Que se audite el manejo del SIMAT.

Que se evalúe la implementación de jornada completa.

Que se revisen criterios de distribución de horarios y posibles vulneraciones a derechos laborales.

Que se garantice protección efectiva a la funcionaria señalada.

Que se aclaren posibles conflictos de interés y relaciones políticas, incluyendo vínculos familiares dentro de la institución.

 

Y de manera puntual, la comunidad solicita garantías e investigaciones, así como la intervención de la Personería Municipal de Ibagué, en cabeza del Dr. Educardo Espinosa, para que se active el control preventivo, se acompañe a los denunciantes y se exija respuesta institucional.

 

La educación pública no es un fortín. No es una finca. No es un botín electoral.

Un colegio no puede convertirse en un escenario donde el poder manda y la comunidad obedece.

 

Y si las instituciones no responden, la ciudadanía seguirá preguntando.

 

Denuncia ciudadana. Presunción de inocencia. Exigencia de transparencia.

 

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