Guerra territorial por la venta de Drogas, altera orden público en Ibagué

Denuncia ciudadana Ibagué : ya no es “Intolerancia”, es microtráfico y Guerra territorial. Durante meses le vendieron a la ciudadanía una versión cómoda: que la violencia en Ibagué era el resultado de la intolerancia, de peleas entre familias, de riñas barriales, de “casos aislados” que no representaban una amenaza estructural.

 

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Por: Editor Local. cambioin.com

 

Hoy esa narrativa se cae sola.

 

Las recientes revelaciones de organismos de inteligencia y la captura de Yonatan Andrés Tapiero Chaguala, alias “Molina”, confirman lo que en los barrios ya se sabía, pero nadie en el poder quería decir en voz alta: lo que estremeció a Ibagué durante el último año no fue una venganza familiar. Fue una disputa territorial por el control de las rentas criminales del microtráfico.

 

Y aquí no estamos hablando de un problema menor.

 

Estamos hablando de una guerra. De una guerra urbana, silenciosa, donde el sicariato se convirtió en herramienta de administración territorial. Una guerra que se libra en la comuna ocho, en barrios populares, en vías públicas, y hasta en sepelios. Sí: en los sepelios.

 

Porque si algo describe el nivel de degradación al que llegó Ibagué es que un ataque armado se haya ejecutado incluso durante un cortejo fúnebre, dejando heridos y un muerto más. Eso no es intolerancia. Eso es control armado. Eso es un mensaje. Eso es terror.

 

Y entonces la pregunta que la ciudadanía tiene derecho a hacer —y que nadie en la institucionalidad quiere responder con claridad— es la siguiente:

 

¿Cómo es posible que estructuras criminales se disputan barrios enteros, ejecuten homicidios selectivos, operen con sicarios identificados, y aun así el discurso oficial siga hablando de “hechos aislados”?

 

Porque la bitácora de estos crímenes no es confusa. Es sistemática.

 

Se habla de una secuencia de asesinatos selectivos desde septiembre del año pasado, con víctimas vinculadas a antecedentes por extorsión, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes. Se habla de un patrón: eliminar fichas de una estructura rival para consolidar dominio. Se habla de un sicario que no actúa por impulso, sino por encargo, por estrategia, por orden.

 

Y si todo esto es cierto —como lo sostienen las autoridades y fuentes cercanas a la investigación— entonces lo que se revela es aún más grave:

 

Ibagué no estaba enfrentando un problema de convivencia.

Ibagué estaba enfrentando una disputa mafiosa por el control del microtráfico.

Y mientras tanto, a la ciudadanía le entregaban un relato reducido para evitar el costo político.

 

Porque decir “son familias intolerantes” suena manejable.

Decir “es guerra por rentas criminales” suena a fracaso del Estado.

 

Y en política, el fracaso se maquilla.

 

El operativo que llevó a la captura de alias “Molina”, según se informó, incluyó coordinación entre Policía Metropolitana, Fiscalía y CTI, allanamientos simultáneos e incluso acciones en centros carcelarios del Valle del Cauca. Se ofrecían hasta 15 millones de pesos por información. Las autoridades afirman que era un dinamizador de homicidios de alta peligrosidad.

 

Y aun así, la ciudadanía se pregunta:

 

¿Cuánto tiempo llevaba operando?

¿Cuántos homicidios se pudieron prevenir?

¿Cuántas alertas se ignoraron?

¿por qué la ciudad tuvo que acumular muertos para que se actuara con contundencia?

 

Más inquietante aún: se habla de que su nombre aparece vinculado a nuevos casos de sicariato en enero de este año. Si esto se confirma, entonces no estamos ante un caso cerrado. Estamos ante una estructura que sigue activa, y que busca reactivar el terror en las calles de Ibagué.

 

En otras palabras: la captura no significa el fin. Significa que el problema es más grande.

 

Esta denuncia ciudadana no busca hacer apología del miedo. Busca exigir la verdad.

 

Porque si Ibagué está siendo disputada por estructuras criminales del microtráfico, entonces la discusión pública debe cambiar de inmediato. Ya no basta con patrullajes. Ya no basta con comunicados. Ya no basta con la línea 123.

 

Se exige públicamente: Que la Alcaldía de Ibagué y la Secretaría de Gobierno expliquen, con claridad y sin maquillaje, el diagnóstico real sobre el control territorial del microtráfico en la ciudad.

Que se informe qué estructuras están identificadas, en qué comunas operan y cuáles son los resultados concretos en capturas y judicializaciones.

Que se expliquen las fallas de prevención que permitieron que esta cadena de crímenes avanzara durante meses.

Que se active una intervención real en los barrios afectados, no solo con policía, sino con inteligencia, judicialización y control institucional.

Que se proteja a la ciudadanía y se garanticen rutas seguras de denuncia, porque hoy denunciar en Ibagué es exponerse.

 

Y se exige también algo elemental: que se deje de engañar a la gente con discursos de “intolerancia” cuando lo que hay es crimen organizado.

 

Porque el microtráfico no es solo droga.

El microtráfico es sicariato.

El microtráfico es extorsión.

El microtráfico es control de barrios.

El microtráfico es el Estado perdiendo territorio.

 

Ibagué no puede seguir aceptando que la violencia se explique con relatos cómodos mientras las mafias avanzan.

 

Y si la institucionalidad insiste en minimizarlo, entonces el mensaje para la ciudadanía es aterrador: que la ciudad se está acostumbrando a vivir bajo reglas impuestas por el miedo.

 

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